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El Decreto 37/2006, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno (modificado por Decreto 50/2015, de 21 de mayo), creó el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid y aprobó su reglamento.

El citado Decreto establece en su artículo 2 que los Médicos Forenses y el resto del personal de la Administración de Justicia adscritos al Instituto Anatómico Forenses, a la Clínica Médico Forense y las agrupaciones de forensías quedarán integrados en el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid en la fecha de su entrada en funcionamiento.

La disposición transitoria segunda del citado Decreto establece que el acoplamiento de los funcionarios tendrá como primer paso la convocatoria de una serie de puestos singularizados que deberán de proveerse por los sistemas de libre designación y concurso específico, encontrándose entre los segundos un puesto de Facultativo/Médico Forense de Laboratorio.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 7.a) del Decreto 271/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno por que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas procedió a convocar el puesto n.º 76182 en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid mediante el sistema de concurso específico, mediante resolución de 7 de noviembre de 2019 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 19 de noviembre).

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias previsto en la citada convocatoria y al no haber ninguna solicitud que cumpla las condiciones recogidas en la misma, en ejercicio de las competencias atribuidas, resuelvo:

Único.

Declarar desierto el puesto de trabajo 76182, denominado Facultativo/Médico Forense de Laboratorio adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Justicia y Victimas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, 12 de diciembre de 2019.–El Director General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Pedro Irigoyen Barja.