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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 19 de septiembre de 2018, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015, acuerda:

1. Instar al Gobierno a:

– Cumplir los acuerdos adoptados por esta Comisión respecto de esta área funcional de la Administración General del Estado, tal y como se desprende de las recomendaciones recogidas en la Resolución el 23 de noviembre de 2017, relativa a dicha área funcional.

– Incluir en las memorias justificativas de la contratación las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, evitando las referencias genéricas.

– Llevar a cabo un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, haciendo efectivas las garantías en caso de incumplimiento y, en su caso, la imposición de penalidades.

– Aplicar más decididamente las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tendentes a promover dicha igualdad a través de la contratación.

2. Instar a los Ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes a:

– Remitir en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas, según la normativa actual, los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.

– Concretar los mínimos de solvencia exigida a las empresas licitadoras que deben acreditar.

– Documentar a través de las memorias justificativas la necesidad de la contratación, con detalle y precisión, las necesidades reales a satisfacer con la prestación objeto del contrato, conteniendo referencias específicas a las particulares circunstancias concurrentes en el momento en el que se proponga la tramitación de cada expediente de contratación en lugar de meras referencias genéricas.

– Extremar el rigor en las fases de planificación previas a la contratación, para evitar urgencias innecesarias en la tramitación de los procedimientos y periodos sin cobertura de prestaciones, así como una correcta presupuestación de los contratos y la mejor selección posible de los contratistas.

– Hacer cumplir y dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, especialmente en lo que hace referencia en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

3. Instar a los órganos y entes que realizan la contratación en el ámbito objeto de esta fiscalización a:

– Mejorar el contenido de la memoria justificativa de contratación, aclarando los términos respecto de su necesidad y oportunidad.

– Concretar con precisión los medios de acreditación de la solvencia para las empresas licitadoras.

– Incluir en el expediente la memoria o documento de carácter económico que justifique el presupuesto que se ha fijado, tal y como resultaría necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2 del RGLCAP.

– Hacer efectivas las garantías en caso de incumplimiento de los términos del contrato, aplicando las penalizaciones establecidas.

4. Instar a las entidades fiscalizadas a:

– Remitir al Tribunal de Cuentas toda la documentación, conforme se prevé en la Instrucción general relativa a la remisión telemática a este Órgano.

– Ser más rigurosas en todas las fases de la contratación, determinadas en la Ley de Contratos del Sector Público y que comprenden, preparación, adjudicación, formalización y ejecución.

– La aplicación efectiva y regular de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2018.–El Presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata.–El Secretario Primero de la Comisión, Vicente Ten Oliver.