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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 15 de octubre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Sector Público Autonómico, ejercicios 2008 y 2009,

ACUERDA:

1. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas asume el contenido del citado Informe.

Instar al Tribunal de Cuentas a:

2. Elaborar las instrucciones y directrices técnicas a las que se ha de atener el sector público autonómico a la hora de remitir sus datos al Tribunal de Cuentas a fin de que los análisis se puedan realizar de forma homogénea.

Instar a las Comunidades y Ciudades Autónomas a:

3. Cumplir con la obligación de rendir cuentas en el plazo y forma establecido, incluyendo la contabilidad analítica que permita analizar el rendimiento de los servicios públicos, poniendo así de manifiesto la eficiencia en la gestión de cada Comunidad Autónoma.

4. Reiterar la necesidad de una normativa autonómica suficiente de las Fundaciones Públicas y de los consorcios.

5. Exigir a los responsables de las entidades que conforman su correspondiente sector público el cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas individuales de cada ejercicio económico en plazo y forma, incluyendo todos los estados contables y la documentación prevista en la normativa reguladora.

6. Elaborar los correspondientes Presupuestos Generales, atendiendo adecuadamente a la viabilidad de los ingresos y la realidad de los gastos que se prevén para el ejercicio, a fin de evitar, en lo posible, los elevados porcentajes de modificaciones presupuestarias que se indican en el Informe del Tribunal de Cuentas; así como que incorporen a los mismos los objetivos e indicadores adecuados que permitan realizar un seguimiento de su grado de consecución y el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos.

7. En materia de ejecución presupuestaria, adoptar las medidas necesarias para una adecuada contabilización de los derechos y obligaciones y una correcta llevanza y actualización de los inventarios, a fin de reflejar con claridad la situación patrimonial de la Comunidad o Ciudad Autónoma.

8. Reforzar las medidas encaminadas a reducir su sector público, a través de procesos de fusión, absorción y, en su caso liquidación de entes públicos, especialmente aquellos con objetos y actividades coincidentes.

9. En el ámbito de la contratación administrativa, adoptar las medidas necesarias para que todos los órganos de contratación ajusten su actividad a los requisitos establecidos en la normativa de contratos del sector público y efectúen una rigurosa planificación y justificación de la necesidad de los contratos a celebrar, a fin de evitar, en lo posible, las sucesivas modificaciones de los contratos iniciales, así como las prórrogas injustificadas, como exige la correcta utilización de los recursos públicos.

10. En el ámbito de la contratación administrativa, concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, con objeto de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas, siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, conforme al principio de economía en la gestión de fondos públicos.

11. Promover las medidas oportunas para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, y,en relación con ello, en el supuesto de que no las hubieran adoptado, implanten medidas de un mayor rigor en la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento tanto directo de la Administración General como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector público autonómico.

12. En la gestión de las líneas de subvención, a efectos de mejorar el control interno, potenciar la definición de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos, la adopción de medidas correctoras en la desviación de la ejecución, y la justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la finalidad pública a que se destinan los recursos recibidos.

13. Racionalizar su sector público con estricto respeto a sus competencias.

Instar a las Universidades públicas para que en el futuro procedan a:

14. Aprobar sus presupuestos antes del inicio del ejercicio, a fin de evitar el comienzo de la gestión con presupuestos prorrogados del año anterior.

15. Elaborar con rigor sus presupuestos, incluyendo en ellos toda su actividad docente e investigadora para así evitar las relevantes modificaciones presupuestarias puestas de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas.

16. Elaborar los estudios pertinentes que permitan adecuar los recursos humanos a las necesidades reales del servicio público que prestan. A tales efectos deben coordinar su oferta a la demanda social y real de la enseñanza mediante la asignación eficiente de los recursos docentes, ajustando su capacidad productiva a la realidad de su demanda y de su capacidad financiera.

17. Dar la máxima transparencia respeto al porcentaje que cubren las tasas universitarias en el coste total para cada una de las enseñanzas, así como el porcentaje de los costes de cada centro universitario que queda cubierto con becas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.

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