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La concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Las Barreras», situada en la provincia de Sevilla, fue otorgada por el Real Decreto 1479/1993, de 27 de agosto («Boletín Oficial del Estado» núm. 228, de 23 de septiembre).

La titularidad actual de la concesión corresponde a Nueva Electricidad del Gas, S.A.U., según lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1999 sobre cesión de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos «Las Barreras» («Boletín Oficial del Estado» núm. 178, de 27 de julio).

De acuerdo con el real decreto de otorgamiento de la concesión, el plan de explotación contaba con dos pozos de producción: «San Juan V-1» y «San Juan V-6». El gas producido en el pozo «San Juan V-1» era enviado mediante un gasoducto hasta las instalaciones del pozo «San Juan V-6», donde, juntamente con el gas producido por éste, era utilizado como combustible en motores de generación eléctrica. La energía eléctrica producida, una vez adaptada a la tensión requerida, se transportaba por una línea eléctrica hasta el punto de entrega, para su comercialización.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del real decreto de otorgamiento de la concesión, previo al inicio de las operaciones del campo, la entonces Dirección General de la Energía aprobó, mediante Resolución de 3 de mayo de 1999, el proyecto de abandono del campo productor ubicado dentro de la concesión de explotación de hidrocarburos «Las Barreras». La producción del campo comenzó en diciembre de ese mismo año.

Con fecha 28 de febrero de 2014, el titular de la concesión de explotación de hidrocarburos denominada «Las Barreras» solicitó ante esta Dirección General la renuncia total a la citada concesión de explotación por inviabilidad económica, comunicando su intención de abandonar el campo productor, para lo que remitió «Proyecto de abandono de pozos y de desmantelamiento de instalaciones. Concesión de explotación de hidrocarburos Las Barreras.» febrero de 2014, suscrito por el Director Facultativo, en el cual se actualiza y se detalla el plan de abandono que fue aprobado mediante la citada Resolución de 3 de mayo de 1999 por la entonces Dirección General de la Energía.

En síntesis, las operaciones consisten en el abandono definitivo de los pozos «San Juan V1» y «San Juan V6», y en el desmantelamiento del gasoducto de unión de ambos pozos y de las instalaciones presentes en ambos emplazamientos.

Con fecha 28 de octubre de 2015, se procedió a realizar una serie de consultas a diferentes Administraciones Públicas sin que se hayan formulado objeciones a los trabajos de abandono objeto de la presente autorización.

Con fecha 24 de febrero de 2016 a los efectos de proseguir con la tramitación de la solicitud de autorización administrativa para la actualización del proyecto, esta Dirección General de Política Energética y Minas requirió del operador la presentación de documentación adicional que incluyera un programa de verificación de abandono de los pozos por un tercero independiente, con respecto al uso de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales.

En respuesta, el operador ha aportado, el 13 de junio de 2016, informe de verificación de abandono de pozo de 20 de mayo de 2016 para los pozos «San Juan V-1» y «San Juan V-6» realizados por la compañía Well Staff, donde certifica que se cumplen la normativa vigente española, la legislación local así como lo dispuesto en los estándares internacionales de la industria, proponiendo una solución técnica que considera la aplicación de las mejores prácticas medioambientales junto a la aplicación de las normas básicas y a las buenas prácticas e instrucciones complementarias en el abandono definitivo de los sondeos.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre investigación y explotación de hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y el Real Decreto 1479/1993, de 27 de agosto, de otorgamiento de la concesión de explotación de hidrocarburos «Las Barreras»; esta Dirección General de Política Energética y Minas, ha resuelto:

Primero.

Autorizar la actualización del programa de abandono del campo productor ubicado dentro de la concesión de explotación de hidrocarburos «Las Barreras», aprobado por Resolución de 3 de mayo de 1999 de la Dirección General de la Energía.

Segundo.

Nueva Electricidad del Gas, S.A.U. deberá proceder al cierre y desmantelamiento de las citadas instalaciones, en el plazo máximo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la presente resolución, debiendo obtener el Acta de Cierre de las mismas por parte del Director del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Si transcurriese dicho plazo, sin que se hubiera procedido el cierre de las instalaciones o sin que se hubiese obtenido la prórroga, se producirá la caducidad de la presente autorización.

A estos efectos, Nueva Electricidad del Gas, S.A.U. deberá comunicar, tanto a esta Dirección General como a la citada área funcional, las fechas de inicio y terminación de los trabajos de abandono, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones pertinentes derivadas de la normativa de aplicación.

El material desmantelado inservible se trasladará a vertedero autorizado. Nueva Electricidad del Gas, S.A.U. garantizará que los residuos se gestionan de un modo que no suponga peligro para la salud de las personas y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares que representen un interés especial.

Tercero.

En relación a la ejecución del abandono de los pozos se deberá verificar que se han realizado las comprobaciones y pruebas necesarias para garantizar la integridad del sellado de éstos, especialmente en relación con los requerimientos de profundidades y de comprobación de las barreras. Se deberá dejar debidamente señalizada la situación de los pozos.

Se deberá remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas, junto con la documentación requerida en el artículo 35.1.20 del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, informe positivo de verificador independiente con respecto al diseño de abandono previamente verificado, fruto de su labor de supervisión, sin perjuicio de que ésta pueda solicitar, en su caso, documentación adicional.

Cuarto.

La Dirección del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla levantará acta de cierre cuando este se haga efectivo, remitiendo copia de la misma a esta Dirección General de Política Energética y Minas.

Quinto.

En lo que se refiere tanto a la seguridad y salud de las personas, la seguridad de las instalaciones y operaciones, así como a la protección del medio ambiente, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación, y en particular y según proceda, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y disposiciones reglamentarias de desarrollo de la misma.

Sexto.

Nueva Electricidad del Gas, S.A.U., deberá notificar cualquier modificación sustancial en las circunstancias del proyecto que pueda afectar a los presupuestos básicos determinantes de la resolución original y en particular, cuando dichas modificaciones puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Séptimo.

Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, autonómica o de otros organismos y entidades necesarias.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de septiembre de 2016.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.