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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022.

2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Instar al Gobierno a:

– Promover cualesquiera medidas que sean necesarias y, en particular, de carácter sancionador o disuasorio, al objeto de garantizar el cumplimiento normativo en materia de rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

– Revisar y actualizar las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual del conjunto agregado de las entidades locales, adaptándolas a la actual coyuntura de la Administración local, manteniendo los criterios que permiten el saneamiento de las cuentas locales, pero facilitando una expansión financiera de las haciendas locales que permita atender, con solvencia, las competencias municipales.

– Establecer un sistema de contabilidad hiper simplificado para que las entidades locales de menor tamaño y con menor dotación de recursos puedan atender las obligaciones de gestión económico-presupuestaria y de rendición de cuentas en plazo.

– Actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.

– Homogeneizar la fecha de rendición de cuentas para todas las Entidades locales españolas en el 31 de octubre del año inmediato posterior al ejercicio correspondiente.

– Promover la creación y entrada en vigor del estatuto básico de los municipios de menor población, reconociendo las especificidades de estas entidades, reduciendo la carga burocrática en su gestión y sus relaciones con entidades supramunicipales y mejorando sus condiciones de financiación.

– Incrementar las plazas activas de habilitados de carácter nacional para atender el desempeño de los puestos de secretaría, intervención y tesorería en las entidades locales.

– Revisar en profundidad la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como todas las disposiciones legales que la modifican y actualizan, a efectos de dotar de una adecuada financiación al sector público local.

– Dotar de un mecanismo ágil y de trámites burocráticos mínimos para que, las entidades locales con entidades instrumentales inactivas o en situación de disolución, puedan proceder a su liquidación, extinción definitiva y baja en el Registro de Entidades Locales.

– Suspender las reglas fiscales para los años 2025 y 2026 a todos los municipios afectados por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024.

– Avanzar en la transformación digital, en particular, con la introducción de mecanismos de ciberseguridad, incorporando sistemas de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar los servicios que prestan.

4. Instar al Ministerio de Hacienda a considerar y practicar por los órganos competentes la retención de la participación en los tributos del Estado, prevista de manera potestativa en el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, a aquellas entidades locales que incumplan la obligación de rendir sus cuentas generales al Tribunal de Cuentas, manteniendo dicha retención en tanto no cumplan con la referida obligación.

5. Instar a los órganos con competencias legislativas a:

– Llevar a cabo los cambios normativos necesarios para reducir y homogeneizar los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo Órgano de control externo autonómico, estableciendo como fecha límite común de rendición de cuentas la del 30 de junio del ejercicio siguiente al que las mismas se refieran.

– Modificar el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de manera que se establezca el carácter preceptivo de dicha retención a las entidades que no se encuentren al corriente en la rendición de cuentas, tal y como se regula en los supuestos de falta de remisión de la liquidación presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda.

– Actualizar la medida prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, consistente en la disolución de las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que no rindan sus cuentas al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a los Órganos de control externo de las comunidades autónomas; extendiendo su aplicación al cumplimiento de la referida obligación al término de cada año, y no restringida a una fecha concreta, así como estableciendo el procedimiento correspondiente para proceder a dicha disolución.

– Regular como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de toda clase de subvenciones o ayudas públicas, procedentes de cualquier nivel o ámbito de las Administraciones públicas, estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones ente el Tribunal de Cuentas. Asimismo, establecer el procedimiento para garantizar la aplicación de dicha medida hasta el cumplimiento por la entidad local de sus obligaciones de rendición de cuentas.

6. Instar a los responsables de las entidades locales a:

– Adoptar las medidas oportunas para que el presupuesto de estas constituya un instrumento efectivo de planificación, gestión y control de la actividad económico-financiera de las entidades del sector público local, procurando. su aprobación dentro de los plazos previstos legalmente.

– Reestructurar, en el caso de entidades locales con entidades instrumentales inactivas o en situación de disolución, así como en el de las sociedades mercantiles con pérdidas recurrentes y significativas o en situación de desequilibrio patrimonial, su sector público local empresarial, de manera que la permanencia de estas entidades dependientes responda a criterios de racionalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, procediendo, en su caso, a la extinción definitiva y baja en el Registro de Entidades Locales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.