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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de junio de 2026, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del ingreso mínimo vital, ejercicios 2022 y 2023, acuerda:

1. Instar al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a suprimir las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

2. Instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a:

– Orientar la prestación a su finalidad, cubrir el umbral de pobreza severa en todo el territorio, haciendo un seguimiento pormenorizado.

– Adaptar la renta del ingreso mínimo vital a la situación de cada comunidad autónoma, reduciendo las desigualdades existentes actualmente.

– Desarrollar, antes del 31 de diciembre de 2026, un Reglamento de desarrollo de la Ley que pueda contemplar aspectos pendientes, dudosos, etc., que a día de hoy siguen generando confusiones y diferencias a la hora de conceder la prestación.

– Modificar la documentación a aportar para solicitar la prestación, pues no tiene sentido aportar los ingresos del ejercicio anterior, si la situación actual del peticionario ha cambiado sustancialmente.

– Mejorar las admisiones a trámite de las solicitudes, reduciendo los plazos de resolución, pues se hace necesario ser contundentes y ayudar a quienes más lo necesitan.

– Gestionar adecuadamente y en tiempo y forma las solicitudes de reclamación de deuda tras las comprobaciones, pues a la población vulnerable, no se le debe hacer petición años después de cuantías que no les correspondía, pues genera situaciones de agobio en quienes más lo necesitan.

– Elaborar, antes del 31 de diciembre de 2026, una relación de los expedientes de solicitud, expedientes tramitados, expedientes resueltos y conformes, y expedientes resueltos y disconformes, así como cuantías de cada uno de ellos.

– Impulsar la coordinación entre Administraciones públicas para abordar las diferentes dimensiones de la pobreza y la exclusión social dándoles un enfoque integral, de forma que las prestaciones económicas dirigidas a la erradicación de estas situaciones se complementen con políticas personalizadas de acompañamiento e itinerarios de inclusión socio laboral.

– Alcanzar una coordinación real entre las distintas Administraciones públicas para abordar los problemas que plantean la pobreza y la exclusión social, dándoles un enfoque integral, de forma que las ayudas monetarias se combinen con la inclusión y otras prestaciones relativas a la nutrición, la atención a la infancia, etcétera.

– Elaborar un Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital que completase los aspectos previstos en la ley pendientes de desarrollo, especialmente en relación con el coste de acceso a la vivienda.

– Reorientar esta prestación mediante la fijación de objetivos concretos, de forma que alcance a cubrir, en una primera etapa, al menos el umbral de pobreza severa (40% de la media de ingresos) en todo el territorio, en cumplimiento de lo previsto en las metas de la Política Aceleradora 1 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, estableciendo indicadores específicos que midan el impacto del ingreso mínimo vital e hitos intermedios a alcanzar hasta 2030, con especial énfasis en la pobreza infantil, haciendo un seguimiento continuo de los mismos y proponiendo las medidas necesarias para corregir posibles desviaciones en el camino hacia el cumplimiento de dichas metas.

– Analizar si el actual diseño de la prestación y el sistema de revisión de los expedientes es el más adecuado para cumplir los fines de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital y hacer frente a la pobreza, estudiando la posibilidad de flexibilizar el concepto de unidad de convivencia reduciendo su extensión; y simplificar y revisar la exigencia o la acreditación de otros requisitos ligados, tanto a la unidad de convivencia, como a la vulnerabilidad económica. En el caso específico de las personas empadronadas en domicilios ficticios, se debería eliminar la exigencia acumulativa de certificados sociales adicionales, considerando que el propio empadronamiento ficticio constituye ya una prueba suficiente de residencia habitual y situación de exclusión. Esta medida evitaría una sobrecarga burocrática que actualmente opera como barrera de acceso para la población más vulnerable.

– Potenciar la labor de los servicios sociales públicos, mejorando la coordinación y procurando los recursos necesarios para financiar la actividad que realizan como colaboradores en la gestión de la prestación.

– Procurar que la valoración del riesgo de pobreza se base en los datos más recientes y representativos que sea posible de la situación real de las personas que solicitan la ayuda.

– Monitorizar el papel del ingreso mínimo vital en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, especialmente en el de su meta 1.2 y, en su caso, promover las actuaciones necesarias para el cumplimiento de este Objetivo.

– Publicar la información estadística completa, segregada por año, comunidades autónomas y provincia sobre: solicitudes presentadas, inadmitidas y denegadas por causas; tiempos medios de tramitación; reclamaciones previas y su resolución; reclamaciones judiciales y su resolución; mantenimiento y control de la prestación o reintegros solicitados para garantizar en toda su extensión el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3. Instar al Instituto Nacional de la Seguridad Social a:

– Implementar las mejoras necesarias en la aplicación informática A-IMV, con el objetivo de garantizar que esta herramienta integre todos los canales de presentación de solicitudes de ingreso mínimo vital y sea capaz de resolver de forma autónoma todas las situaciones relacionadas con la gestión de los expedientes, dejando de utilizar dos herramientas, como sucede actualmente para gestionar una misma prestación.

– Continuar implantando medidas que las agilicen, de forma que se realice su emisión con una mayor inmediatez, dada la acumulación de deuda pendiente a 31 de diciembre de 2023 y los retrasos que se producen en la emisión de las reclamaciones de deuda.

– Adelantar la revisión anual para el mantenimiento de la prestación, con el fin de evitar la solicitud de devolución de importes elevados por pagos indebidos en los casos en que se sobrepase el límite de la renta garantizada. Esta revisión debería alcanzar a la totalidad de las prestaciones concedidas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.–El Vicepresidente Primero, Álvaro Pérez López.–El Secretario Primero, Salvador de Foronda Vaquero.