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Con fecha 30 de julio de 2025 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito de la Ilma. señora doña Carmen Cotelo López, Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Álava, al que acompaña copia de particulares del expediente seguido en dicha Fiscalía y en el que, entre otros documentos, figura la propuesta de nombramiento de la fiscal señora doña Cristina López Rivera como fiscal delegada de la especialidad Contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Hechos

Primero.

En Real Decreto 428/2025, de 3 de junio, la anterior Delegada, doña Sara García Encabo obtuvo nuevo destino cesando en consecuencia en su plaza de fiscal en la Fiscalía Provincial de Álava.

Quedando vacante esta delegación, la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Álava ofertó entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de fiscal delegado provincial.

La plaza fue solicitada por la abogada fiscal doña Lara Rojo Aldama y la fiscal doña Cristina López Rivera proponiendo la Fiscal Jefa a esta última teniendo en cuenta su currículum, el hecho de haber ostentado otras delegaciones en esa Fiscalía y su mayor antigüedad entre los aspirantes.

Segundo.

En su escrito de fecha 2 de septiembre 2025, el Fiscal de Sala coordinador de la especialidad emitió informe considerando a doña Cristina López Rivera idónea para el puesto de Delegada de la especialidad. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, será nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Por lo que respecta al nombramiento de nuevo fiscal delegada, se han cumplido todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Álava avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Cristina López Rivera como Fiscal Delegada especialista Contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Álava.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala Contra los Delitos de Odio y Discriminación, a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Álava que trasladará copia del presente Decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1, regla primera, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 16 de septiembre de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.