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El Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de septiembre de 2017, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 11 de abril de 2017.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se resuelve la publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 5 de octubre de 2017.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8 y en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea; se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El procedimiento ha dado lugar a la liquidación, realizada sobre la deuda contraída, de quinientos ochenta y tres mil ciento noventa y ocho euros con cincuenta y seis céntimos (583.198,56 €) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
La citada deuda atribuida al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido extinguida al haber abonado el importe correspondiente en la cuenta habilitada del Banco de España antes de la propuesta de resolución que pone fin al procedimiento. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, se admite el pago voluntario anticipado de la deuda y no se repercuten los intereses compensatorios de los costes financieros.
El presente acuerdo de Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 15.3 del mencionado real decreto, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al Feader, por no ajustarse a las normas comunitarias.
Asimismo, en su parte expositiva se indica:
La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017, ha excluido de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al FEADER, por no ajustarse a las normas comunitarias. Según lo previsto en el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la comunicación de la citada decisión a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, órgano competente para la notificación, se efectuó el 16 de febrero de 2017.
En relación con España, la citada Decisión contempla una corrección de los gastos declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en el ámbito de la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de las ayudas POSEI (Programa de Acciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad), del control de operaciones y en relación con investigaciones abiertas en el marco de las liquidaciones de cuentas.
En el caso del Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias, las debilidades encontradas han sido en la gestión de las ayudas POSEI. La Comisión concluye que el registro de identificación individual de animales (RIIA) contiene errores que comprometen la exactitud y exhaustividad de los controles administrativos cruzados previstos en la reglamentación comunitaria, en concreto en el registro existen animales registrados que figuran como muertos en el libro de explotación del solicitante de ayudas, por lo que sigue sin reflejar el número real de animales subvencionables. Por otra parte, la auditoría puso de manifiesto, en la ayuda al sector ovino y caprino, que, aunque en un control administrativo se constate que el número de animales subvencionables (inscritos en el RIIA) es inferior al indicado en la solicitud de ayuda, no se aplican las reducciones y exclusiones administrativas previstas en la normativa comunitaria. No se aplica correctamente un control fundamental.
La corrección financiera propuesta, que asciende a 583.198,56 euros, corresponde al 5 por ciento de los gastos de los ejercicios 2013 y 2014 y del 2 por ciento de los del ejercicio 2015, teniendo en cuenta las mejoras llevadas a cabo en el registro desde la fecha de la auditoría.
El Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., en adelante FEGA, según el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas, actúa como Organismo de coordinación en España de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader. Por ello, de acuerdo con el artículo 7.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, es el Órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento para la determinación y repercusión de responsabilidades. En consecuencia, en base al artículo 8 del anterior real decreto, el FEGA inició de oficio, mediante acuerdo de 11 de abril de 2017, el procedimiento de determinación de responsabilidades, que fue notificado y recepcionado por el Organismo pagador de la Comunidad Autónoma el mismo día 11. De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la Administración responsable.
De acuerdo con el artículo 2.2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, en relación con el artículo 1 del Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, son los organismos pagadores de las comunidades autónomas los que tienen competencia en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas y, por tanto, en consonancia con la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, deben asumir el pago de las correcciones financieras derivadas de las ayudas en las que tienen competencias.
El Organismo pagador de la Comunidad Autónoma no presentó alegaciones al acuerdo de inicio en defensa de su derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. Antes de facilitar el expediente completo, mediante la apertura del trámite de audiencia, y de formular la propuesta de resolución, el 13 de junio de 2017, el FEGA tiene conocimiento de la resolución, de 29 de mayo de 2017, del Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se reconoce la deuda atribuida y se aprueba el compromiso del gasto a favor del FEGA.
El 30 de junio de 2017 se recibe la justificación del Banco de España de la transferencia realizada a la cuenta corriente del FEGA, por el importe de 583.198,56 euros correspondiente a la responsabilidad financiera imputable a la misma de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017.
Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado [artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio].
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