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Suscrito el 20 de noviembre de 2018 el Convenio para el año 2018 entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figurará como anexo de esta Resolución.
Madrid, 21 de noviembre de 2018.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima Fernández.
Madrid, 20 de noviembre de 2018.
REUNIDOS
De una parte, doña María Azucena Martí Palacios, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, nombrada mediante Real Decreto 935/2018, de 20 de julio («BOE» número 176 de 21 de julio) en nombre y representación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto.1.b) de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de competencias («BOE» número 28 de 1 de febrero de 2013).
De otra, la Excma. Sra. doña María de la Paz Velázquez Clavarana, Consejera de Presidencia y Salud Pública, nombrada por Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 58, de 20 de julio de 2015 («BOME» extraordinario núm. 28, de 20 de julio), debidamente facultada para este acto conforme a lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 («BOME» extraordinario n.º 17), y 21 de octubre de 2016 («BOME» núm. 5386 de 28 de octubre) relativos a la modificación del Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla de 31 de julio de 2015 («BOME» extraordinario n.º 30, de 5 de agosto de 2015).
EXPONEN
Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla suscribieron un Convenio Marco, de fecha 16 de junio de 1999, en materia de drogodependencias, que establece que los programas en que se concrete la colaboración entre la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha Ciudad Autónoma se establecerán en un convenio anual.
Que en la actualidad la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones están adscritas al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto y la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla las competencias en esta materia anteriormente atribuidas a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Que la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, en reunión celebrada el 20 de julio de 2018, con base a las atribuciones conferidas en el artículo 6 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, acordó asignar a la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad de 90.000,00 euros procedentes del Fondo de bienes decomisados.
En virtud de ello,
ACUERDAN
Las Comunidades y Ciudades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo para el desarrollo y ejecución de los planes de drogas. Con fecha 16 de junio de 1999, se suscribió un Convenio Marco por el Ministerio del Interior (del que dependía orgánicamente en dicha fecha la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de programas sobre drogodependencias. Este Convenio Marco establece en su cláusula tercera, la suscripción anual de convenios para el desarrollo y el seguimiento de cada programa sobre drogodependencias. En consecuencia, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación del referido programa y la respectiva Comunidad y Ciudad Autónoma asume el compromiso material de su ejecución, siendo éste el objeto del presente convenio.
Que la actuación de la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2018 se concretará en el desarrollo de los programas:
Programa de Inserción Socio Educativo Laboral (PISEL): 90.000,00 euros.
Que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización de estos programas, según lo acordado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con un total de 90.000,00 euros con cargo al concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora de este Fondo. El abono de esta cantidad se realizará tras la firma del presente Convenio.
Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.
La vigencia del presente Convenio se establece desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado con una duración hasta el 31 de diciembre de 2018, surtiendo los efectos en los términos previstos en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No obstante, los programas citados en el Acuerdo segundo, se desarrollarán por la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el ejercicio 2018.
El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución de las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que en el desarrollo y aplicación de este convenio se estará a lo establecido en el Convenio Marco suscrito por ambas partes, y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad asignada el remanente será reembolsado al Tesoro Público. Además, en todo lo no previsto expresamente en el Convenio, regirán las disposiciones del citado Convenio Marco y lo expresado en las cláusulas del presente Convenio
Para el seguimiento de lo previsto en el presente convenio se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las partes, que será presidida por un representante de una de las partes, actuando el otro representante como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del presente convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del convenio.
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ambas partes se comprometen a solventar las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación o ejecución del presente Convenio a través de la Comisión de Seguimiento. En su defecto las mismas serán de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Tal y como establece el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes tendrá como consecuencia la extinción del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas en el Convenio.
El contenido del presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Para la debida constancia de lo acordado, se firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.–La Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, María Azucena Martí Palacios.–La Consejera de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad de Melilla, María Paz Velázquez Clavarana.
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