Está Vd. en

Documento BOE-A-2016-1207

Real Decreto 26/2016, de 22 de enero, por el que se nombran Magistrados especialistas de Mercantil, a los aspirantes que han aprobado las pruebas selectivas de promoción y especialización convocadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 20 de enero de 2015.

Publicado en:
«BOE» núm. 33, de 8 de febrero de 2016, páginas 9885 a 9886 (2 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Consejo General del Poder Judicial
Referencia:
BOE-A-2016-1207

TEXTO ORIGINAL

Como consecuencia de la superación de las pruebas selectivas de promoción y especialización convocadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 20 de enero de 2015 («BOE» del día 24 de enero) y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 311.1 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con lo previsto en la norma G) de dicho Acuerdo de convocatoria, a propuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 14 de enero de 2016,

Vengo en nombrar Magistrados/as especialistas en Materia Mercantil a los siguientes aspirantes:

Uno. Don Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega, en cuyo destino continuará.

Dos. Don Pedro Márquez Rubio, Magistrado, que sirve la plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, provincia de Sevilla, plaza en la que continuará.

Tres. Don Eduardo Pastor Martínez, Juez, que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Granollers, en cuyo destino continuará, quedando integrado en la categoría de Magistrado.

Cuatro. Don Jorge Montull Urquijo, Magistrado, que sirve la plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, plaza en la que continuará.

Cinco. Doña Amanda Cohen Benchetrit, Magistrada, que sirve la plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, provincia de Málaga, plaza en la que continuará.

Seis. Doña Montserrat Morera Ransanz, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona, en cuyo destino continuará.

Siete. Doña Nuria Fachal Noguer, Magistrada, que sirve el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, en cuyo destino continuará.

Ocho. Don Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, Magistrado, que sirve la plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, provincia de Sevilla, plaza en la que continuará.

Nueve. Doña Ana Marín Herrero, Juez, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Utrera, en cuyo destino continuará, quedando integrada en la categoría de Magistrado.

Diez. Don Juan Carlos Picazo Menéndez, Magistrado, que sirve la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrijos, en cuyo destino continuará.

Once. Don Guillermo Fernández García, Magistrado, que sirve el Registro Civil Exclusivo de Las Palmas, en cuyo destino continuará.

Doce. Don Zigor Oyarbide de la Torre, Magistrado, que sirve la plaza de Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, provincia de Bizkaia, plaza en la que continuará.

Trece. Don Moisés Guillamón Ruiz, Magistrado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa María la Real de Nieva, en cuyo destino continuará.

Los Magistrados/as que no han sido destinados a órgano de mercantil dispondrán de un plazo de tres años, contados a partir de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», para concursar a órganos de lo mercantil, salvo los que ya se encuentren sirviendo Juzgado de esta clase y efectúen la opción prevista en el artículo 329.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Transcurrido ese plazo sin haber obtenido plaza en un órgano de lo mercantil, serán destinados con carácter forzoso a la primera vacante que se produzca en los mismos, salvo que previamente renuncien a la especialización.

Contra la presente disposición se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado». Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del presente real decreto. En este último caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Dado en Madrid, el 22 de enero de 2016.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,

RAFAEL CATALÁ POLO

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid