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Mediante la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre (BOE núm. 313, de 30 de noviembre de 2020), se regula el curso sobre el desarrollo de la función inspectora den la Administración General del Estado.

Por Resolución del 21 de marzo de 2025, (BOE núm. 74, de 27 marzo), se convocó el X curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, anteriormente citada y lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 21 de marzo de 2025, por la que se convoca el X curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, la Comisión de valoración de méritos elevó propuesta de las personas admitidas y de los eventuales suplentes a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora a la Dirección del INAP y a la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, elevando también la relación de los dos participantes de la IX edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, convocada por Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, acogidos al artículo 8.4 de la citada Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, cuya condición ha quedado acreditada.

Vista esa propuesta de la Comisión de valoración de méritos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, se procedió a dictar la Resolución conjunta de 11 de junio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y de la Dirección General de Gobernanza Pública (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 142, de 13 de junio de 2025), por la que se hizo pública la relación de admitidos a la X edición del curso (anexo I de la misma) así como la relación de las personas suplentes, y en anexo II la relación de personas participantes exentas de la primera parte, acogidos al artículo 8.4 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre.

Con posterioridad a esta publicación, con fecha 16 de junio de 2025, doña María del Pilar Vara del Río, con DNI ***4173**, presentó recurso potestativo de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la Resolución conjunta del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Dirección General de Gobernanza Pública de 11 de junio de 2025, por la que se publica la relación de personas admitidas a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

En el escrito de recurso se argumentó la presentación de instancia por la recurrente en tiempo y forma y la necesidad de valoración de dicha solicitud por parte de la Comisión de Valoración. Por un error imputable a la Administración, dicha solicitud no fue incorporada al expediente para su análisis por parte del órgano de valoración, lo que impidió aplicar los criterios de selección establecidos en la convocatoria.

Esta circunstancia no puede calificarse como un simple error material de transcripción en la resolución definitiva, sino como una omisión sustancial en la tramitación del procedimiento que impidió valorar una solicitud presentada en tiempo y forma. Por tanto, no concurre un supuesto de error material susceptible de rectificación directa, sino un vicio que afecta al fondo del procedimiento.

La exclusión de la solicitud presentada por la persona recurrente, debida a su no incorporación a la fase de valoración por causas imputables exclusivamente a la Administración, constituye un defecto sustancial en la instrucción del procedimiento. Si bien este vicio no se puede calificarse como nulidad de pleno derecho en los términos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que el procedimiento se desarrolló formalmente para el resto de los participantes y no puede afirmarse que se haya prescindido absoluta y totalmente del mismo, sí nos encontramos ante un supuesto de anulabilidad, conforme al artículo 48.1 de la citada ley, al haberse dictado el acto con infracción de normas procedimentales que inciden de manera sustancial en la validez del acto administrativo.

Es por ello por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, en los supuestos de vicio procedimental que impide resolver sobre el fondo, mediante Resolución conjunta de la Dirección del INAP y de la Dirección general de Gobernanza Pública de fecha 1 de julio de 2025, se procedió a anular la Resolución de 11 de junio de 2025 en la que se hacía pública la relación de admitidos al curso y se ordenó la retroacción del procedimiento al momento de valoración de las solicitudes previsto en la base quinta de la Resolución de 21 de marzo de 2025.

La retroacción del procedimiento no implica la nulidad global de todas las actuaciones realizadas, sino únicamente la de aquellas afectadas por el vicio advertido. De acuerdo con el principio de conservación de actos administrativos recogido en el artículo 51 de la Ley 39/2015, deben mantenerse vigentes todos los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido inalterado de no haberse producido la infracción. En este sentido, procede conservar íntegramente las valoraciones emitidas por el tribunal de calificación respecto del resto de candidaturas, en tanto no se ven afectadas por la omisión detectada.

Por su parte, con fecha 4 de julio de 2025, doña Marta Jiménez Águeda, con DNI ***1077**, ha presentado renuncia a su participación en la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5. de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, y lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 21 de marzo de 2025, por la que se convoca el X curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, la Comisión de valoración de méritos tras celebración de las oportunas reuniones de valoración, ha elevado nueva propuesta de las personas admitidas y excluidas al curso con sus causas de exclusión, así como de los eventuales suplentes a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora a la Dirección del INAP y a la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, elevando también la relación de los dos participantes de la IX edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, convocada por Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, acogidos al artículo 8.4 de la citada Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, cuya condición ha quedado acreditada, así como relación de aspirantes excluidos por no cumplir alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

El curso dará comienzo previsiblemente el 15 de septiembre de 2025, haciéndose pública la fecha concreta en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública, y se informará a cada persona admitida a través de correo electrónico.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el Instituto Nacional de Administración Pública, organismo competente a efectos de impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, por la que se regula el curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración del estado, en virtud de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública; o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, (con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1 i) y 14.1.segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Madrid, 22 de julio de 2025.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Pastor Sainz-Pardo.–La Directora General de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas Serrano.

ANEXO I

ANEXO II