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Hechos

Primero.

El 13 de julio de 2026 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado oficio del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el que trasladó la renuncia del Excmo. Sr. don Jaime Serrano-Jover González a su cargo de Delegado de esa Fiscalía Especial en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de su nombramiento como Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. A consecuencia de ello, el Excmo. Fiscal de Sala remitió a la Fiscal General del Estado solicitud de nombramiento de nuevo Delegado en la Fiscalía Provincial mencionada, con exclusividad de funciones.

Segundo.

El Ilmo. Fiscal Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha remitido a la Fiscalía General del Estado la justificación de haber comunicado a toda la plantilla la oferta de la plaza vacante de Delegado, mediante nota de servicio de jefatura en su expediente gubernativo 80/2026. El informe del Fiscal Jefe Provincial, donde se da cuenta de los méritos de los tres candidatos para ocupar la plaza, se acompaña también de las solicitudes firmadas y los currículos profesionales de los que aspiran al cargo.

Mediante decreto de 20 de julio de 2026, el Ilmo. Fiscal Jefe Provincial informó que todos los candidatos cuentan con formación específica y experiencia en la materia propia de la Fiscalía Especial y cumplen los requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento del Ministerio Fiscal.

Tercero.

Dado traslado de lo anterior en fecha 27 de julio de 2026, al Excmo. Sr. Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se recibió en la Fiscalía General del Estado el 30 de julio de 2026, oficio de la misma fecha en el que pondera los méritos de los tres candidatos y contiene la propuesta motivada de nombramiento del Ilmo. Sr. Fiscal don Rafael María Unceta González como Delegado en Santa Cruz de Tenerife de la citada Fiscalía Especial, valorando su trayectoria y experiencia, su solvencia en el manejo de causas complejas de delincuencia organizada, su capacidad de trabajo y la calidad del mismo que lo hacen idóneo para el desempeño del cargo que propone en régimen de exclusividad.

Cuarto.

De la propuesta del Excmo. Fiscal de Sala de cese por renuncia del anterior Delegado y nombramiento del nuevo se ha dado traslado al Consejo Fiscal conforme dispone el artículo 62.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal.

Fundamentos

Primero.

El artículo 62.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal (Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo), establece que los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales serán nombrados, tras convocatoria pública, mediante decreto de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta motivada, acompañada del correspondiente informe, del Fiscal de la Sala Jefe de la Fiscalía Especial, previo informe del Fiscal Jefe de la fiscalía correspondiente y oído el Consejo Fiscal.

La designación se hará entre los solicitantes de cada plantilla debiendo estar informadas las solicitudes por el Fiscal Jefe respectivo. Será necesario acreditar la formación específica y la experiencia práctica en las materias propias de las Fiscalías Especiales. Se valorará especialmente el tiempo que se haya formado parte de la sección especializada, en la misma o en distinta fiscalía, los cursos de especialización, las publicaciones especializadas en la materia y la docencia impartida sobre la misma. Todo ello ha sido cumplido en este expediente, destacando los méritos del peticionario propuesto como idóneo para esta plaza.

El apartado 3.º del precepto citado establece que el nombramiento y cese de los Fiscales Delegados de las Fiscalías Especiales y de los Fiscales Delegados Especialistas, se publicará, a instancia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.

Se han llevado a cabo, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento y cese interesados. Asimismo, la propuesta del Excmo. Sr. Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato, al igual que el informe previo del Fiscal Jefe Provincial.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento, haciendo propia la fundamentación de la propuesta,

Acuerdo

1. Aprobar la renuncia mediante el cese del Excmo. Sr. don Jaime Serrano-Jover González como Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

2. Nombrar, con exclusividad, al Ilmo. Sr. don Rafael María Unceta González fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

3. Notificar el presente Decreto al Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, al Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que lo trasladará a los tres fiscales interesados, así como a la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, con entrega de copias de la resolución.

4. Publíquese el presente nombramiento y cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, núm. 4, Madrid, 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencios-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 1 de septiembre de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.