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Con fecha 27 de noviembre de 2020 se ha suscrito la Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Salamanca para la realización de prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid, (Subdirección de Salamanca).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 18 de diciembre de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
El Secretario de Estado de Justicia, don Pablo Zapatero Miguel, nombrado por Real Decreto 160/2020, de 29 de enero, y en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Don Javier González Benito, Vicerrector de Economía, en nombre y representación de la Universidad de Salamanca, con CIF Q3718001E y domicilio en Patio de Escuelas s/n, 37008, Salamanca, conforme a la delegación de competencias efectuada por el Sr. Rector de la Universidad, publicada a través de Resolución de 2 de junio de 2020 de la Universidad de Salamanca (BOCYL de 9 de junio de 2020).
Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación legal que ostentan para suscribir la presente adenda y, a tal fin,
EXPONEN
I. Con fecha 7 de diciembre de 2018 (BOE de 3 de enero de 2019) se suscribió el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Salamanca para la realización de prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid (Subdirección de Salamanca).
II. La cláusula novena del citado convenio establece la vigencia y efectos del mismo con una duración de dos años naturales, a partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
III. La misma cláusula novena dispone que las partes firmantes podrán modificar los términos del Convenio, en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
En aplicación de lo anterior, se procede a modificar la cláusula quinta del citado convenio en materia de protección de datos, actualizándola a la vigente normativa aplicable en la materia.
Igualmente, se procede a modificar la cláusula sexta del convenio citado para incorporar en la misma lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Por último, se procede a incorporar al convenio una nueva cláusula (cláusula duodécima del convenio) relativa a la naturaleza de la colaboración.
IV. Dado el alto grado de satisfacción obtenido en el cumplimiento de sus objetivos, las partes manifiestan su interés en el mantenimiento de las actividades del convenio, suscrito con fecha 07 de diciembre de 2018 (BOE de 3 de enero de 2019) y, en consecuencia, su voluntad de suscribir una prórroga bienal junto con las modificaciones citadas en el expositivo anterior.
En virtud de lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Justicia y la Universidad de Salamanca,
ACUERDAN
Prorrogar por dos años, el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Salamanca para la realización de prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid (Subdirección Salamanca), suscrito el 7 de diciembre de 2018 (BOE de 3 de enero de 2019), bajo las mismas condiciones y estipulaciones que rigen el convenio, a las que se añaden las que se incluyen en las cláusulas segunda, tercera y cuarta, de la presente adenda, sin comportar ningún tipo de obligación financiera ni generar coste presupuestario para las partes.
La presente adenda será eficaz una vez inscrita en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». La prórroga se iniciará a partir del 4 de enero de 2021.
De tal modo que dicha cláusula quinta queda redactada del modo que sigue:
«Quinta. Protección de datos.
Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados en materia de protección de datos a cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.»
De tal modo que dicha cláusula sexta queda redactada del modo que sigue:
«Sexta. Financiación.
La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.»
Se incorpora al convenio una nueva cláusula decimosegunda, con la siguiente redacción:
«Decimosegunda. Naturaleza de la colaboración.
El Ministerio de Justicia queda exento de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Justicia no está obligado a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la función pública ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de servicios previos en el conjunto de las Administraciones.»
Y de conformidad con cuanto antecedente, y en ejercicio de las atribuciones de que son titulares los/las firmantes, suscriben electrónicamente la presente adenda de prórroga y modificación al convenio arriba indicado.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.–El Vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca, Javier González Benito.
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