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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 17 de noviembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, ejercicio 2016, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

– Fomentar que por parte de la Gerencia se elaboren Planes Estratégicos Plurianuales en los que se cataloguen las necesidades de las infraestructuras educativas y culturales y se prioricen las actuaciones que deben llevarse a cabo en el ámbito de sus competencias, que contengan planes operativos y memorias presupuestarias. Debe, además, crearse un registro de la situación de las infraestructuras bajo el control de la Gerencia, favoreciendo el estudio y seguimiento del estado de las mismas; así como de las operaciones que deban preverse y el coste en que se incurrirá para el correcto mantenimiento de éstas.

– Adecuar el procedimiento de contratación a la legislación vigente promoviendo la publicidad y la concurrencia en los procesos selectivos relacionados con las plazas ofertadas por el organismo. Otro extremo al que se insta a la entidad fiscalizada en la materia contractual es la constatación de la imposibilidad de realizar las actuaciones previstas con los medios propios del organismo, evitando la contratación ociosa de medios innecesarios de acuerdo con las capacidades materiales y humanas de la Gerencia.

– Detallar con mayor profundidad el contenido, la duración y el gasto en que se incurre en cada uno de los proyectos que desarrolla el organismo autónomo.

– Crear un registro de bienes inmuebles propiedad del ministerio y actualización periódica de la situación de los mismos, así como de cualquier bien mueble accesorio a los mismos.

– Dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con arreglo a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Instar a la Intervención General del Estado a:

– Tramitar una modificación del plan General de Contabilidad Pública que complete la regulación contable del registro de activos adquiridos o construidos para otras entidades cuando su entrega tenga la naturaleza de transferencia o subvención en especie, supuesto que la regulación actual del Plan no contempla adecuadamente. Para ello, se recomienda modificar el movimiento de la cuenta 370 «Activos construidos o adquiridos para otras entidades» a través de la variación de existencias, o bien la creación de otra cuenta específica para estos casos.

3. Instar al Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura a:

– Impulsar la elaboración de un nuevo Estatuto de la Gerencia, conforme al ordenamiento jurídico vigente, en el que se incluya la regulación de un Consejo Rector como órgano colegiado de dirección del citado organismo, con el fin de evitar que el control recaiga en manos de una sola persona como viene sucediendo hasta ahora.

– Crear un órgano superior de dirección en forma de Consejo Rector que sustituya al actual. El establecimiento de un órgano colegiado y la inclusión en su seno de miembros procedentes del Ministerio de Cultura y Deporte contribuirá a un mayor nivel de control y seguimiento de las actuaciones programadas, evitando la acumulación de competencias en órganos unipersonales, que en ocasiones pueden estar ostentando la facultad decisoria sin conocimientos suficientes.

– Incluir en el nuevo Estatuto a elaborar con arreglo al Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, como órgano superior de dirección, coordinación y control, un Consejo Rector con presencia de los distintos responsables del Ministerio de Cultura, a efectos de mejorar la programación y la toma de decisiones, así como el control, el seguimiento y la coordinación de las actuaciones.

– Establecer criterios de priorización de actuaciones conforme a principios de eficiencia en la gestión atribuida y de cumplimiento efectivo de los objetivos del propio organismo, así como establecer canales de coordinación con otras administraciones públicas que ostentan competencias complementarias.

– Fortalecer la coordinación con las demás administraciones públicas interesadas en la ejecución de las infraestructuras, en las sucesivas etapas de programación y ejecución de las mismas, procurando formalizar al efecto, con anterioridad a la aprobación de las inversiones, los oportunos convenios o acuerdos que regulen desde el inicio los aspectos más significativos de las mismas como las obligaciones de gestión y costes que asume cada Administración, la puesta a disposición de los terrenos, la ejecución de las obras y los plazos y formalidades para la entrega y puesta en funcionamiento de los activos; así como las obligaciones que se asumirán posteriormente por cada Administración para la gestión independiente o compartida de las infraestructuras.

– Poner en práctica un sistema de planificación adecuado a sus competencias, y del estudio de las necesidades y posibilidades de financiación y de gestión de los proyectos de inversión, estableciendo objetivos concretos, indicadores adecuados, hitos de ejecución temporales y financieros, prioridades y demás requisitos exigibles para la adecuada programación de su actividad.

– Definir y formalizar el control interno y reforzar su ejercicio, mediante la aprobación de circulares e instrucciones internas que regulen sus procedimientos de contratación y gestión económica y patrimonial, a fin de superar deficiencias de información y de gestión, así como adecuar el sistema contable de manera que se respete el principio de imagen fiel de las cuentas y documentar debidamente las entregas de los activos a sus destinatarios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.