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Documento BOE-A-2015-14263

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Vctimas del Delito.

TEXTO

I

La aprobacin de la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, mediante la que se transpone la Directiva2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de25 de octubre de2012, por la que se establecen normas mnimas sobre los derechos, el apoyo y la proteccin de las vctimas de delitos y por la que se sustituye la Decisin marco2001/220/JAI del Consejo, requiere el desarrollo de algunas de las previsiones recogidas en el citado Estatuto, en aras a garantizar la efectividad de los derechos que en l se recogen, as como una regulacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

II

El presente real decreto desarrolla en primer lugar las previsiones del Estatuto de la vctima del delito para garantizar el reconocimiento y la proteccin por los poderes pblicos de los derechos que las vctimas tienen reconocidos, con un alcance general. No se pretende, ni resulta oportuno, un desarrollo reglamentario de todos y cada uno de los derechos reconocidos en el Estatuto de la vctima del delito, ya que la gran mayora se encuentran bien definidos y pueden ejercitarse sin necesidad de mayor regulacin. Tan slo se contienen algunas precisiones para garantizar la mejor aplicacin de alguno de los derechos reconocidos a las vctimas.

A tal fin, se insta a las Administraciones Pblicas a aprobar y fomentar el desarrollo de protocolos de actuacin y de procedimientos de coordinacin y colaboracin, en los que tambin tendrn participacin las asociaciones y colectivos de proteccin de las vctimas.

Se establece que la decisin policial de no facilitar interpretacin o traduccin de las actuaciones a la vctima ser siempre motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivacin en el atestado.

En relacin con el derecho de informacin, se garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artculo5 del Estatuto de la vctima del delito mediante la posibilidad de elaborar documentos que faciliten la informacin necesaria a las vctimas, sin perjuicio de acomodar esa informacin a las circunstancias y condiciones personales de la vctima, as como a la naturaleza del delito cometido y de los daos y perjuicios sufridos.

Se reitera que el acceso por parte de las vctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Pblicas y por las Oficinas de Asistencia a las Vctimas ser siempre gratuito y confidencial. Y se establece la posibilidad de que las Administraciones Pblicas y las Oficinas de Asistencia a las Vctimas hagan extensivo el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo a los familiares, aunque no tengan la consideracin de vctimas, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

Tambin se recoge el derecho a un perodo de reflexin en caso de catstrofe o sucesos con vctimas mltiples. Todo protocolo que contenga normas de coordinacin para la asistencia a las vctimas incluir una previsin para hacer efectivo este periodo de reflexin.

Finalmente, se regula un procedimiento para hacer efectiva la obligacin de reintegrar aquellas ayudas, subvenciones o gastos que haya realizado la Administracin a favor de personas que han resultado condenadas por denuncia falsa o simulacin de delito, para evitar el enriquecimiento de quienes se hayan aprovechado injustamente del sistema asistencial de proteccin a las vctimas.

III

Se crea el Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas, con carcter de rgano consultivo con amplia representacin. Este Consejo Asesor tendr distintas funciones para velar por el respeto de los derechos de las vctimas y el buen funcionamiento del sistema de asistencia. Con el asesoramiento de este Consejo, el Ministerio de Justicia podr llevar a cabo la evaluacin peridica del sistema de asistencia a las vctimas, y proponer, a travs del Consejo de Ministros, las medidas y reformas que sean necesarias para la mejor proteccin de las vctimas.

IV

Como es sabido, la Ley35/1995, de11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, regul en su artculo16 las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, cuya actuacin, hasta el momento, vena desarrollada a travs de un mero Manual. Por ello, resulta esencial para la organizacin y funcionamiento de stas el desarrollo reglamentario de sus actuaciones. En este real decreto se regula la actuacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, en atencin a los derechos recogidos en la normativa europea y en el Estatuto de la vctima del delito.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas se constituyen como unidades dependientes del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades autnomas con competencias asumidas sobre la materia, que analizan las necesidades asistenciales y de proteccin de las vctimas, y que estarn integradas por personal al servicio de la Administracin de Justicia, psiclogos o cualquier tcnico que se considere necesario para la prestacin del servicio. Con ello se fija un marco asistencial mnimo para la prestacin de un servicio pblico en condiciones de igualdad en todo el Estado, y para la garanta y proteccin de los derechos de las vctimas, sin perjuicio de las especialidades organizativas de las Oficinas segn la normativa estatal o autonmica que les resulte de aplicacin.

V

Entre los derechos por cuya efectividad han de velar las Oficinas de Asistencia a las Vctimas estn los siguientes:

El derecho a entender y a ser entendida. La vctima tiene derecho, desde su primer contacto con la Oficina de Asistencia a las Vctimas, haya o no presentado denuncia, a contar con la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ella.

El derecho a la informacin de las vctimas. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, en atencin a lo dispuesto en la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, prestan un servicio de informacin que resulta esencial para las vctimas. La informacin se prestar a las vctimas, incluyendo el momento previo a la presentacin de la denuncia, sin retrasos innecesarios, de forma adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daos y perjuicios sufridos, de forma detallada y ser actualizada a lo largo de todo el proceso.

El derecho a la proteccin de las vctimas. El Estatuto de la vctima del delito seala que las Oficinas de Asistencia a las Vctimas realizarn una valoracin individual de las vctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de proteccin, teniendo en cuenta las caractersticas personales, en especial de aquellas vctimas ms vulnerables como son los menores o las personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, y la naturaleza y las circunstancias del delito. Y todo ello con la finalidad de determinar qu medidas de asistencia y proteccin deben ser prestadas a la vctima.

Toda vctima, directa o indirecta, tendr derecho a acceder de forma gratuita y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo prestados por las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y por el resto de Administraciones Pblicas. Un derecho que podr extenderse a sus familiares cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.

VI

La asistencia de las Oficinas es una funcin que consiste en la acogida inicial de la vctima, su orientacin e informacin y la propuesta de medidas concretas de proteccin, teniendo en cuenta las necesidades de apoyo especficas de cada vctima, segn aconseje su evaluacin individual y en especial, las situaciones en las que se pueden encontrar ciertas categoras de vctimas, como son los menores o las personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, con el objetivo de facilitar su recuperacin integral.

La asistencia de las Oficinas se presta por personal especializado, sometido a formacin continua y actualizada, que trabaja de forma interdisciplinar y coordinada. La Oficina reflejar los resultados de su evaluacin, as como la valoracin del caso en un informe, adoptando la decisin sobre las intervenciones extraprocesales a realizar.

Las Oficinas podrn elaborar planes de asistencia individualizados para el adecuado seguimiento de las vctimas. Y cuando se trate de vctimas vulnerables, debern realizar planes de apoyo psicolgico. Estos planes podrn ser supervisados por el Ministerio de Justicia o por las comunidades autnomas que hayan asumido competencias, con el fin de mejorar el sistema de asistencia y asegurar una atencin individualizada en funcin de las circunstancias de cada vctima.

Las funciones de asistencia y proteccin de las vctimas hacen precisa la plena coordinacin de las Oficinas con otros rganos o entidades que tambin ostenten funciones de proteccin y asistencia a las vctimas, para lo que se prev la creacin de toda una red de coordinacin y la posibilidad de realizar convenios de colaboracin y protocolos.

VII

Entre las funciones de las Oficinas se recogen tambin aquellas relativas a las medidas de justicia restaurativa, como parte de la necesaria asistencia a las vctimas. Cada vctima se enfrenta al delito de forma diferente, en funcin de sus circunstancias. La vctima puede necesitar liberar la emocin negativa para recuperar su equilibrio y ste puede alcanzarse gracias al reconocimiento de los hechos esenciales por el infractor o por la aclaracin de lo sucedido.

Las Oficinas informarn a la vctima sobre la posibilidad de aplicar medidas de justicia restaurativa, propondrn al rgano judicial la aplicacin de la mediacin penal cuando lo considere beneficioso para la vctima, y realizarn actuaciones de apoyo a los servicios de mediacin extrajudicial.

VIII

La Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional prevista en el artculo51 de la Ley29/2011, de22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del Terrorismo, es objeto de desarrollo reglamentario para potenciar sus funciones, y asegurar la necesaria coordinacin entre todas las Instituciones implicadas en la asistencia y proteccin de las vctimas de delitos de terrorismo.

IX

Conforme a la Directiva2004/80/CE del Consejo, de29 de abril de2004, sobre indemnizacin a las vctimas de delitos, en el supuesto de acceso a la indemnizacin en casos transfronterizos, cada Estado Miembro designar una autoridad de asistencia. En Espaa esta autoridad corresponde a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto199/2006, de17 de febrero, que atribuye a las oficinas determinados deberes de informacin, ayuda y asesoramiento para los delitos dolosos y violentos cometidos en otro Estado miembro.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscala General del Estado, y se ha remitido a las comunidades autnomas afectadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobacin previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, de acuerdo con/odo el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da11 de diciembre de2015,

DISPONGO:

TTULO I
Derechos de las vctimas
Artculo1. Objeto y mbito de aplicacin.

1. Este real decreto desarrolla el Estatuto de la vctima del delito de conformidad con lo dispuesto en la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la vctima del delito, y regula las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

2. Las disposiciones de este real decreto sern aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo17 del Estatuto de la vctima del delito y en el artculo24 de este real decreto, a las vctimas de delitos cometidos en Espaa o que puedan ser perseguidos en Espaa, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si disfrutan o no de residencia legal.

Artculo2. Derechos de las vctimas.

1. Los derechos reconocidos a las vctimas del delito se ejercitarn de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto y en el presente real decreto, as como por lo dispuesto en la legislacin especial y las normas que resulten de aplicacin.

2. Todos los poderes pblicos velarn por el reconocimiento y la proteccin de los derechos que las vctimas tienen reconocidos.

Artculo3. Desarrollo de protocolos de actuacin y colaboracin.

Para la efectividad de los derechos contemplados en el Estatuto de la vctima del delito, y en el presente real decreto, las Administraciones Pblicas implicadas aprobarn y fomentarn el desarrollo de protocolos de actuacin y de procedimientos de coordinacin y colaboracin, en los que tambin tendrn participacin las asociaciones y colectivos de proteccin de las vctimas.

Artculo4. Perodo de reflexin en caso de catstrofe o sucesos con vctimas mltiples.

1. En caso de catstrofes, calamidades pblicas u otros sucesos que hubieran producido un elevado nmero de vctimas y que puedan constituir delito, los Abogados y Procuradores no podrn dirigirse a las vctimas directas o indirectas de estos sucesos para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos al menos45 das desde el hecho.

Esta prohibicin quedar sin efecto en el caso de que la prestacin de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la vctima.

2. Todo protocolo que contenga normas de coordinacin para la asistencia a las vctimas incluir una previsin para hacer efectivo este periodo de reflexin.

Artculo5. Obligacin de reembolso.

1. Si fuera condenada por denuncia falsa o simulacin de delito, la persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condicin de vctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de proteccin reguladas en el Estatuto de la vctima del delito o en el presente real decreto, vendr obligada a reintegrar las cantidades recibidas en dicho concepto; y al abono de los gastos causados a la Administracin por sus actuaciones de reconocimiento, proteccin y apoyo, as como por los servicios prestados, siempre que dichos gastos pudieran cuantificarse y estuvieran justificados.

2. El rgano concedente de la subvencin o ayuda y la Administracin que haya soportado el gasto sern los competentes para exigir del beneficiario el reintegro de las subvenciones o ayudas, y el abono de los gastos causados, mediante la resolucin del procedimiento regulado en la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto887/2006, de21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, con las especialidades previstas en este real decreto.

3. Cuando la persona condenada haya recibido subvenciones o ayudas en su condicin de vctima y haya sido objeto de alguna de las medidas de proteccin reguladas en el Estatuto de la vctima del delito o en el presente real decreto, o haya generado gastos a la Administracin por actuaciones de reconocimiento, informacin, proteccin y apoyo, as como por servicios prestados en su condicin de vctima, el Ministerio de Justicia remitir, si no fuera competente para exigir el reembolso, el testimonio de la sentencia condenatoria al rgano concedente o a la Administracin que haya soportado el gasto, a fin de que stos puedan iniciar el procedimiento de reintegro.

4. El inters de demora aplicable ser el inters legal del dinero incrementado en un50 por ciento, que se devengar desde que fuera concedida la subvencin o ayuda, o desde que se hubiera producido el gasto.

5. Prescribir a los cuatro aos el derecho de la Administracin a reconocer o liquidar el reintegro o el abono de los gastos causados, que se computar desde que adquiri firmeza la sentencia condenatoria por denuncia falsa o simulacin de delito. El cmputo del plazo de prescripcin se interrumpir por las causas previstas en la Ley General de Subvenciones.

6. La Ley38/2003, de17 de noviembre, y su Reglamento, sern de aplicacin supletoria a lo dispuesto en el presente artculo.

Artculo6. Derecho a la traduccin e interpretacin.

La decisin policial de no facilitar interpretacin o traduccin de las actuaciones policiales a la vctima, a la que hace referencia el artculo9.4 del Estatuto de la vctima del delito, ser excepcional y motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivacin en el atestado. El atestado policial deber recoger la disconformidad que la persona afectada por la decisin denegatoria hubiere podido formular.

Artculo7. Derecho a la informacin.

1. Sin perjuicio del deber de adaptar la informacin a la que hace referencia el artculo5.1 del Estatuto de la vctima del delito, a las circunstancias y condiciones personales de la vctima, as como a la naturaleza del delito cometido y de los daos y perjuicios sufridos, las autoridades y funcionarios que entren en contacto con las vctimas debern facilitarles informacin escrita o documentos comprensivos de los extremos sealados en el artculo5.1 del Estatuto de la vctima del delito, cuando la vctima lo precise.

2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior podrn incluir con la debida separacin, un modelo de solicitud para ser notificado de las resoluciones a las que refiere el artculo7 del Estatuto de la vctima del delito, o para dejar sin efecto, en su caso, la mencionada solicitud.

3. Cuando la vctima solicite que se le notifiquen las resoluciones a las que se refiere el artculo7.1 del Estatuto de la vctima del delito, tambin podr interesar que estas resoluciones se comuniquen, adems, a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas o, en su caso, a la Oficina de Asistencia a las Vctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.

4. Cuando se trate de vctimas de delitos de violencia de gnero, les sern notificadas las resoluciones que acuerden la prisin o la posterior puesta en libertad del infractor, as como la posible fuga del mismo, y las que acuerden la adopcin de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la vctima, sin necesidad de que la vctima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

Artculo8. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

1. El acceso por parte de las vctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Pblicas y por las Oficinas de Asistencia a las Vctimas ser siempre gratuito y confidencial. Estos servicios debern garantizarse antes, durante y por un perodo de tiempo adecuado despus de la conclusin del proceso penal.

2. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las necesidades y daos sufridos como consecuencia de la infraccin penal cometida contra la vctima, las Administraciones Pblicas y las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn hacer extensivo a los familiares de las vctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entender por familiares las personas unidas a la vctima en matrimonio o relacin anloga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

3. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres vctimas de violencia de gnero o de personas vctimas de violencia domstica tendrn derecho a las medidas de asistencia y proteccin previstas en los Ttulos I y III del Estatuto de la vctima del delito.

4. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas prestarn los servicios de asistencia y apoyo en los trminos sealados en el Estatuto de la vctima del delito y en el presente real decreto.

Artculo9. Procedimiento de evaluacin.

1. La evaluacin de las necesidades de la vctima a la que hace referencia el artculo23 del Estatuto de la vctima del delito, se realizar en el caso de los funcionarios de polica que acten en la fase inicial de las investigaciones y en el caso de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la vctima del delito y en el presente real decreto.

2. La evaluacin que hayan de realizar los rganos jurisdiccionales competentes para la investigacin o el enjuiciamiento, o el Ministerio Fiscal en su caso, se realizar de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la vctima del delito y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TTULO II
El Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas
Artculo10. El Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas.

1. Adscrito a la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia del Ministerio de Justicia existir un Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas, con carcter de rgano consultivo.

2. El Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas estar integrado por los siguientes miembros:

a) Un presidente, cargo que recaer sobre quien ostente la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia y que podr ser sustituido por la persona titular de la Subdireccin General de Organizacin y Coordinacin Territorial de la Administracin de Justicia.

b) Con base en el convenio de colaboracin celebrado al efecto, tres representantes de las comunidades autnomas que hayan recibido los traspasos de medios personales y materiales al servicio de la Administracin de Justicia en rgimen de rotacin anual, que representarn al resto y que ejercern, tambin rotatoriamente, la Vicepresidencia.

c) Un representante designado por el Ministro del Interior, con rango de subdirector general o asimilado.

d) Un representante designado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de subdirector general o asimilado.

e) Dos representantes designados por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscala General del Estado, con base en el convenio de colaboracin celebrado al efecto.

f) Un representante del Consejo General de Colegios de Psiclogos, designado por ste.

g) Dos representantes de las Asociaciones ms representativas en la asistencia a las vctimas.

Actuar como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia.

3. Las funciones de este Consejo son:

a) Asesorar sobre el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

b) Examinar los datos estadsticos.

c) Apoyar los estudios tcnicos sobre las actuaciones de las oficinas y sobre la red de coordinacin.

d) Comparar los distintos planes de apoyo psicolgicos aplicados en las Oficinas, con el fin de proponer mejoras en la asistencia.

e) Promover la elaboracin de Protocolos de actuacin, y su actualizacin con respecto a las normativas nacionales e internacionales

f) Asesorar al Ministerio de Justicia para la elaboracin del informe anual de evaluacin peridica del sistema de atencin a las vctimas del delito.

g) Cualquier otra funcin que, en el mbito de sus competencias, se le atribuya por alguna disposicin legal o reglamentaria.

4. Por su carcter consultivo, el Consejo no tendr competencias con respecto a los aspectos tcnicos de actuaciones frente a vctimas individuales.

5. El funcionamiento de este Consejo se ajustar a lo dispuesto en materia de rganos colegiados por la legislacin en materia de rgimen jurdico del Sector Pblico.

Artculo11. Evaluacin peridica del sistema de atencin a las vctimas del delito.

1. El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garantas de asistencia a las vctimas del delito ser objeto de una evaluacin peridica, que se llevar a cabo por el Ministerio de Justicia mediante la elaboracin de un informe anual. Este informe anual se realizar en la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia, con el asesoramiento del Consejo Asesor de Asistencia a las Vctimas.

2. El informe anual del Ministerio de Justicia estar orientado a la mejora del sistema de proteccin y a la adopcin de nuevas medidas para garantizar su eficacia.

3. El informe anual se remitir al Consejo de Ministros para su aprobacin definitiva y para la remisin a las Cortes Generales de las propuestas que se estimen necesarias para la mejora del sistema de proteccin de las vctimas y de las medidas que garanticen su eficacia. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se publicar en la pgina Web del Ministerio de Justicia.

TTULO III
Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo12. Objeto y mbito de aplicacin.

1. Las disposiciones de este ttulo tienen por objeto la regulacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, que se configuran como una unidad especializada y un servicio pblico cuya finalidad es prestar asistencia y/o atencin coordinada para dar respuesta a las vctimas de delitos en los mbitos jurdico, psicolgico, y social, as como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

2. Las disposiciones contenidas en este ttulo sern de aplicacin tanto a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes del Ministerio de Justicia como a las dependientes de las comunidades autnomas con competencias asumidas sobre la materia, sin perjuicio de las especialidades organizativas de stas ltimas segn su normativa autonmica.

3. En lo referente a las vctimas de delitos de terrorismo, se atender, con carcter general, a lo dispuesto en la Ley29/2011, de22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas de Terrorismo y en el Reglamento aprobado por Real Decreto671/2013, de6 de septiembre, y a las competencias que la normativa vigente atribuye en esta materia al Ministerio del Interior, sin perjuicio de las actuaciones especficas de las Oficinas contempladas en este real decreto, especialmente relativas a la determinacin de la vulnerabilidad de la vctima, para evitar la victimizacin primaria y secundaria.

En el marco del proceso penal, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas se coordinarn con las oficinas del Ministerio del Interior para evitar sucesivas derivaciones de uno a otro servicio.

Artculo13. mbito subjetivo.

1. Las disposiciones de este Ttulo sern aplicables:

a) Como vctima directa, a toda persona fsica que haya sufrido un dao o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones fsicas o psquicas, daos emocionales o perjuicios econmicos directamente causados por la comisin de un delito.

b) Como vctima indirecta, en los casos de muerte o desaparicin de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:

1. A su cnyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la vctima o del cnyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparicin hubiera estado unida a ella por una anloga relacin de afectividad y a los hijos de sta que en el momento de la muerte o desaparicin de la vctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en lnea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

2. En caso de no existir los anteriores, a los dems parientes en lnea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representacin legal de la vctima.

2. Las disposiciones de este Ttulo no sern aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.

3. El acceso a los servicios de asistencia y apoyo a las vctimas no se condicionar a la presentacin previa de una denuncia.

4. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres vctimas de violencia de gnero o de personas vctimas de violencia domstica tendrn derecho de acceso a los servicios de asistencia de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

5. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las necesidades y daos sufridos como consecuencia de la infraccin penal cometida contra la vctima, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn hacer extensivo a los familiares de las vctimas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entender por familiares las personas unidas a la vctima en matrimonio o relacin anloga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Artculo14. Derechos de las vctimas respecto a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. Toda vctima tiene derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, de forma gratuita y confidencial.

2. Toda vctima tiene derecho, desde el primer contacto con la Oficina a recibir, sin retrasos innecesarios, informacin adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daos y perjuicios sufridos, y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Estos derechos se extienden durante la actuacin de los servicios de asistencia y apoyo a las vctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado despus de su conclusin, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso, incluyendo el momento previo a la presentacin de la denuncia.

3. Toda vctima tiene derecho a ser derivada a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas cuando resulte necesario en atencin a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que ella misma lo solicite.

4. Las vctimas de los delitos de terrorismo, las vctimas de violencia de gnero y los menores de edad tendrn adems los derechos reconocidos en su normativa especfica.

Artculo15. Naturaleza Jurdica de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas se configuran como un servicio multidisciplinar de atencin a las necesidades de la vctima, de carcter pblico y gratuito.

2. El Ministerio de Justicia determinar la regulacin, organizacin, direccin y control de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes en su mbito territorial, que se configurarn como unidades administrativas.

3. En aquellas comunidades autnomas que hayan asumido el traspaso de medios materiales y personales de la Administracin de Justicia, la organizacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas depender de la comunidad autnoma, si bien la misma deber garantizar el cumplimiento de los derechos que se desarrollan en el Estatuto de la vctima del delito y en el presente real decreto.

Artculo16. Creacin y mbito territorial de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. Mediante Orden del Ministro de Justicia, que determinar su mbito de actuacin territorial, se crearn las Oficinas de Asistencia a las Vctimas dependientes del Ministerio de Justicia. Las restantes Oficinas se crearn por las comunidades autnomas con competencias asumidas en materia de Administracin de Justicia.

2. El mbito territorial se ajustar a los siguiente criterios:

a) Salvo regulacin expresa, tendr mbito provincial.

b) Cuando dentro de una misma provincia se implante ms de una oficina, su mbito competencial se fijar en la Orden de creacin.

3. Sin perjuicio del mbito territorial establecido, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn asistir a las vctimas independientemente del lugar de comisin del delito.

4. La ubicacin de las Oficinas se realizar teniendo en cuenta criterios que faciliten la atencin a la vctima, entre los que estar la cercana a las sedes de los juzgados, Palacios de Justicia o Fiscala.

Artculo17. Objetivos de las Oficinas.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las vctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades especficas en el mbito jurdico, psicolgico y social.

Artculo18. Personal de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

1. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas estarn atendidas por profesionales especializados, entre los que podrn encontrarse, psiclogos, personal al servicio de la Administracin de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros tcnicos cuando la especificidad de la materia as lo aconseje.

2. Las Administraciones Pblicas garantizarn la formacin general y especfica en asistencia y proteccin a las vctimas, especialmente de las vctimas vulnerables, a todos los profesionales de la Oficina de Asistencia a las Vctimas. Estos tendrn formacin especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de gnero y domstica. Su formacin ser orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

CAPTULO II
Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas
Artculo19. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas realizarn las siguientes funciones:

1. La elaboracin, en su caso, de planes de asistencia individualizados para la atencin a las vctimas.

2. La informacin a las vctimas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, cules son sus derechos y como ejercitarlos.

3. Informacin sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud.

4. Asesoramiento sobre los derechos econmicos relacionados con el proceso, en particular, sobre las ayudas por los daos causados por el delito y el procedimiento para reclamarlas.

5. El apoyo emocional a las vctimas y la asistencia teraputica de las vctimas que lo precisen, garantizando la asistencia psicolgica adecuada para la superacin de las consecuencias traumticas del delito.

6. Evaluacin y asesoramiento sobre las necesidades de la vctima y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimizacin primaria, reiterada y secundaria, la intimidacin y las represalias.

7. La elaboracin de un plan de apoyo psicolgico para las victimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de proteccin.

8. La informacin sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la vctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.

9. El acompaamiento de la vctima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a las distintas instancias penales.

10. La colaboracin y la coordinacin con los organismos, instituciones y servicios que pueden estar implicados en la asistencia a las vctimas: judicatura, fiscala, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones sin nimo de lucro, sobre todo en los casos de vctimas vulnerables con alto riesgo de victimizacin.

11. Valoracin de las vctimas que precisen especiales medidas de proteccin con la finalidad de determinar qu medidas de proteccin, asistencia y apoyo deben ser prestadas, entre las que se podrn incluir:

a) La prestacin de apoyo o asistencia psicolgica para afrontar los trastornos ocasionados por el delito, aplicando los mtodos psicolgicos ms adecuados para la atencin de cada vctima.

b) El acompaamiento a juicio.

c) La informacin sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la vctima lo solicita, derivacin a los mismos.

d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de una vctima con necesidades especiales de proteccin.

e) La derivacin a servicios de apoyo especializados.

12. La elaboracin de informes de acuerdo con las normas cientficas y de manera independiente.

13. La difusin de su existencia y funciones a la sociedad en general y a determinados colectivos sociales especialmente vulnerables.

14. La sensibilizacin de los colectivos y organismos que trabajan con vctimas, as como la promocin, organizacin y participacin en las acciones formativas que consideren necesarias.

15. La cooperacin con estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la victimizacin a partir de los resultados de la intervencin de las Oficinas.

16. El acercamiento de la justicia a la ciudadana promoviendo la comprensin de sus actuaciones.

17. La aplicacin de las medidas de organizacin y gestin que faciliten el acceso rpido al servicio prestado, as como, la coordinacin con otros entes e instituciones. En la aplicacin de estas medidas primar la interdisciplinaridad y el principio de proximidad al ciudadano.

18. El desempeo de forma profesional de la funcin de ventanilla nica en relacin con la asistencia a las vctimas de delitos.

19. La informacin sobre alternativas de resolucin de conflictos con aplicacin, en su caso, de la mediacin y de otras medidas de justicia restaurativa.

20. Recibir la comunicacin de las resoluciones a las que se refiere el artculo7.1 del Estatuto de la vctima del delito cuando la vctima haya hecho uso de la facultad prevista en el artculo7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de informacin y asistencia que en su caso resulten precisas.

21. Y cuantas otras funciones se determinen en este real decreto.

Artculo20. La asistencia.

En cumplimiento de las funciones atribuidas en este captulo, la Oficina de Asistencia a las Vctimas asistir a la vctima en las reas jurdica, psicolgica y social, con el fin ltimo de minimizar la victimizacin primaria y evitar la secundaria.

Para realizar esta asistencia las Oficinas realizarn planes de asistencia individualizados, y se coordinarn con todos los servicios competentes en atencin a las vctimas.

Artculo21. La atencin jurdica.

1. Las Oficinas prestarn la atencin jurdica a las vctimas, y en concreto, facilitarn informacin sobre el tipo de asistencia que la vctima puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurdico y el tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.

2. La atencin jurdica ser en todo caso general del desarrollo del proceso y la manera de ejercitar los distintos derechos; la orientacin y asistencia jurdica del caso concreto corresponde a quien asuma la asistencia letrada.

3. Las principales actuaciones derivadas de esta atencin jurdica son:

a) La informacin a las vctimas: las vctimas desde el primer contacto y durante todo el procedimiento recibirn informacin actualizada sobre los derechos que asisten a lo largo del proceso, con lenguaje sencillo y asequible.

b) El estudio y, en su caso, propuesta de aplicacin de las medidas generales de proteccin, conforme a lo previsto en el Estatuto de la vctima del delito.

4. Las Oficinas tambin informarn del derecho a la asistencia jurdica gratuita a las vctimas que lo tuvieran, y les asistirn para poder solicitarlo. Las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita podrn presentarse directamente ante las Oficinas, que las remitirn al Colegio de Abogados que corresponda. Las Oficinas tambin contactarn con los Colegios de Abogados para las designaciones de abogados en los casos en que proceda.

Artculo22. La asistencia psicolgica.

La asistencia psicolgica supone:

a) La evaluacin y el tratamiento de las vctimas ms vulnerables para conseguir la disminucin de la crisis ocasionada por el delito, el afrontamiento del proceso judicial derivado del delito, el acompaamiento a lo largo del proceso y la potenciacin de las estrategias y capacidades de la vctima, posibilitando la ayuda del entorno de la vctima.

Entre los factores a evaluar estn: el tipo de relaciones de la vctima, el afrontamiento de los problemas, las fuentes de apoyo, los valores, la acumulacin de estresores, los problemas de salud y de comportamiento, las condiciones socio-ambientales, as como, las variables asociadas al hecho delictivo, entre las que estn el impacto directo del delito y los trastornos ocasionados por ste, el riesgo de reincidencia, las posibles represalias y la intimidacin.

b) El estudio y la propuesta de aplicacin de las medidas de proteccin que minimicen los trastornos psicolgicos derivados del delito y eviten la victimizacin secundaria, conforme a lo previsto en el Estatuto de la vctima del delito.

Artculo23. La asistencia social.

La intervencin social supone la coordinacin y, en su caso, derivacin a servicios sociales, instituciones, u organizaciones de asistencia a vctimas, para garantizar alojamiento seguro, atencin mdica inmediata, ayudas econmicas que pudieran corresponderles, con especial atencin a las necesidades derivadas de situaciones de invalidez, hospitalizacin, fallecimiento y las agravadas por la situacin de vulnerabilidad de las vctimas.

Artculo24. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas como autoridad de asistencia en los delitos transfronterizos.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, conforme a la Directiva2004/80/CE del Consejo, de29 de abril de2004, sobre indemnizacin a las vctimas de delitos, son la autoridad de asistencia de las vctimas de delitos en situaciones transfronterizas, en los casos en que el delito se cometa en un Estado miembro de la Unin Europea distinto a Espaa y la vctima tenga su residencia habitual en Espaa, actuando conforme a lo establecido en el Real Decreto738/1997, de23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En los casos de delitos de terrorismo el Ministerio del Interior es la autoridad de asistencia a los efectos anteriores.

CAPTULO III
Fases de la Asistencia
Artculo25. Fases de la Asistencia.

La asistencia a las vctimas se realiza en cuatro fases: la acogida-orientacin, la informacin, la intervencin y el seguimiento.

Artculo26. Fase de acogida-orientacin.

La acogida-orientacin se realiza a travs de una entrevista, presencial o telefnica, y tiene como fin que la vctima plantee sus problemas y necesidades, que permita orientarla, analizar posibles intervenciones de otros recursos y, si procede, la derivacin a stos.

Artculo27. Fase de informacin.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas darn la informacin que precisa la vctima adaptada a sus circunstancias y condiciones personales, a la naturaleza del delito cometido y a los daos y perjuicios sufridos.

Esta informacin –que podr ser por escrito, verbal o por medios electrnicos, as como presencial o no– comprender la informacin general sobre sus derechos, desde el primer contacto con las autoridades competentes, y ser detallada y actualizada a lo largo de todo el proceso.

Las oficinas informarn a las vctimas sobre la funcin tuitiva del Ministerio Fiscal, y facilitarn a las vctimas informacin sobre los derechos que les asisten, y en particular sobre los siguientes:

a) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigacin.

b) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurdica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

c) Posibilidad de solicitar medidas de proteccin y, en su caso, procedimiento para hacerlo. Cuando se trate de vctimas de violencia de gnero y domstica, sobre la posibilidad de solicitar una orden de proteccin, explicando de forma comprensible que confiere a la vctima un estatuto integral de proteccin y, en su caso, procedimiento para hacerlo.

d) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean mdicas, psicolgicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas ltimas se incluir, cuando resulte oportuno, informacin sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.

e) Indemnizaciones o ayudas econmicas a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas.

f) Servicios de interpretacin y traduccin disponibles.

g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicacin disponibles.

h) Procedimiento por medio del cual la vctima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de Espaa.

i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.

j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitacin del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.

k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.

m) Derecho a ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, as como del contenido de la acusacin dirigida contra el infractor.

n) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el artculo7 del Estatuto de la vctima del delito, as como dejar sin efecto esta solicitud, y a solicitar que dichas resoluciones tambin se comuniquen a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas.

o) Derecho obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.

p) Derecho a la asistencia lingstica gratuita y a la traduccin escrita de la copia de la denuncia cuando no entienda, no hable ninguna de las lenguas que tengan carcter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.

q) Derecho de las vctimas de delitos de violencia de gnero a ser notificadas de las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado1 del artculo7 del Estatuto de la vctima del delito, sin necesidad de que lo solicite, salvo que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

r) Derecho al periodo de reflexin en garanta de los derechos de la vctima en casos de catstrofes, calamidades pblicas u otros sucesos que hubieran producido un nmero elevado de vctimas que impiden a los abogados y procuradores sus servicios profesionales hasta transcurridos45 das desde que aconteci el hecho, quedando sin efecto en el caso de que la presentacin de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la vctima.

s) Derecho a que se le comunique la resolucin de sobreseimiento y la posibilidad de recurrir.

t) Derecho a interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aqul hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situacin de peligro para la vctima.

u) Derecho a facilitar al Juez o Tribunal cualquier informacin que resulte relevante para resolver sobre la ejecucin de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.

v) La informacin sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la vctima, as como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles.

Artculo28. Fase de intervencin.

Entre las intervenciones jurdicas, psicolgicas y sociales que realizan las Oficinas de Asistencia a las Vctimas estn las siguientes:

a) La evaluacin de la vulnerabilidad de las vctimas que le sean derivadas o que acudan directamente a la Oficina.

b) La propuesta de las medidas de proteccin a las vctimas, especialmente de las ms vulnerables, con especial atencin a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, y el seguimiento de su ejecucin.

c) La asistencia teraputica psicolgica y el tratamiento psicolgico de las vctimas en el mbito del proceso penal que, en principio, se realiza en dos fases:

1. La primera fase dirigida a lograr que la vctima tenga el control general de su conducta, en la que se analizan los elementos que garantizan la integridad fsica y psquica, facilitando la expresin de los sentimientos y el dominio cognoscitivo, y realizando las adaptaciones conductuales e interpersonales ms necesarias.

2. La segunda fase en la que se analizan las expectativas generadas por el delito, corrigiendo las posibles distorsiones y realizndose las intervenciones psicolgicas y los tratamientos de larga evolucin para el tratamiento especfico de sntomas postraumticos.

d) La aplicacin del plan de apoyo psicolgico.

e) La informacin y el seguimiento de la decisin de la vctima en las medidas penitenciarias.

f) La informacin sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, en su caso, sobre la aplicacin de las medidas de esta naturaleza que puedan adoptarse.

g) El acompaamiento a juicio u otras instancias judiciales, o la propuesta de acompaamiento por la persona designada por la propia vctima.

h) La coordinacin con el resto de servicios sociales, policiales u otros, principalmente para el seguimiento de las vctimas vulnerables con alto riesgo y el apoyo para la obtencin de las ayudas econmicas que pudieran corresponderles, as como las medidas asistenciales frente a cualquier necesidad y especialmente en situaciones de invalidez, hospitalizacin, o fallecimiento.

Artculo29. Fase de seguimiento.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas realizan el seguimiento de la vctima, especialmente de las ms vulnerables, a lo largo de todo el proceso penal y por un perodo de tiempo adecuado despus de su conclusin, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

CAPTULO IV
Evaluacin individual de las vctimas
Artculo30. Evaluacin individual de las vctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de proteccin.

1. Sin perjuicio de lo que acuerden las autoridades judiciales o fiscales competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, las policas autonmicas, efectuaran en el momento de la denuncia una primera evaluacin individual de la vctima para la determinacin de sus necesidades de proteccin y para la identificacin, en su caso, de vctimas vulnerables.

En esta primera evaluacin se informar a la vctima de la posibilidad de acudir a una Oficina de Asistencia a las Vctimas. La informacin recabada en esta primera evaluacin podr ser trasladada a la Oficina de Asistencia a las Vctimas slo con el consentimiento previo e informado de la vctima.

2. Cuando la vctima acuda a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, en su caso con la informacin facilitada, stas realizarn una evaluacin individualizada. La Oficina de Asistencia a las Vctimas estar en todo caso a lo que pueda acordar la autoridad judicial o fiscal competente para la valoracin de las necesidades de la vctima y la determinacin de las medidas de proteccin.

3. La evaluacin individual atender a las necesidades manifestadas por la vctima, as como su voluntad, y respetar plenamente la integridad fsica, mental y moral de la vctima. Tendr especialmente en consideracin:

a) Las caractersticas personales de la vctima, su situacin, necesidades inmediatas, edad, gnero, discapacidad y nivel de madurez. En particular, valorar:

1. Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relacin de dependencia entre la vctima y el supuesto autor del delito.

2. Si se trata de vctimas menores de edad o de vctimas necesitadas de especial proteccin o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.

b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la vctima, as como el riesgo de reiteracin del delito. A estos efectos, se valoraran especialmente las necesidades de proteccin de las vctimas en los siguientes delitos:

1. Delitos de terrorismo.

2. Delitos cometidos por una organizacin criminal.

3. Delitos cometidos sobre el cnyuge o sobre persona que est o haya estado ligada al autor por una anloga relacin de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopcin o afinidad, propios o del cnyuge o conviviente.

4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.

5. Delitos de trata de seres humanos.

6. Delitos de desaparicin forzada.

7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideologa, religin o creencias, situacin familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nacin, su origen nacional, su sexo, orientacin o identidad sexual, por razones de gnero, de enfermedad o discapacidad.

c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

4. En caso de vctimas menores o personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin tambin se tomar en cuenta su opinin e intereses, as como sus especiales circunstancias personales, y se velar especialmente por el respeto a los principios del inters superior del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial proteccin, derecho a la informacin, no discriminacin, derecho a la confidencialidad, a la privacidad y el derecho a ser protegido.

Artculo31. Informe de la evaluacin individualizada.

1. Tras el proceso de evaluacin individualizada, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn realizar un informe con el consentimiento previo e informado de la vctima, que ser remitido con carcter reservado a la autoridad judicial o fiscal competente para adoptar las medidas de proteccin.

2. En el informe de evaluacin individualizada, podrn proponerse las medidas que se estimen pertinentes para la asistencia y la proteccin de la vctima durante la fase de investigacin, especialmente cuando se trate de personas con discapacidad necesitadas de especial proteccin, de otras vctimas vulnerables o de menores. En particular, podr proponerse la adopcin de las siguientes medidas:

a) Que se reciba declaracin a la vctima lo antes posible, el menor nmero de veces y nicamente cuando resulte estrictamente necesario.

b) Que la vctima pueda estar acompaada de una persona de su eleccin.

c) Que se les reciba declaracin en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.

d) Que se les reciba declaracin por profesionales que hayan recibido una formacin especial para reducir o limitar perjuicios a la vctima, o con su ayuda.

e) Que todas las tomas de declaracin a una misma vctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaracin directamente por un Juez o un Fiscal.

f) Que la toma de declaracin, cuando se trate de alguna de las vctimas a las que se refieren los nmeros3. y4. de la letra b) del apartado2 del artculo23 del Estatuto de la vctima del delito y de las vctimas de trata con fines de explotacin sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la vctima cuando sta as lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaracin directamente por un Juez o Fiscal.

g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la vctima con el acusado. Esta medida, dado su objeto, tambin podr proponerse para la fase de enjuiciamiento.

3. Cuando se trate de vctimas menores de edad, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas indicarn expresamente en su informe la concurrencia, en su caso, de cualquiera de los supuestos a los que hace referencia el artculo26.2 del Estatuto de la vctima del delito; a fin de que ello pueda tomarse en consideracin por el Fiscal en el momento de valorar la oportunidad de recabar del Juez o Tribunal la designacin de un defensor judicial de la vctima para que la represente en la investigacin y en el proceso penal.

4. Cualquier modificacin relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la evaluacin individual de la vctima determinar una actualizacin de la misma y, en su caso, del informe remitido a la autoridad judicial o fiscal competente.

5. La Oficina de Asistencia a las Vctimas solamente podr facilitar a terceros la informacin que hubieran recibido de la vctima con el consentimiento previo e informado de la misma.

Artculo32. Plan de apoyo psicolgico.

1. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas debern realizar un plan de apoyo psicolgico para las vctimas especialmente vulnerables, o necesitadas de especial proteccin.

2. El plan de apoyo psicolgico tendr como fin que la vctima pueda seguir el proceso penal sin volver a vivenciar angustia, fortalecer su autoestima, fortalecer la toma de decisiones y, en particular, aquellas que tienen relacin con medidas judiciales.

3. El plan de apoyo psicolgico se realizar mediante la evaluacin de las consecuencias fsicas y psquicas del delito, del clima que rodea a la vctima, del riesgo de sufrir nuevas agresiones y del ambiente familiar. Tambin se valorar la capacidad de resiliencia.

4. El Ministerio de Justicia y las comunidades autnomas con competencias asumidas podrn supervisar los planes de apoyo que se realicen dentro de su mbito territorial.

CAPTULO V
La Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional
Artculo33. La Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.

1. La Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional tiene mbito nacional y realiza las funciones de informacin y asistencia a las vctimas del terrorismo en los trminos previstos en el artculo51 de la Ley29/2011, de22 de septiembre, y en el presente real decreto. No obstante, por razones de urgencia o de cercana las vctimas podrn acudir a la Oficina de Asistencia a las Vctimas de su provincia que se coordinar con la Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.

2. La Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional realiza, entre otras, las siguientes funciones:

a) Facilitar informacin sobre el estado de los procedimientos que afecten a las vctimas del terrorismo.

b) Asesorar a las vctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.

c) Ofrecer acompaamiento personal a los juicios que se celebren en relacin a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.

d) Dar apoyo emocional y teraputico de las vctimas. La Oficina evaluar los trastornos ocasionados por el delito y, a lo largo del proceso penal, realizar la asistencia psicolgica adecuada para la superacin del delito y evaluar el riesgo de victimizacin, sealando las medidas de proteccin adecuadas y aplicar el plan de apoyo como vctima vulnerable. Todo ello sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

e) Prevenir las consecuencias de la victimizacin primaria y evitar la victimizacin secundaria y la desproteccin tras el delito.

f) Facilitar la colaboracin y la coordinacin entre los organismos, instituciones y servicios que pueden estar implicados en la asistencia concreta de cada vctima, sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.

g) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las vctimas en su participacin en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegtimas o actos de intimidacin y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigracin.

h) Informar sobre las posibles indemnizaciones a vctimas de terrorismo derivndolas, en todo caso, al rgano del Ministerio del Interior competente en la materia.

i) Establecer cauces de informacin a la vctima acerca de todo lo relacionado con la ejecucin penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento ntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesin de beneficios o excarcelacin de los penados.

j) Recibir la comunicacin de las resoluciones a las que se refiere el artculo7.1 del Estatuto de la vctima del delito cuando la vctima haya hecho uso de la facultad prevista en el artculo7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de informacin y asistencia que en su caso resulten precisas.

3. Seguir el mismo modelo de actuacin general de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas y realizar las evaluaciones necesarias de las vctimas ms vulnerables en los trminos del artculo31 de este real decreto, prestando, asimismo, la asistencia psicolgica en aquellos casos que sea necesaria para afrontar las consecuencias del delito.

CAPTULO VI
Actuaciones de las oficinas en materia de coordinacin
Artculo34. La red de coordinacin.

1. El Ministerio de Justicia, o las comunidades autnomas con competencias en justicia, podrn coordinar las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas con los diferentes rganos o entidades competentes que prestan asistencia a las vctimas, con este fin se podrn realizar convenios de colaboracin y protocolos. Podrn impulsar, asimismo, la colaboracin con redes pblicas y privadas que asisten a las vctimas, entre otras con:

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policas Autonmicas.

b) Servicios de bienestar social.

c) Ayuntamientos.

d) Servicios de Salud (112/061, urgencias, urgencias psiquitricas y Programas de Salud Mental).

e) Servicios de Educacin.

f) Servicios laborales.

g) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin nimo de lucro.

h) Servicios Psicosociales de la Administracin de Justicia.

i) Unidades de Coordinacin contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas orgnicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares.

j) Servicios especializados para la atencin a las vctimas de violencia de gnero.

k) Cualquier otro rgano o entidad de la Administracin General del Estado u otras Administraciones con competencias en asistencia y/o atencin a las vctimas.

2. Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn mantener reuniones peridicas con los organismos, instituciones y entidades relacionados en el apartado anterior, para optimizar la asistencia de las vctimas particulares, efectuando, en su caso, el seguimiento de las vctimas vulnerables y asegurando su papel de punto de acceso coordinador o ventanilla nica.

Artculo35. Actuaciones de los letrados de la Administracin de Justicia en cumplimiento del Estatuto de la vctima del delito.

En cumplimiento del artculo10 del Estatuto de la vctima del delito, los letrados de la Administracin de Justicia derivarn a las vctimas a las Oficinas de Asistencia a las Vctimas, en los trminos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en atencin a la gravedad del delito, vulnerabilidad de la vctima o en aquellos casos en los que la vctima lo solicite.

Artculo36. Coordinacin en grandes catstrofes.

En el caso de catstrofes o sucesos con vctimas mltiples que tengan su origen o causa en un hecho delictivo, las Oficinas de Asistencia a las Vctimas se coordinarn con el resto de instituciones competentes para garantizar la asistencia a las vctimas.

CAPTULO VII
Otras actuaciones de las oficinas
Artculo37. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas en materia de justicia restaurativa.

Las Oficinas de Asistencia a las Vctimas podrn realizar las siguientes actuaciones de justicia restaurativa:

a) Informar, en su caso, a la vctima de las diferentes medidas de justicia restaurativa.

b) Proponer al rgano judicial la aplicacin de la mediacin penal cuando lo considere beneficioso para la vctima.

c) Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediacin extrajudicial.

Artculo38. Informacin y asistencia sobre ejecucin penitenciaria.

Las Oficinas facilitarn a las vctimas informacin sobre la posibilidad de participar en la ejecucin penitenciaria, en los trminos previstos en el artculo13 del Estatuto de la vctima del delito, y realizarn las actuaciones de asistencia que resulten precisas para que la vctima pueda ejercer los derechos que la ley les reconoce en este mbito.

CAPTULO VIII
Las actuaciones de las oficinas para cumplir las funciones administrativas
Artculo39. Los datos estadsticos.

La recopilacin de los datos estadsticos deber incluir al menos:

a) El nmero de vctimas que han solicitado asistencia y las asistidas, distinguiendo entre adultos y menores, y el sexo.

b) Tipo de vctima por delito sufrido.

c) Tipo de asistencia y actuaciones realizadas.

d) Las derivaciones principalmente las de la polica y de los letrados de la Administracin de Justicia.

e) El nmero de vctimas que han sido derivadas a servicios de mediacin.

Artculo40. Otras actuaciones administrativas.

Las Oficinas realizarn un seguimiento de cada caso individual, que se documentar en los correspondientes archivos o registros. Asimismo realizarn una memoria anual de la que se dar traslado al Ministerio de Justicia, o en su caso, a las comunidades autnomas con competencia en la materia.

Disposicin adicional nica. Limitaciones presupuestarias.

1. La organizacin y funcionamiento del Consejo Asesor de Asistencia a las Victimas se atender con los medios personales, tcnicos y presupuestarios asignados a la Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia.

2. La entrada en vigor del presente real decreto no producir incremento del nmero de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal con impacto presupuestario.

Disposicin transitoria nica. Adaptacin de las relaciones de puestos de trabajo.

En tanto el Ministerio de Justicia proceda a la modificacin de las relaciones de puestos de trabajo de aquellas Oficinas de Asistencia a las Vctimas que, dentro de su mbito de competencia, estn insertas en la Oficina Judicial, las mismas funcionaran a efectos organizativos como unidades administrativas, en condiciones idnticas al resto de Oficinas dependientes del Ministerio.

Disposicin final primera. Ttulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artculo149.1.5. de la Constitucin Espaola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administracin de Justicia.

Se exceptan de lo anterior los artculos6,7 y8, que se dictan al amparo de la competencia exclusiva en materia de regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida al Estado por el artculo149.1.1. de la Constitucin Espaola, as como el artculo9, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de legislacin penal y procesal atribuida al Estado por el artculo149.1.6. de la Constitucin Espaola.

Disposicin final segunda. Habilitacin normativa.

Se faculta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones Pblicas para dictar, en el mbito de sus competencias, las normas necesarias para el desarrollo, cumplimiento y ejecucin de lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrar en vigor el da1 de enero de2016.

Dado en Madrid, el11 de diciembre de2015.

FELIPE R.

El Ministro de Justicia,

RAFAEL CATAL POLO

Análisis

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 11/12/2015
  • Fecha de publicación: 30/12/2015
  • Entrada en vigor: 1 de enero de 2016.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 14 de 16 de enero de 2016 (Ref. BOE-A-2016-389).
Referencias anteriores
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Asistencia social
  • Audiencia Nacional
  • Cdigo Penal
  • Consejos consultivos
  • Delitos
  • Derecho a la informacin
  • Derechos de los ciudadanos
  • Direccin General de Relaciones con la Administracin de Justicia
  • Ministerio de Justicia
  • Terrorismo
  • Traduccin e Interpretacin

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