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Con fecha 18 de noviembre de 2024 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado Decreto del Ilmo. Sr. don Jorge Lucía Morlans, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lleida, al que acompaña escrito de renuncia que el mismo presenta a la delegación de la especialidad de Tutela de la igualdad y contra la discriminación (en la actualidad Contra los delitos de odio y discriminación) solicitando se acepte dicha renuncia.

Hechos

Primero.

Don Jorge Lucía Morlans fue designado Fiscal Delegado para la Fiscalía Provincial de Lleida de Criminalidad Informática mediante Decreto del FGE de fecha 15 de noviembre de 2011, especialidad que comprendía la materia referida a la Tutela de la igualdad y contra la discriminación, y así, mediante Decreto del Fiscal Jefe de dicha Fiscalía de fecha 14 de enero de 2013, le fueron encomendadas específicamente las funciones delegadas en materia de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación.

Don Jorge Lucía Morlans justifica su renuncia en el trabajo que conlleva su condición actual de Fiscal Jefe de la Fiscalía, siendo la delegación una función que requiere de una atención constante y comunicación con la Fiscalía de Sala y el resto de fiscales delegados.

El Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en oficio de fecha 9 de diciembre de 2024 da traslado de dicha renuncia a fin de que, se considerarlo oportuno, proceda a su remoción.

Segundo.

En escrito con entrada en la Inspección Fiscal en fecha 3 de enero de 2025, el Fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, informó en el sentido de no oponer objeción alguna a la renuncia expresada por don Jorge Lucía Morlans. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

De igual forma la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Por lo que respecta a la renuncia presentada por don Jorge Lucía Morlans se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder a su cese.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Cesar a don Jorge Lucía Morlans como Fiscal Delegado especialista de Tutela penal contra la igualdad y la discriminación, actualmente Contra los delitos de odio y la discriminación, de la Fiscalía Provincial de Lleida.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala contra los delitos de odio y discriminación, al Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lleida para su conocimiento y el del resto de los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículos 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 15 de enero de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.