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Documento BOE-A-2017-2850

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Publicado en:
«BOE» núm. 63, de 15 de marzo de 2017, páginas 19003 a 19006 (4 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Referencia:
BOE-A-2017-2850

TEXTO ORIGINAL

El Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de febrero de 2017, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Aragón el 29 de agosto de 2016.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se resuelve la publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 2 de marzo de 2017.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Ángel Riesgo Pablo.

ANEXO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Aragón el 29 de agosto de 2016
Primero.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional segunda, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda contraída de cuatrocientos cuarenta y un mil noventa y nueve euros con un céntimo (441.099,01 €); de los cuales cuatrocientos cuarenta y un mil cincuenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos (441.055,52 €) son con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y cuarenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (43,49 €) corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Segundo.

La citada deuda atribuida al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido extinguida al haber abonado el importe correspondiente en la cuenta habilitada del Banco de España antes de la propuesta de resolución que pone fin al procedimiento. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, se admite el pago voluntario anticipado de la deuda y no se repercuten los intereses compensatorios de los costes financieros.

Tercero.

El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas en los anexos de la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1059, de 20 de junio, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Asimismo, en su parte expositiva se indica:

La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059, de 20 de junio de 2016, excluye de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La comunicación de las citadas decisiones por la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, órgano competente para la notificación, se efectuó el 30 de junio, según lo previsto en el artículo 297 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.

En la citada Decisión se contempla una corrección de los gastos declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en el ámbito de la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de las ayudas directas en dos investigaciones realizadas en 2011 y 2013, en materia de condicionalidad, en la gestión de las ayudas al desarrollo rural, la gestión de las deudas por irregularidades y, por último, en las certificaciones de las cuentas del ejercicio financiero 2014.

En la Comunidad Autónoma de Aragón las debilidades encontradas han sido en el marco de las ayudas por superficie, por un importe de 305.990,81 euros, como consecuencia de fallos en el procedimiento de recuperación de pagos indebidos (62.561,32 euros) y por las debilidades en la muestra de los controles sobre el terreno por teledetección (243.429,49 euros). Además, la Comisión ha detectado deficiencias en relación con la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de las frutas y hortalizas, por un importe que asciende a 135.108,20 euros.

El Fondo Español de Garantía Agraria, en adelante FEGA, como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader, es el órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento para la determinación y repercusión de responsabilidades. En consecuencia, en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, y dadas las competencias que le atribuye el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader, el FEGA inició de oficio, mediante acuerdo de 29 de agosto de 2016, el procedimiento de determinación de responsabilidades, que fue notificado el día 30 siguiente y recepcionado por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón el 5 de septiembre de 2016. De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la Administración responsable.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, en relación con el artículo 1 del Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas, son los organismos pagadores de las comunidades autónomas los que tienen competencia en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas y, por tanto, en consonancia con la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, deben asumir el pago de las correcciones financieras derivadas de las ayudas en las que tienen competencias.

El organismo pagador de la Comunidad Autónoma presentó el 22 de septiembre de 2016 alegaciones al acuerdo de inicio en defensa de su derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, manifestando su disconformidad con la repercusión relativa la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de las frutas y hortalizas por considerar dicha corrección atribuible a la Administración General del Estado al tratarse de un supuesto en el que las actuaciones del organismo pagador que dieron lugar a la corrección financiera son resultado directo de la mera aplicación de la normativa básica, por no existir en el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, sobre reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, una normativa específica para efectuar el control de la producción entregada, ni tampoco en la Circular de coordinación del FEGA.

Considerando necesario conocer el criterio de la unidad competente en el FEGA sobre esta materia, respecto de las citadas alegaciones, se solicitó informe a la Subdirección General de Sectores Especiales. Este informe, emitido el 18 de octubre de 2016, rechazó las alegaciones del organismo pagador de Aragón, considerando que la responsabilidad queda limitada a ese organismo pagador, dado que la corrección financiera es consecuencia de una mala praxis por parte de la Comunidad Autónoma en relación con lo establecido en los reglamentos comunitarios (artículo 125 del Reglamento (CE) número 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, y artículos 105 y 108.1.a del Reglamento (CE) número 1580/2007, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) número 2200/96, (CE) número 2201/96 y (CE) 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas), que son de obligado cumplimiento y de aplicación directa.

Conforme al artículo 13 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, antes de formular la propuesta de resolución, el 8 de noviembre de 2016 se puso de manifiesto al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón el expediente mediante la apertura del trámite de audiencia. El Organismo pagador de la Comunidad Autónoma presentó, mediante escrito de 30 de noviembre de 2016, alegaciones al trámite de audiencia en defensa de su derecho, en las que se reproducen las aportadas al acuerdo de inicio y se da contestación al informe emitido por la Subdirección General de Sectores Especiales. El organismo pagador alega que realizó todas las actuaciones necesarias para dejar sin efecto la corrección financiera pero no pudo efectuarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por, según su consideración, no haberlo considerado oportuno el FEGA.

Se solicitó un nuevo informe a la Subdirección General de Sectores Especiales, que fue emitido el 5 de diciembre de 2016, en el que se rechazan, por un lado, las alegaciones del Organismo pagador de Aragón, reiterándose en las ideas principales argumentadas en el primer informe y rebatiendo el nuevo argumento empleado por el organismo pagador sobre el impedimento para ejercer actuaciones en su defensa antes los tribunales europeos. Se aporta copia del oficio remitido al organismo pagador el 3 de agosto de 2016, quedando constancia de que si la Comunidad Autónoma de Aragón no ejerció actuación alguna ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue por propia decisión y que, en ningún caso, el FEGA ha limitado el ejercicio de esta competencia. Por todo ello, se vuelven a rechazar las alegaciones presentadas y se concluye que corresponde al Organismo pagador de Aragón asumir la corrección financiera de 135.108,20 euros por los incumplimientos en la aplicación de la normativa de la Unión Europea relacionados con la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

El 6 de febrero de 2017 se recibió copia de la transferencia efectuada por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma, que asciende a 441.099,01 euros en concepto de pago voluntario anticipado. Las transferencias realizadas a las cuentas habilitadas al efecto fueron confirmadas por el Banco de España el 8 de febrero de 2017.

Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.

Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.

Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado (artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

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