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Mediante acuerdo de 17 de enero de 2023, del Pleno del Tribunal Constitucional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de enero, se convocó la provisión de ocho plazas de letrado/a de adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional (dos para el área civil, dos para el área penal y cuatro para el área contencioso-administrativa).

De conformidad con lo establecido en la disposición tercera de dicho acuerdo, el Pleno, en su sesión de 15 de marzo de 2023, acordó la designación de don Andrés Barragán Andino, doña María Jesús Blanco Quintana, doña Alejandra Boto Álvarez, doña María Díaz Crego, doña Caridad Hernández García, doña Cristina Izquierdo Sans, don Carlos Ortega Santiago y don Carlos Sánchez Martín, como letrados/as del Tribunal Constitucional en régimen de adscripción temporal.

En su virtud, en ejercicio de las competencias asignadas a esta Presidencia en los arts. 15 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y 14.d) de su Reglamento de Organización y Personal, y con arreglo a lo dispuesto en los números 2, 3, 4 y 6 del art. 53 de dicho reglamento, acuerdo:

Primero.

Nombrar a don Andrés Barragán Andino, doña María Jesús Blanco Quintana, doña Alejandra Boto Álvarez, doña María Díaz Crego, doña Caridad Hernández García, doña Cristina Izquierdo Sans, don Carlos Ortega Santiago y don Carlos Sánchez Martín, para desempeñar plazas de letrados/as del Tribunal Constitucional en régimen de adscripción temporal, a partir de la toma de posesión del puesto para el que se les nombra, y por un período de tres años, pudiendo ser renovada la adscripción en los términos prevenidos en el art. 53.3 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

Segundo.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 53.6 del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, el cese de los letrados/as nombrados, además de por voluntad propia, se acordará en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) En cualquier momento, por acuerdo del Pleno a propuesta del presidente/a.

b) Por vencimiento del período trienal de adscripción o por el cese en la función o en el cargo a los que se refiere el artículo 56.4 del Reglamento de Organización y Personal, cuando no haya lugar a su continuidad al servicio del Tribunal Constitucional conforme a los términos allí establecidos. En el caso de los letrados/as de los que se hace mención en el art. 62.2.a) del Reglamento, su cese, de resultar procedente en tales términos, se verificará a los dos meses de que haya concluido su colaboración con determinado magistrado/a.

c) Por jubilación o pérdida, en su caso, de la condición de funcionario/a.

Tercero.

Los letrados/as designados pasarán, a partir de la fecha de toma de posesión de la plaza para la que se le nombra, a la situación administrativa de servicios especiales, al amparo de lo previsto en el artículo 97.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Frente a la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o de cualquier otro recurso que los interesados/as estimen procedentes.

Madrid, 16 de marzo de 2023.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón.