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Documento BOE-A-2019-3659

Resolución de 7 de febrero de 2019, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2015.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 63, de 14 de marzo de 2019, páginas 24716 a 24946 (231 págs.)

  • Sección:

    III. Otras disposiciones

  • Departamento:

    Cortes Generales

  • Referencia:

    BOE-A-2019-3659

TEXTO

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 7 de febrero de 2019, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2015, acuerda:

1. Asumir el contenido del citado Informe.

2. Instar al Gobierno a:

– Asumir las conclusiones y seguir todas las recomendaciones del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

– Impulsar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico y de la Hacienda Local basada en el reforzamiento de los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal en toda España.

– Instar a aquellas Comunidades Autónomas que no hayan incluido en sus Cuentas Generales, memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados inicialmente, a que en fiscalizaciones posteriores, las incluyan.

– Instar a las Comunidades Autónomas, a incluir en los periodos de rendición de cuentas todas las entidades del Sector Público Autonómico.

– Instar al organismo u organismos competentes a que se posibilite igualar la normativa respecto a los plazos para la rendición de Cuentas al Tribunal de Cuentas y a los órganos fiscalizadores.

– Instar a las Comunidades Autónomas, que no lo tuviesen contemplado, a registrar en el Estado de Ingresos todas aquellas Modificaciones presupuestarias que se lleven a cabo durante el ejercicio.

– Instar a todas las Comunidades Autónomas a adaptarse al nuevo marco contable aprobado para todas las Administraciones Públicas.

– Instar a las Comunidades Autónomas a dotar suficientemente los créditos iniciales de su presupuesto con respecto al gasto sanitario, para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio.

– Instar a las Comunidades Autónomas al fiel cumplimiento de todas las fases contempladas para la puesta en marcha y ejecución de los expedientes de contratación pública, marcado en normativa.

3. Instar a los legisladores estatales y autonómicos a:

– Efectuar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas, de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a 31 de julio del ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo Autonómicos.

4. Instar a los gobiernos autonómicos a:

– Exigir a los responsables de las entidades que conforman su correspondiente sector público el cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas individuales de cada ejercicio económico en plazo y forma, incluyendo todos los estados contables y la documentación prevista en la normativa reguladora.

– Elaborar los correspondientes Presupuestos Generales, atendiendo adecuadamente a la viabilidad de los ingresos y la realidad de los gastos que se prevén para el ejercicio, a fin de evitar, en lo posible, los elevados porcentajes de modificaciones presupuestarias que se indican en el Informe del Tribunal de Cuentas; así como que incorporen a los mismos los objetivos e indicadores adecuados que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución y el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos.

5. Instar a los responsables de los gobiernos y sectores públicos autonómicos a:

– Proceder a adoptar, en el ámbito de la contratación administrativa, las medidas necesarias para que todos los órganos de contratación efectúen una rigurosa planificación y justificación de la necesidad de los contratos a celebrar, a fin de evitar, en lo posible, las sucesivas modificaciones de los contratos iniciales, así como las prórrogas injustificadas, como exige la correcta utilización de los recursos públicos y que procedan a concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la gestión de fondos públicos.

6. Instar a las Comunidades y Ciudades Autónomas a:

– Promover las medidas oportunas para que implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento tanto directo de la Administración General como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector público autonómico.

7. Instar a las Universidades públicas de las Comunidades y Ciudades Autónomas a:

– Proceder en el futuro a elaborar con rigor sus presupuestos, incluyendo en ellos toda su actividad docente e investigadora para así evitar las relevantes modificaciones presupuestarias puestas de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas.

8. Instar al Tribunal de Cuentas a:

– Continuar elaborando este Informe Global en los sucesivos ejercicios, pues si bien debe considerarse el esfuerzo que conlleva por la prolijidad de datos a manejar, resulta de especial utilidad ya que permite obtener una visión conjunta de la actividad económico-financiera desarrollada en cada ejercicio por el sector público autonómico en su totalidad, analizando de forma homogénea los distintos aspectos constitutivos de dicha actividad, algunos de esencial relevancia como el gasto sanitario, la actividad universitaria, el reparto y ejecución de los Fondos de Compensación o el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, este tipo de Informe coadyuva y refuerza una mayor implantación de la transparencia en el ámbito de la Administración Pública.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2019.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.

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