Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de marzo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016, acuerda:

1. Instar al Gobierno a adoptar las medidas que le correspondan para:

– Regular, ante el progresivo aumento de las coaliciones electorales que han concurrido a los procesos electorales celebrados en los últimos años, que la legislación aplicable en este ámbito pudiera prever la inclusión de las coaliciones electorales en una sección específica del Registro de Partidos Políticos, en la medida en que continúen en funcionamiento durante la correspondiente legislatura. Habida cuenta de que las coaliciones que hayan obtenido representación pueden ser perceptoras directas de las subvenciones públicas reguladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se considera que habría que aplicarse a dichas coaliciones la obligación de presentar cuentas anuales a que se refiere el artículo 13.tres de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

– Seguir manteniendo las condiciones actuales de la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional, a la que se refiere el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y cuyo desarrollo reglamentario se regula en el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.

– Definir con mayor claridad lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas reguladas en el artículo 4.2.b) y cuáles en las reguladas en el artículo 8.3 de dicha Ley Orgánica.

– Regular, en relación con la prohibición de la condonación total o parcial de la deuda contraída por las formaciones políticas con las entidades de crédito, a la que se refiere el artículo 4.4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de tal manera que la misma no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de forma que, en la práctica, no se liquide. Asimismo, se considera conveniente que, ante la aparición de nuevas fórmulas de financiación, como los microcréditos, se extienda dicha prohibición de condonación a las deudas contraídas con prestamistas que no sean entidades de crédito y con los acreedores comerciales.

– Regular, entre los supuestos de la infracción que se recoge en el artículo 17.tres.c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la presentación de cuentas anuales correspondientes a un ejercicio económico con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el trámite de alegaciones de la formación —circunstancia que ha tenido lugar en la presente fiscalización— lo que implica una presentación efectiva de las cuentas pero impide a aquel llevar a cabo su cometido fiscalizador. Asimismo, considerar como una infracción sancionable la inexistencia del informe resultante del sistema de control interno a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por cuanto que debe reflejar los principales resultados y conclusiones de dicho sistema y ser remitido al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales.

2. Instar al Ministerio del Interior, dado que la legislación actual contempla la obligatoriedad de todas las formaciones políticas de remitir al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales consolidadas y que el incumplimiento de dicha obligación conlleva una posible infracción tipificada en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, a adoptar las medidas necesarias para que continúe actualizando el Registro de Partidos Políticos, a fin de estar en disposición de obtener una relación de las formaciones políticas que hayan de presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de cada ejercicio económico, y que dicha relación se facilite a esta institución con anterioridad a la finalización de cada año natural. A este respecto, se estima preciso establecer un procedimiento administrativo para la declaración de la extinción de un partido político, a que se refiere la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que posibilitara, con las garantías legales necesarias, proceder a una actualización más ágil y efectiva del mencionado.

3. Instar a las formaciones políticas a:

– A los efectos de contribuir al cumplimiento en plazo y a la verificación posterior de las obligaciones de publicidad activa de los partidos políticos a las que se refieren los artículos 14.8 y 14.9 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que el responsable económico-financiero remita anualmente una certificación en la que se dé traslado al Tribunal de Cuentas de la fecha de publicación en la página web de las informaciones referidas en los citados preceptos.

– Incluir una descripción en detalle acerca del alcance de la revisión efectuada de los procedimientos de control interno, así como, las principales conclusiones y recomendaciones que, en su caso, se deriven de la misma en el informe preceptivo al que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, relativo a los resultados de la revisión del sistema de control interno que cada formación política debe tener establecido para garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

– Ajustar sus actividades económicas, si presentan durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa, con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados. Todo ello con el fin de prevenir casos en los que la caída de estos por la pérdida de representación institucional y la elevada deuda financiera puedan llevar a la insolvencia del partido político y que este se encuentre en la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores.

4. Instar a los grupos parlamentarios a:

– Estudiar las necesarias reformas en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, para dar cumplimiento a lo indicado por el Tribunal de Cuentas y que permitan:

a) Promover que la rendición de cuentas de los grupos institucionales de los partidos políticos se consolide, para que refleje la imagen fiel.

b) Promover que se eviten las actuaciones arbitrarias y contrarias a lo establecido en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por parte de las Intervenciones de Fondos Municipales, con relación a las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos.

c) Que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos defina claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas reguladas en el artículo 4.2.b) y cuáles en las reguladas en el artículo 8.3 de dicha Ley Orgánica.

d) Reforzar la norma que prohíbe la condonación total o parcial de las deudas contraídas con las entidades financieras de manera que no pueda ser eludida mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de manera que, en la práctica, no se liquide.

e) Incluir entre los supuestos de la infracción que se recoge en el artículo 17.tres.c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la presentación de cuentas anuales correspondientes a un ejercicio económico con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el trámite de alegaciones de la formación.

f) La necesaria armonización de lo dispuesto en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, con el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local regulando, por seguridad jurídica, la posibilidad expresa de aportaciones de los grupos a los partidos políticos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.