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La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en cumplimiento de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ha permitido que España disponga de un completo marco normativo-institucional con el que dar respuesta eficaz a la necesidad de protección de quienes informan sobre infracciones del ordenamiento jurídico que afectan o menoscaban el interés general.

En desarrollo del título VIII de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, se ha dictado el Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Su disposición transitoria única contempla que, hasta que no produzca la plena puesta en marcha de la Autoridad Independiente, le preste servicios y apoyo administrativo necesario el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El adecuado funcionamiento de la Institución exige la adopción de aquellas medidas que agilicen la tramitación de los procedimientos con la finalidad de conseguir la mejor aplicación de los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la actuación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. En particular, en materia de comisiones de servicio de la persona titular de la Presidencia de la Autoridad, en tanto no se produzca su plena puesta en funcionamiento de acuerdo con la disposición transitoria única del citado Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, procede delegar su autorización en el órgano encargado de la gestión económica y presupuestaria de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dada su especialización en la materia.

Ello es así porque, resultando la persona titular de la Presidencia de la Autoridad Independiente el órgano competente para autorizar las comisiones de servicios dentro de ella, con arreglo al artículo 4.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, no resulta conveniente que dicha competencia sea ejercida por él mismo cuando se refiere a la designación de sus propias comisiones de servicio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo:

Primero.

Delegar en la persona titular de la Subdirección General de Programación y Gestión Económica del Servicio Público de Justicia la competencia para la autorización de las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta de la persona titular de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Segundo.

Siempre que se haga uso de la delegación contenida en la presente disposición, deberá indicarse expresamente en la resolución administrativa correspondiente.

Tercero.

La persona titular de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia ha aprobado esta delegación como órgano superior jerárquico del órgano en que se efectúa la delegación.

Cuarto.

Esta resolución entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de junio de 2025.–El Presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., Manuel Villoria Mendieta.