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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 17 de noviembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ejercicios 2016 y 2017, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

– Participar de modo más activo en la labor de control sobre la actuación realizada en los servicios de los centros penitenciarios.

– Asignar el desarrollo de programas a miembros de la plantilla que, en calidad de responsables, realicen el seguimiento de los mismos, previendo las necesidades que puedan existir y supervisando el cumplimento efectivo de los objetivos establecidos en cada uno de los planes.

2. Instar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a:

– Garantizar la publicación de las cuentas anuales de la entidad y los informes de auditoría, en aras de procurar una mayor transparencia del organismo.

– Garantizar la publicación de los convenios de colaboración en acciones formativas y las encomiendas de gestión, en aras de procurar una mayor transparencia del organismo.

– Implantar, con el fin de mejorar la gestión informática, una solución integral que reduzca el número de aplicaciones utilizadas y dedicar más personal de sistemas informáticos para el soporte a la gestión ordinariamente de los usuarios y la administración de dichas aplicaciones, así como la definición de las funcionalidades que requiera la actividad de la entidad.

– Unificar las distintas aplicaciones informáticas, dedicando un mayor número de recursos humanos y económicos a velar por el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema informático empleado.

3. Instar a la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo a:

– Actualizar las autorizaciones emitidas por la entidad sobre las cuentas bancarias de su titularidad, y crear un registro conjunto de apoderados por parte del organismo autónomo, de forma que el control sobre el acceso a dichas cuentas se lleve a cabo de forma centralizada a efectos de facilitar el seguimiento y control.

– Establecer el grado de necesidad e idoneidad de las actuaciones a desarrollar antes de proceder a la firma de un contrato por parte del organismo, realizando un seguimiento de las mismas que garantice su cumplimiento.

– Mejorar el proceso de planificación de sus actividades, identificando las unidades y personas responsables de cada actuación, documentando el seguimiento efectuado y diseñando los indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento.

– Elaborar un documento propio y separado para justificar y precisar la necesidad e idoneidad de los contratos, un documento de recepción o conformidad con el objeto del contrato, así como garantizar el adecuado cumplimiento de las prestaciones que constituyen ese objeto.

– Realizar el debido inventario a final de año, al menos, de las existencias en economatos y cafeterías de los distintos centros penitenciarios.

– Mejorar la representatividad de las cuentas anuales a través de un mayor detalle en el registro de bienes recibidos en forma de cesión por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, incluyendo el valor de los derechos de usos sobre los ya mencionados bienes en la cuenta de inmovilizado.

– Realizar el debido control del inmovilizado, así como su valoración, enumerando y describiendo los bienes cedidos de la Secretaria General, así como los bienes (ordenadores) cedidos a empleados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2020.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.