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El 31 de julio de 2026 el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante remitió a la Inspección Fiscal escrito en el que informa que, tras ser nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Alicante el Ilmo. Sr. don Joaquín Alarcón Escribano ha formulado su renuncia al cargo de Fiscal Delegado de Trata de Personas y Extranjería en fecha 30 de junio de 2026.

Ante la renuncia, se procedió a la apertura de la convocatoria para la cobertura de la citada delegación.

Abierta la convocatoria se presentaron dos peticionarios: don Carlos López-Veraza Pérez y don Mario Hernanz Román, ambos con experiencia en la especialidad y colaboradores habituales del anterior Fiscal Delegado, si bien, dada la mayor antigüedad en el escalafón del señor López-Veraza Pérez, se propone el nombramiento de este para el cargo.

Mediante escrito de 17 de septiembre de 2026, la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado informó que considera pertinente el nombramiento de don Carlos López-Veraza Pérez, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4. Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegado especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo, y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2 RMF).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (artículo 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante está suficientemente motivada.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a don Carlos López-Veraza Pérez como Fiscal Delegado de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Provincial de Alicante, tras el cese por renuncia del anterior delegado don Joaquín Alarcón Escribano.

2. Notifíquese lo acordado a la Excma. Sra. Fiscal Jefe Inspectora, a la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, al Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana y al Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante, que trasladará copia del presente decreto al fiscal interesado, poniéndolo en conocimiento de todas/os los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 30 de septiembre de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.