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Habiéndose suscrito el 28 de octubre de 2026 Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para mejorar la protección y seguridad del colectivo de las personas afiliadas a la ONCE y de aquellos que desarrollan la actividad de venta de sus productos de lotería, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 3 de noviembre de 2026.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.
Madrid, 28 de octubre de 2026.
REUNIDOS
De una parte, don Francisco Pardo Piqueras, Director General de la Policía, nombrado por Real Decreto 728/2018, de 29 de junio, actuando por delegación de firma de la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de septiembre de 2026, en relación con el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Miguel Ángel, 5, 28010 de Madrid.
De otra parte, don Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante ONCE), actuando en su calidad de Director General y con poderes otorgados, en virtud de escritura pública firmada el 18 de enero de 2023 ante el Notario de Madrid, don Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro, con el n.º 224 de su protocolo; y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Prado, 24, 28014 de Madrid.
Ambas partes, en la representación que ostentan, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
La Dirección General de la Policía (en adelante, DGP) es el órgano encargado de dirigir y coordinar los servicios de la Policía Nacional, cuerpo de seguridad que tiene encomendada la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, misión genérica en cuyo marco se encuadra, entre otras, la de auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa y la de prevenir la comisión de actos delictivos, de acuerdo el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La DGP prevé entre sus líneas estratégicas de actuación la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad, desarrollando con instituciones, organismos y entidades, públicas o privadas, protocolos de primera asistencia y atención.
La Unidad Central de Participación Ciudadana, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, coordina y gestiona las actuaciones en materia de participación ciudadana de la Policía Nacional, orientadas a la identificación de las problemáticas de seguridad que afectan a los diferentes colectivos y, en concreto, a los más vulnerables; entre cuyos ámbitos de actuación se encuentra el «Plan Mayor Seguridad», dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante, ONCE) es una Corporación de derecho público, de carácter social entre cuyos objetivos está la prestación de servicios para sus afiliados (personas ciegas y con deficiencia visual grave) y la mejora y modernización de los ya existentes, a través de programas de colaboración con distintas entidades públicas y privadas tanto para la mejora de la calidad de vida de sus afiliados, como para el logro de una convivencia integrada y normalizada en el entorno físico y social donde desarrollan su actividad diaria, estando interesada en desarrollar programas que ayuden a un correcto acceso del citado colectivo.
Como fuente principal de obtención de los ingresos que precisa para atender sus fines, la ONCE cuenta con la autorización para la comercialización de diversas modalidades y productos de lotería, siendo el canal tradicional de venta de dichos productos los agentes vendedores de la Organización tratándose de personas ciegas o con deficiencia visual grave, u otro tipo de discapacidad, distribuidas por todo el territorio nacional y que son perfectamente identificadas y conocidas por la clientela de la zona donde ejercen su actividad de venta.
A pesar de que la ONCE facilita a sus vendedores todos los medios adaptados necesarios para el adecuado ejercicio de su actividad laboral e información posible, lo cierto es que por sus dificultades físicas siguen siendo un grupo vulnerable y, en ciertas ocasiones, se encuentran desprotegidos ante aquellos que intentan aprovechar estas circunstancias para perpetrar algún tipo de delito, como robos o hurtos.
Por ello, para la ONCE resulta esencial habilitar las fórmulas necesarias para que su red de agentes vendedores conozcan y adquieran los métodos y técnicas necesarias para tratar de evitar estos u otros delitos o para que en caso de que el hecho delictivo se haya producido, puedan aportar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la máxima información posible para identificar a los culpables y evitar que dichos delitos se vuelvan a producir.
Asimismo, como un mecanismo más de protección e integración de sus afiliados, constituye también un objetivo fundamental para la ONCE la lucha contra aquellas asociaciones que, bajo el falso paraguas de la ayuda a personas con discapacidad, se aprovechan de esas mismas personas para su propio beneficio en la venta de boletos de lotería ilegales que, sin la debida autorización, se aprovechan del prestigio y de la imagen de la ONCE.
En el contexto descrito, la colaboración con la DGP se presenta como un elemento clave para el logro de estos objetivos teniendo en cuenta los medios y recursos y la experiencia con la que cuenta en la lucha contra todo tipo de delincuencia, y su especial sensibilidad en la protección de las personas más desfavorecidas o en riesgo de exclusión. Prueba de ello son los resultados obtenidos en la implementación del «Convenio entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para mejorar la protección y seguridad del colectivo de los afiliados a la ONCE y de aquellos que desarrollan la actividad de venta de sus productos de lotería», de fecha 11 de diciembre de 2020.
Dada la experiencia y los resultados tan positivos que ha generado dicha colaboración, las partes acuerdan suscribir el siguiente convenio que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
El presente convenio tiene por objeto mantener un marco de colaboración entre la DGP y la ONCE en orden a mejorar la protección y seguridad del colectivo de los afiliados a la ONCE y, en particular, de las personas con discapacidad afiliadas o no, que desarrollan la actividad de venta de sus productos de lotería; ello sin perjuicio de otro tipo de colaboración que pueda surgir de la consecución de ese objetivo esencial.
1. La DGP, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Unidad Central de Participación Ciudadana), llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) La participación en las jornadas y cursos dirigidos a los agentes vendedores de la ONCE con objeto de sensibilizarles y concienciarles sobre los distintos aspectos esenciales para la vigilancia y protección frente a posibles delitos.
A tal efecto intervendrá en la preparación y elaboración de aquella parte de los programas formativos que afecten a la materia propia de su competencia.
b) El establecimiento de canales de comunicación e información útiles para los agentes vendedores, mediante la confección de trípticos, videos, grabaciones de audio, o documentación pertinente en los soportes y formatos que se consideren más adecuados.
c) La realización de sesiones informativas para los agentes vendedores de la ONCE en las que, de una forma directa e interactiva, les instruirán en las cuestiones esenciales y en los elementos claves para la autoprotección y garantía de la seguridad en el desempeño de su labor cotidiana.
d) La implementación del Plan Mayor Seguridad, entre las personas mayores de la ONCE colectivo que por sus especiales circunstancias precisa de una mayor atención integral. A tal efecto, se valorarán las acciones formativas y de concienciación que se impartan, adaptando las actividades formativas o conferencias, reuniones y actividades complementarias a las peculiaridades que el colectivo precise en función de su discapacidad, todo ello impartido por funcionarios de la Policía Nacional.
e) El impulso de la lucha contra las actividades de aquellas asociaciones o entidades que, sin contar con la preceptiva autorización administrativa, venden productos de lotería similares a los que comercializan los agentes vendedores de la ONCE, bajo la falsa apariencia del apoyo a las personas con discapacidad.
Las actuaciones descritas y aquellas otras que pudieran derivarse de su ejecución y finalidad del convenio se realizarán, bajo la dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Unidad Central de Participación Ciudadana), por los Delegados de Participación Ciudadana o, en razón de la materia, especialistas policiales designados por la Comisaría General o Jefatura Superior de Policía en los servicios territoriales sin que supongan coste económico alguno.
A los efectos del presente convenio y sin perjuicio de las funciones propias, los Delegados de Participación Ciudadana recepcionarán y canalizarán a la Autoridad o servicio policial competente las informaciones relacionadas con actividades de juego ilegal. En este sentido, las partes establecerán un protocolo para la transmisión por parte de la ONCE de toda aquella información que pueda resultar relevante sobre dichas actividades y los operadores que las desarrollan.
Con el fin de que la ejecución del presente convenio no afecte negativamente a la prestación del servicio policial, detrayendo efectivos policiales o de otro modo, con antelación suficiente se elaborará un calendario relativo al tipo de acto fecha hora y lugar de celebración así como especialidad y unidad de destino del funcionario/s que van a intervenir en su caso.
La DGP facilitará la participación del personal especializado requerido para llevar a buen término la finalidad del convenio salvaguardándose las necesidades que en cada momento requiera la prestación del servicio.
2. Por su parte, la ONCE:
a) Facilitará los locales y recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de los programas formativos e informativos.
b) Facilitará la participación del personal especializado requerido para llevar a buen término la finalidad del convenio y aportará los medios materiales necesarios.
c) Prestará colaboración a la DGP para la traducción, al sistema de lecto-escritura braille, de las diferentes publicaciones en papel, en materia de prevención que tiene la Unidad Central de Participación Ciudadana, para así poder fomentar la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad visual.
d) A través de su Unidad de Prevención del Fraude, colaborará activamente con la DGP en la investigación de conductas presuntamente delictivas o ilícitos administrativos, mediante el análisis y suministro de información en atención a requerimientos y oficios, aportando datos relevantes para el buen fin de las investigaciones y presentando denuncias cuando se detecten indicios de fraude a través de los sistemas de alerta implantados. Todas estas actuaciones se orientarán a reforzar la prevención del delito y a preservar la integridad del juego y la confianza de los usuarios.
Sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo conjuntamente, las partes se comprometen a intercambiar, con la frecuencia y agilidad necesarias cuanta información se refiera a las actividades que puedan ser de interés para ambas entidades.
Asimismo, las partes acuerdan intensificar su colaboración para la prevención, detección y respuesta ante incidentes de cibercriminalidad que puedan afectar al colectivo de personas afiliadas a la ONCE y al normal desarrollo de la actividad de la Organización. Este compromiso podrá materializarse, entre otras actuaciones, en la inclusión de los delitos tecnológicos en las acciones de sensibilización y formación, en el establecimiento de canales específicos de comunicación y en la orientación para la presentación de denuncias, así como para el intercambio de información relevante que permita reforzar la protección de los vendedores de la ONCE.
Cada una de las partes facilitará la participación del personal especializado requerido para llevar a cabo las actuaciones descritas en el presente convenio.
El presente convenio no conlleva incremento del gasto público y no supondrá contraprestación económica para ninguna de las partes.
Las actividades o actuaciones que fuera de las previstas en el presente convenio y los costes que, en su caso, pueda generar dicha colaboración adicional, se establecerán en un convenio específico de colaboración.
Por el presente convenio se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, encargada de resolver las cuestiones relativas a la interpretación y cumplimiento de los compromisos derivados del convenio.
Estará compuesta por dos personas designadas por la Dirección General de la Policía y dos personas designadas por la ONCE.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año para evaluar el cumplimiento del convenio y las posibles incidencias. Asimismo, se podrá reunir, de forma extraordinaria, a petición de cualquiera de las partes.
El funcionamiento de la comisión se adecuará a lo dispuesto para los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñan las actividades propias del mismo.
El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO).
Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).
La vigencia será de cuatro (4) años, desde que devenga eficaz. Las partes, en cualquier momento antes de la finalización del plazo inicial, podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro (4) años adicionales, mediante la tramitación de la correspondiente adenda, previa sustanciación de los trámites previstos normativamente. Dicha adenda de prórroga surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha de extinción del convenio. Asimismo, la adenda será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Si existieran actuaciones en curso de ejecución cuando concurra cualquiera de las causas de extinción del convenio, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de aquellas que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Corresponde a la Comisión Mixta de Seguimiento adoptar las medidas necesarias para garantizar la finalización de las actuaciones que se encontraran en desarrollo.
Cualquier modificación del presente convenio se regirá por lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece que, a falta de regulación expresa, requerirá del acuerdo unánime de los firmantes.
Dichas modificaciones deberán realizarse mediante adendas, que, una vez firmadas, se inscribirán el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), antes de la fecha de extinción del convenio, y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes firmantes en el presente convenio, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las dudas o controversias que puedan surgir entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del presente convenio, y que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión Mixta de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitados por la otra y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio, debiendo ambos mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del mismo, salvo en los casos y mediante la forma legalmente previstos.
Si durante la ejecución del presente convenio las partes tratasen datos de carácter personal, éstas se obligan al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y, en lo que le sea de aplicación, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Las partes prestan expresamente su consentimiento para que se dé al presente convenio la publicidad exigida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Las partes se comprometen a destacar la colaboración objeto del presente convenio, incluyendo sus logotipos en cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión (inserciones en prensa, programa, folletos, comunicaciones, páginas web, redes sociales, etc.), así como en las actividades y en la documentación que se genere como consecuencia del desarrollo del convenio, respetando en todo caso el logotipo y directrices de imagen externa que se indiquen por las entidades.
A tales efectos, las partes facilitarán los elementos gráficos y de imagen correspondientes a su identidad corporativa, que solo podrán ser utilizados con tal exclusiva finalidad.
Las partes consienten recíprocamente en autorizar el uso de sus logotipos exclusivamente para las acciones objeto de este convenio. Estos derechos terminarán en la fecha de finalización del convenio y no se podrán usar los elementos de propiedad intelectual o industrial de ninguna de las partes con posterioridad a esta finalización.
Cada una de las partes conservará la plena titularidad sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que les corresponda y únicamente se entenderán cedidos aquellos derechos que lo sean de forma expresa y por escrito a lo largo de la vigencia del presente convenio.
Ambas partes se comprometen a no usar las marcas o logotipos de manera que perjudique el prestigio y la buena imagen de las actividades a realizar o de las partes.
El uso de la denominación, marco y logotipo de las partes se ajustará al modelo que cada una proporcione.
En relación con la protección frente a los riesgos laborales de los miembros de la Policía Nacional, se estará a los dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Policía Nacional, y el Procedimiento de la Dirección General de la Policía de prevención de Riesgos Laborales PPRL-404 para la coordinación de actividades empresariales.
Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, firman el presente convenio electrónicamente.–La Secretaria de Estado de Seguridad, P. D. El Director General de la Policía (Resolución de delegación de firma de 30 de septiembre de 2026), Francisco Pardo Piqueras.–El Director General de la ONCE, Ángel Ricardo Sánchez Cánovas.
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