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Documento BOE-A-2018-2582

Resolución de 23 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus Organismos dependientes durante el ejercicio 2014.

Publicado en:
«BOE» núm. 48, de 23 de febrero de 2018, páginas 21341 a 21404 (64 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Cortes Generales
Referencia:
BOE-A-2018-2582

TEXTO ORIGINAL

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 23 de noviembre de 2017, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus Organismos dependientes durante el ejercicio 2014, acuerda:

1. Mejorar el contenido de la memoria justificativa de la necesidad de contratación, aclarando los términos de la necesidad y oportunidad.

2. Hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento de los términos del contrato, aplicando las penalizaciones establecidas.

3. Aplicar las medidas establecidas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público para evitar las observaciones incluidas en este informe.

4. Aplicar criterios de igualdad de género, sostenibilidad y transparencia en la contratación pública.

5. Instar al Gobierno a:

– Modificar las bases por las que se regulan las memorias justificativas con las que se presentan a los concursos y subvenciones de los organismos públicos para que se ajusten debidamente a la prestación objeto del contrato.

– Incrementar el seguimiento de la ejecución de los contratos realizados.

– Cumplir la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en todos sus contratos públicos incluyendo criterios para premiar a quienes promuevan la igualdad de género.

– Desarrollar en las memorias justificativas la necesidad de la contratación, determinando con mayor detalle y precisión, cuáles son las necesidades reales de satisfacer con la prestación objeto del contrato, con referencias específicas a las particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación, en lugar de meras referencias genéricas.

– Realizar un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos; y, en caso de incumplimiento, haciendo efectivas las garantías y, en su caso, la imposición de penalidades o sanciones pecuniarias.

– Impulsar una aplicación más efectiva y regular de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de su carácter potestativo.

2. Instar a los Ministerios del área Político-Administrativa del Estado y sus Organismos Dependientes a:

– Una mayor atención y más rápida implementación de las resoluciones procedentes de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas pues, tal como se desprende del informe de fiscalización, no han sido incorporadas en su totalidad, sin perjuicio del avance experimentado y reconocido por el Tribunal. Se destacan como pendientes de su implantación las relativas a la justificación adecuada de la necesidad de los contratos y la relativa al mayor seguimiento de la ejecución de los contratos.

3. Instar al Tribunal de Cuentas a:

– Intentar resolver aquellas incidencias en las que, desde el Tribunal, se pone reparo a determinadas cuestiones del contrato, siendo objeto de alegación por la entidad fiscalizada, aludiendo que se trata de contratos que cuentan con el visto bueno de la Abogacía del Estado y del Interventor correspondiente. Entendemos que, en aras a dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos, facilitar un entorno más seguro al gestor (en atención a posibles responsabilidades) y, sobre todo, proceder de una manera uniforme en el conjunto de la Administración, se debería realizar un esfuerzo especial por todas las partes, con el único objetivo de evitar que se vuelvan a reproducir situaciones similares y que observamos en diferentes informes de fiscalización.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.

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