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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de mayo de 2015, ha adoptado el Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

Para general conocimiento se procede a la publicación del referido acuerdo que figura como anexo a esta orden.

Madrid, 22 de mayo de 2015.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

ANEXO

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, quedan formalizados los criterios de distribución, así como la distribución resultante, entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, del crédito destinado al Programa de Reforma de la Administración de Justicia, tal y como se acordó en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada el día 8 de abril de 2015.

El crédito objeto de reparto es el siguiente:

Denominación	Importe – (Euro)	Aplicación presupuestaria
Comunidades Autónomas: Programa de Reforma de la Administración de Justicia	6.000.000	13 02 112A 450
Total	6.000.000

Los criterios de reparto y las distribuciones resultantes son las que se acordaron en la Conferencia Sectorial en los términos que figuran en el anexo al presente Acuerdo.

Este acuerdo de Consejo de Ministros tiene por objeto exclusivamente la distribución entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales de las habilitaciones de gasto en que consiste el crédito presupuestario, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique la ejecución del citado crédito presupuestario, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a favor de las comunidades autónomas, ni, en consecuencia, la existencia de ningún derecho de cobro de las comunidades autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

ANEXO

Distribución del crédito del Programa para Reforma de la Administración de Justicia, de los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015, entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales

En la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Justicia, de 8 de abril de 2015, se ha acordado la distribución del crédito para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia entre las Comunidades Autónomas con traspaso de medios para la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, con el fin de colaborar, entre otras, en una mejor implementación en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, en el impulso de las nuevas tecnologías y/o en la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e incentivar mejoras que incidan en un servicio público de calidad por los siguientes importes:

Comunidad Autónoma	Propuesta ponderada 50% n.º expedientes AJG + 50% población/litigiosidad/planta
Andalucía	1.466.899	24,4%
Aragón	153.607	2,6%
Asturias	147.808	2,5%
Canarias	347.594	5,8%
Cantabria	83.949	1,4%
Cataluña	1.186.744	19,8%
Comunidad Valenciana	859.879	14,3%
Galicia	346.836	5,8%
La Rioja	39.867	0,7%
Comunidad de Madrid	1.024.769	17,1%
Comunidad Foral de Navarra.	83.534	1,4%
País Vasco	258.513	4,3%
Total	6.000.000	100%

Los criterios de reparto adoptados han sido los siguientes:

Para la distribución del crédito por comunidades autónomas se han tenido en cuenta los siguientes indicadores:

1. Número de expedientes tramitados de asistencia jurídica gratuita en cada CC.AA. (año 2013).

2. Población de derecho (datos referenciados a 1 de enero de 2014) litigiosidad (número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el año 2013) y planta judicial (número de unidades judiciales a 1 de enero de 2015).

3. Modulación del resultado de ambos indicadores en función de los objetivos, promediando su valor en un 50 % cada uno.

Compromisos financieros: Las Comunidades Autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar el mismo a la reforma de la Administración de Justicia, y en concreto entre otras, a la mejora de la asistencia jurídica gratuita, al impulso de las nuevas tecnologías y/o en la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e incentivar mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios o resoluciones que se dicten al amparo del artículo 86.2.cuarta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En conexión con el uso de las nuevas tecnologías operado en nuestra sociedad hay que ofrecer una Justicia acorde a estas necesidades, para ello es preciso desarrollar tres líneas clave para conseguir una Justicia ágil, accesible y de calidad:

– Justicia digital: El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, avanzándose en la implantación del expediente digital.

– Justicia abierta: El objetivo es entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos.

– Justicia innovadora: El objetivo es seguir en la línea de actuación de implantar la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional.

En definitiva, se apuesta por una Justicia como servicio público, la mejora de la organización judicial debe ir apoyada por un uso masivo de las tecnologías, reto en el que no solo está implicado el Ministerio de Justicia sino todas las Comunidades Autónomas con traspaso de medios materiales, que han de avanzar hasta conseguir:

– Sistemas de Gestión Procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad.

– Digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal así como la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos. Esta integración tecnológica permitirá entre otras cosas la remisión electrónica desde los juzgados y tribunales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisitorias y medidas cautelares que precisen de su actuación.

La implementación de la Oficina Judicial y Fiscal es otro de los retos de la Administración de Justicia. Este modelo de organización y funcionamiento de los órganos judiciales facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento. En este objetivo las Comunidades Autónomas con traspaso de medios tienen una implicación directa para facilitar la implantación del nuevo modelo organizativo en cada uno de sus territorios.

En lo que se refiere a la Justicia como pilar del Estado de Derecho, la otra gran demanda de la sociedad española en el siglo XXI se centra en el incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la Justicia como servicio público, tienen especial interés en que nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos. Prueba de ello es la ampliación del número de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, un mayor apoyo a las víctimas de los delitos y la lucha más eficaz contra la violencia de género.

Por último, no hay que olvidar que la Justicia supone un factor de competitividad vinculado a la seguridad jurídica que ofrece un país, lo que facilita el tráfico económico y jurídico.

Uno de los compromisos de un Estado de Derecho es ofrecer la seguridad jurídica necesaria con el fin de conseguir mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y generar puestos de trabajo. En consecuencia, si se consigue que la Administración de Justicia mejore sus tiempos de resolución de los asuntos ingresados, así como su funcionamiento general, con un marco normativo claro y una gestión eficiente de los recursos, se darán las condiciones para trasladar un mensaje de confianza para aquellos que tienen que buscar y analizar cuál es el escenario más apropiado para establecer su actividad de negocio en un entorno tan global y competitivo como el actual. En la búsqueda de este objetivo tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con traspaso de medios han de tener una implicación directa, dotando de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por todo ello, todas las comunidades autónomas representadas en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia se comprometen a destinar las cuantías que les correspondan por la distribución acordada del crédito del Programa de reforma de la Administración de Justicia, al cumplimiento de uno o varios de los objetivos arriba señalados.