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Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras las sucesivas prórrogas, la vigencia del estado de alarma ha quedado fijada hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
El citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del citado Real Decreto, cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente.
La situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus (COVID-19) ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente. Para ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de marzo, 2/2020, de 25 de marzo, 3/2020, de 15 de abril, 4/2020, de 29 de abril, y 5/2020, de 20 de mayo, se aprobaron medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020, acordó convalidar los dos primeros decretos-leyes forales citados y tramitarlos como proyectos de ley foral por el procedimiento de urgencia. Fruto de esta tramitación se aprobaron la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) y la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Asimismo, el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesiones celebradas el 21 de abril, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2020, aprobó la convalidación de los Decretos-leyes Forales 3/2020, de 15 de abril, 4/2020, de 29 de abril, y 5/2020, de 20 de mayo, respectivamente.
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un sexto paquete de medidas, que se contienen en este Decreto-ley Foral.
Para contener la progresión de la enfermedad, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció importantes limitaciones a la libertad de circulación de las personas y otras medidas temporales de carácter extraordinario.
En materia de transporte público de viajeros, el artículo 14.2 del Real Decreto habilita a las autoridades autonómicas para establecer porcentajes de reducción de los servicios teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, en caso necesario.
Así mismo, establece que los operadores de servicios de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte y a tomar las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre las personas usuarias.
De conformidad con este precepto, la Dirección General de Transportes del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra aprobó varias resoluciones estableciendo los porcentajes y los criterios para la reducción de la oferta de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por carretera, en función de la evolución de la situación sanitaria y de la demanda de servicios, así como restricciones a la ocupación de los vehículos. Además, como consecuencia de las limitaciones establecidas a la circulación de las personas durante el estado de alarma, los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera se han venido prestando con grandes caídas de la demanda, de en torno al 95%.
En esta situación, las condiciones de prestación de los servicios durante el estado de alarma han sufrido importantes modificaciones respecto a las condiciones en las que se venían prestando dichos servicios, conllevando un incremento extraordinario de los déficits de explotación de los mismos que justifica el establecimiento de un régimen de compensación económica extraordinaria en los contratos de concesión de servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general. Estas medidas se recogen en el Título I de este Decreto-ley Foral.
Por otro lado, con motivo de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los profesionales autónomos están teniendo especiales dificultades para desarrollar su labor, motivo por el cual se han arbitrado una serie de medidas de apoyo económico para garantizar su actividad profesional, las cuales en algunos casos de profesionales autónomos que ya estaban atravesando dificultades y que por ello eran perceptores de renta garantizada, hacen que superen los ingresos establecidos para el derecho a esta prestación. Por ello, y con la finalidad de continuar incentivando su actividad profesional, se considera oportuno proceder a la suspensión temporal del abono de la prestación, de modo que puedan volver a percibirla sin precisar iniciar los trámites administrativos de solicitud de renta garantizada de nuevo, del mismo modo que la suspensión temporal por incorporación laboral prevista en el artículo 24.3 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada y en el artículo 21.4 del Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, por el que se desarrollan los derechos a la inclusión Social y a la Renta Garantizada. Esta suspensión temporal viene regulada en el Título II de este Decreto-ley Foral.
Las medidas de confinamiento están impulsando, a su vez, un cambio importante hacia fuentes de generación eléctrica sin emisiones de CO2, como las energías eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica. Se trata de promover un desarrollo energético sostenible, y a su vez fortalecer el tejido empresarial y la generación de empleo para paliar los efectos que el COVID-19 está teniendo en la economía.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE), destacaba el mes pasado que la recuperación esperada en 2021 no permitirá recuperar el nivel previsto antes de la crisis y que probablemente se producirá un descenso interanual del 13 % de nuevas instalaciones renovables de producción eléctrica conectadas a la red, frente a lo anticipado antes de que se notaran los efectos de la COVID-19.
Con la medida recogida en el Título III de este Decreto-ley Foral se pretende paliar, en parte, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en el ámbito de la energía eólica, propiciando la implantación de proyectos alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, S3, que plantea como una de sus prioridades mantener el liderazgo de Navarra en el sector de las energías renovables, apostando por la eficiencia energética y la gestión y valorización de los recursos naturales como eje transformador del territorio.
El aprovechamiento del recurso eólico exige un completo análisis de los condicionantes territoriales y la selección de los emplazamientos debe garantizar la compatibilidad de las instalaciones con los valores identificados en las diferentes áreas mediante la aplicación de las oportunas medidas para minimizar las afecciones. En el caso concreto de los SECA se considera que es necesario abrir la posibilidad de estudiar el diseño de instalaciones para aprovechar la energía eólica siempre que esté demostraba la existencia del recurso y se desarrolle el proyecto minimizando el sellado de suelo de elevada capacidad agrológica y garantizando la compatibilidad de la actividad agrícola en el entono.
La medida adoptada resulta urgente para posibilitar el desarrollo en Navarra de iniciativas empresariales de energía eólica de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu 2020-2023.
Igualmente, la situación epidemiológica ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. En particular, puede destacarse cómo la suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.
Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se vienen a completar, en el ámbito tributario, en el Título IV de este Decreto-ley Foral.
Así, el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció una regulación extraordinaria de los plazos de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas de derecho privado. Dicha regulación afecta a la obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, debido a que la determinación de la base imponible en el método de estimación directa se efectúa sobre la base de su resultado contable. Con el objeto de mitigar los efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se faculta a los contribuyentes que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del Impuesto para que presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento en los términos prescritos por la norma.
Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma definitiva el resultado contable, en el caso de que la autoliquidación que deba resultar de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada dentro del plazo establecido, se deberá presentar una nueva declaración, para lo cual se da de plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. Si de la nueva declaración resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver el ingreso del importe que, en su caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin aplicación de intereses de demora ni de recargo por presentación extemporánea. Si de la nueva declaración resulta una mayor cantidad a devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una devolución, el plazo de seis meses para realizar las devoluciones de oficio sin intereses comenzará a contar desde la fecha de su presentación.
En línea con lo anterior, para las fundaciones que se hayan acogido a la mencionada ampliación de plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales, se amplía, hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo de presentación ante la Hacienda Foral de Navarra de los documentos que deben aportar de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.
Por otro lado, la suspensión de los procedimientos tributarios ha afectado también a la publicación del listado de deudores a la Hacienda Foral de Navarra. De acuerdo con lo previsto en el artículo 105 bis de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, el mencionado listado se debe publicar durante el primer semestre del año. Con carácter previo a esa publicación se debe notificar la inclusión en el listado a efectos de que el contribuyente pueda presentar alegaciones. Para poder cumplir con los trámites legalmente establecidos se amplía el plazo de publicación del listado de deudores hasta el 30 de septiembre de 2020.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, con la finalidad de aliviar transitoriamente la carga financiera que soportan los autónomos y PYMES, estableció la suspensión durante el estado de alarma del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo. Asimismo, para que las comercializadoras de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor de gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado no asuman cargas de tesorería indebidas, se les eximió de afrontar el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos durante el periodo de suspensión del pago. Mediante este Decreto-ley Foral se incorpora esta medida para que las comercializadoras sometidas a normativa foral navarra tampoco tengan que afrontar el pago de los impuestos indirectos durante el periodo de suspensión.
Como reconocimiento a la extraordinaria labor y el esfuerzo personal que los profesionales sanitarios están realizando durante la pandemia, la patronal del seguro, UNESPA, anunció el compromiso de 109 empresas del sector para constituir un fondo solidario con el que financiar un seguro gratuito que incluye indemnizaciones por fallecimiento u hospitalización y que va dirigido al personal sanitario. Por lo que respecta a la fiscalidad, se declara la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las prestaciones por las contingencias de fallecimiento y de enfermedad por causa del COVID-19, derivadas del mencionado seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objeto de facilitar la conciliación familiar, se establece la deducción en la cuota íntegra del 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las personas descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas. Esta deducción se aplicará en 2020 en lugar de la deducción regulada en el artículo 62.9.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización de las empresas para hacer frente a los nuevos retos. Con el objetivo de apoyar la transformación digital de las pequeñas empresas se establece una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades (o, en su caso, del IRPF) del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a la adquisición de software que posibiliten la implantación del comercio electrónico, la digitalización de los procesos administrativos (facturación, ventas, contabilidad), accesos a la nube, páginas web y sistemas de pago por internet. Podrán aplicar esta deducción tanto las pequeñas empresas como las personas físicas que desarrollen actividades empresariales y profesionales.
Por otro lado, también en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, en la disposición final primera se establece que la deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables reguladas en el artículo 64.A) de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25 por 100 de la cuota líquida.
En la disposición final segunda, en lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en línea con lo establecido en la normativa estatal, se declaran exentas de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados las escrituras de formalización de las diferentes moratorias legales y convencionales reguladas en los Reales Decretos-Ley 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, y 19/2020, de 26 de mayo.
Finalmente, en la disposición final tercera se modifica la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria para incorporar la posibilidad de que las actuaciones de la Administración tributaria con los obligados tributarios se puedan realizar mediante videoconferencias.
En el ámbito del deporte, el estado de alarma y la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 han afectado significativamente a la actividad de las entidades deportivas, de las personas que ejercen o quieren acceder al ejercicio de profesiones del deporte y de los centros y empresas que imparten formación, así como al funcionamiento de las administraciones públicas competentes en la materia.
Por ello, resulta precisa la ampliación de plazos contenidos en la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, a cuya finalización son exigibles diversas obligaciones recogidas en su texto, cuestión que se aborda en la disposición final cuarta de este Decreto-ley Foral.
En materia de servicios sociales, el Gobierno de Navarra ha hecho una apuesta para promover servicios que permitieran a las personas con dependencia el permanecer en su entorno familiar el mayor tiempo posible. El incremento del número de plazas concertadas para centro de día que se produjo en 2018, la reducción de las tarifas y la flexibilización de las jornadas para las personas usuarias en este servicio, la recuperación de la ayuda económica para la contratación de cuidadores profesionales en 2019 y la concertación de plazas de atención diurna y de programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en el último acuerdo marco, son algunas de las acciones emprendidas para alcanzar este objetivo.
Pero en estos momentos, en los que priman criterios de salud pública de protección ante el coronavirus (COVID-19), se hace más necesario impulsar servicios que permitan a las personas permanecer en su domicilio, asegurando los cuidados necesarios. Si bien este hecho obliga a la reestructuración de los servicios que se están prestando, también supone una clara oportunidad para seguir impulsando recursos que permitan la permanencia de las personas en el entorno y, de forma añadida, impulsar el mercado laboral en el ámbito de los cuidados. El incremento de la ayuda económica a las personas dependientes para la contratación de cuidadores profesionales, recogido en la disposición final quinta de este Decreto-ley Foral, va a disminuir el esfuerzo que estas personas deben realizar en la provisión de los cuidados y, a la vez, puede estimular la contratación reglada con la incorporación de más personas al sistema de la seguridad social.
Por otra parte, con objeto de incluir en el ámbito de aplicación de las ayudas reguladas en el artículo 2 del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) a las trabajadoras y trabajadores autónomos del sector cultural que realizan su actividad profesional con carácter intermitente, en la disposición final sexta se modifica el apartado 2 de dicho artículo y se establecen los requisitos para la obtención por dichos profesionales del derecho a la ayuda directa en él contemplada.
Finalmente, en la disposición final séptima se introducen modificaciones en la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra.
La Ley Foral de Carreteras de Navarra hoy vigente se aprobó el 23 de marzo de 2007 y regulaba, de acuerdo con las circunstancias sociales, legales y económicas del momento, la planificación, construcción y explotación de las carreteras de Navarra, competencia tradicionalmente exclusiva de la Comunidad Foral.
El tiempo transcurrido y la aparición de nuevos requerimientos sociales, técnicos e industriales evidencian que la norma no resuelve adecuadamente distintos retos en cuanto a la explotación del dominio público viario y que precisan de su inmediata corrección para cumplir distintas finalidades públicas y sociales que puedan resultar compatibles.
La actual pandemia ha sido, posiblemente, el desencadenante de distintas tensiones en cuanto a la explotación de las vías y que precisan de su adaptación a las nuevas necesidades.
No olvidemos que la norma vigente es muy restrictiva en cuanto a los usos que se puedan autorizar en las distintas zonas de protección del dominio público viario, excluyendo, además, cualquier compartición del patrimonio.
A tal fin, en la disposición final séptima se modifican diversos artículos de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra.
Por lo que respecta a la implantación de otras infraestructuras sobre el dominio público viario, redes que presten servicio público de interés general, es de resaltar que la Red Corporativa del Gobierno de Navarra busca el cumplimiento de la Agenda Digital Europea 2020, de manera que el 85% de la población tenga cobertura de conectividad superior a 100 Mbps y el 100% tenga un mínimo de 30 Mbps. Con estos objetivos, el «Plan Director de Banda Ancha: Navarra 2021» incorpora un eje estratégico para vertebrar el territorio y reducir la brecha digital de la ciudadanía de la Comunidad Foral.
La Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que entró en vigor el 1 de julio de 2016, relativa a medidas para reducir el coste de despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, establece, en su artículo 3, que los Estados miembros garantizarán que los operadores de redes tengan la obligación de atender todas las solicitudes razonables de acceso a su infraestructura física con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Esta Directiva ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
La Red Corporativa de fibra óptica del Gobierno de Navarra es una infraestructura adscrita para su utilización a la sociedad pública «Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)», red imprescindible para la prestación de servicios públicos esenciales de la administración como son la educación y la salud.
En estos momentos, ante la situación de alarma sanitaria producida por el COVID-19 se hace especialmente urgente la aceleración de los planes de instalación de las referidas infraestructuras de telecomunicaciones, siendo las infraestructuras viarias un soporte idóneo para dicha instalación lo más rápidamente posible. La necesidad de intensificar la conectividad de las zonas rurales se hace ahora especialmente acuciante cuando las medidas de confinamiento imponen la necesidad de la utilización intensiva de Internet, tanto para las propias necesidades sanitarias (para medidas de atención, de control y de prevención, ahora imprescindibles), como para la impulsión del teletrabajo o la teledocencia, etc., que, si siempre han sido objetivos deseables, ahora lo son absolutamente imprescindibles y en el más corto plazo posible.
Es por ello que se considera, en estos momentos de emergencia sanitaria, absolutamente urgente y perentorio que se proceda a realizar las correspondientes modificaciones normativas que permitan la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones dentro del dominio público viario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a fin de posibilitar la extensión de la banda ancha por todo nuestro territorio.
A su cumplimiento se dirigen, específicamente, los artículos 39, 39 bis, 40, 41 consolidados de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra que habilitan la lícita instalación, en circunstancias ponderadas, de redes de servicio de interés general. Se completa el régimen con la aparición del artículo 42 bis, para regular específicamente la extinción de la afección, y la modificación del artículo 50, en el que se contempla una figura de garantía muy reclamada en tiempos de crisis económica, como la generada en la actualidad por el COVID-19, cual es la de la garantía global, de utilidad en el caso de titulares de grandes redes de infraestructuras que promueven múltiples autorizaciones.
Igualmente se regulan las situaciones de conflicto que pudieran generar las infraestructuras preexistentes, en las debidas condiciones de indemnidad del dominio público viario.
El texto normativo contempla otras dos situaciones que precisan de inmediata respuesta en tiempos de crisis económica. Así, se propone atemperar el rigor del artículo 31 originario, que impone la elaboración y emisión de informe previo y preceptivo del Departamento para expedir cada autorización complementaria de circulación para vehículos que exceden de los estándares ordinarios, implantando medidas que faciliten el transporte interno y la exportación de elementos fabricados en Navarra, singularmente las palas de molinos de viento, circulación demorada por el número de expedientes a tramitar para informar todas y cada una de las expediciones.
Valoradas las características constructivas de las vías de Navarra, y la urgencia de facilitar el transporte, se considera que puede excepcionarse la preceptividad de tales informes según la vía de que se trate –vías recientes y de gran capacidad- o la especialidad del transporte a efectuar, con la convicción de que ello, de una parte, no pondrá en riesgo la estabilidad de la carretera y, de otra, facilitará la recuperación económica de las industrias de Navarra, que precisan de todas las medidas de apoyo que de inmediato se puedan aportar.
La segunda cuestión hace referencia a la inminente llegada del Canal de Navarra y su red de conducciones y regadíos a nuevas zonas de Navarra, en que muchos de sus elementos se van a ubicar en las proximidades de la carretera y no está contemplada, en la norma hoy vigente, su implantación.
Como infraestructura de interés general le sería de aplicación el nuevo artículo 39 y concordantes y, singularmente, el modificado artículo 41.d), aspersores en la zona de servidumbre, y 42.1.b), instalación de elementos de gestión de riego en la línea de edificación.
Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, dada la urgente necesidad de la adopción inmediata de las medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecisiete de junio de dos mil veinte, decreto:
Es objeto de este Decreto-ley Foral el adoptar en Navarra medidas extraordinarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
1. Los contratos de concesión de servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra prestados con vehículos de más de nueve plazas podrán ser compensados económicamente por las medidas adoptadas por la Administración durante el período de vigencia del estado de alarma para combatir la situación creada por el COVID-19.
2. Dicha compensación se establece como consecuencia de la reducción extraordinaria de ingresos por la disminución de la demanda ante las limitaciones establecidas a la movilidad de la ciudadanía y las restricciones impuestas respecto a la ocupación de los vehículos para procurar la debida separación entre personas usuarias, así como por el incremento de los costes soportados por la empresa contratista derivados de la obligación de desinfección diaria de los vehículos. El importe de la compensación se determinará de conformidad con los criterios y el procedimiento establecidos en este Decreto-ley Foral.
3. Lo dispuesto en este Decreto-ley Foral será de aplicación a los contratos vigentes y a los contratos finalizados en los que, a requerimiento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, por razones de interés público, la empresa contratista continuase prestando los servicios en la fecha de declaración del estado de alarma.
1. La compensación económica correspondiente al período de vigencia del estado de alarma para cada contrato será la resultante de sumar los costes de los kilómetros producidos y no producidos, minorar los ingresos obtenidos y reconocer los costes soportados por la limpieza extraordinaria diaria de los vehículos utilizados durante dicho período, de conformidad con la siguiente fórmula:
Compensación económica = kilómetros producidos x 1,546 euros + kilómetros no producidos x 0,304 euros + kilómetros no producidos de los servicios ofertados a la demanda x 0,833 euros - Ingresos + Coste desinfección
Los conceptos a considerar son los siguientes:
Kilómetros producidos: Kilómetros realizados declarados por la empresa y verificados por la Administración para el periodo analizado.
Kilómetros no producidos: Kilómetros no realizados declarados por la empresa y verificados por la Administración para el periodo analizado.
Para el caso de los servicios que, conforme a la Resolución 25/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han ofertado por la empresa para su prestación a la demanda de las personas usuarias, los kilómetros no producidos de los mismos se abonarán a 0,833 euros por kilómetro.
Ingresos: ingresos declarados por la contratista para el periodo analizado.
Coste desinfección: costes declarados de desinfección de los vehículos utilizados, con un máximo de 20 euros por vehículo y día, y un mínimo de 10 euros por vehículo y día.
Para el cálculo de los costes de desinfección, se tendrá en cuenta el número de vehículos que están adscritos en cada concesión y el nivel de servicio que se ha estado prestando en cada momento.
2. A efectos del cálculo de la compensación, únicamente se tendrán en cuenta los servicios que se hayan realizado conforme a lo establecido en las Resoluciones de la Directora General de Transportes, por las que se adoptaron medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
3. Si la suma que correspondiese abonar para la totalidad de los contratos afectados excediera del presupuesto total dotado para este concepto, que asciende a 2.024.422 euros, se reducirá proporcionalmente la cuantía de la compensación correspondiente a cada contrato.
4. La cuantía económica calculada con arreglo a este Decreto-ley Foral tendrá la consideración de compensación para cada contrato por las medidas adoptadas por la Administración para paliar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 durante la vigencia del estado de alarma, no pudiendo percibirse otras indemnizaciones o reequilibrarse económicamente los contratos afectados por las mismas circunstancias.
En todo caso, el periodo de vigencia del estado de alarma no será considerado a los efectos de determinar el déficit de explotación del año 2020 en aplicación de la Resolución 365/2009, de 1 de diciembre, de la Directora General de Transportes, por la que se modifican las concesiones de servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para establecer un régimen especial de compensación económica a las empresas concesionarias de servicios con explotación deficitaria.
1. El procedimiento para compensar económicamente los contratos de conformidad con este Decreto-ley Foral se iniciará mediante solicitud de la empresa contratista, que deberá presentarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley Foral dirigida a la Dirección General de Transportes del Departamento de Cohesión Territorial. Las empresas deberán formalizar la solicitud con el siguiente contenido:
a) Nombre o denominación social y número de identificación fiscal, datos de la persona que actúa en representación de la solicitante, en su caso, y código y denominación del contrato.
b) Memoria justificativa con los siguientes datos relativos al periodo de vigencia del estado de alarma: kilómetros producidos diarios, kilómetros no producidos semanalmente, kilómetros no producidos de los servicios ofertados a la demanda diarios, vehículos que han prestado el servicio cada día, personas usuarias e ingresos tarifarios diarios y otros ingresos, todo ello conforme al formato que se remitirá a cada una de las empresas.
c) Memoria justificativa sobre los gastos soportados para la desinfección de los vehículos utilizados, acompañada, en su caso, de las facturas correspondientes.
d) Relación de la flota adscrita al contrato a fecha 14 de marzo de 2020, con especificación del número de vehículos identificados por su matrícula.
e) Declaración responsable, firmada por el representante de la empresa, de la veracidad de todos los datos contenidos en la solicitud.
2. El procedimiento se resolverá en un plazo máximo de tres meses contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin haberse dictado la correspondiente resolución, se entenderá desestimada la solicitud.
Mientras sigan vigentes las ayudas económicas específicas para el colectivo de profesionales autónomos o autónomas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 o a las medidas adoptadas por causa de la misma, se suspenderá el abono de renta garantizada en el supuesto de las unidades perceptoras de la misma a las que se les haya reconocido alguna de las citadas ayudas económicas, cuando superen las cuantías de renta garantizada que les corresponden por número de miembros.
En el suelo no urbanizable encuadrado en la normativa vigente en la Categoría de «Protección» y en la Subcategoría de «Suelo de valor para su Explotación Natural: Suelos de Elevada Capacidad Agrológica», excepcionalmente podrá autorizarse la instalación de sistemas de generación de energía eólica y los tendidos eléctricos de evacuación cuando el sellado del suelo suponga el mínimo imprescindible y quede garantizada en todo caso su compatibilidad con el aprovechamiento agrícola de los terrenos del entorno.
1. Si, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las cuentas anuales del periodo impositivo 2019 no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente antes de la finalización del plazo de presentación establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la autoliquidación se realizará con las cuentas anuales disponibles.
A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:
a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere el artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.
2. En el caso de que la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales que se aprueben por el órgano correspondiente difiera de la presentada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes deberán presentar hasta del 30 de noviembre de 2020 una nueva autoliquidación de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas.
Si de la nueva autoliquidación resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver, el ingreso del importe que, en su caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin aplicación de intereses de demora ni del recargo por presentación extemporánea regulado en el artículo 52.3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Si de la nueva autoliquidación resulta una mayor cantidad a devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una devolución, el plazo a que se refieren el artículo 88 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria y el artículo 77 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades comenzará a contar desde la fecha de su presentación.
3. A la nueva autoliquidación presentada de acuerdo con lo dispuesto en este artículo no le resultarán de aplicación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 96.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
Estas nuevas autoliquidaciones podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda.
Las Fundaciones sometidas al régimen fiscal regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, del régimen tributario de las fundaciones y de actividades de patrocinio, que se hayan acogido a la ampliación de plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales establecida en el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán presentar ante la Hacienda Foral de Navarra los documentos a que se refiere el artículo 11.2 y 3 de la mencionada Ley Foral hasta el 30 de noviembre de 2020.
La publicación a que se refiere el artículo 105 bis de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado de deudores a la Hacienda Foral de Navarra, se producirá antes del 1 de octubre de 2020.
Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
En 2020 estarán exentas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las prestaciones por las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa del COVID-19, derivadas del seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
Será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 100 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las personas a que se refiere el artículo 62.9.c) del Texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
Durante el ejercicio 2020 no será de aplicación la deducción prevista en el artículo 62.9.c) del Texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento permanente, que tengan la consideración de pequeña empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa, podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.
2. Los gastos e inversiones objeto de deducción son los siguientes:
a) Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.
b) Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software, que posibilite la comercialización y venta electrónica y los sistemas de pago por internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.
3. La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite que se aplicará al conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.
4. La deducción establecida en este artículo se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el artículo 67.4 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 se modifica el primer párrafo del artículo 67.4 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedará redactado del siguiente modo:
«4. Las deducciones previstas en los artículos 58 y 64.B) no podrán exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida, excepto la regulada en el artículo 58 hasta el inicio de actividad, que podrá absorber la totalidad de la cuota líquida.»
Se modifica el segundo párrafo del artículo 35.I.B).26 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que quedará redactado del siguiente modo:
«Asimismo, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas de formalización de las moratorias previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.»
Uno. El artículo 84 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 84. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos.
1. La Administración tributaria facilitará en todo momento al obligado tributario el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los obligados tributarios deberán llevarse a cabo de la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
3. Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos tributarios podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.»
Dos. Se adiciona una letra e) al apartado 1 del artículo 133 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con la siguiente redacción:
«e) En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando dichas actuaciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el artículo 84.3. La utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado tributario.»
Uno. Se modifica el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, que queda redactado como sigue:
«1. Las y los profesionales del deporte que, a la entrada en vigor de esta ley foral, no cumplan con la exigencia de cualificación en primeros auxilios contenida en la presente ley foral podrán continuar ejerciendo su actividad profesional hasta el 31 de diciembre de 2021.»
Dos. Se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, que queda redactada como sigue:
«Las federaciones deportivas navarras deberán adaptar, en su caso, la reglamentación federativa a esta ley foral antes del 1 de septiembre de 2022.»
Tres. Se modifica la Disposición Transitoria Octava de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, que queda redactada como sigue:
«1. Quienes antes del 1 de septiembre de 2022 ya ejerzan alguna de las profesiones del deporte deberán presentar la declaración responsable antes de dicha fecha.
2. Quienes deseen iniciar el ejercicio de las profesiones del deporte a partir del 1 de septiembre de 2022 deberán presentar la declaración responsable con anterioridad al inicio del ejercicio profesional.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra, que queda redactado como sigue:
«2. No obstante lo anterior, las cualificaciones profesionales que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas en la presente ley foral serán exigibles a partir del día 1 de septiembre de 2022».
Se modifica el importe de las ayudas económicas para la contratación de un servicio para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes previstas en el apartado B19 del Anexo I del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, que queda como sigue:
«B19. Ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas.
a) Tipo de prestación: Garantizada.
b) Tipo de recurso: Ayuda económica de percepción periódica.
c) Objeto del Recurso: Prestación económica para la obtención de los cuidados necesarios para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria en el domicilio.
d) Personas beneficiarias: Personas en situación de dependencia.
e) Requisitos de acceso:
– Tener reconocido un grado de dependencia.
– Acreditar residencia efectiva y continuada en Navarra durante los dos años anteriores a la solicitud, en caso de provenir de otro lugar de España, cumplir los criterios que marca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
– Recurso asignado en el Programa Individual de Atención (PIA).
f) Intensidad del servicio:
Grandes dependientes:
– Ayuda económica para contratación de un servicio: contratación por un mínimo de 80 horas mensuales, de una persona o empresa de servicios.
Máxima: 943,20 euros /mes.
Mínima: 433,40 euros/mes.
– Ayuda económica para cuidados en el entorno familiar: cuidados prestados por sus familiares o personas de su entorno. Precisa la designación de un cuidador principal.
Máxima: 542,85 euros/ mes.
Mínima: 249,44 euros/mes.
Dependientes Severos:
– Ayuda económica para contratación de un servicio: contratación por un mínimo de 80 horas mensuales, de una persona o empresa de servicios.
Máxima: 746,40 euros/mes.
Mínima: 329,90 euros mes.
– Ayuda económica para cuidados en el entorno familiar: cuidados prestados por sus familiares o personas de su entorno. Precisa la designación de un cuidador principal.
Máxima: 407,21 euros/ mes.
Mínima: 180,00 euros/mes.
Dependientes Moderados:
– Ayuda económica para contratación de un servicio: contratación por un mínimo de 60 horas mensuales, de una persona o empresa de servicios.
Máxima: 374,40 euros /mes.
Mínima: 172,80 euros /mes.
– Ayuda económica para cuidados en el entorno familiar: cuidados prestados por sus familiares o personas de su entorno. Precisa la designación de un cuidador principal.
Máxima: 180,00 euros/ mes.
Mínima: 60,00 euros/mes.
Estas ayudas se establecen en función de la renta de la unidad familiar de la persona dependiente.
g) Plazo para la concesión: cinco meses.
h) Ámbito de Actuación: Comunidad Foral de Navarra.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 2 del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), que pasa a tener la siguiente redacción:
«2. Las trabajadoras y trabajadores autónomos que no se hubieran acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria única de 700 euros siempre que, además de cumplir los establecidos en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 anterior, cumplan los siguientes requisitos:
a) Permanecer en alta como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma y la de la solicitud de la ayuda.
b) No haber cesado en su actividad, pero que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se haya visto reducida en, al menos, un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.
Tratándose de trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, deberá haberse producido una reducción de su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación en, al menos, un 30 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
Tratándose de trabajadores autónomos que desarrollen actividades en los códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, deberá haberse producido una reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 30 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.
Las trabajadoras y trabajadores autónomos a los que se refiere el párrafo anterior que, sin estar de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra o en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o entre dicha fecha y la de la solicitud de la ayuda, hubiesen estado de alta en los citados Impuesto o régimen o mutualidad durante al menos 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma, tendrán derecho a la ayuda directa regulada en este apartado.»
Uno. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 31 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, con la siguiente redacción:
«3. El Departamento competente en materia de carreteras podrá establecer, con carácter general, las vías en que, en determinadas circunstancias, la tramitación de la autorización complementaria de circulación no precise de previo informe o distintos supuestos de transporte en que por sus características se aplique igual excepción.
4. Compete, igualmente, a aquél fijar las condiciones técnicas a observar en las autorizaciones de cruzamiento, accesos e instalaciones que puedan otorgarse y la señalización a implantar para ordenar la circulación, si fuere necesario.»
Dos. El actual artículo 39 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra pasa a denominarse artículo 39.bis.
Tres. Se añade un nuevo artículo 39 a la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, con la siguiente redacción:
«Artículo 39. Servicios públicos de interés general.
1. Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la explanación de las carreteras, zonas funcionales y de servicio y zonas de protección cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.
Así, podrán autorizarse:
a) Pasos inferiores o superiores.
b) Excepcionalmente, conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos, cuando se justifique debidamente que, por las condiciones extremadamente dificultosas de la orografía del terreno o por su condición urbana, no existe otra solución técnicamente viable y se sitúen, preferentemente, fuera de la calzada y, cuando sea posible, también de sus arcenes.
c) Los elementos, obras, actuaciones e instalaciones necesarios para que las Administraciones y empresas públicas puedan ejercer sus competencias, cuando por su naturaleza o funcionalidad no puedan tener otro emplazamiento.
d) Las instalaciones provisionales, con un plazo fijado, asociadas a actividades de interés o uso público.
e) Ocupación temporal de la calzada para ejecución de afecciones autorizables en la misma o en zonas colindantes.
2. En el caso de autorizaciones de uso a que se refiere este artículo, no alcanzará al titular de la vía responsabilidad económica, ni de ninguna otra clase, directa o indirecta, por cualesquiera daños en la infraestructura que se aloje en el dominio público viario, salvo dolo o negligencia grave, corriendo el titular de la infraestructura o quien la explote con los gastos de su reparación, mantenimiento, modificación, ampliación, sustitución o reposición derivados del uso propio de la vía, su mantenimiento, mejora, ampliación o sustitución.
Las obras e instalaciones se autorizan sin derecho a indemnización alguna si, por causa de desprendimientos, deslizamientos, obras o actuaciones necesarias para la conservación o mejora de la carretera, aquéllas se vieran afectadas o hubiera de procederse a su modificación.
3. La ocupación del dominio público, en el supuesto previsto en este artículo, no implicará la cesión de éste, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros.
4. El régimen jurídico establecido en este artículo resultará de aplicación a las infraestructuras de servicios cualquiera que haya sido el régimen en que se instalaron.»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 40 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2. En ningún caso se autorizarán las obras o instalaciones que perjudiquen la integridad de la carretera, la seguridad vial o su adecuada explotación.
Además de los usos autorizables en la explanación de la carretera y en la de sus elementos funcionales, podrán autorizarse en la zona de dominio público adyacente otras afecciones siempre que no perjudiquen la integridad de la carretera, la seguridad vial o la adecuada explotación del dominio público, usos tales como:
a) Conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios públicos o conexión con las mismas.
b) Excepcionalmente, apoyos de redes e infraestructuras aéreas de servicios públicos, cuando por las condiciones orográficas del terreno resulte técnicamente inviable retirarlos a mayor distancia, en carreteras convencionales y elementos funcionales, fuera de sus tramos urbanos y siempre que no se trate de apoyos de redes eléctricas de alta tensión.»
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 41 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. En la zona de servidumbre de las carreteras, además de los usos autorizables en las más próximas a la calzada, se podrán autorizar los siguientes usos:
a) Las conducciones subterráneas longitudinales correspondientes a redes e infraestructuras de servicios, preferentemente en la parte más exterior disponible de la zona.
b) Los cerramientos, en los términos previstos en la presente Ley Foral, siempre que no resulten mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad.
c) Movimientos de tierra y explanaciones.
d) Viales, aparcamientos, isletas o zonas ajardinadas.
Además, podrán autorizarse usos que no perjudiquen la integridad de la carretera, la seguridad vial o la adecuada explotación del dominio público, tales como:
a) Cultivos agrícolas.
b) Tala de arbolado.
c) Acopio de arbolado.
d) Instalación de aspersores.»
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. En la zona comprendida entre la línea exterior de delimitación de la calzada de la carretera y la línea de edificación de las carreteras, se prohíbe cualquier tipo de construcción de nueva planta, así como la instalación, excepto cruzamientos, de líneas aéreas de servicios, postes o torres de telecomunicación.
Además de los usos autorizables en las más próximas a la calzada, se podrán autorizar usos que no perjudiquen la integridad de la carretera, la seguridad vial o la adecuada explotación del dominio público, usos tales como:
a) Plantación y tala de arbolado.
b) Elementos de gestión de riego.»
Siete. Se añade un nuevo artículo 42 bis a la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, con la siguiente redacción:
«Artículo 42 bis. Extinción del uso o afección.
El titular de la afección o uso autorizados deberá comunicar al Departamento competente en materia de carreteras la modificación, supresión, extinción o cese de la actividad.
El Departamento determinará los efectos del cese o alteración de la afección e impondrá las medidas de restitución y reparación que procedan.
En igual sentido procederá cuando la supresión de la actividad o uso no hayan sido debidamente notificados, requiriéndose al obligado su ejecución, que serán llevadas a efecto subsidiariamente por la Administración si el obligado no atendiera el requerimiento, procediéndose a su exacción incluso por vía de apremio.»
Ocho. Se añaden tres nuevos apartados 5, 6 y 7 al artículo 50 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, con la siguiente redacción:
«5. Los interesados podrán proponer al Departamento competente en materia de carreteras que las garantías que deban presentar por actuaciones en el dominio público viario se constituyan en la modalidad de garantía global para afianzar las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de todas las actuaciones que promueva, sin especificación singular por expediente, en metálico, mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarias, o por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada, debiendo entregarse el certificado del contrato.
El importe de la garantía global se fijará, con audiencia del interesado, atendido el volumen de obra en el dominio público viario ejecutado en los tres últimos ejercicios, pudiendo desistir el interesado en caso de disconformidad.
La Administración podrá recabar el ajuste de la cuantía de la garantía al término de cada año de vigencia en el caso de que el volumen de obra ejecutado en ese ejercicio exceda en, al menos, un 30% del volumen tenido en cuenta para su constitución. Caso de que no se actualizase el importe, la Administración podrá ordenar la extinción de la garantía sin perjuicio de su efectividad en tanto no fine el plazo de garantía de la última obra ejecutada.
La garantía global deberá ser depositada en el Departamento competente en materia de Hacienda.
6. La garantía global responderá de los daños que puedan derivarse de cualquier actuación en dominio público viario promovida por el interesado vigente aquélla, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administración que, en su caso, pueda producirse.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en infracción muy grave tipificada en el artículo 73. 3.a) de esta Ley Foral.
7. La garantía global se extinguirá a petición del interesado una vez transcurrido el plazo de un año desde el acta de conformidad de la última autorización concedida.»
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
1. Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.
2. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
3. Lo dispuesto en la disposición final séptima mantendrá su vigencia en tanto no sea derogado por norma posterior.
Pamplona, 17 de junio de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 138, de 23 de junio de 2020. Convalidado por Acuerdo del Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» n.º 152, de 13 de julio de 2020)
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