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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 16 de abril de 2026, a la vista del Informe de fiscalización de la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones incluidas en el Informe de fiscalización de la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023, sin perjuicio y a salvo de las objeciones parciales que se formulan a continuación.

2. Mostrar el acuerdo con el Informe de fiscalización de la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública, ejercicios 2018 a 2023, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Constatar que la tramitación de las transformaciones urbanísticas para obtener suelo residencial se alargan excesivamente en el tiempo, dificultando el cumplimiento del principal objetivo de la empresa pública, que es la puesta a disposición de vivienda pública en respuesta a la demanda existente. Además, esta dilación de plazos de ejecución da lugar a incrementos de costes indeseados.

4. Constatar que, durante el periodo de fiscalización, la respuesta por parte de Entidad Pública Empresarial SEPES, a la creciente e insatisfecha demanda del mercado de viviendas de protección pública se viene produciendo demasiado a largo plazo.

5. Instar al Gobierno a:

– Utilizar CASA47 Entidad Estatal de Vivienda, antigua SEPES Entidad Estatal del Suelo, como herramienta efectiva para solucionar el problema de la vivienda que atraviesan los españoles. 

– Que CASA47 Entidad Estatal de Vivienda, antigua SEPES Entidad Estatal del Suelo, revise, remita a esta Comisión Mixta, y publique en su sitio web público el patrimonio inmobiliario que se encuentra inventariado, pero no está, ni afecto a ninguna actuación urbanística adscrita al Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), ni comercializado como suelo urbanizado con destino a vivienda pública, con la finalidad de estudiar y llevar a cabo posibles alternativas para dar uso al mismo.

– Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para simplificar y acelerar los procesos de desarrollo urbanístico para obtener suelo residencial.

– Impulsar los mecanismos necesarios de coordinación entre las administraciones actuantes en procesos de desarrollo urbanístico, estableciendo plazos para el cumplimiento de las respectivas obligaciones.

6. Instar a CASA47 Entidad Estatal de Vivienda (anteriormente SEPES) a:

– Que en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y, en su caso, se inicie el correspondiente procedimiento.

– Que, en materia de tecnologías de la información y comunicación, se establezca un presupuesto concreto acorde con las necesidades de la entidad.

– Que los convenios que suscriba con otras Administraciones públicas identifiquen de forma pormenorizada las obligaciones y derechos que adquieren cada une de las partes; establezcan plazos máximos para el cumplimiento de las obligaciones que se asuman y, en particular, los correspondientes a actuaciones urbanísticas (modificaciones de planes generales, aprobación de planes de reforma y de proyectos de urbanización), con la previsión de las consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos comprometidos; y contemplen de forma exhaustiva las actuaciones de coordinación y acción unificada en el cumplimiento del objetivo común, que no es otro que disponer en tiempo y forma de vivienda pública, para su alquiler, asequible para atender la demanda social existente.

– Incluir, en la etapa de planificación de cada actuación, un estudio de demanda de vivienda de los posibles emplazamientos geográficos, y establecer criterios para la priorización de las diferentes alternativas, estimar unos plazos de ejecución realistas y hacer un seguimiento para que lo ejecutado se ajuste a lo planificado, de manera que las actuaciones emprendidas resulten eficaces desde el punto de vista de utilización de los recursos económicos y del cumplimiento del objetivo de dar respuesta en tiempo y forma a la demanda de vivienda, en particular, de alquiler asequible.

– Promover reuniones periódicas, al menos con carácter anual, de las respectivas comisiones de seguimiento, como instrumento de impulso y control de las obligaciones asumidas por las partes firmantes de los correspondientes convenios.

– Establecer un presupuesto de inversiones en sistemas de información acorde con sus necesidades y con las tecnologías actualmente disponibles, permitiendo además, el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y protección de datos.

– Elaborar un plan y promover opciones para dar salida en un tiempo razonable a todo el stock de viviendas y solares de uso industrial y terciario que se encuentren en fase de comercialización.

– Adaptar los convenios anteriores a la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los preceptos de esta.

– Revisar el patrimonio inventariado que se encuentra en situación indeterminada, con el objetivo de plantear alternativas para dar uso al mismo.

– Realizar las inversiones necesarias en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones con el objetivo de garantizar la integración, tanto interna, como con la Administración General del Estado, y la integridad de tramitaciones comunicaciones y gestiones.

– Llevar a cabo las acciones necesarias para obtener la correspondiente certificación en el Esquema Nacional de Seguridad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.