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Documento BOE-A-2025-3724

Decreto de 3 de febrero de 2025, del Fiscal General del Estado, por el que se dispone el cese de doña Inmaculada Rodríguez Montequín como Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Publicado en:
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 2025, páginas 25650 a 25651 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio Fiscal
Referencia:
BOE-A-2025-3724

TEXTO ORIGINAL

Hechos

El 20 de diciembre de 2024 la Excma. Sra. Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias remitió a la Inspección Fiscal propuesta de relevación de funciones de la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Rodríguez Montequín como Fiscal delegada en materia de trata de personas y extranjería, tras la renuncia presentada por la misma en escrito de fecha 16 de diciembre de 2024.

Mediante nota interior de 24 de enero de 2024 la Excma. Sra. Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado manifestó su conformidad con la renuncia y relevo de la Sra. Inmaculada Rodríguez Montequín.

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece que los fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (art. 62.2). Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 62.3 RMF).

Por su parte, la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado dispone que el cese de los delegados provinciales de la especialidad irá precedido de un trámite de audiencia al Fiscal de Sala Coordinador correspondiente. A tales efectos la propuesta del/la Fiscal Jefe/a tanto de nombramiento como de cese de delegados territoriales será remitida para su tramitación ante la Fiscalía General del Estado al respectivo Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, trasladándolo seguidamente al/la Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos tanto en el Reglamento del Ministerio Fiscal como en la citada Instrucción para proceder a la aprobación de la propuesta de cese interesada.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. El cese de la Ilma. Sra. doña Inmaculada Rodríguez Montequín como Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

2. Notifíquese lo acordado a la Excma. Fiscal Jefa Inspectora, a la Excma. Sra. Fiscal Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería y a la Excma. Sra. Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que trasladará copia del presente Decreto a la Fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de toda/os los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny, n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12, 1, b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 3 de febrero de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

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