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El día 15 de septiembre de 2026 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Guadalajara proponiendo el nombramiento de doña Raquel Maireles Benito, como Fiscal Delegada de la especialidad de Violencia sobre la Mujer en la citada Fiscalía.

Hechos

Con motivo del traslado de la anterior Fiscal Delegada de la especialidad de Violencia sobre la Mujer, la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Guadalajara comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado en la Delegación de la especialidad debería formular la correspondiente solicitud en el plazo de diez días. La única peticionaria fue doña Raquel Maireles Benito, Abogada Fiscal de la citada fiscalía, que aportó su currículo.

La propuesta de nombramiento ha sido elevada, con fecha 14 de septiembre, a la Fiscalía General del Estado señalando los méritos que la hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2026 la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación (art. 62.2, párrafo tercero RMF). El Consejo Fiscal informó en igual sentido (art. 62.2, párrafo tercero RMF).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (art. 62.2).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (art. 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Igualmente, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Guadalajara está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a doña Raquel Maireles Benito, Fiscal Delegada de la especialidad de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Guadalajara.

2. Notifíquese lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Guadalajara, que trasladará copia del presente Decreto a la Fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 13.2 EOMF; STS de 20 de julio de 2015 Rec. Cas. 2099/2014; Orden de Servicio Inspección Fiscal de 24 de septiembre de 2015), cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny, núm. 4, Madrid 28010), en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley, si se dispusiera de legitimación para ello.

Madrid, 6 de octubre de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.