Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El 30 de noviembre de 2018, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito de la Fiscal Superior de la Fiscalía del Principado de Asturias, en el que propone el nombramiento de la Fiscal, Ilma. Sra. doña Esperanza González Avellá como Delegada de la especialidad en la citada Fiscalía, a raíz del anterior nombramiento en comisión de servicios en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada del anterior Delegado, Ilmo. Sr. don Alejandro Caballero Armesto.

Hechos

Con motivo del nombramiento en comisión de servicios en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada de don Alejandro Caballero Armesto, queda vacante en la Fiscalía Superior el cargo de Fiscal Delegado de la especialidad. Para cubrir el cargo, la Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitante ha sido doña Esperanza González Avellá, que aportó su curriculum vitae y tiene acreditada experiencia y formación.

La propuesta, ha sido elevada, con fecha de 20 de noviembre de 2018, por la Fiscal Superior del Principado de Asturias a la Fiscalía General del Estado, destacando el interés y disposición de la candidata para asumir esta responsabilidad, así como los méritos que le hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2018, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (art 3.4 RD 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (art. 36.4). Esto último no es aplicable al presente caso, al haber sido doña Esperanza González Avellá la única candidata.

Segundo.

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado complementa la anterior disposición, al aclarar que se seguirá también el mismo procedimiento de designación en los casos en los que el Delegado provincial de la especialidad que se propone no tenga el rango de Decano, como sucede en este caso.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Superior del Principado de Asturias está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a la Ilma. Sra. doña Esperanza González Avellá, Fiscal Delegada de Medio Ambiente en la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.

2. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla P de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 18 de diciembre de 2018.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.