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El 24 de enero de 2024, el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe Provincial de Lleida remitió a la Inspección Fiscal una propuesta de nombramiento del Ilmo. Sr. don Erik Martínez-Aldama Cristóbal como Fiscal Delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la citada Fiscalía. Mediante decreto de 6 de febrero pasado, se rectificó un error material de la propuesta.

Hechos

Con motivo de la necesidad de nombrar delegado de esa área especializada en la Fiscalía Provincial de Lleida, el Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. Se formuló únicamente la de don Erik Martínez-Aldama Cristóbal. La propuesta, sin exclusividad, ha sido elevada por el Fiscal Jefe Provincial, destacando su formación, preparación y compromiso, así como la circunstancia de que el solicitante es especialista en materia de Odio y Discriminación.

Mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2024, la Excma. Sra. Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado informó que considera pertinente el nombramiento de don Erik, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4).

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en que el Delegado de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lleida está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

El nombramiento del Ilmo. Sr. don Erik Martínez-Aldama Cristóbal para el cargo de Fiscal Delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, sin exclusividad, en la Fiscalía Provincial de Lleida.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» y notifíquese a Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lleida, que lo trasladará al fiscal interesado, y al Ministerio de Justicia.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny, n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 12.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 26 de febrero de 2024.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.