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La Consejera de Salud, actuando en nombre y representación de la Administración del Principado de Asturias y el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, en nombre y representación de la Administración General del Estado, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática –en virtud de la delegación de competencias efectuada por el Secretario de Estado de Política Territorial en el apartado decimoséptimo, letra a), de la Orden TMD/605/2024, de 12 de junio, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias–, han suscrito un convenio que tiene por objeto facilitar la realización de una rotación por los servicios médicos de Sanidad Exterior titularidad de la Administración General del Estado integrados en la Delegación del Gobierno en Asturias, de los Enfermeros Internos Residentes adscritos a la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias, a fin de complementar el programa formativo de dicha especialidad.
El convenio ha sido inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) del sector público estatal el día 17 de diciembre de 2024, fecha en que ha comenzado su vigencia.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido convenio, como anejo a la presente resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–El Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero.
De una parte, doña M.ª Concepción Saavedra Rielo, Consejera de Salud del Principado de Asturias, nombrada por Decreto 23/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias (BOPA de 1 de agosto de 2023), que interviene en nombre y representación de la Administración del Principado de Asturias, expresamente autorizada y designada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 6 de septiembre de 2024.
Y de otra parte, don Agustín Torres Herrero, Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, en virtud de su nombramiento efectuado por Real Decreto 283/2020, de 4 de febrero, y conforme a la delegación conferida por el apartado decimoséptimo, letra a) de la Orden TMD/605/2024, de 12 de junio, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, por la que el Secretario de Estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial delega las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye en cuanto a la formalización de convenios (artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) y acuerdos dentro del ámbito de los servicios territoriales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, en gestión patrimonial y demás materias.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente convenio y en su virtud,
EXPONEN
Mediante el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. En su artículo 4 se define la unidad docente como el conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades. Los centros y unidades docentes deberán ser acreditados por el Ministerio competente en materia de Sanidad según el procedimiento regulado en el artículo 26.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
La Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias se encuentra adscrita al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), adscrito a su vez a la Consejería de Salud, de conformidad con lo establecido por el artículo 118.1 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud; por otra parte según dispone el Decreto 77/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud, a la Dirección General de Planificación Sanitaria corresponde como función la formación especializada de los centros sanitarios. La citada Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria fue acreditada en el año 2011 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la formación en las especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria. Se trata de una Unidad Docente de ámbito autonómico, que cuenta con una capacidad docente de sesenta y dos especialistas en Medicina y treinta y cuatro especialistas en Enfermería al año. Actualmente, la Unidad Docente tiene adscritos los siguientes dispositivos docentes: Dispositivos Hospitalarios: Un hospital de referencia por cada una de las ocho áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma. Dispositivos en Atención Primaria: Cincuenta y ocho centros de salud. Otros dispositivos docentes: Unidad de Gestión de Atención a las urgencias y emergencias (SAMU), Equipos de cuidados paliativos para la atención domiciliaria, Áreas de Gestión Clínica de Salud Mental y Hospitales de la red sanitaria de utilización pública de la Comunidad Autónoma. En estos dispositivos docentes acreditados se desarrolla la formación especializada a lo largo de dos años, siguiendo los contenidos del programa formativo de la especialidad aprobado por la Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 157, de 29 de junio de 2010, orientado para adquirir las siguientes competencias específicas vinculadas con: provisión de cuidados avanzados en la atención clínica directa, salud pública y comunitaria, docencia, gestión de cuidados y servicios, e investigación.
La Sanidad Exterior es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española. En el ejercicio de la competencia estatal de sanidad exterior corresponde al Ministerio de Sanidad (artículo 36.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública):
a) Organizar y garantizar la prestación y calidad de los controles sanitarios de bienes a su importación o exportación en las instalaciones de las fronteras españolas y en los medios de transporte internacionales, así como de los transportados por los viajeros en el tránsito internacional.
b) Organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional.
c) Articular la vigilancia de sanidad exterior.
Las funciones a desarrollar en este ámbito son, entre otras, el control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos y aeropuertos de tráfico internacional e instalaciones fronterizas así como el control y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias en el tráfico internacional de personas, cadáveres y restos humanos, animales y bienes, incluyendo tanto los productos alimenticios y alimentarios como otros bienes susceptibles de poner en riesgo la salud de la población, tales como los medios de transporte internacionales, sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Economía, Hacienda, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como de las competencias de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en materia de verificación de las condiciones de los alimentos en los establecimientos exportadores (artículo 37 de la Ley 33/2011 precitada). Esta actividad se desarrolla por los servicios de inspección sanitaria, dependientes funcionalmente del Ministerio de Sanidad integrados en las Áreas funcionales de Sanidad y Política Social de las Delegaciones de Gobierno, en aplicación del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno y del Real Decreto 942/2010, de 23 de julio, de reestructuración de diversas Áreas funcionales integradas en las Delegaciones del Gobierno. De igual forma, corresponde a la Secretaría General de Coordinación Territorial, dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial, según el artículo 3.1.b) del Real Decreto 273/2024 de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática «La coordinación de la actividad de la Administración General del Estado en el territorio y la asistencia a la misma, así como la gestión de los recursos de las Delegaciones del Gobierno, en el ámbito de competencias del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática» y, en ese ámbito, a través de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, «la gestión económica y financiera de ingresos y gastos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, así como la contratación pública de las mismas», de acuerdo con el artículo 6.1.h) del citado Real Decreto 273/2024 de 19 de marzo.
Tales funciones de Salud Pública contribuirían a mejorar las competencias profesionales de los especialistas en formación por el sistema de residencia.
El artículo 11 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, dispone que toda la estructura asistencial del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales.
Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, con la finalidad última de institucionalizar la colaboración mutua entre las partes, estas acuerdan ajustar su actuación a las siguientes
CLÁUSULAS
El presente convenio tiene por objeto facilitar la realización de una rotación por los servicios médicos de Sanidad Exterior titularidad de la Administración General del Estado, integrados en la Delegación del Gobierno en Asturias, de los Enfermeros Internos Residentes (en adelante EIR) adscritos a la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias, a fin de complementar el programa formativo de dicha especialidad.
Con la finalidad de lograr el objetivo a que se hace referencia en la cláusula anterior, las partes asumen las siguientes obligaciones:
a) La Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), a través de la Delegación del Gobierno en Asturias, se compromete a poner la organización, incluidas sus instalaciones, recursos humanos y usuarios de los dispositivos que se especifican en el párrafo siguiente, a disposición de la formación objeto de este convenio, posibilitando que los enfermeros en formación remitidos por la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias realicen la formación determinada de común acuerdo según el programa formativo de la especialidad. Se compromete también a aceptar las rotaciones propuestas por la Consejería de Salud de la Administración del Principado de Asturias para la formación de los EIR por un periodo de una semana.
b) La Administración del Principado de Asturias (Consejería de Salud), a través del SESPA, cumplirá las formalidades exigidas en la normativa específica, en concreto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada y en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, con carácter previo a su remisión a los servicios de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Asturias.
Con carácter específico, la Administración del Principado de Asturias (Consejería de Salud), a través del SESPA, abonará al enfermero residente las retribuciones salariales que correspondan de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (o cualquier otra norma que lo modifique o sustituya) durante el tiempo que dure el período formativo.
Las actuaciones que las partes realizarán para hacer efectivos los compromisos asumidos son las siguientes:
a) La Delegación del Gobierno en Asturias, a través del servicio médico de Sanidad Exterior:
– Asignar a un profesional de sus servicios como responsable durante el tiempo que dure la rotación.
– Establecer conjuntamente con los tutores de la Consejería de Salud del Gobierno del Principado de Asturias las fechas y el modo de realizar las actividades señaladas en el presente convenio.
– Emitir el correspondiente informe de evaluación del residente en cuanto a la rotación que en particular realice en los servicios sanitarios de Sanidad Exterior, sin perjuicio de la evaluación que corresponda por los órganos y comités articulados en las normas reguladoras del sistema de residencia.
b) La Dirección General de Planificación Sanitaria de la citada Consejería de Salud, por medio de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria del Principado de Asturias:
– Planificar las rotaciones por los servicios médicos de Sanidad Exterior dentro del plan individual de formación de cada residente.
– Velar por el cumplimiento del programa docente por los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria y tutelar el desarrollo del mismo.
– Ambas Instituciones harán una planificación de las actividades en cuanto al número de residentes que rotarán a lo largo del año, fechas disponibles para su formación, así como de colaboradores docentes que harán el seguimiento de la formación mientras dure la rotación acordada.
La relación que se establece entre la Delegación del Gobierno y los enfermeros especialistas en formación no supondrá más compromiso que el derivado del presente convenio, no tendrá naturaleza estatutaria o laboral ni implicará para la Administración General del Estado obligación contributiva alguna. Asimismo, la realización de las prácticas en la Delegación del Gobierno no supondrá la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos. Será de aplicación lo dispuesto para las rotaciones externas en el artículo 21 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada y en el artículo 8 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Se constituye una comisión de vigilancia y control de las actuaciones que se acuerde desarrollar a fin de que garantice el adecuado equilibrio entre las partes en la interpretación y cumplimiento del convenio, donde se tratarán los problemas derivados de su interpretación y ejecución. Esta comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez durante su vigencia, sin perjuicio de que, con carácter potestativo, y a instancia de las partes, se reúna en más ocasiones. Estará formada por un representante de la Unidad Docente designado por la Comisión de Docencia de la especialidad y un representante de cada dispositivo docente designado por la Delegación del Gobierno correspondiente.
El periodo de vigencia del presente convenio será de cuatro años, con posibilidad de una prórroga expresa, antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más. La duración total del convenio, incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años. Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre), este convenio resultará eficaz con la inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, fecha en que comenzará a computarse su duración. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización. En cuanto al régimen de modificación del convenio, requerirá el acuerdo unánime de las partes firmantes del mismo. Toda modificación del convenio deberá formalizarse y tramitarse mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El convenio se extingue por el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias o causas de resolución que se contemplan en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. En el caso de que se produjese la causa de resolución contemplada en el apartado c) del punto segundo del citado artículo 51 («incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes»), la parte afectada por el incumplimiento podrá convocar, mediante requerimiento, la Comisión de vigilancia y control del convenio a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia y subsanación de la causa apuntada. Si en el seno de la comisión no se llegase a ningún acuerdo satisfactorio para las partes o no llegase a reunirse en el plazo de quince días naturales desde el requerimiento, se entenderá resuelto el convenio desde la fecha de vencimiento del plazo de los quince días. En todo caso, la resolución del convenio no afectará a las rotaciones iniciadas durante su vigencia y pendientes de concluir en la fecha de su extinción, por lo que las partes deben salvaguardar los derechos de los Enfermeros Internos Residentes y fijar un plazo improrrogable para la finalización de todos los efectos del convenio.
Las partes conocen su respectiva obligación legal de salvaguardar la confidencialidad y protección de datos personales y médico-sanitarios referidos a cualquier persona relacionada ya sea profesional o paciente, a que puedan tener acceso, en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales. Este deber de reserva y sigilo profesional subsistirá aún después de finalizada la relación de colaboración entre ambas partes, cualquiera que haya sido la causa del término de dicha relación y la fecha en que la misma haya finalizado. Asimismo, las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
La ejecución del presente convenio no supone un gasto adicional para las partes firmantes. El compromiso económico que asume la Administración del Principado de Asturias (Consejería de Salud), a través del SESPA, relativo al abono de la totalidad de las retribuciones de los especialistas en formación, no es una obligación nueva, sino inherente a la firma de su contrato laboral como enfermero interno residente, por lo que tiene su reflejo en cada presupuesto anual en la partida presupuestaria correspondiente a los gastos de personal del capítulo I del programa 412B «Retribuciones del personal en formación», que recoge los sueldos y complementos salariales de los enfermeros internos residentes del personal que realizará las rotaciones, sin que el presente convenio incida en ello.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico es el expresamente establecido para los convenios en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La resolución de los litigios que eventualmente se puedan suscitar en la ejecución del convenio, y que no hayan podido ser resueltos por la Comisión de vigilancia y control prevista en la cláusula quinta, será de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el presente convenio electrónicamente, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por la Administración General del Estado, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero.–Por la Administración del Principado de Asturias, la Consejera de Salud, M.ª Concepción Saavedra Rielo.
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