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Documento BOE-A-2014-11713

Ley Orgnica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informacin de antecedentes penales y consideracin de resoluciones judiciales penales en la Unin Europea.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

PREMBULO

I

La cooperacin judicial de la Unin Europea se articula sobre la base de los principios bsicos de la armonizacin de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, como se proclama en los artculos 67 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea.

El principio de reconocimiento mutuo como pieza bsica de la cooperacin judicial civil y penal en la Unin Europea, ha supuesto una autntica revolucin en las relaciones de cooperacin entre los Estados miembros, al permitir que el reconocimiento y la ejecucin o cumplimiento de las resoluciones judiciales traspase las fronteras del Estado donde se dictaron, para ser efectiva en los dems Estados.

Este nuevo modelo de cooperacin judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Unin Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicacin directa entre las autoridades judiciales, lo que junto a otras medidas ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisin de las resoluciones judiciales. No obstante, las autoridades centrales de los Estados, fundamentalmente los distintos Ministerios de Justicia, prestan una valiosa ayuda al funcionamiento del sistema.

As se pone de manifiesto en las dos normas de la Unin Europea que son objeto de transposicin en esta Ley y que contribuyen a un mejor funcionamiento de las normas de reconocimiento mutuo, a las que complementan. Se trata de la Decisin Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideracin de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unin Europea con motivo de un nuevo proceso penal y de la Decisin Marco 2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organizacin y al contenido del intercambio de informacin de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros. En este sentido, el programa de medidas destinado a poner en prctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal contemplaba la necesidad de adoptar uno o varios instrumentos que garantizasen que la autoridad judicial de un Estado miembro pudiera tener en cuenta las resoluciones penales definitivas dictadas en los dems.

II

La Ley se inicia con un ttulo preliminar que contiene su objeto y su rgimen jurdico, en el que destaca el papel que juegan aqu los Convenios bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros, que contribuyen a un mejor funcionamiento de los registros de antecedentes penales. A continuacin, la Ley se estructura en otros dos ttulos que se dedican, respectivamente, a regular el rgimen aplicable al intercambio de informacin sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de la Unin Europea y a la consideracin de resoluciones judiciales condenatorias previas dictadas en otros Estados miembros de la Unin Europea. Estas normas se coordinan con la reforma del Cdigo Penal para que los efectos de la reincidencia sean aplicables en las mismas condiciones cuando la sentencia condenatoria haya sido dictada en Espaa o en cualquier otro Estado miembro de la Unin Europea.

III

La presente Ley viene a dotar de mayor seguridad jurdica una actuacin que, en el marco de la cooperacin judicial de la Unin Europea, ya se viene desarrollando por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, como autoridad competente para la remisin y la peticin de la informacin relativa a los antecedentes penales. El Registro espaol ya particip, primero, en el proyecto piloto Red de registros judiciales, a travs del cual varios Estados de la Unin Europea intercambiaban informacin sobre antecedentes penales electrnicamente. Esta red ha sido sustituida por el Sistema Europeo de Informacin de Antecedentes Penales (ECRIS), creado por la Decisin 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, la cual se dict precisamente en aplicacin del artculo 11 de la Decisin Marco 2008/315/JAI, que se incorpora en esta Ley. En la prctica, ECRIS es un sistema electrnico de interconexin de las bases de datos de los registros de antecedentes penales de todos los Estados miembros, en el que stos intercambian informacin sobre condenas de una manera rpida, uniforme y fcilmente transferible por ordenador. Un sistema que ya permite a Jueces y fiscales acceder fcilmente a una informacin completa sobre el historial delictivo de cualquier ciudadano de la Unin Europea, con independencia del pas europeo en el que hubiera sido condenado.

Estas garantas se complementan a travs del ttulo I de esta Ley con normas que aseguren la eficacia de la cooperacin entre las autoridades competentes de los distintos Estados, como se manifiesta en las normas que establecen la propia obligacin de informar de las condenas, el contenido de esa informacin o los plazos en los que ha de practicarse.

Todas estas normas se concentran, en su aplicacin en Espaa, en el Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia. De acuerdo con las normas objeto de transposicin, la informacin que trasladarn al Registro espaol es la que se refiere a condenas impuestas a espaoles o a personas que hubieran residido en Espaa, por los Tribunales de otro Estado miembro. Hay normas especficas en lo que se refiere a las condenas impuestas a menores y reglas de acuerdo con las cuales unos antecedentes pueden tenerse por cancelados a efectos de su toma en consideracin por Jueces y Tribunales, pero mantenerse para retransmitirse a otros Estados, de acuerdo con lo que comunique la autoridad central del Estado de condena.

Del mismo modo, el Registro Central de Penados informar de las condenas dictadas en Espaa a las autoridades centrales de los Estados de la nacionalidad del condenado, as como las modificaciones de las mismas o su cancelacin, impidiendo su utilizacin fuera de un proceso penal.

Se ha de destacar que las peticiones de antecedentes a las autoridades competentes de otros Estados por parte del Registro Central de Penados se produce a instancias de Jueces y fiscales en el marco de un proceso penal, as como en los dems supuestos previstos por el ordenamiento jurdico.

IV

La regulacin del ttulo II de esta Ley supone la consagracin del principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unin Europea mediante su toma en consideracin en procesos posteriores derivados de la comisin de nuevos delitos. Ello significa que, al igual que ocurre con las condenas anteriores pronunciadas en Espaa, las que se dicten en otros Estados miembros debern ser tenidas en cuenta tanto durante el proceso, como en la fase previa al mismo y en la de ejecucin de la condena. Esa toma en consideracin queda limitada en sus efectos a los que hubiera tenido una condena dictada en Espaa y, adems, sujeta al requisito de que la condena en otro Estado miembro hubiera sido impuesta por hechos que fueran punibles de conformidad con la ley espaola vigente a la fecha de su comisin.

El reconocimiento de efectos alcanza no solamente al momento de imposicin de la pena, sino que se extiende a las resoluciones que deban adoptarse en la fase de investigacin del delito o en la de la ejecucin de la pena, por ejemplo, cuando se resuelva sobre la prisin preventiva de un sospechoso, sobre la cuanta de su fianza, la determinacin de la pena, la suspensin de la ejecucin de una pena o la revocacin de la misma, o la concesin de la libertad condicional.

Junto a este principio general, con el propsito de reforzar la seguridad jurdica, la Ley enumera, en lnea con las previsiones o facultades previstas en la Decisin Marco, los supuestos en los que tales condenas no pueden ser tomadas en consideracin: a efectos de la revisin de las condenas que ya hubieran sido impuestas con anterioridad en Espaa o de las resoluciones dictadas para dar inicio a su ejecucin; a efecto de las condenas que eventualmente se impongan con posterioridad en Espaa por delitos que se hubieran cometido antes de que se hubiera impuesto la condena anterior por el otro Estado miembro; as como en relacin con las resoluciones sobre fijacin de los lmites de cumplimiento de la pena que se dicten conforme al artculo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando incluyan alguna de esas condenas.

Asimismo, la firmeza de esas condenas impuestas en otros Estados constituye otra garanta ineludible, que impide que, en su defecto, se puedan tomar en consideracin.

Por lo que respecta a la forma de recabar la informacin relativa a las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados, el Juez o Tribunal obtendr la informacin mediante el intercambio de informacin sobre antecedentes penales o a travs de los instrumentos de asistencia judicial vigentes. De este modo, el Registro Central de Penados se constituye de nuevo en un instrumento fundamental de apoyo a la labor de los Tribunales. Slo cuando la informacin obtenida por estas vas fuera suficiente podr ser tomada en consideracin por el Juez o Tribunal competente.

En definitiva, el carcter instrumental de esta Ley dentro del mbito de la cooperacin judicial en la Unin Europea supone incrementar su eficacia y con ello la seguridad de los ciudadanos dentro del Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia a travs del intercambio de informacin sobre las condenas penales entre Estados miembros.

TTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto de la ley.

Esta Ley tiene por objeto regular el rgimen aplicable al intercambio de informacin sobre antecedentes penales de las personas fsicas entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unin Europea y a la consideracin en los procesos penales tramitados en Espaa de resoluciones condenatorias definitivas y firmes dictadas por un rgano jurisdiccional penal por la comisin de un delito con anterioridad contra las mismas personas fsicas en otros pases Estados miembros de la Unin Europea.

Artculo 2. Rgimen jurdico aplicable.

La cooperacin entre las autoridades espaolas y las de los dems Estados miembros de la Unin Europea, a los efectos sealados en el artculo anterior, se regir por esta Ley, as como por lo dispuesto en los Convenios bilaterales o multilaterales con otros Estados miembros, en los protocolos o Convenios que los modifiquen o sustituyan, y en aquellas normas directamente aplicables de la Unin Europea en materia de cooperacin judicial penal.

TTULO I
Intercambio de informacin sobre antecedentes penales
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 3. Autoridad competente en Espaa para remitir y recibir informacin sobre antecedentes penales.

En Espaa, la autoridad central competente para remitir y recibir la informacin de las notas de condena de antecedentes penales por la comisin de infracciones penales es el Registro Central de Penados.

Artculo 4. Procedimiento de intercambio de informacin sobre antecedentes penales.

1. El intercambio de informacin relativa a los antecedentes penales entre el Registro Central de Penados de Espaa y las autoridades centrales de los restantes pases miembros se realizar por va electrnica, de acuerdo con un conjunto comn de protocolos informticos y en base a una infraestructura comn de comunicaciones.

2. Cuando no sea posible utilizar el procedimiento previsto en el apartado anterior, la informacin se intercambiar a travs del formulario que figura en el anexo de esta Ley, por cualquier medio que deje constancia escrita, en condiciones que permitan establecer su autenticidad.

El formulario se traducir a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado al que se dirige o, en su caso, a una de las lenguas oficiales acordadas por dicho Estado.

CAPTULO II
Notificaciones de sentencias condenatorias firmes entre los Estados miembros de la Unin Europea
Artculo 5. Notas de condena relativas a espaoles derivadas de sentencias firmes dictadas en otros Estados miembros.

1. El Registro Central de Penados inscribir las notas de condena transmitidas como firmes que, por considerar que se refiere a una persona con nacionalidad espaola, le hayan sido remitidas por la autoridad central del Estado miembro de condena. Si el Registro Central de Penados tuviera constancia cierta de que la notificacin se refiere a una persona que no tiene la nacionalidad espaola la rechazar, salvo que dicha persona hubiera sido condenada en Espaa con anterioridad, fuera o hubiera sido residente en Espaa o hubiera tenido la nacionalidad espaola.

Cuando la notificacin se refiera a menores de edad penal de acuerdo con la legislacin del Estado de condena o la legislacin nacional, slo se tendrn en cuenta a efectos de su transmisin a otros Estados miembros.

2. El Registro Central de Penados modificar o cancelar la informacin a que se refiere el apartado anterior cuando as se lo comunique la autoridad central del Estado miembro de condena.

La cancelacin significar la eliminacin fsica de los antecedentes cuando as lo comunique la autoridad central del Estado de condena.

Artculo 6. Obligacin de informacin sobre las condenas pronunciadas en Espaa.

1. El Registro Central de Penados informar sobre las condenas pronunciadas en Espaa a la autoridad central del Estado de la nacionalidad del condenado, advirtiendo que tal informacin no podr ser retransmitida para su utilizacin fuera de un proceso penal.

Cuando el condenado tenga la nacionalidad de varios Estados miembros, la informacin habr de transmitirse a cada uno de ellos.

2. El Registro Central de Penados comunicar a la autoridad competente del Estado miembro de la nacionalidad del condenado las posteriores modificaciones o cancelaciones de la informacin que consten en el mismo.

Artculo 7. Contenido de la informacin.

1. Salvo en caso de desconocimiento, la informacin que el Registro Central de Penados remita de oficio, como autoridad del Estado de condena, a las autoridades competentes de los Estados miembros de la nacionalidad del condenado incluir:

a) Informacin sobre el condenado: Nombre y apellidos y, en su caso, nombres anteriores y alias, fecha y lugar de nacimiento (ciudad y Estado), nombre de los padres, sexo, nacionalidad y documento de identidad.

b) Informacin sobre el carcter de la condena: Fecha de la sentencia, fecha de firmeza de la sentencia, rgano judicial sentenciador y rgano judicial de ejecucin de la sentencia, en su caso.

c) Informacin sobre el delito que dio lugar a la condena: Delito o delitos y precepto penal aplicado, fecha y lugar, si constase, de comisin del delito.

d) Informacin sobre el contenido de la condena: Pena o penas principales y accesorias, medidas de seguridad y resoluciones posteriores que modifiquen la ejecucin de la pena.

2. El Registro Central de Penados podr, adems, proporcionar informacin relativa a impresiones dactilares obtenidas y cualquier otra relativa a la condena que constase en el mismo.

Artculo 8. Plazos para las notificaciones.

Las notificaciones de las condenas penales relativas a nacionales de los pases miembros de la Unin Europea dictadas por los Jueces y Tribunales espaoles se comunicarn cuanto antes y como mximo en el plazo de dos meses contados a partir del momento en que hayan sido remitidas al Registro Central de Penados.

CAPTULO III
Informacin sobre antecedentes penales a peticin de una autoridad central
Artculo 9. Informacin sobre antecedentes penales.

La informacin sobre antecedentes penales comprende la que consta en el Registro Central de Penados, de acuerdo con sus normas reguladoras, con exclusin de las notas canceladas.

Cuando se trate de nacionales de otros Estados miembros o personas que hayan tenido residencia o nacionalidad en los mismos, la informacin comprender adems las anotaciones que constan en los registros nacionales correspondientes, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurdicos, por las que se condene a personas fsicas por la comisin de infracciones penales.

Cuando se trate de nacionales de terceros pases, o personas que hayan tenido residencia o nacionalidad en los mismos, la informacin comprender adems las anotaciones sobre condenas remitidas por las autoridades correspondientes, en virtud de Convenio.

Artculo 10. Consultas sobre antecedentes penales.

1. El Registro Central de Penados podr consultar a la autoridad central de otro Estado miembro sobre antecedentes penales relativos a una persona cuando se requieran en el marco de un proceso penal o con cualquier otro fin vlido en el ordenamiento jurdico espaol.

2 Cuando el Estado requerido deniegue una informacin por no ser el Estado de condena y ste hubiera prohibido su retransmisin para fines al margen de un proceso penal, el Registro Central de Penados solicitar del Estado de condena la informacin de que se trate.

3. Cuando un ciudadano interesado solicite la emisin de un certificado de antecedentes penales en Espaa, deber hacer constar si tiene o ha tenido nacionalidad o residencia en otro Estado miembro. En este caso, el Registro Central de Penados solicitar a la autoridad central correspondiente que proporcione la informacin que pueda tener sobre dicha persona al objeto de completar su informacin.

Artculo 11. Respuesta a consultas formuladas por la autoridad central de otros Estados miembros.

1. El Registro Central de Penados responder a las consultas que se formulen por la autoridad central de otro Estado, incluyendo:

a) Las notas de condena no canceladas dictadas por Tribunales espaoles.

b) Las notas de condena dictadas por Tribunales extranjeros sobre las que no se haya comunicado su cancelacin.

2. En caso de que la consulta no se formule en el marco de un procedimiento penal, la respuesta comprender toda la informacin disponible en la medida en que puedan obtenerla las autoridades espaolas y la autoridad central del Estado que solicita la informacin deber hacer constar que cuenta con el consentimiento del interesado, salvo en los casos en los que, de acuerdo con la legislacin espaola, la obligacin de aportar el certificado de antecedentes penales venga establecida por norma con rango de ley.

Si existiera informacin procedente de otros Estados miembros y hubiera sido remitida como no retransmisible fuera del marco de un proceso penal, el Registro Central de Penados informar de este hecho a la autoridad central correspondiente.

Artculo 12. Plazos de respuesta.

La informacin sobre antecedentes penales a peticin de una autoridad central de otro Estado miembro deber ser respondida respetando los siguientes plazos:

a) Diez das hbiles desde la fecha de recepcin de la consulta, cuando la autoridad competente de un Estado miembro solicite al Registro Central de Penados informacin sobre los antecedentes penales de un condenado para su uso en un proceso penal o para cualquier otro fin.

En el caso de que el Registro Central de Penados necesite informacin adicional para identificar a la persona a la que se refiere la solicitud, podr consultar al Estado miembro requirente, respondiendo en todo caso en el plazo de diez das hbiles desde que le fuera proporcionada la nueva informacin solicitada.

b) Veinte das hbiles desde la fecha de recepcin de la consulta, cuando a partir de la solicitud de un particular sobre sus antecedentes penales, la autoridad competente de un Estado miembro solicite al Registro Central de Penados informacin sobre los antecedentes penales de un condenado que sea o haya sido espaol o residente en Espaa.

Artculo 13. Condiciones de uso de los datos solicitados.

1. Los datos personales incluidos en la respuesta enviadas por otro Estado miembro sobre los antecedentes penales de una persona, slo podrn ser utilizados para los fines con que fueron solicitados y no sern conservados en el Registro Central de Penados, salvo que la solicitud haya sido realizada por el propio Registro Central de Penados para actualizar debidamente la informacin registrada, haciendo constar este propsito en la solicitud.

2. La informacin remitida a otros Estados no miembros de la Unin Europea de acuerdo con los Convenios y Tratados internacionales suscritos por Espaa, en relacin con los antecedentes penales de un condenado de nacionalidad espaola, deber tener en cuenta, en relacin con las notas de condena que le hayan transmitido otros Estados miembros, los lmites previstos para la transmisin de informacin entre Estados miembros.

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los datos de carcter personal comunicados al Registro Central de Penados por otro Estado miembro podrn ser utilizados para la proteccin del orden pblico o de la seguridad nacional en casos de amenaza inminente y grave.

TTULO II
Consideracin de resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados miembros de la Unin Europea
Artculo 14. Efectos jurdicos de las resoluciones condenatorias anteriores sobre el nuevo proceso penal.

1. Las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros contra la misma persona por distintos hechos surtirn, con motivo de un nuevo proceso penal, los mismos efectos jurdicos que hubieran correspondido a tal condena si hubiera sido dictada en Espaa, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se hubieran impuesto por hechos que fueran punibles de conformidad con la ley espaola vigente a la fecha de su comisin.

b) Que se haya obtenido informacin suficiente sobre dichas condenas a travs de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de informacin extrada de los registros de antecedentes penales.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros no tendrn ningn efecto, ni tampoco podrn provocar su revocacin o revisin:

a) Sobre las sentencias firmes dictadas con anterioridad a aqullas por los Jueces o Tribunales espaoles, ni sobre las resoluciones adoptadas para la ejecucin de las mismas.

b) Sobre las sentencias de condena que se impongan en procesos posteriores seguidos en Espaa por delitos cometidos antes de que se hubiera dictado sentencia de condena por los Tribunales del otro Estado miembro.

c) Sobre los autos dictados o que deban dictarse, conforme a lo dispuesto en el prrafo tercero del artculo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fijen los lmites de cumplimiento de penas entre las que se incluya alguna de las condenas a que se refiere la letra b).

3. Los antecedentes penales que consten en el Registro Central se tendrn por cancelados, aunque procedan de condenas dictadas en otros Estados, a efectos de su toma en consideracin en Espaa por los Jueces y Tribunales de acuerdo con el Derecho espaol, a menos que antes se comunique su cancelacin por el Estado de condena.

Artculo 15. Solicitud de antecedentes penales de otros Estados para su consideracin en un nuevo proceso penal.

El Juez o Tribunal o el Ministerio Fiscal obtendrn la informacin relativa a las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados mediante el intercambio de informacin sobre antecedentes penales o a travs de los instrumentos de asistencia judicial vigentes.

A estos efectos, cuando se trate de nacionales de otros Estados miembros de la Unin Europea o ciudadanos que hayan tenido residencia o nacionalidad en otro Estado, o nacionales de otros Estados con los que se haya suscrito el correspondiente Convenio de cooperacin, el Juez o Tribunal o el Ministerio Fiscal recabarn de oficio los antecedentes penales de los imputados.

Disposicin adicional nica. Condenas anteriores al 15 de agosto de 2010.

En ningn caso sern tenidas en cuenta para la aplicacin de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unin Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010.

Disposicin final primera. Preceptos no orgnicos.

Los preceptos comprendidos en el ttulo I de esta Ley no tienen naturaleza orgnica.

Disposicin final segunda. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo 149.1.6. de la Constitucin, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislacin penal y procesal.

Disposicin final tercera. Incorporacin de Derecho de la Unin Europea.

Mediante esta Ley se incorporan al Derecho espaol:

a) La Decisin Marco 2008/675/JAI, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideracin de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unin Europea con motivo de un nuevo proceso penal.

b) La Decisin Marco 2008/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organizacin y al contenido del intercambio de informacin de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 12 de noviembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Formulario para el intercambio de informacin de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros

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Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 12/11/2014
  • Fecha de publicación: 13/11/2014
  • Entrada en vigor: 3 de diciembre de 2014.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCION de erratas en BOE nm. 276, de 14 de noviembre de 2014 (Ref. BOE-A-2014-11756).
Referencias anteriores
Materias
  • Antecedentes penales
  • Cooperacin judicial internacional
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Formularios administrativos
  • Informacin
  • Registro Central de Penados y Rebeldes
  • Unin Europea

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