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Por Sentencia número 110/2025, de fecha 22 de mayo de 2025, de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, se condenó a don Francisco Javier Soto Labanda, con DNI ***8961**, funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a las siguientes penas:

a) Como responsable de un delito continuado de falsedad documental y daños informáticos, a la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de cinco meses con una cuota diaria de 10 euros, con aplicación de las responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del Código Penal para el caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por tiempo de dos años.

b) Como responsable de un delito continuado de cohecho, a la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, multa de cinco meses con cuota diaria de 10 euros, con aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53.1 del Código Penal para el caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio de función pública por tiempo de dos años.

Siendo firme la Sentencia, por no caber recurso alguno contra ella,

Este Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 443.2 d) en relación con el artículo 491.2 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la misma norma, acuerda la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Francisco Javier Soto Labanda,

Contra esta orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 18 de julio de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.