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Vista la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Procedimiento del Jurado 35/2016, por la que se condena a don José Luis Gómez Garrido, funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve meses.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63.e y 66 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia.

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, resuelve:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos de don José Luis Gómez Garrido con la anotación correspondiente en el Registro Central de Personal.

De conformidad con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, puede el interesado interponer recurso potestativo de Reposición en el plazo de un mes, ante este Ministerio, o Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el de la circunscripción del domicilio del interesado, a su elección, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 10.i) y 46.1) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de agosto de 2016.–El Subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz.