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Con fecha 29 de julio de 2025 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado oficio del Ilmo. señor don José Luis Alonso Tejuca, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz, por el que remite la propuesta de nombramiento de Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación en favor de la fiscal doña Ana María Ortiz Barquero, acompañada de la correspondiente documentación.

Hechos

Primero.

Con motivo de la renuncia presentada por el Ilmo. señor don Antonio Mateos Rodríguez-Arias, quien venía desempeñando la función de delegado de Tutela de la igualdad y contra la discriminación desde el año 2019, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz ofertó entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de fiscal delegado provincial. En Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 17 de julio de 2025 y conforme a su solicitud de renuncia, se acordó el cese del señor Mateos a la delegación.

La plaza fue tan solo solicitada por doña Ana María Ortiz Barquero proponiendo el Fiscal Jefe su nombramiento teniendo en cuenta su formación, motivación y trayectoria profesional.

Segundo.

En su escrito con fecha de entrada en la Inspección Fiscal el día 4 de septiembre de 2025, el Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación emitió informe favorable a la propuesta realizada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Superior respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado», precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal. En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal de la Fiscalía Provincial de Badajoz avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Ana María Ortiz Barquero como Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, al Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz que trasladará copia del presente Decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1, regla primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 16 de septiembre de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.