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Documento BOE-A-2016-9282

Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca gestionado por particulares.

TEXTO

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCA

A todos los que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andaluca ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitucin y el Estatuto de Autonoma, promulgo y ordeno la publicacin de la siguiente.

Ley por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca gestionado por particulares.

Exposicin de motivos

I

De conformidad con la competencia reconocida en el artculo 69.4 del vigente Estatuto de Autonoma para Andaluca –trasunto de la ya prevista en el artculo 16 del anterior texto estatutario previo a su reforma–, y con el fin de dotar a la Comunidad Autnoma de Andaluca de un marco normativo que sustentara la transicin de la televisin analgica a la televisin digital terrestre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluca aprob el Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el rgimen jurdico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andaluca (BOJA nmero 15, de24 de enero).

Determinados preceptos de dicho decreto fueron objeto de impugnacin por la Administracin General del Estado al considerar que vulneraban competencias que entenda de carcter exclusivo, esencialmente referidas a cuestiones tcnicas de gestin del espectro.

Esta impugnacin fue resuelta en primera instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, con sede en Granada, recurso nmero 1159/06, que por sentencia de 11 de junio de 2007 estim parcialmente el recurso interpuesto por la Administracin General del Estado y anul los artculos 12, 13, 23.2, 40, 41.5. y 6., 47 y la disposicin transitoria nica del Decreto 1/2006 citado. Esta sentencia fue recurrida en casacin por la Junta de Andaluca, recurso nmero 4181/2007, que fue resuelto por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 16 de junio de 2010, confirmando el pronunciamiento de la sala autonmica.

Por otra parte, la normalizacin y puesta en marcha de las emisiones de este tipo de televisin exiga la convocatoria por parte de la Junta de Andaluca de un concurso pblico por el que se adjudicaran los ttulos habilitantes para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local. En consonancia con ello, en fecha 18 de abril de 2006, el Consejo de Gobierno aprob la convocatoria del concurso pblico para el otorgamiento de concesiones para la explotacin del servicio pblico de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca, para su gestin privada (BOJA nm. 81, de 2 de mayo). Este acuerdo inclua las bases por las que se regira dicha convocatoria. El antecedente directo de algunas de ellas se encontraba en el sealado Decreto 1/2006, de ah que, al igual que ocurriera con esta ltima norma, la Administracin General del Estado impugnara el acuerdo del Consejo de Gobierno y sus bases.

Dicha impugnacin fue resuelta en primera instancia por la seccin primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, sede de Granada, con ocasin del recurso nmero 1742/2006, la cual, mediante sentencia de 16 de julio de 2007, estim parcialmente el recurso interpuesto por la Administracin General del Estado y anul la Base 7 (apartados 1, 3.2 y 4), y las Bases 20.2, 25 y 29. Esta sentencia, que no contena pronunciamiento alguno sobre la suspensin de la convocatoria vigente, fue recurrida en casacin por la Junta de Andaluca; recurso n. 5151/2007 que fue resuelto por Auto del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2010, en el que se confirmaba, igualmente, la sentencia de la sala autonmica al desistirse la Junta de Andaluca, por lealtad procesal, del recurso de casacin presentado.

Para llevar a trmino lo acordado en sede judicial, se public en el BOJA nm. 88, de 6 de mayo de 2011, la Orden de 25 de abril de 2011, por la que se dispona el cumplimiento y publicacin del fallo de la sentencia de 16 de julio de 2007, de la seccin primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, con sede en Granada, recada en el recurso contencioso-administrativo nmero 1742/2006.

Teniendo en cuenta que todas las resoluciones citadas del Tribunal Supremo an no haban sido dictadas (lo seran en los meses de junio y octubre de 2010) ni se haba producido con carcter previo pronunciamiento alguno decretando la suspensin de la convocatoria de 2006, la Junta de Andaluca sigui tramitando la misma, lo que culminara con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, que resolvi el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotacin del servicio pblico de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca para su gestin por particulares (BOJA nmero209, de 21 de octubre), asignando un total de 163 concesiones a personas fsicas y jurdicas privadas en todo el territorio andaluz.

A continuacin, dicho acuerdo fue igualmente objeto de varios recursos en va contencioso-administrativa, por aquellos particulares que consideraron su derecho afectado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca.

En este punto, diversas resoluciones judiciales de carcter firme recadas recientemente han generado una situacin extraordinariamente anmala en el sector audiovisual andaluz. Los referidos pronunciamientos judiciales han venido a decretar la anulacin del precitado Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, en cuanto a la adjudicacin de las licencias –concepto que define ahora la nueva calificacin jurdica a la que responden las concesiones tras la transformacin operada por la Ley7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual (en adelante, LGCA)– para la explotacin de programas privados del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en la mayor parte de las demarcaciones territoriales en las que se divide la Comunidad Autnoma de Andaluca. En total son ms de una treintena –de las sesenta y dos demarcaciones en las que el artculo 8 del Plan tcnico nacional de la televisin digital local, aprobado por el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, dividi el territorio andaluz– las que se han visto afectadas por la anulacin.

De conformidad con la cronologa expuesta anteriormente, el fundamento jurdico esgrimido por el Alto Tribunal andaluz en las distintas sentencias, que ha conducido a la anulacin de las concesiones otorgadas en diversas demarcaciones, trae causa de la anulacin parcial de las bases de la convocatoria que ya concluy cuando se pronunci (sentencia de 16 de julio de 2007), con ocasin del recurso contencioso-administrativo nmero 1742/2006, interpuesto por la Administracin General de Estado contra el Acuerdo de 18 abril de 2006, del Consejo de Gobierno, que convoc el concurso objeto de controversia y aprob sus correspondientes bases. Asimismo, esta anulacin parcial de determinadas bases del concurso fue colegida por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca a partir de la anulacin de determinadas disposiciones del citado Decreto1/2006, al considerar que invada competencias de carcter estatal (sentencia de 11 de junio de 2007).

A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca ha considerado que la anulacin de las bases de la convocatoria, aunque solo fuera parcial, conlleva la anulacin de las adjudicaciones otorgadas en funcin de esa convocatoria, en base a un elemental principio de unidad de acto en la valoracin por parte de la Mesa de Contratacin del contenido de las proposiciones de las empresas licitadoras y tambin de unidad de convocatoria, lo que impide que se puedan examinar aspectos que, aunque no inciden directamente en tales bases anuladas, s lo hacen en aspectos relacionados con ellas y afectan finalmente la puntuacin globalmente asignada a los participantes.

II

A partir de aqu, la Junta de Andaluca ha ido procediendo a la ejecucin de dichas resoluciones judiciales en la forma y trminos en ellas consignadas, llevando a debido efecto la completa ejecucin de lo resuelto.

La consecuencia inmediata de ejecutar las referidas sentencias ha venido determinada por la anulacin de las licencias otorgadas en las demarcaciones afectadas. Esta situacin tiene importantes repercusiones en el modelo de televisin digital terrestre local en Andaluca, pues podra desencadenar toda una suerte de reacciones especialmente gravosas para la ciudadana y el conjunto de empresas que operan en el sector audiovisual andaluz, quedando gravemente comprometida la viabilidad de estas.

Efectivamente, teniendo presente que en la actualidad 6,6 millones de personas ciudadanas andaluzas viven en demarcaciones afectadas por los fallos judiciales, lo que representara el 85% del total de la poblacin andaluza, la consumacin del apagn digital local privara a toda esta ciudadana andaluza del acceso a la fuente de informacin de carcter ms prximo de la que disponen mediante seal de televisin, cercenando su derecho fundamental a la libertad de comunicacin garantizado constitucionalmente (apartados a) y d) del artculo 20.1 de la Constitucin espaola). En esta tesitura, resulta evidente que el perjuicio que se causara a los ciudadanos y ciudadanas residentes en las demarcaciones afectadas sera notable ya que, tras el cese de emisiones, veran sesgado su derecho a captar satisfactoriamente la seal de televisin digital local en zonas en las que, sin embargo, se encuentra correctamente planificada la recepcin de la misma. En este sentido, si bien la consideracin de la actividad audiovisual como servicio pblico, en la que se enmarca el Acuerdo de 29 de julio de 2008, fue superada con la publicacin de la LGCA, los servicios de comunicacin audiovisual prestados por operadores privados son considerados, tras la aprobacin de dicha norma, como servicios de inters general. Efectivamente, el artculo 22.1 de la citada ley considera a los servicios de comunicacin audiovisual televisivos como servicios de inters general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresin de ideas, del derecho a comunicar y recibir informacin, del derecho a la participacin en la vida poltica y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democrticos. En consecuencia, el legislador estatal ha vinculado directamente los servicios de comunicacin audiovisual con el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadana, por lo que su observancia debe orientar necesariamente la actuacin de los poderes pblicos por los que se encuentran vinculados (artculo 53.1 de la Constitucin espaola).

Paralelamente, esta situacin acarreara una situacin gravemente perjudicial para decenas de personas y empresas privadas que, ajenas a las causas que han motivado la anulacin de las concesiones que efectuaba el acuerdo, resultaron adjudicatarias y cuya viabilidad econmica queda ahora seriamente en entredicho. De este modo, deberan seguir asumiendo todas las obligaciones contradas conforme a derecho hasta el momento; sin embargo, se veran privadas del objeto de negocio que les reportara los recursos suficientes para poder satisfacerlas, lo que conducira presumiblemente al cierre de muchas de estas empresas y la consiguiente afectacin de manera directa del empleo en el sector, sin olvidar el contagio directo al resto de empresas auxiliares asociadas al mismo (en particular, las de produccin audiovisual), sobre cuya viabilidad tambin tendra una incidencia decisiva la misma problemtica.

Perjuicios que vendran a sumarse al que ya representara de por s la privacin de la licencia para aquellos que, no resultando en principio adjudicatarios en el concurso, posteriormente, y en virtud de la posibilidad legalmente prevista en el artculo 29 de laLGCA, la hubieran adquirido a travs de negocio jurdico vlido previa acreditacin ante esta administracin, como autoridad audiovisual competente, de todas las prescripciones que impone la Ley.

A mayor abundamiento, los efectos colaterales de la problemtica reseada tambin alcanzaran a otros sectores vinculados con el audiovisual, como el publicitario, que vera reducido su mbito de negocio con el cierre de las emisoras de televisin digital terrestre de mbito local de Andaluca; lo que agravara la realidad de un sector ya de por s gravemente afectado por la crisis, que ha visto reducido significativamente sus fuentes de financiacin, mermando paulatinamente los ingresos por este concepto. Igualmente, tambin se vera seriamente cercenada la posibilidad de acceso a cualquier tipo de subvenciones o incentivos, as como la de celebrar contratos o tener acceso a publicidad institucional, ya que jurdicamente los licenciatarios habran dejado de serlo y careceran de cualquier legitimacin para intervenir en su condicin de tales en los mismos.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar las consecuencias perniciosas para los prestadores pblicos que operan en el canal mltiple y que amenazaran la propia viabilidad de las televisiones locales municipales. De acuerdo con el modelo creado a partir del Plan tcnico nacional de la televisin digital local, y que se concret en el mbito competencial andaluz a partir del Decreto 1/2006, en el respectivo canal mltiple de cada demarcacin conviven, en trminos generales, no solo los licenciatarios de los tres programas privados, sino tambin un cuarto prestador de carcter pblico: el del municipio o conjunto de municipios de cada demarcacin que pudieran acceder a la gestin conjunta de ese mismo programa (si son varios, mediante la creacin de una entidad pblica de gestin, de acuerdo con lo que dispone el mencionado decreto). En este sentido, el artculo 10 del Decreto 1/2006 determina que la gestin del canal mltiple corresponder a un rgano interno (el denominado rgano de gestin conjunta del mltiple), sobre el que dicho artculo hace recaer una serie de obligaciones que podran resumirse en la capacidad de adoptar los acuerdos necesarios para la adecuada gestin conjunta del mltiple. Al mismo tiempo, todas las personas concesionarias participarn en los gastos que procedan de forma proporcional al nmero de programas de que son adjudicatarios.

De acuerdo con ello, el cese de las emisiones dejara sin efecto los tres programas privados, eliminando la presencia en el rgano de gestin conjunta del mltiple de los tres licenciatarios privados y abandonando a su suerte al concesionario municipal. Sin embargo, los gastos que antes se repartan proporcionalmente para el ordinario funcionamiento del mltiple tendran que ser asumidos ahora en su integridad por este ltimo y, en definitiva, acabaran siendo repercutidos a la ciudadana de dichos municipios. Huelga decir que esto hara el modelo insostenible ante unas arcas municipales de por s maltrechas y que se encuentran sometidas a una importe racionalizacin para el control de su gasto en los ltimos tiempos.

La aprobacin de la presente norma pretende evitar que lleguen a materializarse, con carcter irreversible, los efectos de toda esta problemtica (a la que el Parlamento de Andaluca no puede ser indiferente), contribuyendo a paliar la difcil situacin por la que atraviesan los operadores de televisin digital terrestre local en Andaluca tras la anulacin judicial de sus licencias, persiguiendo dos objetivos bsicos: evitar la interrupcin de emisiones y asegurar la continuidad de la actividad empresarial ordinaria de los licenciatarios afectados hasta la resolucin de un nuevo concurso pblico que readjudique las licencias objeto de anulacin, en tanto en cuanto es el medio previsto por la norma para habilitar a los nuevos licenciatarios (artculo 22.3 de la LGCA).

En este sentido, la presente norma pretende aportar el instrumento adecuado para garantizar una ejecucin en sus propios trminos pero ordenada de los fallos judiciales que atempere los diferentes intereses en conflicto, entre quienes, de una parte, han obtenido una resolucin favorable, en virtud de la cual han recobrado la expectativa de volver a ser adjudicatarios de una licencia para la prestacin del servicio de televisin digital de mbito local mediante ondas hertzianas terrestres (y a los que le asiste el derecho a tutela judicial efectiva reconocido en el artculo 24.1 de la Constitucin espaola, que comprende el derecho a la ejecucin de lo fallado en sus propios trminos); y por otra, la de todas aquellas personas, entidades y ciudadana en general que, ajenas a las causas que han motivado la anulacin de las licencias, y actuando conforme a la legalidad vigente en cada momento, el cese inmediato de las emisiones les provocara un dao de difcil reparacin y el menoscabo de derechos constitucionalmente protegidos.

Por ello, en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de comunicacin, que garantizan los apartados a) y d) del artculo 20.1 de la Constitucin espaola, de acuerdo con lo recogido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional (31/94; 98/94; 240/94; 281/94; 307/94); en defensa de lo que es el propio inters pblico; con el propsito de facilitar la ejecucin en sus propios trminos de los distintos fallos judiciales, y de proporcionar seguridad jurdica al sector previniendo eventuales comportamientos de ndole especulativa, se hace necesaria la articulacin de un perodo transitorio que, mediante una habilitacin provisional, garantice la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca gestionado por particulares hasta la resolucin del nuevo concurso pblico que, con carcter inminente, se convoque.

Desde el punto de vista sistemtico, la Ley se estructura en cinco artculos, una disposicin adicional y dos disposiciones finales.

Artculo 1. Objeto.

1. El objeto de la presente ley es la articulacin de un perodo transitorio para garantizar la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en Andaluca gestionado por particulares.

2. El rgimen jurdico que establece la presente ley se aplicar hasta que se produzca la resolucin del correspondiente proceso de adjudicacin de licencias al que se refiere la disposicin adicional nica.

Artculo 2. Habilitacin provisional.

Al objeto de garantizar la continuidad en la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en las demarcaciones territoriales cuyas adjudicaciones hayan sido anuladas por sentencia judicial con carcter firme, las personas fsicas y jurdicas que, con carcter previo al pronunciamiento judicial anulatorio, se encontraren en disposicin de ttulo administrativo reconocido por la Junta de Andaluca para prestar dicho servicio en una determinada demarcacin estarn habilitadas para la explotacin del servicio de televisin digital terrestre en la misma, con carcter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 1.2 de la presente ley.

Artculo 3. Deber de comunicacin.

1. La habilitacin provisional a la que se refiere el artculo anterior no exigir solicitud ni resolucin administrativa expresa. Igualmente, no determinar el reconocimiento de derechos adicionales ni la asuncin de obligaciones distintas a las que motiva su otorgamiento.

2. No obstante, las personas fsicas y jurdicas que, al amparo de lo dispuesto en el artculo anterior, se encontraren legitimadas para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local en una determinada demarcacin, debern poner en conocimiento expreso del rgano directivo correspondiente de la Consejera competente en materia de medios de comunicacin social, que van a proceder al ejercicio efectivo de dicha habilitacin.

Artculo 4. Contenido del deber de comunicacin.

1. La comunicacin se realizar por escrito, dirigido al rgano directivo correspondiente de la Consejera competente en materia de medios de comunicacin social.

2. Dicha comunicacin incluir, como mnimo, la siguiente informacin:

a) Demarcacin afectada.

b) Identificacin del titular del servicio y nombre comercial.

c) Declaracin responsable por la que la persona habilitada declara reunir todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable, especficamente en materia audiovisual, ya sea de carcter estatal o de la Comunidad Autnoma de Andaluca, para la prestacin del servicio de televisin digital terrestre de mbito local, as como el compromiso expreso de estricto cumplimiento de todo aquello que prescribe la misma durante la vigencia de la habilitacin.

3. Si en el plazo de un mes desde que se efectuare la comunicacin expresa, el rgano directivo correspondiente de la Consejera competente en materia de medios de comunicacin social observara defectos u omisiones subsanables, requerir a quien haya realizado la comunicacin para que, en el plazo de diez das, subsane la falta o acompae los documentos preceptivos, con indicacin de que si as no lo hiciera la misma no producir ningn efecto. La resolucin del rgano competente en materia de medios de comunicacin social que declare tal circunstancia requerir la previa incoacin de un expediente contradictorio en el que se conceda audiencia a la persona interesada.

Artculo 5. Eficacia y extincin de la habilitacin provisional.

1. La eficacia de la habilitacin provisional a la que se refiere el artculo 2 de la presente ley, queda condicionada al estricto cumplimiento de todo aquello que prescribe la presente norma y el resto de normativa aplicable, especficamente en materia audiovisual, ya sea de carcter estatal o de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

2. Son causas de extincin de la habilitacin provisional:

a) La resolucin del concurso al que se refiere la disposicin adicional nica de la presente ley.

b) La renuncia expresa por parte de la persona habilitada.

c) La revocacin de la habilitacin provisional por incumplimiento reiterado de las condiciones establecidas en la normativa vigente, previo expediente tramitado al efecto.

Disposicin adicional nica. Concurso para la adjudicacin, en rgimen de concurrencia, de licencias para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual televisivo privado de carcter comercial de mbito local en Andaluca.

1. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se publicar en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca en el plazo mximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se convocar concurso pblico para la adjudicacin, en rgimen de concurrencia, de licencias para la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual televisivo privado de carcter comercial de mbito local en Andaluca para la emisin de programacin en abierto, en aquellas demarcaciones territoriales andaluzas cuyas adjudicaciones hayan sido anuladas por sentencia judicial con carcter firme.

2. La convocatoria, tramitacin y resolucin de dicho concurso pblico se ajustar al rgimen previsto en el artculo 27 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacin Audiovisual, as como dems normativa que resulte de aplicacin.

Disposicin final primera. Desarrollo normativo.

El Gobierno, en el mbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicacin de esta ley.

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

Esta ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca.

Sevilla, 20 de septiembre de 2016.–La Presidenta de la Junta de Andaluca, Susana Daz Pacheco.

(Publicada en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca nmero 184, de 23 de septiembre de 2016)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 20/09/2016
  • Fecha de publicación: 10/10/2016
  • Entrada en vigor: 24 de septiembre de 2016.
  • Publicada en el BOJA nm. 184, de 23 de septiembre de 2016.
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 69.4 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 2/2007, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2007-5825).
Materias
  • Andaluca
  • Autorizaciones
  • Servicios de telecomunicacin
  • Televisin digital

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