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Documento BOE-A-2015-10726

Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizacin de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantas procesales.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

La propuesta de Cdigo Procesal Penal presentada por la Comisin Institucional para la elaboracin de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de2 de marzo de2012, actualmente sometido a informacin pblica y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantacin requiere un amplio consenso. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el mximo concierto posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgacin del nuevo texto normativo que sustituya a la ms que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En esta ley se regularn las cuestiones que no requieren desarrollo mediante ley orgnica, que tendrn una regulacin paralela en una norma con dicho rango, y que son las siguientes: a) la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilizacin de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas, b) la previsin de un procedimiento de decomiso autnomo, c) la instauracin general de la segunda instancia, d) la ampliacin del recurso de casacin y e) la reforma del recurso extraordinario de revisin.

II

Existen ciertas medidas, de sencilla implantacin, que permiten evitar dilaciones innecesarias, sin merma alguna de los derechos de las partes: a) la modificacin de las reglas de conexidad y su aplicacin al determinar la competencia de los tribunales; b) la reforma del rgimen de remisin por la Polica Judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; c) la fijacin de plazos mximos para la instruccin; y d) la regulacin de un procedimiento monitorio penal.

La reforma de las reglas de conexidad supone una racionalizacin de los criterios de conformacin del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido ms adecuado para su rpida y eficaz sustanciacin. Con ello se pretende evitar el automatismo en la acumulacin de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos. La acumulacin por conexin solo tiene sentido si concurren ciertas circunstancias tasadas que se expresan en el artculo17.1 y2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte ms aconsejable. Esta valoracin de la concurrencia de las reglas y condiciones de conexidad corresponde en exclusiva al juez instructor. La novedad de la reforma consiste en establecer que la simple analoga o relacin entre s no constituye una causa de conexin y solo se justifica la acumulacin cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, en su condicin de defensor de la legalidad y del inters pblico, el juez lo considere ms conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinacin de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilacin para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia. As, adems, se evitar el frecuente trasiego de causas entre distintos juzgados a la bsqueda del que deba conocer del asunto por una simple coincidencia de la persona a la que se atribuyen distintos delitos.

Tambin constituye una medida de agilizacin, sencilla de llevar a la prctica, la consistente en evitar el uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administracin de Justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido, pues dan lugar en los juzgados a innecesarias aperturas de diligencias que son de inmediato archivadas previo visto del Ministerio Fiscal. Se trata de un trabajo superfluo y perturbador. Para garantizar un adecuado control judicial basta con que dichos atestados sean conservados por la Polica Judicial a disposicin de jueces y fiscales. No obstante, la remisin a la autoridad judicial ser preceptiva en todo caso respecto a materias especialmente sensibles, como son los delitos contra la vida, contra la integridad fsica, contra la libertad e indemnidad sexuales o los delitos relacionados con la corrupcin. Debern tambin remitirse todos los atestados en los que, pasadas las primeras setenta y dos horas, la Polica Judicial practique cualquier diligencia tendente a la identificacin del autor, siempre que arroje algn resultado. Se trata de garantizar que no habr investigaciones autnomas de la polica, pero evitar tambin que todas las causas terminen recalando en los juzgados cuando no exista avance respecto de la situacin inicial.

Por otro lado, siguiendo la propuesta de la Comisin Institucional antes mencionada, para la finalizacin de la instruccin, se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes del artculo324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por plazos mximos realistas cuyo transcurso s provoca consecuencias procesales. Se distinguen los asuntos sencillos de los complejos, correspondiendo su calificacin inicial al rgano instructor. Se prev la posibilidad de la prrroga de estos ltimos a instancia del Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad ex artculo124 de la Constitucin, y en todo caso, odas las partes personadas, y, para todos los supuestos, de una prrroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas y odas las dems, con mucha flexibilidad, pero de forma que finalmente exista un lmite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir y haya de adoptarse la decisin que proceda, bien la continuacin del procedimiento ya en fase intermedia, bien el sobreseimiento de las actuaciones. Para la determinacin de los plazos ordinarios de seis y de dieciocho meses, segn se trate de un asunto sencillo o complejo, respectivamente, se ha tomado como referencia los plazos medios de duracin de la instruccin, tal y como se reflejan en los estudios estadsticos judiciales y fiscales. Se trata, pues, de plazos fiables en que las diligencias instructoras deben haber ya cumplido sus fines. No obstante, el sistema prev reglas de adecuacin de los plazos a la realidad de la instruccin, de modo que una causa inicialmente declarada sencilla pueda transformarse en compleja, y que situaciones como la declaracin del secreto de las actuaciones, lo que de hecho ocurrir en el supuesto de intervencin de las comunicaciones, no afecten al cmputo de los plazos, toda vez que en este caso se ver interrumpido. Otro tanto suceder si el instructor acuerda el sobreseimiento provisional al considerar que no puede avanzarse de forma positiva en la tramitacin de la causa por cualesquiera circunstancias. A modo de clusula de cierre de esta nueva regulacin se elimina cualquier riesgo de impunidad por el transcurso de los referidos plazos al excluirse que su agotamiento d lugar al archivo automtico de las actuaciones, fuera de los supuestos en que proceda el sobreseimiento libre o provisional de la causa.

Adicionalmente, como tambin propuso la Comisin, se establece el proceso por aceptacin de decreto. Se trata de un procedimiento monitorio penal que permite la conversin de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el encausado da su conformidad, con preceptiva asistencia letrada. Siguiendo un modelo de probado xito en el Derecho comparado, se instaura un mecanismo de aceleracin de la justicia penal que es sumamente eficaz para descongestionar los rganos judiciales y para dispensar una rpida respuesta punitiva ante delitos de escasa gravedad cuya sancin pueda quedar en multa o trabajos en beneficio de la comunidad, totalmente respetuoso con el derecho de defensa. El objetivo de esta reforma es el establecimiento de un cauce de resolucin anticipada de las causas penales para delitos de menor entidad, aplicable con independencia del procedimiento que les corresponda. Resulta, pues, aplicable tanto a los delitos leves como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su mbito material de aplicacin, a instancia del Ministerio Fiscal y antes de la conclusin de la fase de instruccin. Tambin responde a la posibilidad de culminar la fase de diligencias de investigacin del Ministerio Fiscal con una elevacin de las actuaciones al juzgado de instruccin que implique no ya la puesta en conocimiento del hecho sino, de facto, la solicitud de la sentencia y pena correspondiente. Su efectiva aplicacin implicar una reduccin significativa de las instrucciones y ulteriores juicios orales, lo que redunda tambin en beneficio del acortamiento de la denominada fase intermedia de los procedimientos.

III

La Directiva2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de3 de abril de2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unin Europea exige a los Estados miembros articular cauces para su implementacin, en especial para permitir la efectividad de las nuevas figuras de decomiso. Se regula as un proceso de decomiso autnomo que permita la privacin de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El procedimiento responde a un equilibrio entre la agilidad que le es propia y las garantas para las personas demandadas. Se ha optado por la remisin al procedimiento verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que contribuye a la seguridad jurdica. Se han incluido, no obstante, las especialidades propias del procedimiento en el articulado y un sistema de recursos basado en el procedimiento abreviado. Se prev adems la fase de ejecucin de los bienes decomisados, en la que la investigacin asociada ser dirigida por el Ministerio Fiscal, sin detrimento de las funciones investigadoras de ste en la fase prejudicial. Esta regulacin ha de ponerse en contexto con las modificaciones del decomiso que por su parte introduce la reforma del Cdigo Penal, y en concreto, como complemento de aquella, se ha previsto ahora la intervencin en el procedimiento de los terceros que puedan verse afectados por el decomiso. Sus derechos se garantizan no solo en este procedimiento, sino con la articulacin de un recurso de anulacin, por remisin nuevamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de que la resolucin se haya dictado sin considerar su condicin de interesado en la causa.

IV

Pese a que la Ley Orgnica del Poder Judicial establece las oportunas previsiones orgnicas para la generalizacin de la segunda instancia en el proceso penal, en desarrollo del derecho reconocido por el artculo14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, conforme al cual todo condenado por delito podr someter a revisin la causa ante un tribunal superior, la ausencia de regulacin procesal del recurso de apelacin contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previa celebracin de juicio ante dichos rganos judiciales, mantiene una situacin insatisfactoria que, al tener que compensarse con mayor flexibilidad en el entendimiento de los motivos del recurso de casacin, desvirta la funcin del Tribunal Supremo como mximo intrprete de la ley penal. Por ello, se procede a generalizar la segunda instancia, estableciendo la misma regulacin actualmente prevista para la apelacin de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado, si bien adaptndola a las exigencias tanto constitucionales como europeas. Se ha considerado oportuno completar la regulacin del recurso de apelacin con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoracin de la prueba como fundamento del recurso y al contenido de la sentencia que el rgano ad quem podr dictar en tales circunstancias, cuyo fin ltimo es ajustar la reglamentacin de esta materia a la doctrina constitucional y, en particular, a las exigencias que dimanan del principio de inmediacin. En relacin con lo primero, cuando la acusacin alegue este motivo como base de su recurso ya fuera a fin de anular una sentencia absolutoria, ya para agravar las condiciones fijadas en una condenatoria, deber justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la misma o su apartamiento manifiesto de las mximas de experiencia o la omisin de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas, siempre que fueran relevantes, o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente declarada. En esta tesitura, el tribunal de apelacin ver limitadas sus facultades a declarar la nulidad de la sentencia cuando fuera procedente, fijando el alcance de esa declaracin, esto es, si afecta exclusivamente a la resolucin del rgano a quo o si ha de extenderse al juicio oral y, en este ltimo caso, si debe darse una nueva composicin a ese rgano al objeto de garantizar su imparcialidad.

V

Junto con la reforma de la segunda instancia es necesario remodelar la casacin para conseguir que cumpla de forma eficaz su funcin unificadora de la doctrina penal. Actualmente un porcentaje limitado de delitos tiene acceso al recurso de casacin y, por consiguiente, su interpretacin unificadora se lleva a cabo por las Audiencias Provinciales, lo que no garantiza un tratamiento homogneo para toda Espaa. A esta realidad se unen las sucesivas reformas del Cdigo Penal, a impulsos de exigencias sociales, transposicin de directivas europeas o con motivo del cumplimiento de normativas internacionales, la ltima de las cuales en virtud de la Ley Orgnica1/2015, de30 de marzo, ha supuesto cambios profundos en la ley sustantiva. Ante esta situacin se haca imprescindible una reforma del mbito material del recurso de casacin para permitir que el Tribunal Supremo aportara la exigible uniformidad en tales materias.

Para hacer posible el acceso de los nuevos delitos al recurso de casacin la reforma contempla distintas medidas que actuarn como contrapesos para equilibrar el modelo y hacerlo plenamente viable. En primer lugar, se generaliza el recurso de casacin por infraccin de ley, si bien acotado al motivo primero del artculo849, y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad. En segundo lugar, se excluyen del recurso de casacin las sentencias que no sean definitivas, esto es, aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las resoluciones recadas en primera instancia, por considerarse que en estas situaciones la casacin se convertira en un trmite superfluo y dilatorio, sin que suponga sustraer la causa al conocimiento del Tribunal Supremo, toda vez que esta va impugnativa permanecer abierta una vez resueltas las causas de nulidad. Y, finalmente, se instituye la posibilidad de que el recurso pueda ser inadmitido a trmite mediante providencia sucintamente motivada por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de inters casacional, aunque exclusivamente cuando se trate de recursos interpuestos contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A efectos de determinar la existencia de ese inters casacional debern tomarse en consideracin diversos aspectos, entre otros, los siguientes: si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o si aplica normas que no lleven ms de cinco aos en vigor, siempre que, en este ltimo caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

De esa forma, existir doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en todas las materias, sustantivas, procesales y constitucionales.

VI

Por ltimo, la necesidad de establecer en el ordenamiento espaol un cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta ahora sin otra cobertura que la interpretacin jurisprudencial, impone la reforma de los motivos del recurso de revisin, en el marco de la mejora tcnica de los diversos supuestos y con inclusin tambin de la posibilidad de impugnacin de sentencias penales que puedan resultar contradictorias con la dictada posteriormente en otro orden jurisdiccional acerca de una cuestin prejudicial no devolutiva y de las sentencias dictadas en los procedimientos de decomiso autnomo en el caso de que la ulterior sentencia penal recada en el procedimiento principal no considerara acreditado el hecho delictivo que habilit el decomiso.

Artculo nico. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modifica en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el apartado3 del artculo14, que queda redactado del siguiente modo:

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley seale pena privativa de libertad de duracin no superior a cinco aos o pena de multa cualquiera que sea su cuanta, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean nicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duracin de stas no exceda de diez aos, as como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisin del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aqullos, el Juez de lo Penal de la circunscripcin donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripcin del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el mbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instruccin de Guardia del lugar de comisin del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los trminos establecidos en el artculo801, as como de los Juzgados de Instruccin competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptacin de decreto.

Dos. Se modifica el artculo17, que queda redactado del siguiente modo:

1. Cada delito dar lugar a la formacin de una nica causa.

No obstante, los delitos conexos sern investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigacin y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinacin de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilacin para el proceso.

2. A los efectos de la atribucin de jurisdiccin y de la distribucin de la competencia se consideran delitos conexos:

1. Los cometidos por dos o ms personas reunidas.

2. Los cometidos por dos o ms personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.

3. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecucin.

4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

5. Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.

6. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daos recprocos.

3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analoga o relacin entre s, cuando sean de la competencia del mismo rgano judicial, podrn ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigacin y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinacin de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilacin para el proceso.

Tres. Se modifica el artculo284, que queda redactado del siguiente modo:

1. Inmediatamente que los funcionarios de la Polica judicial tuvieren conocimiento de un delito pblico o fueren requeridos para prevenir la instruccin de diligencias por razn de algn delito privado, lo participarn a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la prctica de las diligencias de prevencin. En otro caso, lo harn as que las hubieren terminado.

2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Polica Judicial conservar el atestado a disposicin del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin envirselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad fsica, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupcin;

b) Que se practique cualquier diligencia despus de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y stas hayan tenido algn resultado; o

c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisin.

De conformidad con el derecho reconocido en el artculo6 de la Ley4/2015, de27 de abril, del Estatuto de la Vctima del delito, la Polica Judicial comunicar al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirn a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscala o el juzgado de instruccin.

3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relacin con el delito y se hallen en el lugar en que ste se cometi o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extendern diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasin en que se encontraren, que incluir una descripcin minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podr ser sustituida por un reportaje grfico. La diligencia ser firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.

4. La incautacin de efectos que pudieran pertenecer a una vctima del delito ser comunicada a la misma. La persona afectada por la incautacin podr recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instruccin de conformidad con lo dispuesto en el prrafo tercero del artculo334.

Cuatro. El primer prrafo del artculo295 queda redactado del siguiente modo:

En ningn caso los funcionarios de Polica Judicial podrn dejar transcurrir ms de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado2 del artculo284.

Cinco. Se suprime el artculo300.

Seis. Se modifica el artculo324, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Las diligencias de instruccin se practicarn durante el plazo mximo de seis meses desde la fecha del auto de incoacin del sumario o de las diligencias previas.

No obstante, antes de la expiracin de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podr declarar la instruccin compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigacin, sta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artculo.

2. Si la instruccin es declarada compleja el plazo de duracin de la instruccin ser de dieciocho meses, que el instructor de la causa podr prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prrroga deber presentarse por escrito, al menos, tres das antes de la expiracin del plazo mximo.

Contra el auto que desestima la solicitud de prrroga no cabr recurso, sin perjuicio de que pueda reproducirse esta peticin en el momento procesal oportuno.

Se considerar que la investigacin es compleja cuando:

a) recaiga sobre grupos u organizaciones criminales,

b) tenga por objeto numerosos hechos punibles,

c) involucre a gran cantidad de investigados o vctimas,

d) exija la realizacin de pericias o de colaboraciones recabadas por el rgano judicial que impliquen el examen de abundante documentacin o complicados anlisis,

e) implique la realizacin de actuaciones en el extranjero,

f) precise de la revisin de la gestin de personas jurdico-privadas o pblicas, o

g) se trate de un delito de terrorismo.

3. Los plazos previstos en este artculo quedarn interrumpidos:

a) en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duracin del mismo, o

b) en caso de acordarse el sobreseimiento provisional de la causa.

Cuando se alce el secreto o las diligencias sean reabiertas, continuar la investigacin por el tiempo que reste hasta completar los plazos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la prrroga prevista en el apartado siguiente.

4. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prrroga que hubiera sido acordada, si as lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las dems partes, podr fijar un nuevo plazo mximo para la finalizacin de la instruccin.

5. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes, en su caso, no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado anterior, no podrn interesar las diligencias de investigacin complementarias previstas en los artculos627 y780 de esta ley.

6. El juez concluir la instruccin cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Transcurrido el plazo mximo o sus prrrogas, el instructor dictar auto de conclusin del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolucin que proceda conforme al artculo779. Si el instructor no hubiere dictado alguna de las resoluciones mencionadas en este apartado, el Ministerio Fiscal instar al juez que acuerde la decisin que fuera oportuna. En este caso, el juez de instruccin deber resolver sobre la solicitud en el plazo de quince das.

7. Las diligencias de investigacin acordadas antes del transcurso de los plazos legales sern vlidas, sin perjuicio de su recepcin tras la expiracin de los mismos.

8. En ningn caso el mero transcurso de los plazos mximos fijados en este artculo dar lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artculos637 o641.

Siete. Se aade un prrafo tercero en el apartado2 del artculo790, que queda redactado del siguiente modo:

Cuando la acusacin alegue error en la valoracin de la prueba para pedir la anulacin de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, ser preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivacin fctica, el apartamiento manifiesto de las mximas de experiencia o la omisin de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Ocho. Se modifica el artculo792 que queda redactado del siguiente modo:

1. La sentencia de apelacin se dictar dentro de los cinco das siguientes a la vista oral, o dentro de los diez das siguientes a la recepcin de las actuaciones por la Audiencia cuando no hubiere resultado procedente su celebracin.

2. La sentencia de apelacin no podr condenar al encausado que result absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciacin de las pruebas en los trminos previstos en el tercer prrafo del artculo790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podr ser anulada y, en tal caso, se devolvern las actuaciones al rgano que dict la resolucin recurrida. La sentencia de apelacin concretar si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composicin del rgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.

3. Cuando la sentencia apelada sea anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, ordenar que se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido sera idntico no obstante la falta cometida.

4. Contra la sentencia dictada en apelacin solo cabr recurso de casacin en los supuestos previstos en el artculo847, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisin de sentencias firmes, o en el artculo siguiente para la impugnacin de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado. Cuando no se interponga recurso contra la sentencia dictada en apelacin los autos se devolvern al juzgado a los efectos de la ejecucin del fallo.

5. La sentencia se notificar a los ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa.

Nueve. Se introduce en el Libro IV un nuevo Ttulo III bis con la siguiente rbrica y contenido:

TTULO III bis
Proceso por aceptacin de decreto

Artculo803 bis a. Requisitos del proceso por aceptacin de decreto.

En cualquier momento despus de iniciadas diligencias de investigacin por la fiscala o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalizacin de la fase de instruccin, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podr seguirse el proceso por aceptacin de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos:

1. Que el delito est castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisin que no exceda de un ao y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artculo80 del Cdigo Penal, con o sin privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores.

2. Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores.

3. Que no est personada acusacin popular o particular en la causa.

Artculo803 bis b. Objeto.

1. El proceso por aceptacin de decreto dictado por el Ministerio Fiscal tiene por objeto una accin penal ejercitada para la imposicin de una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, de privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores.

2. Adems puede tener por objeto la accin civil dirigida a la obtencin de la restitucin de la cosa y la indemnizacin del perjuicio.

Artculo803 bis c. Contenido del decreto de propuesta de imposicin de pena.

El decreto de propuesta de imposicin de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendr el siguiente contenido:

1. Identificacin del investigado.

2. Descripcin del hecho punible.

3. Indicacin del delito cometido y mencin sucinta de la prueba existente.

4. Breve exposicin de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisin debe ser sustituida.

5. Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podr proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privacin del derecho a conducir vehculos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposicin de una pena inferior al lmite mnimo previsto en el Cdigo Penal.

6. Peticiones de restitucin e indemnizacin, en su caso.

Artculo803 bis d. Remisin al Juzgado de Instruccin.

El decreto de propuesta de imposicin de pena dictado por el Ministerio Fiscal se remitir al Juzgado de Instruccin para su autorizacin y notificacin al investigado.

Artculo803 bis e. Auto de autorizacin.

1. El Juzgado de Instruccin autorizar el decreto de propuesta de imposicin de pena cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artculo803 bis a.

2. Si el Juzgado de Instruccin no autoriza el decreto, ste quedar sin efecto.

Artculo803 bis f. Notificacin del auto y citacin de comparecencia.

1. Dictado auto de autorizacin del decreto por el Juzgado de Instruccin, lo notificar junto con el decreto al encausado, a quien citar para que comparezca ante el tribunal en la fecha y en el da que se seale.

2. En la notificacin del decreto se informar al encausado de la finalidad de la comparecencia, de la preceptiva asistencia de letrado para su celebracin y de los efectos de su incomparecencia o, caso de comparecer, de su derecho a aceptar o rechazar la propuesta contenida en el decreto. Tambin se le informar de que, en caso de no encontrarse defendido por letrado en la causa, debe asesorarse con un abogado de confianza o solicitar un abogado de oficio antes del trmino previsto en el artculo siguiente.

Artculo803 bis g. Solicitud de asistencia letrada.

Si el encausado carece de asistencia letrada se le designar abogado de oficio para su asesoramiento y asistencia.

Para que la comparecencia pueda celebrarse, la solicitud de designacin de abogado de oficio debe realizarse en el trmino de cinco das hbiles antes de la fecha para la que est sealada.

Artculo803 bis h. Comparecencia.

1. Para la aceptacin de la propuesta de sancin el encausado habr de comparecer en el juzgado de instruccin asistido de letrado.

2. Si el encausado no comparece o rechaza la propuesta del Ministerio Fiscal, total o parcialmente en lo relativo a las penas o a la restitucin o indemnizacin, quedar la misma sin efecto. Si el encausado comparece sin letrado, el juez suspender la comparecencia de acuerdo con lo dispuesto en el artculo746 y sealar nueva fecha para su celebracin.

3. En la comparecencia el juez, en presencia del letrado, se asegurar de que el encausado comprende el significado del decreto de propuesta de imposicin de pena y los efectos de su aceptacin.

4. La comparecencia ser registrada ntegramente por medios audiovisuales, documentndose conforme a las reglas generales en caso de imposibilidad material.

Artculo803 bis i. Conversin del decreto en sentencia condenatoria.

Si el encausado acepta en la comparecencia la propuesta de pena en todos sus trminos el Juzgado de Instruccin le atribuir el carcter de resolucin judicial firme, que en el plazo de tres das documentar en la forma y con todos los efectos de sentencia condenatoria, la cual no ser susceptible de recurso alguno.

Artculo803 bis j. Ineficacia del decreto de propuesta de pena.

Si el decreto de propuesta de pena deviene ineficaz por no ser autorizado por el Juzgado de Instruccin, por incomparecencia o por falta de aceptacin del encausado, el Ministerio Fiscal no se encontrar vinculado por su contenido y proseguir la causa por el cauce que corresponda.

Diez. Se introduce en el Libro IV un nuevo Ttulo III ter con la siguiente rbrica y contenido:

TTULO III ter
De la intervencin de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autnomo
CAPTULO I
De la intervencin en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso

Artculo803 ter a. Resolucin judicial de llamada al proceso.

1. El juez o tribunal acordar, de oficio o a instancia de parte, la intervencin en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente:

a) que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o encausado, o

b) que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que podran verse afectados por el mismo.

2. Se podr prescindir de la intervencin de los terceros afectados en el procedimiento cuando:

a) no se haya podido identificar o localizar al posible titular de los derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita, o

b) existan hechos de los que pueda derivarse que la informacin en que se funda la pretensin de intervencin en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o encausado o que actan en connivencia con l.

3. Contra la resolucin por la que el juez declare improcedente la intervencin del tercero en el procedimiento podr interponerse recurso de apelacin.

4. Si el afectado por el decomiso hubiera manifestado al juez o tribunal que no se opone al decomiso, no se acordar su intervencin en el procedimiento o se pondr fin a la que ya hubiera sido acordada.

5. En el caso de que se acordare recibir declaracin del afectado por el decomiso, se le instruir del contenido del artculo416.

Artculo803 ter b. Especialidades de la intervencin y citacin a juicio del tercero afectado.

1. La persona que pueda resultar afectada por el decomiso podr participar en el proceso penal desde que se hubiera acordado su intervencin, aunque esta participacin vendr limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situacin jurdica y no se podr extender a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado.

2. Para la intervencin del tercero afectado por el decomiso ser preceptiva la asistencia letrada.

3. El afectado por el decomiso ser citado al juicio de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En la citacin se indicar que el juicio podr ser celebrado en su ausencia y que en el mismo podr resolverse, en todo caso, sobre el decomiso solicitado.

El afectado por el decomiso podr actuar en el juicio por medio de su representacin legal, sin que sea necesaria su presencia fsica en el mismo.

4. La incomparecencia del afectado por el decomiso no impedir la continuacin del juicio.

Artculo803 ter c. Notificacin e impugnacin de la sentencia.

La sentencia en la que se acuerde el decomiso ser notificada a la persona afectada por el mismo aunque no hubiera comparecido en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado2 del artculo803 ter a. La persona afectada podr interponer contra la sentencia los recursos previstos en esta ley, aunque deber circunscribir su recurso a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situacin jurdica, y no podr extenderlo a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado.

Artculo803 ter d. Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso.

1. La incomparecencia del tercero afectado por el decomiso que fue citado de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendr como efecto su declaracin en rebelda. La rebelda del tercero afectado se regir por las normas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisin de la sentencia firme a instancia del rebelde, si bien, en caso de rescisin de la sentencia, la misma se limitar a los pronunciamientos que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situacin jurdica. En tal caso, se remitir certificacin al tribunal que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si es distinto al que hubiera dictado la sentencia rescindente y, a continuacin, se seguirn las reglas siguientes:

a) Se otorgar al tercero un plazo de diez das para presentar escrito de contestacin a la demanda de decomiso, con proposicin de prueba, en relacin con los hechos relevantes para el pronunciamiento que le afecte.

b) Presentado el escrito en plazo, el rgano jurisdiccional resolver sobre la admisibilidad de prueba mediante auto y, con arreglo a las normas generales, se sealar fecha para la vista, cuyo objeto se ceir al enjuiciamiento de la accin civil planteada contra el tercero o de la afeccin de sus bienes, derechos o situacin jurdica por la accin penal.

c) Frente a la sentencia se podrn interponer los recursos previstos en esta ley.

Si no se presenta escrito de contestacin a la demanda en plazo o el tercero no comparece en la vista debidamente representado se dictar, sin ms trmite, sentencia coincidente con la rescindida en los pronunciamientos afectados.

2. Los mismos derechos previstos en el apartado anterior se reconocen al tercero afectado que no hubiera tenido la oportunidad de oponerse al decomiso por desconocer su existencia.

CAPTULO II
Procedimiento de decomiso autnomo

Artculo803 ter e. Objeto.

1. Podr ser objeto del procedimiento de decomiso autnomo regulado en el presente Ttulo la accin mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artculo803 ter p.

2. En particular, ser aplicable este procedimiento en los siguientes casos:

a) Cuando el fiscal se limite en su escrito de acusacin a solicitar el decomiso de bienes reservando expresamente para este procedimiento su determinacin.

b) Cuando se solicite como consecuencia de la comisin de un hecho punible cuyo autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebelda o incapacidad para comparecer en juicio.

3. En el caso de reserva de la accin por el fiscal, el procedimiento de decomiso autnomo solamente podr ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme.

Artculo803 ter f. Competencia.

Ser competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autnomo:

a) el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia firme,

b) el juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida, o

c) el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando sta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el artculo803 ter e.

Artculo803 ter g. Procedimiento.

Sern aplicables al procedimiento de decomiso autnomo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el Ttulo III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sean contradictorias con las establecidas en este captulo.

Artculo803 ter h. Exclusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la accin.

La accin de decomiso en el procedimiento de decomiso autnomo ser ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

Artculo803 ter i. Asistencia letrada.

Sern aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos pudieren verse afectados por el decomiso las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada del encausado previstas en esta ley.

Artculo803 ter j. Legitimacin pasiva y citacin a juicio.

1. Sern citados a juicio como demandados los sujetos contra los que se dirija la accin por su relacin con los bienes a decomisar.

2. El encausado rebelde ser citado mediante notificacin dirigida a su representacin procesal en el proceso suspendido y la fijacin de edicto en el tabln de anuncios del tribunal.

3. El tercero afectado por el decomiso ser citado de conformidad con lo previsto en el apartado3 del artculo803 ter b.

Artculo803 ter k. Comparecencia del encausado rebelde o con la capacidad modificada judicialmente.

1. Si el encausado declarado rebelde en el proceso suspendido no comparece en el procedimiento autnomo de decomiso se le nombrar procurador y abogado de oficio que asumirn su representacin y defensa.

2. La comparecencia en el procedimiento de decomiso autnomo del encausado con la capacidad modificada judicialmente para comparecer en el proceso penal suspendido se regir por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artculo803 ter l. Demanda de solicitud de decomiso autnomo.

1. La demanda de decomiso autnomo se presentar por escrito que expresar en apartados separados y numerados:

a) Las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios.

b) El bien o bienes cuyo decomiso se pretende.

c) El hecho punible y su relacin con el bien o bienes.

d) La calificacin penal del hecho punible.

e) La situacin de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien.

f) El fundamento legal del decomiso.

g) La proposicin de prueba.

h) La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopcin para garantizar la efectividad del decomiso, si procede.

2. Admitida la demanda, el rgano competente adoptar las siguientes resoluciones:

1. Acordar o no las medidas cautelares solicitadas.

2. Notificar la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, a quienes otorgar un plazo de veinte das para personarse en el proceso y presentar escrito de contestacin a la demanda de decomiso.

3. Adoptadas las medidas cautelares, la oposicin, modificacin o alzamiento de las mismas y la prestacin de caucin sustitutoria se desarrollar de acuerdo con lo previsto en el Ttulo VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sea contradictorio con las normas establecidas en este captulo.

Artculo803 ter m. Escrito de contestacin a la demanda de decomiso.

1. El escrito de contestacin a la demanda de decomiso contendr, en relacin con los correlativos del escrito de demanda, las alegaciones de la parte demandada.

2. Si el demandado no interpusiera su escrito de contestacin en el plazo conferido o si desistiera del mismo, el rgano competente acordar el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos.

Artculo803 ter n. Resolucin sobre prueba y vista.

El rgano competente resolver sobre la prueba propuesta por auto, en el que sealar fecha y hora para la vista de acuerdo a las reglas generales. Esta resolucin no ser recurrible, aunque la solicitud de prueba podr reiterarse en el juicio.

Artculo803 ter o. Juicio y sentencia.

1. El juicio se desarrollar conforme a lo dispuesto en el artculo433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el juez o tribunal resolver mediante sentencia en el plazo de20 das desde su finalizacin, con alguno de los siguientes pronunciamientos:

1. Estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes.

2. Estimar parcialmente la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejarn sin efecto las medidas cautelares que hubieran sido acordadas respecto al resto de los bienes.

3. Desestimar la demanda de decomiso y declarar que no procede por concurrir alguno de los motivos de oposicin. En este caso, se dejarn sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas.

2. Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificar a los perjudicados y fijar las indemnizaciones que fueran procedentes.

3. El pronunciamiento en costas se regir por las normas generales previstas en esta ley.

Artculo803 ter p. Efectos de la sentencia de decomiso.

1. La sentencia desplegar los efectos materiales de la cosa juzgada en relacin con las personas contra las que se haya dirigido la accin y la causa de pedir planteada, consistente en los hechos relevantes para la adopcin del decomiso, relativos al hecho punible y la situacin frente a los bienes del demandado.

2. Ms all del efecto material de la cosa juzgada establecido en el apartado anterior, el contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autnomo no vincular en el posterior enjuiciamiento del encausado, si se produce.

En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitar ni ser objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autnomo.

3. A los bienes decomisados se les dar el destino previsto en esta ley y en el Cdigo Penal.

4. Cuando el decomiso se hubiera acordado por un valor determinado, se requerir a la persona con relacin a la cual se hubiera acordado para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine; o, en otro caso, designe bienes por un valor suficiente sobre los que la orden de decomiso pueda hacerse efectiva.

Si el requerimiento no fuera atendido, se proceder del modo previsto en el artculo siguiente para la ejecucin de la orden de decomiso.

Artculo803 ter q. Investigacin del Ministerio Fiscal.

1. El Ministerio Fiscal podr llevar a cabo, por s mismo, a travs de la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos o por medio de otras autoridades o de los funcionarios de la Polica Judicial, las diligencias de investigacin que resulten necesarias para localizar los bienes o derechos titularidad de la persona con relacin a la cual se hubiera acordado el decomiso.

Las autoridades y funcionarios de quienes el Ministerio Fiscal recabase su colaboracin vendrn obligadas a prestarla bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, salvo que las normas que regulen su actividad dispongan otra cosa o fijen lmites o restricciones que deban ser atendidos, en cuyo caso trasladarn al fiscal los motivos de su decisin.

2. Cuando el fiscal considere necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigacin que deba ser autorizada judicialmente, presentar la solicitud al juez o tribunal que hubiera conocido el procedimiento de decomiso.

3. Asimismo, el Ministerio Fiscal podr dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros pblicos y personas fsicas o jurdicas para que faciliten, en el marco de su normativa especfica, la relacin de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia.

Artculo803 ter r. Recursos y revisin de la sentencia firme.

1. Son aplicables en el procedimiento de decomiso autnomo las normas reguladoras de los recursos aplicables al proceso penal abreviado.

2. Son aplicables al procedimiento de decomiso autnomo las normas reguladoras de la revisin de sentencias firmes.

Artculo803 ter s. Incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado.

La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso autnomo se regir por lo dispuesto en el artculo803 ter d.

Artculo803 ter t. Acumulacin de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente en la causa seguida contra otro encausado.

En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente contine para el enjuiciamiento de uno o ms encausados, podr acumularse en la misma causa la accin de decomiso autnomo contra los primeros.

Artculo803 ter u. Presentacin de nueva solicitud de decomiso.

El Ministerio Fiscal podr solicitar al juez o tribunal que dicte una nueva orden de decomiso cuando:

a) se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inici el procedimiento de decomiso, y

b) no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos.

Once. Se introduce un nuevo artculo846 ter con el siguiente contenido:

1. Los autos que supongan la finalizacin del proceso por falta de jurisdiccin o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelacin ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio y ante la Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolvern las apelaciones en sentencia.

2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional se constituirn con tres magistrados para el conocimiento de los recursos de apelacin previstos en el apartado anterior.

3. Los recursos de apelacin contra las resoluciones previstas en el apartado1 de este artculo se regirn por lo dispuesto en los artculos790,791 y792 de esta ley, si bien las referencias efectuadas a los Juzgados de lo Penal se entendern realizadas al rgano que haya dictado la resolucin recurrida y las referencias a las Audiencias al que sea competente para el conocimiento del recurso.

Doce. Se modifica el artculo847, que queda redactado del siguiente modo:

1. Procede recurso de casacin:

a) Por infraccin de ley y por quebrantamiento de forma contra:

1. Las sentencias dictadas en nica instancia o en apelacin por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

2. Las sentencias dictadas por la Sala de Apelacin de la Audiencia Nacional.

b) Por infraccin de ley del motivo previsto en el nmero1. del artculo849 contra las sentencias dictadas en apelacin por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recadas en primera instancia.

Trece. Se modifica el artculo848, que quedar redactado del siguiente modo:

Podrn ser recurridos en casacin, nicamente por infraccin de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelacin por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalizacin del proceso por falta de jurisdiccin o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolucin judicial que suponga una imputacin fundada.

Catorce. Se adiciona un prrafo segundo en el artculo889, que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo889.

Para denegar la admisin del recurso ser necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad.

La inadmisin a trmite del recurso de casacin en el supuesto previsto en el artculo847.1.b) podr acordarse por providencia sucintamente motivada siempre que haya unanimidad por carencia de inters casacional.

Quince. Se modifica el artculo954, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Se podr solicitar la revisin de las sentencias firmes en los casos siguientes:

a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un documento o testimonio declarados despus falsos, la confesin del encausado arrancada por violencia o coaccin o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No ser exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripcin, rebelda, fallecimiento del encausado u otra causa que no suponga una valoracin de fondo.

b) Cuando haya recado sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricacin a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolucin recada en el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisin se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto.

c) Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recado dos sentencias firmes.

d) Cuando despus de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolucin o una condena menos grave.

e) Cuando, resuelta una cuestin prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolucin de la cuestin que resulte contradictoria con la sentencia penal.

2. Ser motivo de revisin de la sentencia firme de decomiso autnomo la contradiccin entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte.

3. Se podr solicitar la revisin de una resolucin judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolucin fue dictada en violacin de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violacin, por su naturaleza y gravedad, entrae efectos que persistan y no puedan cesar de ningn otro modo que no sea mediante esta revisin.

En este supuesto, la revisin slo podr ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deber formularse en el plazo de un ao desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.

Diecisis. Se modifica el apartado1 del artculo964, que queda redactado del siguiente modo:

1. En los supuestos no contemplados por el artculo962, cuando la Polica Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algn delito leve, formar de manera inmediata el correspondiente atestado que remitir sin dilacin al Juzgado de guardia salvo para aquellos supuestos exceptuados en el artculo284 de esta ley. Dicho atestado recoger las diligencias practicadas, as como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado conforme a los artculos109,110 y967, y la designacin, si disponen de ellos, de una direccin de correo electrnico y un nmero de telfono a los que sern remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les sern remitidas por correo ordinario al domicilio que designen.

Diecisiete. Se adiciona un nuevo prrafo al artculo985, que queda redactado del siguiente modo:

Artculo985.

La ejecucin de las sentencias en causas por delito corresponde al Tribunal que haya dictado la que sea firme.

La ejecucin de las sentencias recadas en el proceso por aceptacin de decreto, cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado.

Dieciocho. Se incorpora una nueva disposicin adicional quinta con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional quinta. Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos.

1. La Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos es el rgano administrativo al que corresponden las funciones de localizacin, recuperacin, conservacin, administracin y realizacin de efectos procedentes de actividades delictivas en los trminos previstos en la legislacin penal y procesal.

Cuando sea necesario para el desempeo de sus funciones y realizacin de sus fines, la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos podr recabar la colaboracin de cualesquiera entidades pblicas y privadas, que estarn obligadas a prestarla de conformidad con su normativa especfica.

2. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos con anterioridad a que se dicte resolucin judicial firme de decomiso se podrn gestionar a travs de la cuenta de depsitos y consignaciones judiciales cuando se trate del dinero resultante del embargo o la realizacin anticipada de los efectos. Para los restantes bienes, en atencin a las circunstancias, la Oficina podr gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislacin aplicable a las Administraciones Pblicas. Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarn a satisfacer los costes de gestin, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservar a resultas de lo que se disponga mediante resolucin judicial firme de decomiso.

Cuando recaiga resolucin judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos sern objeto de realizacin y la cantidad obtenida se aplicar en la forma prevista en el artculo367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, as como el producto obtenido por la gestin de los bienes durante el proceso, se transferir al Tesoro como ingreso de derecho pblico, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gestin de la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos, dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un50 por ciento a la satisfaccin de los fines sealados en el apartado siguiente. Estos ingresos generarn crdito en el presupuesto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

Los costes de gestin y los gastos previstos en los prrafos anteriores podrn estimarse de la forma en que se determine reglamentariamente.

3. Son fines propios de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperacin y Gestin de Activos como consecuencia de las resoluciones judiciales de decomiso los siguientes:

a) el apoyo a programas de atencin a vctimas del delito, incluido el impulso y dotacin de las Oficinas de Asistencia a las Vctimas,

b) el apoyo a los programas sociales orientados a la prevencin del delito y el tratamiento del delincuente,

c) la intensificacin y mejora de las actuaciones de prevencin, investigacin, persecucin y represin de delitos,

d) la cooperacin internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad,

e) y los que puedan determinarse reglamentariamente.

4. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ao se determinar el porcentaje objeto de afectacin a los fines sealados en esta disposicin. Los criterios para la distribucin de los recursos afectados sern fijados anualmente mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

Diecinueve. Se incorpora una nueva disposicin adicional sexta con la siguiente redaccin:

Disposicin adicional sexta. Procedimiento.

Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, los delitos que alternativa o conjuntamente estn castigados con una pena leve y otra menos grave se sustanciarn por el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el enjuiciamiento rpido de determinados delitos o por el proceso por aceptacin de decreto.

Disposicin adicional nica. Previsin de costes.

Las medidas incluidas en esta norma no podrn suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposicin transitoria nica. Legislacin aplicable.

1. Esta ley se aplicar a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

2. El artculo954 se aplicar tambin a las sentencias que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

El supuesto previsto en el apartado3 del artculo954 se aplicar a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adquieran firmeza tras su entrada en vigor.

3. El artculo324 se aplicar a los procedimientos que se hallen en tramitacin a la entrada en vigor de esta ley. A tales efectos, se considerar el da de entrada en vigor como da inicial para el cmputo de los plazos mximos de instruccin que se fijan en la presente ley.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin de normas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Hipotecaria.

Se modifica el prrafo sptimo del artculo20 de la Ley Hipotecaria, que queda redactado en los siguientes trminos:

No podr tomarse anotacin de demanda, embargo o prohibicin de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. En los procedimientos criminales y en los de decomiso podr tomarse anotacin de embargo preventivo o de prohibicin de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el encausado, hacindolo constar as en el mandamiento.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia que al Estado atribuye en exclusiva el artculo149.1.6. de la Constitucin Espaola en materia de legislacin procesal.

La disposicin final primera se dicta al amparo de las competencias exclusivas del artculo149.1.8. de la Constitucin Espaola en materia ordenacin de los registros e instrumentos pblicos.

Disposicin final tercera. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

Mediante esta ley se incorpora al Derecho espaol la Directiva2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de3 de abril de2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unin Europea.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor a los dos meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 5 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 05/10/2015
  • Fecha de publicación: 06/10/2015
  • Entrada en vigor: 6 de diciembre de 2015.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIN de errores con modificacin del art. nico, en BOE nm. 296, de 11 de diciembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-13433).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • los arts. 14, 17, 284, 295, 324, 790, 792, 847, 848, 889, 954, 964, 985, AADE los ttulos III bis y III ter al Libro IV, el art. 846 ter y las disposiciones adicionales 5 y 6 y SUPRIME el art. 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
    • el prrafo 7 del art. 20 de la Ley Hipotecaria, texto refundido aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1946-2453).
  • TRANSPONE la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril (Ref. DOUE-L-2014-80848).
Materias
  • Actos procesales
  • Delitos
  • Detencin
  • Embargos
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Hipoteca
  • Ministerio Fiscal
  • Penas
  • Polica Judicial
  • Prueba
  • Recursos procesales

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