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Documento BOE-A-2013-5670

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccin y uso sostenible del litoral y de modificacin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La Constitucin Espaola proclama, como principio rector de la poltica social y econmica, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona as como el deber de conservarlo. En el caso del litoral, entendido como la franja de terreno en la que se encuentra el mar con la tierra, este derecho queda reforzado por la propia Constitucin al establecer que la zona martimo-terrestre, las playas y el mar territorial sern en todo caso dominio pblico.

En consecuencia, la proteccin de la costa espaola constituye un deber inexcusable para los poderes pblicos, y tambin para los ciudadanos y la sociedad en general. El valor ambiental de la costa es connatural a ella, destacando su riqueza y diversidad biolgica. Adems, nuestro litoral se caracteriza por ser una de las zonas ms densamente pobladas, en las que se concentra buena parte de la actividad turstica y de la relacionada con los cultivos marinos, lo que hace que sea un recurso estratgico de crucial importancia para el pas.

El reto que hoy debe encarar nuestra legislacin de costas es conseguir un equilibrio entre un alto nivel de proteccin y una actividad respetuosa con el medio. El desarrollo sostenible se alimenta de la relacin recproca entre la actividad econmica y la calidad ambiental. Un litoral que se mantenga bien conservado contribuye al desarrollo econmico y los beneficios de este redundan, a su vez, en la mejora medioambiental. No se trata de una disyuntiva que nos obligue a emprender una direccin y abandonar la otra, sino todo lo contrario, el camino es nico. Para transitarlo con xito, nuestro marco normativo debe ser revisado.

El legislador de 1988 opt porque los efectos de sus disposiciones, que introducan notables cambios en relacin con el rgimen anterior, no fuesen inmediatos sino que se demorasen en el tiempo. Entre tanto, y precisamente en atencin a ese horizonte temporal declinante, la aplicacin de la norma ha dado lugar a una litigiosidad crnica. Y en no pocos supuestos, ni siquiera ha llegado a aplicarse, tolerndose situaciones inaceptables medioambientalmente que an no han sido resueltas. Tanto la aplicacin conflictiva como la inaplicacin o incluso la impotencia de la norma para imponerse sobre realidades sociales consolidadas son la prueba de que aquella concepcin debe ser corregida.

Frente a esta situacin, la presente reforma proporciona seguridad jurdica estableciendo un marco en el que las relaciones jurdicas en el litoral puedan tener continuidad a largo plazo. Al mismo tiempo se garantiza el mantenimiento de la integridad del dominio pblico martimo-terrestre, a travs de reglas claras que puedan ser aplicadas. La proteccin de nuestra costa solo podr ser si es capaz de acabar, de forma real y efectiva con las situaciones irregulares que todava perviven en ella. Para lograrlo es necesario aislar aquellos supuestos que suponen una grave amenaza a la sostenibilidad del litoral, y as, se podr actuar sobre ellos con toda resolucin.

La reforma respeta el complejo reparto competencial que se da sobre el litoral, de acuerdo con la interpretacin que el Tribunal Constitucional ha hecho, entre otras, en su sentencia nm. 149/1991, de 4 de julio. El Estado asume la funcin de garante de la proteccin y defensa del demanio martimo-terrestre, de acuerdo con el artculo 132.2 de la Constitucin. Y dispone de dos ttulos competenciales generales para dictar esta norma, a saber, el relativo a la regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artculo 149.1.1.), as como el que le atribuye la competencia para dictar la legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente (artculo 149.1.23.).

La ley se estructura en dos grandes bloques, el primero implica una modificacin parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el segundo establece el nuevo rgimen de prrroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislacin anterior, y un conjunto heterogneo de disposiciones que complementan a la modificacin de la Ley de Costas. En definitiva, constituye un todo integrado que se orienta a garantizar la proteccin del litoral y otorgar seguridad jurdica.

II

El litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que precisa proteccin, lograrla es un objetivo fundamental de esta reforma. Por eso, la ley refortalece los mecanismos de proteccin, tanto en su vertiente preventiva como defensiva.

En materia de proteccin preventiva se prev que mediante el desarrollo reglamentario se intensifique la proteccin de determinados espacios, y de otro lado se instauran mecanismos de control ambiental condicionantes de las actividades y usos que se desarrollan en el dominio pblico y en la zona de servidumbre de proteccin.

En relacin con el uso de las playas, se determina que el posterior desarrollo reglamentario establezca un rgimen diferenciado para los tramos de playa urbanos –los contiguos con suelos urbanizados– y para los tramos de playa naturales –los contiguos a espacios protegidos o suelo rural–, determinando que respecto de estos ltimos se imponga un nivel de proteccin alto y se restrinjan las ocupaciones. Resulta clave mantener en su estado natural a aquellas playas distantes de los ncleos urbanos y preservar el uso comn en las playas urbanas.

Las medidas que introduce la presente reforma se acompaan de un control administrativo ambiental, que evite que sean desvirtuadas y asegure que sean respetuosas con el medio ambiente. De este modo, la prrroga de las concesiones existentes queda sometida a un informe ambiental que deber determinar los efectos que la ocupacin tiene para el medio ambiente, y en los casos que proceda, explicitar las condiciones que sean precisas para garantizar la correcta proteccin del dominio pblico martimo-terrestre.

Con esta misma finalidad, la ley introduce criterios de eficiencia energtica y ahorro de agua en las obras de reparacin, mejora, consolidacin y modernizacin que se permiten realizar en los inmuebles que ocupan la zona de servidumbre de proteccin y el dominio pblico. El cumplimiento de esta exigencia podr, con carcter general, ser acreditada a travs de una declaracin responsable. Se prefiere este medio a la autorizacin autonmica, para evitar que se yuxtaponga a la licencia urbanstica y se reduzcan las cargas administrativas, sin menoscabo del inters ambiental a proteger.

La eficacia en la proteccin y defensa del dominio pblico martimo-terrestre impone que se establezca como obligatoria la inscripcin de estos bienes. Se sigue as el criterio general establecido por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Pblicas, con el propsito de lograr la concordancia entre la realidad fsica de la costa y el Registro de la Propiedad.

A la vista de la experiencia y con el propsito de que la Administracin General del Estado pueda de modo efectivo evitar que en el litoral se consumen irregularidades administrativas que afecten a su integridad, se introduce el siguiente mecanismo reactivo. La Administracin General del Estado podr suspender en va administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio pblico martimo-terrestre o de la servidumbre de proteccin. Se trata de posibilitar una actuacin cautelar rpida y eficaz que evite la ejecucin de un acto ilegal, sin perjuicio de que en el plazo de diez das deba recurrirse el mismo ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

III

El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurdicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurdica. Su ausencia ha generado problemas que van ms all de los estrictamente jurdicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta a las autoridades espaolas a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legtimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero… Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular.

La seguridad jurdica es el pilar que sustenta esta reforma y su establecimiento resultaba una tarea indispensable para superar el marco anterior. Este principio se manifiesta en la determinacin misma de la delimitacin del concepto de dominio pblico martimo-terrestre, en las mejoras introducidas en el procedimiento de deslinde, en la modificacin de las reglas que rigen las concesiones y autorizaciones, as como en las limitaciones a la propiedad privada de los terrenos contiguos al domino pblico.

La ley precisa el concepto de dominio pblico martimo-terrestre, tanto en lo que se refiere a la zona martimo-terrestre como a las playas. Tambin introduce definiciones de los accidentes geogrficos que se emplean en la determinacin del domino pblico, para que esta sea ms precisa.

La ley establece que la zona martimo-terrestre se fijar hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios tcnicos que se establezcan, aadiendo mayor certeza, seguridad y uniformidad en los deslindes. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarn a ser dominio pblico, salvo que antes de la inundacin ya fueran bienes demaniales, con la precisin de que en cualquier caso formarn parte del dominio pblico cuando sean navegables.

Se prevn legalmente las consecuencias que se producen en los supuestos de revisin de deslindes por alteracin del dominio pblico martimo-terrestre y se introducen reglas especiales, para realizar algunos deslindes.

La reforma garantiza la constancia registral del proceso administrativo de deslinde, mediante la anotacin marginal en la inscripcin de todas las fincas que puedan resultar afectadas por este. Con esta medida se consigue que los ciudadanos, en general, y los adquirentes, en particular, dispongan de la informacin exacta sobre los terrenos que estn en dominio pblico o que pueden pasar a formar parte de l. La publicidad no solo se circunscribe a la registral, sino que la ley impone que se publiquen en la pgina web del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente las lneas de deslinde.

Se excluyen determinados terrenos de ncleos de poblacin del dominio pblico martimo-terrestre, ninguno de los cuales pertenece a los bienes definidos en el artculo 3.1 de la Ley de Costas, en virtud de lo dispuesto en el artculo 132.2 de la Constitucin. Esta exclusin legal pretende otorgar una solucin singular a terrenos de ncleos residenciales que se encuentran en una situacin singular: los terrenos sobre los que estn edificados, por su degradacin y sus caractersticas fsicas actuales, resultan absolutamente innecesarios para la proteccin o utilizacin del dominio pblico martimo terrestre; adems, debe tenerse en cuenta que se encuentran incorporados al dominio pblico martimo-terrestre por disposicin de deslindes anteriores a la Ley de Costas de 1988 y que las propias edificaciones residenciales son tambin anteriores a 1988; por ltimo, y en conexin con lo anterior, se trata de reas de viviendas histricamente consolidadas y altamente antropizadas, cuya situacin de inseguridad jurdica arrastrada desde 1988, debe ser resuelta por esta Ley.

En relacin con el rgimen concesional, la ley introduce importantes cambios. Se modifica el plazo mximo de duracin de las concesiones que pasa a ser de setenta y cinco aos (al igual que el fijado en la mencionada Ley de Patrimonio de las Administraciones Pblicas y en el Texto Refundido de la Ley de Aguas). Adems, se permite la transmisin mortis causa e inter vivos de las concesiones. En el primer caso se ampla el plazo de notificacin que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesin de uno a cuatro aos, se trata de evitar el riesgo de que se produzca la prdida del derecho por el transcurso de un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros. En el caso de las transmisiones inter vivos, su validez requiere la previa autorizacin de la Administracin.

La reforma modifica la disposicin transitoria primera de la Ley de Costas en sus apartados 2 y 3 para permitir que los titulares registrales de terrenos amparados por el artculo 34 de la Ley Hipotecaria sean concesionarios, removiendo las condiciones que anteriormente les exigan.

El artculo segundo de la ley establece una prrroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. Tambin se prev expresamente la aplicacin de esta prrroga a aquellos que sin ser concesionarios, s son titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre, de acuerdo con la disposicin transitoria primera de la Ley de Costas. Si bien, con carcter previo deber solicitarse la correspondiente concesin.

De este modo, se da respuesta, entre otras situaciones, a la extincin de las concesiones que comenzaran a expirar en 2018. Debe subrayarse que no se trata de una prrroga indiscriminada, sino que su otorgamiento requiere un informe del rgano ambiental autonmico, en los casos en que se trate de ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el mbito de aplicacin de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de la contaminacin. Este es un ejemplo donde la seguridad jurdica que supone la continuidad de la ocupacin se conjuga con la proteccin del litoral que podr conllevar la expulsin efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. Con carcter general, el plazo mximo de esta prrroga extraordinaria se fija en setenta y cinco aos para hacerla coincidir con el nuevo plazo mximo por el que se podrn otorgar las concesiones. Con ello se busca estabilizar los derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante.

La presente Ley garantiza a travs de una disposicin transitoria que las concesiones que amparan la ocupacin de puertos que no sean de inters general, o las que se derivan de los contratos de concesin de obra pblica para la construccin de estos, puedan prorrogarse en los mismos trminos y condiciones que prev la legislacin de puertos de inters general.

En materia de autorizaciones se aumenta el plazo mximo de duracin de un ao a cuatro aos.

La principal novedad que se introduce respecto de la zona de servidumbre de proteccin es la dirigida a las edificaciones que legtimamente la ocupan, a cuyos titulares se les permitir realizar las obras de reparacin, mejora, modernizacin y consolidacin, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Sustituyendo la autorizacin administrativa autonmica por la declaracin responsable. En la que tendrn que incluir, como ya se ha indicado, que tales obras cumplen con los requisitos de eficiencia energtica y ahorro de agua.

A su vez, tambin se prev reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relacin con los ncleos de poblacin que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposicin transitoria tercera de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, s tenan en aquella fecha caractersticas propias de l.

Esta reduccin se contempla tambin, como posibilidad excepcional, en los mrgenes de los ros hasta donde sean sensibles las mareas, para evitar que en los tramos alejados de la desembocadura se genere, por defecto, una servidumbre de 100 metros.

Se ha regulado, desde la perspectiva del dominio pblico martimo-terrestre, el rgimen de las urbanizaciones martimo-terrestres, garantizando que los canales navegables sean dominio pblico y que el instrumento de ordenacin territorial o urbanstica prevea, a travs de viales, el trnsito y el acceso a los canales.

La ley prev que a los bienes declarados de inters cultural que ocupan el dominio pblico, se les otorgue una concesin y se les aplique su rgimen jurdico propio.

En suma, esta reforma pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la proteccin medioambiental. Con este fin, los cambios que se introducen otorgan certeza y claridad, al tiempo que resuelven los problemas que a corto plazo planteaba la legislacin anterior, preservando la franja litoral.

Finalmente, debe subrayarse que esta reforma incorpora a la Ley de Costas regulaciones especficas para afrontar con garantas la lucha contra los efectos del cambio climtico en el litoral. Se introduce un rgimen especfico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresin. La definicin de esta situacin se establecer reglamentariamente y en atencin a criterios cientficos contrastados. En las reas as declaradas, se limitan las ocupaciones y se prev que la Administracin pueda realizar actuaciones de proteccin, conservacin o restauracin, respecto de las que podr establecer contribuciones especiales, otra de las novedades de esta reforma. Tambin se exige que a los proyectos para la ocupacin del dominio pblico se acompae una evaluacin prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climtico. Adems, se incorpora como causa de extincin de las concesiones, el supuesto de que las obras o instalaciones estn en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Junto a estas medidas de carcter jurdico, la Ley impone al Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente la obligacin de elaborar una estrategia para la adaptacin de la costa a los efectos del cambio climtico. Con ello, se conseguir disponer de un diagnstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climtico que afectan a nuestra costa, y de una serie de medidas que permitan mitigarlos.

Artculo primero. Modificacin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Uno. Se modifica el artculo 2, letra a), que queda redactado en los siguientes trminos:

a) Determinar el dominio pblico martimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservacin, adoptando, en su caso, las medidas de proteccin, y restauracin necesarias y, cuando proceda, de adaptacin, teniendo en cuenta los efectos del cambio climtico.

Dos. Se modifica el artculo 3 que queda redactado del siguiente modo:

Son bienes de dominio pblico martimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artculo 132.2 de la Constitucin:

1. La ribera del mar y de las ras, que incluye:

a) La zona martimo-terrestre o espacio comprendido entre la lnea de bajamar escorada o mxima viva equinoccial, y el lmite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios tcnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la lnea de pleamar mxima viva equinoccial. Esta zona se extiende tambin por las mrgenes de los ros hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtracin del agua del mar.

No obstante, no pasarn a formar parte del dominio pblico martimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundacin no fueran de dominio pblico.

b) Las playas o zonas de depsito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas ltimas se incluirn hasta el lmite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislacin especfica.

3. Los recursos naturales de la zona econmica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislacin especfica.

4. A los efectos de esta Ley se entiende por:

Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan fsicamente separados del ocano, en mayor o menor extensin por una franja de tierra.

Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.

Dunas: depsitos sedimentarios, constituidos por montculos de arena tengan o no vegetacin que se alimenten de la arena transportada por la accin del mar, del viento marino o por otras causas.

Escarpe: escaln vertical en la playa formado por la erosin de la berma.

Estero: caos en una marisma.

Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda peridicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtracin del agua del mar.

Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetacin.

Tres. Se modifica el apartado 3 del artculo 4 que queda redactado del siguiente modo:

Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el ltimo prrafo del artculo 3.1, letra a), y en todo caso tendrn esta consideracin los terrenos inundados que sean navegables.

Cuatro. Se modifica el artculo 6, apartado 1 y se aade un nuevo apartado 3, que quedan redactados en los siguientes trminos:

1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasin del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrn construir obras de defensa, previa autorizacin o concesin, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona martimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarn a formar parte del dominio pblico martimo-terrestre, segn resulte del correspondiente deslinde.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicacin del artculo 13 bis, cuando proceda.

Cinco. El prrafo nico del artculo 11 pasa a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:

2. Practicado el deslinde, la Administracin del Estado deber inscribir los bienes de dominio pblico martimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

Seis. Se modifican los apartados 2 y 4 del artculo 12, y se suprime el apartado 6 del mismo precepto. Los apartados 2 y 4 quedan redactados del siguiente modo:

2. En el procedimiento sern odos los propietarios colindantes, previa notificacin, y dems personas que acrediten la condicin de interesados. Asimismo, se solicitar informe a la Comunidad Autnoma y al Ayuntamiento correspondiente, que deber ser emitido en el plazo de un mes.

Cuando el deslinde afecte al dominio pblico portuario estatal, se remitir el expediente de deslinde, antes de su aprobacin, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos meses emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio pblico portuario, decidir el Consejo de Ministros.

Asimismo se garantizar la adecuada coordinacin entre los planos topogrficos empleados en la tramitacin del procedimiento y la cartografa catastral.

4. El acuerdo de incoacin del expediente de deslinde, acompaado del plano del rea afectada por el mismo y de la relacin de propietarios afectados, se notificar al Registro de la Propiedad, interesando certificacin de dominio y cargas de las fincas inscritas a nombre de los titulares que resulten del expediente y de cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado y de los sistemas de georreferenciacin de fincas registrales, as como la constancia de la incoacin del expediente en el folio de cada una de ellas.

Con carcter simultneo a la expedicin de la referida certificacin, el registrador extender nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en la que har constar:

a) La incoacin del expediente de deslinde.

b) La expedicin de la certificacin de dominio y cargas de las fincas afectadas por el deslinde.

c) La advertencia de que pueden quedar afectadas por el deslinde, pudiendo as, las fincas incorporarse, en todo o en parte, al dominio pblico martimo-terrestre o estar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de proteccin.

d) La circunstancia de que la resolucin aprobatoria del procedimiento de deslinde servir de ttulo para rectificar las situaciones jurdico registrales contradictorias con el deslinde.

Siete. Se modifica el apartado 2 del artculo 13 que queda redactado del siguiente modo:

2. La resolucin de aprobacin del deslinde ser ttulo suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurdicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolucin ser ttulo suficiente, asimismo, para que la Administracin proceda a la inmatriculacin de los bienes de dominio pblico. En todo caso los titulares inscritos afectados podrn ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotacin preventiva la correspondiente reclamacin judicial.

Ocho. Se introduce un artculo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:

1. Los deslindes se revisarn cuando se altere la configuracin del dominio pblico martimo-terrestre. La incoacin del expediente de deslinde tendr los efectos previstos en el artculo 12.

2. Los titulares de los terrenos que tras la revisin del deslinde se incorporen al dominio pblico martimo-terrestre pasarn a ser titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento, a cuyo efecto la Administracin otorgar de oficio la concesin, salvo renuncia expresa del interesado.

La concesin se otorgar por setenta y cinco aos, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligacin de abonar canon.

3. Los titulares de las obras e instalaciones que tras la revisin del deslinde se incorporen a la zona de servidumbre de proteccin podrn realizar obras de reparacin, mejora, consolidacin y modernizacin siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie.

Estas obras debern suponer una mejora en la eficiencia energtica. A tal efecto y cuando les resulte aplicable tendrn que obtener una calificacin energtica final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditar mediante la certificacin de eficiencia energtica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bsico para la certificacin de la eficiencia energtica de los edificios o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificacin de edificios existentes.

Asimismo, en estas obras, cuando proceda, se emplearn los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarn el uso de recursos hdricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

Las circunstancias a las que se refiere este apartado debern acreditarse ante la Administracin autonmica, mediante una declaracin responsable, de acuerdo con lo previsto en el artculo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn, con carcter previo a la autorizacin urbanstica que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de trnsito se requerir que, con carcter previo, la Administracin del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de trnsito queda garantizada. Este informe deber emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entender que tiene carcter favorable.

Nueve. Se aade un nuevo artculo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo:

1. La Administracin del Estado podr declarar en situacin de regresin grave aquellos tramos del dominio pblico martimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la lnea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios tcnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situacin de regresin grave no podr otorgarse ningn nuevo ttulo de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundacin en los prximos cinco aos, la declaracin podr prever que se otorguen derechos de ocupacin destinados a servicios pblicos acordes con lo establecido en el artculo 32. Estas ocupaciones no podrn otorgarse por un plazo que exceda de cinco aos, prorrogables por periodos iguales dentro del mximo previsto en la presente Ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupacin, existentes en los terrenos declarados en situacin de regresin grave se mantendrn, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los trminos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupacin se extinguir de acuerdo con lo previsto en el artculo 78.

5. En los terrenos declarados en situacin de regresin grave, la Administracin del Estado podr realizar actuaciones de proteccin, conservacin o restauracin. En este caso podr imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artculo 87 bis.

6. La declaracin de situacin de regresin grave se har por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Autnoma correspondiente y se publicar en el “Boletn Oficial del Estadoˮ, as como en la sede electrnica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaracin de situacin de regresin grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podr revocar tal declaracin, cesando todos sus efectos.

Diez. Se introduce un nuevo apartado 3 al artculo 23 que queda redactado del siguiente modo:

En las mrgenes de los ros hasta donde sean sensibles las mareas la extensin de esta zona podr reducirse por la Administracin del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autnoma y Ayuntamiento correspondiente, hasta un mnimo de 20 metros, en atencin a las caractersticas geomorfolgicas, a sus ambientes de vegetacin, y a su distancia respecto de la desembocadura, conforme a lo que reglamentariamente se disponga.

Once. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artculo 25 y el apartado 2 del mismo precepto, y se introduce un nuevo apartado 4 que quedan redactados del siguiente modo:

c) Las actividades que impliquen la destruccin de yacimientos de ridos naturales o no consolidados, entendindose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detrticos tipo arenas o gravas.

2. Con carcter ordinario, solo se permitirn en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicacin, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas martimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio pblico martimo-terrestre, as como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecucin de terraplenes, desmontes o tala de rboles debern cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la proteccin del dominio pblico.

4. Reglamentariamente se establecern las condiciones en las que se podr autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artculo, siempre que sea parte integrante o acompae a instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de proteccin.

Doce. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artculo 33 que queda redactado del siguiente modo:

6. Reglamentariamente se desarrollar el rgimen de ocupacin y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotar a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de proteccin que restrinja las ocupaciones, autorizando nicamente las que sean indispensables o estn previstas en la normativa aplicable. Se regular la ocupacin y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestacin de los servicios que sea compatible con el uso comn.

En los tramos urbanos podr autorizarse la celebracin de aquellos eventos de inters general con repercusin turstica que cumplan los requisitos que se establezcan, en particular, los relativos a superficie y tiempo de ocupacin fsica, as como la adopcin de todas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afeccin ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la ocupacin. En todo caso, una vez finalizada la ocupacin, se proceder de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpieza del terreno ocupado y a la ejecucin de las dems actuaciones precisas para asegurar la ntegra conservacin de la playa.

En la delimitacin de los tramos urbanos y naturales de las playas participarn las administraciones competentes en materia de ordenacin del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine.

Trece. Se modifica el apartado 1 del artculo 38 que queda redactado del siguiente modo:

1. Estar prohibida la publicidad permanente a travs de carteles o vallas o por medios acsticos o audiovisuales.

Excepcionalmente, y en las condiciones que se establezcan reglamentariamente se podr autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompae a instalaciones o actividades permitidas en el dominio pblico martimo-terrestre y siempre que sea compatible con su proteccin.

Catorce. Se introduce un prrafo segundo en el apartado 2 del artculo 44, que queda redactado del siguiente modo:

2. Debern prever la adaptacin de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresin de sta.

Asimismo, los proyectos debern contener una evaluacin de los posibles efectos del cambio climtico sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.

Quince. Se introduce un prrafo segundo en el apartado 6 del artculo 44 que queda redactado del siguiente modo:

No se entender incluida en los supuestos de prohibicin del prrafo anterior la reparacin de colectores existentes, as como su construccin cuando se integren en paseos martimos u otros viales urbanos.

Diecisis. Se modifica el apartado 1 y se aade un nuevo apartado 4 al artculo 49 que quedan redactados del siguiente modo:

1. La adscripcin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre a las Comunidades Autnomas para la construccin de nuevos puertos y vas de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliacin o modificacin de los existentes, se formalizar por la Administracin del Estado. La porcin de dominio pblico adscrita conservar tal calificacin jurdica, correspondiendo a la Comunidad Autnoma la utilizacin y gestin de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujecin a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prrrogas, no podr ser superior al plazo mximo de vigencia establecido en la legislacin estatal para las concesiones sobre dominio pblico portuario en los puertos de inters general.

En los supuestos de adscripcin, la Comunidad Autnoma ostentar, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condicin de sustituto del contribuyente respecto a la porcin adscrita del dominio pblico martimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio pblico martimo-terrestre adscritos, que no renan las caractersticas del artculo 3, adems de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrn permitir usos comerciales y de restauracin, siempre que no se perjudique el dominio pblico martimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanstico. En todo caso, se prohben las edificaciones destinadas a residencia o habitacin.

Reglamentariamente se fijarn los criterios de asignacin de superficie mxima para los usos previstos en el prrafo anterior, teniendo en cuenta el nmero de amarres del puerto y los dems requisitos necesarios para no perjudicar el dominio pblico martimo-terrestre, ni la actividad portuaria.

Diecisiete. Se modifica el apartado 4 del artculo 52 que queda redactado del siguiente modo:

El plazo de vencimiento ser el que se determine en el ttulo correspondiente, y no podr exceder de cuatro aos, salvo en los casos en que esta Ley establece otro diferente.

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artculo 55, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las autorizaciones podrn ser revocadas unilateralmente por la Administracin en cualquier momento, sin derecho a indemnizacin, cuando produzcan daos en el dominio pblico, impidan su utilizacin para actividades de mayor inters pblico, o menoscaben el uso pblico, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este ltimo caso, solo se revocar la autorizacin, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupacin a la nueva normativa o la adaptacin no fuera posible fsica o jurdicamente.

Diecinueve. El prrafo nico del artculo 64 pasar a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2, que queda redactado del siguiente modo:

2. El concesionario tendr derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesin. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizar en estos terrenos, el libre acceso y trnsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad martima, represin del contrabando, para el ejercicio de las funciones de polica de dominio pblico martimo-terrestre y para el cumplimiento de las dems funciones que tengan atribuidas.

En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el trfico martimo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se podrn depositar en los terrenos objeto de concesin, las embarcaciones y sus pertrechos.

Veinte. El prrafo nico del artculo 65 pasar a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:

2. En ningn caso podrn ser titulares de concesiones las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesin, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratar se producir la extincin de la concesin.

En caso de declaracin de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidacin, no se producir la extincin de la concesin, si su titular prestare las garantas suficientes, a juicio de la Administracin, para continuar con la ocupacin en los trminos previstos en el ttulo concesional.

Veintiuno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artculo 66 que quedan redactados del siguiente modo:

2. El plazo ser el que se determine en el ttulo correspondiente, que en ningn caso podr exceder de setenta y cinco aos. Reglamentariamente, se establecern los plazos mximos de duracin de las concesiones en funcin de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos mximos fijados para cada uso podrn ampliarse, en los trminos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo mximo de setenta y cinco aos, cuando el concesionario presente proyectos de regeneracin de playas y de lucha contra la erosin y los efectos del cambio climtico, aprobados por la Administracin.

3. Cuando el objeto de una concesin extinguida fuese una actividad amparada por otra concesin de explotacin de recursos mineros o energticos otorgada por la Administracin del Estado por un plazo superior, su titular tendr derecho a que se le otorgue una nueva concesin de ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesin de explotacin, sin que en ningn caso pueda exceder de setenta y cinco aos.

Veintids. Se modifica el apartado 2 del artculo 70 que queda redactado del siguiente modo:

Las concesiones sern transmisibles por actos inter vivos y mortis causa.

La transmisin inter vivos solo ser vlida si con carcter previo la Administracin reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesin.

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a ttulo de herencia o de legado, podrn subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro aos comuniquen expresamente a la Administracin el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicacin, la concesin quedar extinguida.

Veintitrs. Se aade un segundo prrafo al apartado 1 del artculo 72, que queda redactado como sigue:

1. En todos los casos de extincin de una concesin, la Administracin del Estado decidir sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio pblico y de su zona de servidumbre de proteccin por el interesado y a sus expensas. Dicha decisin se adoptar de oficio o a instancia de aqul, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en caso de extincin normal por cumplimiento del plazo, y en los dems supuestos de extincin en el momento de la resolucin del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extincin de la concesin previstos en la letra m) del artculo 78, se proceder, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio pblico y de su zona de servidumbre de proteccin.

Veinticuatro. Se aade una nueva letra m) en el artculo 76, que queda redactada del siguiente modo:

m) Obligacin del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administracin de adaptacin a la subida del nivel del mar, los cambios en la direccin del oleaje u otros efectos del cambio climtico.

Veinticinco. Se introducen cuatro nuevas letras, j), k), l) y m), al apartado 1 del artculo 78 que quedan redactadas del siguiente modo:

j) Incurrir en prohibicin de contratar, de acuerdo con el artculo 65.2 de esta Ley.

k) La falta de la comunicacin expresa prevista en el artculo 70.2 de esta Ley en los casos de transmisin mortis causa de las concesiones.

l) La falta del reconocimiento previo por la Administracin previsto en el segundo prrafo del artculo 70.2.

m) Revocacin de la concesin cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Veintisis. Se modifica el apartado 3 del artculo 78, quedando redactado del siguiente modo:

3. El plazo para notificar la resolucin del procedimiento por el que se declare la extincin del derecho a la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre ser de dieciocho meses.

Veintisiete. Se modifica el artculo 84 que queda redactado del siguiente modo:

1. Toda ocupacin o aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre en virtud de una concesin o autorizacin, cualquiera que fuere la Administracin otorgante, devengar el correspondiente canon en favor de la Administracin del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquella.

2. Estn obligados al pago del canon, en la cuanta y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas.

3. Para la determinacin de la cuanta del canon se tendrn en cuenta las siguientes prescripciones:

3.1 Ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre:

a) Por ocupacin de bienes de dominio pblico martimo-terrestre, la valoracin del bien ocupado se determinar por equiparacin al mayor de los tres valores siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administracin a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestacin o valor de adquisicin declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio pblico.

En caso de no existir un aprovechamiento similar, se tomar la media de los valores utilizados para la determinacin de los cnones devengados por las concesiones otorgadas en el dominio pblico martimo-terrestre en ese trmino municipal.

El valor resultante ser incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilizacin del dominio pblico durante un perodo de diez aos. Si la duracin de la concesin tuviera un plazo inferior a diez aos, esa estimacin ser por todo el perodo concesional.

La estimacin de dichos beneficios se realizar teniendo en cuenta los estudios econmicos que facilite el solicitante de la concesin o autorizacin, as como las informaciones que pueda recabar y las valoraciones que pueda efectuar la Administracin otorgante, directamente o por comparacin con otras concesiones existentes. En ningn caso esta estimacin ser inferior al 20 por 100 del importe de la inversin a realizar por el solicitante.

b) Para las ocupaciones de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad y comunicaciones, de inters general, la valoracin del bien ocupado ser de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, incrementada en los rendimientos que sea previsible obtener en la utilizacin de dicho dominio. En ningn caso esta estimacin ser inferior al 20 por 100 del importe de la inversin a realizar por el solicitante.

c) En el caso de ocupaciones de obras e instalaciones ya existentes la base imponible se calcular sumando lo dispuesto en los apartados a), b) o d) de este artculo, segn proceda al valor material de dichas obras e instalaciones.

d) En los supuestos de ocupaciones de obras e instalaciones en el mar territorial la valoracin del bien ocupado ser de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada, a la que se sumar lo dispuesto en el apartado a), prrafos tercero y cuarto. En el caso de que estas ocupaciones se destinen a la investigacin o explotacin de recursos mineros y energticos se abonar un canon de 0,006 euros por metro cuadrado de superficie ocupada.

3.2 Por aprovechamiento de bienes de dominio pblico martimo-terrestre, el valor del bien ser el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado.

4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre se calcular con arreglo a las siguientes reglas:

a) Se considerar como valor de los bienes ocupados la cantidad de 0,006 euros por metro cuadrado.

b) En cuanto a los rendimientos que se prev obtener en la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre, se considerarn los siguientes coeficientes:

Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores 0,4 €/m2.

Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las ras 0,16 €/m2.

Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desages desde cultivos marinos localizados en tierra 5 €/m2.

Estas cantidades se revisarn por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta la variacin experimentada por el ndice General Nacional del sistema de ndices de Precios de Consumo.

5. El tipo de gravamen anual ser del 8 por 100 sobre el valor de la base, salvo en el caso de aprovechamiento, que ser del 100 por 100.

6. El canon de ocupacin a favor de la Administracin General del Estado que devengarn las concesiones que las Comunidades Autnomas otorguen en dominio pblico martimo-terrestre adscrito para la construccin de puertos deportivos o pesqueros, se calcular segn lo previsto en esta Ley y en su normativa de desarrollo. La estimacin del beneficio que se utilice para obtener la base imponible del canon, en ningn caso podr ser inferior al 3,33 por 100 del importe de la inversin a realizar por el solicitante.

7. El canon podr reducirse un 90 por 100 en los supuestos de ocupaciones destinadas al uso pblico gratuito.

En los ttulos otorgados a entidades nutico-deportivas para el desarrollo de sus actividades de carcter no lucrativo, el importe del canon de ocupacin podr reducirse un 75 por 100. Para la obtencin de dicha reduccin ser preciso que la Federacin deportiva correspondiente certifique que las respectivas entidades se encuentren debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad nutico-deportiva.

En el caso de que estas entidades destinen una parte de sus ocupaciones objeto de concesin a actividades distintas de la nutico-deportiva y que tengan carcter lucrativo, esas ocupaciones se calcularn, a efectos de la determinacin del canon, segn las reglas generales recogidas en los apartados anteriores.

Con objeto de incentivar mejores prcticas medioambientales en el sector de la acuicultura, el canon se reducir un 40 por 100 en el supuesto de concesionarios adheridos, con carcter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestin y auditora medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de gestin pero dispusieran del sistema de gestin medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996, los concesionarios tendrn una reduccin del 25 por 100.

8. Las Comunidades Autnomas, las entidades locales y las entidades de derecho pblico dependientes de ellas, estarn exentas del pago del canon de ocupacin en las concesiones o autorizaciones que se les otorguen para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotacin lucrativa, directamente o por terceros. Igualmente quedarn exentos del pago de este canon los supuestos previstos en el apartado 2 del artculo 54 de esta Ley.

9. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, tendr carcter anual y se producir con el otorgamiento inicial de la concesin o autorizacin. Ser exigible en la cuanta que corresponda y en los plazos que se sealen en las condiciones de dicha concesin o autorizacin. En el caso previsto en el apartado 3.2 de este artculo, el devengo se producir cuando el aprovechamiento se lleve a cabo.

En el supuesto de autorizaciones y concesiones de duracin superior a un ao, cuyo canon se haya establecido o haya sido revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Pblicas y Transportes, por la que se determina la cuanta del canon de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre, el mismo quedar actualizado anualmente, de forma automtica, incrementando o minorando la base del vigente mediante la aplicacin a la misma de la variacin experimentada por el ndice General Nacional del sistema de ndices de Precios de Consumo en los ltimos doce meses, segn los datos publicados anteriores al primer da de cada nuevo ao. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado conforme a lo expuesto, ser exigible en los plazos fijados en las condiciones establecidas en cada ttulo.

En el caso de las concesiones de duracin superior a un ao, cuyo canon no se haya establecido o revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992, previamente se proceder a su revisin conforme a la misma. Una vez realizada esta revisin quedar actualizado anualmente tal como establece el prrafo anterior.

Veintiocho. Se aade un nuevo Captulo II bis, titulado Contribuciones especiales, que incluye un nuevo artculo 87 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo 87 bis.

1. Podrn imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecucin de las obras que se realicen en el dominio pblico martimo-terrestre para su proteccin, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtencin por personas fsicas o jurdicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecucin de las obras tendr, a estos efectos, la consideracin de beneficio especial.

2. Sern sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de proteccin, defensa y mejora del domino pblico martimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupacin, as como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijar en el real decreto por el que se acuerde la contribucin especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribucin especial se repartir entre los sujetos pasivos, atendiendo a aquellos criterios objetivos que, segn la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se determinen entre los que figuran a continuacin:

a) Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas.

b) Plazo restante para la extincin del derecho de ocupacin.

c) Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribucin especial en atencin a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Pblicas, y de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente, acordar el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.

Veintinueve. Se modifica el artculo 90, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Las infracciones se clasificarn en leves y graves.

2. Se considerarn infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:

a) La alteracin de hitos de los deslindes.

b) La ocupacin o la utilizacin sin el debido ttulo administrativo del dominio pblico martimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administracin para la cesacin de la conducta abusiva.

c) La ejecucin no autorizada de obras e instalaciones en el dominio pblico martimo-terrestre, as como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.

d) La extraccin no autorizada de ridos.

e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los ridos establecidas en esta Ley.

f) La interrupcin de los accesos pblicos al mar y de la servidumbre de trnsito.

g) La realizacin de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de proteccin y trnsito y acceso al mar.

h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.

i) La utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley.

j) La realizacin, sin ttulo administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administracin para la cesacin de la conducta abusiva o que, habindose notificado la incoacin de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.

k) Las acciones u omisiones que produzcan daos irreparables o de difcil reparacin en el dominio pblico o supongan grave obstculo al ejercicio de las funciones de la Administracin.

l) El falseamiento de la informacin suministrada a la Administracin.

m) La reincidencia, por comisin en el trmino de dos aos, de ms de una infraccin de carcter leve cuando as haya sido declarado por resolucin firme.

Treinta. Se modifica el artculo 91, que queda redactado del siguiente modo:

Tendrn el carcter de infracciones leves las acciones u omisiones, adems de las que no estn comprendidas en el artculo 90, las siguientes:

a) La ocupacin o la utilizacin sin el debido ttulo administrativo del dominio pblico martimo-terrestre no constitutivas de infraccin grave.

b) La ejecucin de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio pblico martimo-terrestre sin el debido ttulo administrativo.

c) Las acciones u omisiones que causen daos o menoscabo a los bienes del dominio pblico martimo-terrestre o a su uso.

d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.

e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes ttulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.

f) La publicidad no autorizada en el dominio pblico martimo-terrestre o en la zona de servidumbre de proteccin.

g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio pblico y sus zonas de servidumbre sin el debido ttulo administrativo o en pugna con sus condiciones.

h) La obstruccin al ejercicio de las funciones de polica que corresponden a la Administracin.

i) La omisin de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Treinta y uno. Se modifica el artculo 92, que queda redactado del siguiente modo:

1. El plazo de prescripcin de las infracciones ser de dos aos para las graves y de 6 meses para las leves, contados a partir de su total consumacin. Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudndose el plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado durante ms de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. El plazo de prescripcin de las sanciones ser de dos aos para las graves y de un ao para las leves, contados a partir del da siguiente a aqul en que adquiera firmeza la resolucin por la que se impone la sancin. Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante ms de dos meses por causa no imputable al infractor.

Treinta y dos. Se modifica el artculo 93, que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Sern responsables de la infraccin las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas siguientes:

a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un ttulo administrativo, el titular de ste.

b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el tcnico director de la misma, as como cualquier otro sujeto que intervenga por accin u omisin en la comisin del hecho constitutivo de la infraccin.

c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de ttulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daos graves al dominio pblico o a terceros, sern igualmente responsables:

Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administracin Pblica que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente ttulo, que sern sancionados por falta grave en va disciplinaria, previo el correspondiente expediente.

Dos. Las autoridades y los miembros de rganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades pblicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del ttulo, desoyendo informes preceptivos y unnimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sancin ser de multa de la cuanta que corresponda en cada caso por aplicacin de los criterios de la presente Ley.

La procedencia de indemnizacin por los daos y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinar conforme a las normas que regulan con carcter general la responsabilidad de la Administracin. En ningn caso habr lugar a indemnizacin si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

2. En el caso de existir ms de un sujeto responsable de la infraccin, las consecuencias derivadas de sta se exigirn con carcter solidario.

Treinta y tres. Se modifica el apartado 2 del artculo 94, que queda redactado en los siguientes trminos:

2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrn tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso de que un mismo hecho u omisin fuera constitutivo de dos o ms infracciones, se tomar en consideracin nicamente aquella que comporte mayor sancin. En el caso de que unos hechos fueran constitutivos de una infraccin calificable como medio o instrumento para asegurar la comisin de otros hechos, tambin constitutivos de infraccin de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondr la sancin ms grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la presente Ley podrn ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artculo 95, que queda redactado del siguiente modo:

1. Sin perjuicio de la sancin penal o administrativa que se imponga, el infractor estar obligado a la restitucin de las cosas y reposicin a su estado anterior, con la indemnizacin de daos irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolucin correspondiente.

Esta obligacin prescribir a los quince aos desde que la Administracin acuerde su imposicin, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 10.2 de esta Ley.

Treinta y cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 97, que quedan redactados como sigue:

1. Para las infracciones graves, la sancin ser:

a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artculo 90.2, multa de hasta 300.000 euros. Para el clculo de la cuanta de la multa se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

Uno. En el caso de alteracin de hitos, 1.000 euros por hito afectado.

Dos. En el caso de interrupcin de los accesos pblicos al mar y de la servidumbre de trnsito, entre 1.000 y 5.000 euros por cada da en que el acceso o el trnsito se encuentre interrumpido en funcin de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infraccin, de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.

Las infracciones por tiempo inferior a un da se calcularn proporcionalmente.

Tres. En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, se tendrn en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo producido, la cuanta de los daos ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor. La cuanta mnima ser de 3.000 euros.

En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento martimo, 300 euros diarios.

Las infracciones por tiempo inferior a un da se calcularn proporcionalmente.

En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorizacin.

Cuatro. En el supuesto de la utilizacin del dominio pblico martimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislacin de costas, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando ste no sea cuantificable, el valor de los daos y perjuicios causados al dominio pblico y como mnimo 150 euros.

En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y da, siendo esta la sancin mnima.

En el caso de estacionamiento o circulacin no autorizada de vehculos, entre 50 y 150 euros, en funcin de los criterios que se establezcan reglamentariamente.

Las infracciones por tiempo inferior a un da se calcularn proporcionalmente.

Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daos irreparables o de difcil reparacin en el dominio pblico o supongan grave obstculo del ejercicio de las funciones de la Administracin no contemplados en otros apartados, la cuanta de la multa se graduar en funcin de la gravedad de la accin u omisin, con un mnimo de 600 euros. Para su clculo se tendrn en cuenta los criterios establecidos en el artculo 100.2 de esta Ley.

b) En el supuesto del apartado b) del artculo 90.2, multa equivalente a 120 euros por metro cuadrado y da.

Las infracciones por tiempo inferior a un da se calcularn proporcionalmente.

c) En los supuestos de los apartados c), g) y j) del artculo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e instalaciones cuando estn en dominio pblico o en la zona de servidumbre de trnsito o de acceso al mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de proteccin, con un mnimo de 300 euros.

d) En el supuesto del apartado d) del artculo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cbico.

e) En el supuesto del apartado e) del artculo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisin.

f) En el supuesto del apartado m) del artculo 90.2 la multa se obtendr por la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando nicamente, en su caso, la reduccin de la cuanta hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situacin creada por la comisin de la infraccin en el plazo que se seale en el correspondiente requerimiento.

g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100 y 250 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales y entre 50 y 100 euros por metro cuadrado, cuando sea a travs de vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.

h) En los supuestos del apartado l) del artculo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

2. Para las infracciones leves la sancin ser de multa, en la cuanta que se determine reglamentariamente para cada tipo de infraccin, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aqulla no sea superior a la mitad de la que resultara con arreglo a dichos criterios ni, en todo caso, a 60.000 euros.

En los casos siguientes la sancin ser:

a) En los supuestos del apartado g) del artculo 91, con un mnimo de 50 euros, se calcular con arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido ttulo administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho ttulo, la que se prevea en las clusulas concesionales.

b) En los supuestos del apartado h) del artculo 91, la multa mnima, por obstruccin al ejercicio de las funciones de polica que corresponden a la Administracin, ser de 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

c) En los supuestos de daos al dominio pblico martimo-terrestre no constitutivos de infraccin grave, la multa ser equivalente al valor del dao causado.

En caso de ocupacin o utilizacin sin ttulo, no constitutiva de infraccin grave, de 20 euros por metro cuadrado y da.

Las infracciones por tiempo inferior a un da se calcularn proporcionalmente.

d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa ser de 120 euros por metro cuadrado.

e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del ttulo, la multa ser de 200 euros por cada incumplimiento.

f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infraccin grave de acuerdo con lo establecido en el artculo 90.2, multa de 150 euros por incumplimiento.

Treinta y seis. Se modifica el artculo 99, que queda redactado del siguiente modo:

1. La imposicin de las multas corresponder a la Administracin competente por razn de la materia. Cuando lo sea la Administracin del Estado, estarn facultados, con arreglo a los lmites que se fijan a continuacin, los siguientes rganos:

a) Jefe del servicio perifrico, hasta 60.000 euros.

b) Director general, hasta 300.000 euros.

c) Ministro, hasta 1.200.000 euros.

d) Consejo de Ministros, ms de 1.200.000 euros.

2. Estos lmites podrn ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3. Las Comunidades Autnomas podrn imponer multas de hasta 1.200.000 euros en el mbito de su competencia de ejecucin de la legislacin estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.

4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal segn esta Ley, podrn imponer multas de hasta 12.000 euros.

Treinta y siete. Se modifica el artculo 106, que queda redactado del siguiente modo:

Durante el tiempo de paralizacin, prohibicin o suspensin, la Administracin no asumir ningn tipo de obligacin laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevencin de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto.

Treinta y ocho. Se modifica el artculo 119, su actual prrafo pasa a ser el apartado 1 y se introduce un nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artculo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del rgimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente, podr suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio pblico martimo terrestre o de la servidumbre de proteccin o que supongan una infraccin manifiesta de lo dispuesto en el artculo 25 de la presente Ley.

Treinta y nueve. Se modifican los apartados 2 y 3 de la disposicin transitoria primera y se introduce un nuevo apartado 5, que quedan redactados del siguiente modo:

2. Los titulares de los terrenos de la zona martimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administracin al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta Ley, por estar inscritos en el Registro de la Propiedad y amparados por el artculo 34 de la Ley Hipotecaria, pasarn a ser titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre, por treinta aos, respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto debern solicitar la correspondiente concesin.

No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el mbito de aplicacin de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de la contaminacin, la concesin se otorgar previo informe del rgano ambiental de la Comunidad Autnoma en la que radique la ocupacin. El informe determinar los efectos que la ocupacin tiene para el medio ambiente e incluir, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesin para garantizar una adecuada proteccin del medio ambiente. Este informe tendr carcter determinante. Si la Administracin General del Estado se aparta de su contenido deber motivar las razones de inters general por las que lo hace, en la resolucin por la que se otorgue o deniegue la concesin.

Si el informe del rgano ambiental autonmico no fuera emitido en el plazo de tres meses se proceder de acuerdo con lo previsto en el artculo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn.

Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.

3. En los tramos de costa en que el dominio pblico martimo-terrestre no est deslindado o lo est parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se proceder a la prctica del correspondiente deslinde, cuya aprobacin surtir los efectos previstos en el artculo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio pblico, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artculo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarn a ser titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre en los trminos previstos en el apartado segundo de esta disposicin.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas martimas se excluirn del dominio pblico martimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.

A estos terrenos les ser de aplicacin el rgimen dispuesto en la presente Ley para la zona de servidumbre de proteccin.

Cuarenta. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposicin transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente modo:

a) Si ocupan terrenos de dominio pblico martimo-terrestre, sern demolidas al extinguirse la concesin.

Mientras la concesin est vigente, sus titulares podrn realizar obras de reparacin, mejora, consolidacin y modernizacin siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de trnsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrn realizar las obras de reparacin, mejora, consolidacin y modernizacin siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrn ser autorizadas por el rgano urbanstico competente, sin que con carcter previo, la Administracin del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de trnsito queda garantizada. Este informe deber emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entender que tiene carcter favorable.

c) En el resto de la zona de servidumbre de proteccin y en los trminos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposicin transitoria tercera, podrn realizarse obras de reparacin, mejora, consolidacin y modernizacin siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolicin total o parcial, las nuevas construcciones debern ajustarse ntegramente a las disposiciones de esta Ley.

3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta disposicin transitoria, cuando les sea aplicable, debern:

a) Suponer una mejora en la eficiencia energtica. A tal efecto, tendrn que obtener una calificacin energtica final que alcance una mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditar mediante la certificacin de eficiencia energtica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bsico para la certificacin de la eficiencia energtica de los edificios o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro para la certificacin de edificios existentes.

b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su riego fomentarn el uso de recursos hdricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.

No podrn ser autorizadas por el rgano urbanstico competente sin que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administracin del Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los rganos competentes de las Comunidades Autnomas una declaracin responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no supondrn un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energtica y ahorro de agua, cuando les sean de aplicacin. La declaracin responsable se ajustar a lo dispuesto en el artculo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn.

Cuarenta y uno. Se introduce una nueva disposicin adicional dcima, que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional dcima.

1. Son urbanizaciones martimo-terrestres los ncleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundacin artificial de terrenos privados.

2. Las urbanizaciones martimo-terrestres debern contar con un instrumento de ordenacin territorial o urbanstica que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominio pblico martimo-terrestre se establecen en esta disposicin y en sus normas de desarrollo.

3. La realizacin de las obras para construir los canales navegables de la urbanizacin martimo-terrestre que dan lugar a la invasin por el mar o por las aguas de los ros hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos que antes de dichas obras no sean de dominio pblico martimo-terrestre, ni estn afectadas por la servidumbre de proteccin, producirn los siguientes efectos:

a) El terreno inundado se incorporar al dominio pblico martimo-terrestre. No obstante, no se incluirn en el dominio pblico martimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento nutico individual y privado. Tampoco se incorporarn al dominio pblico martimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento nutico colectivo y privado.

b) La servidumbre de proteccin preexistente con anterioridad a las obras mantendr su vigencia. No se generar una nueva servidumbre de proteccin ni de trnsito, en torno a los espacios inundados.

c) El instrumento de ordenacin territorial o urbanstica deber garantizar a travs de viales el trnsito y acceso a los canales, en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrn un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho est vinculado a la propiedad de la vivienda y solo sern transmisible junto a ella.

5. Las obras para la construccin de los canales navegables y los estacionamientos nuticos a los que se refiere la letra a) del apartado 3, precisarn del correspondiente ttulo administrativo para su realizacin y en ningn caso afectarn a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

Cuarenta y dos. Se introduce una nueva disposicin adicional undcima que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional undcima.

1. Los bienes declarados de inters cultural situados en dominio pblico martimo-terrestre quedarn sujetos al rgimen concesional previsto en la presente Ley, a cuyo efecto la Administracin otorgar la correspondiente concesin, en el plazo de un ao a contar desde la fecha de la declaracin de inters cultural.

2. A los bienes declarados de inters cultural que se encuentren situados en el dominio pblico martimo-terrestre, la zona de servidumbre de trnsito, de servidumbre de proteccin o de influencia se les aplicarn las medidas derivadas de dicho rgimen con preferencia a las contenidas en esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposicin transitoria tercera apartado 3. 3.

Cuarenta y tres. Se introduce una nueva disposicin adicional duodcima que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin adicional duodcima.

La incorporacin de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, as como de las alteraciones de sus caractersticas, que deban realizarse como consecuencia de lo dispuesto en esta Ley, se efectuarn en los trminos previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular en lo que se refiere a la utilizacin de la referencia catastral y las obligaciones de comunicacin, colaboracin y suministro de informacin a travs de medios telemticos. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, se establecern los requisitos tcnicos para dar cumplimiento a las obligaciones citadas.

Artculo segundo. Prrroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior.

1. Las concesiones para la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrn ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artculo.

La prrroga se aplicar igualmente a los titulares de un derecho de ocupacin y aprovechamiento amparado por la disposicin transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesin.

Esta prrroga no ser de aplicacin a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos.

2. El concesionario podr solicitar la prrroga de la concesin desde la entrada en vigor de la presente Ley, y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida.

El plazo de la prrroga se computar desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extincin de la concesin que se prorroga.

3. La duracin de esta prrroga en ningn caso exceder de setenta y cinco aos. En funcin de los usos, la resolucin por la que se acuerde la prrroga podr fijar un plazo de duracin inferior, y prever, a su vez, prrrogas sucesivas dentro de aquel lmite temporal.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el mbito de aplicacin de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de la contaminacin, la prrroga ser concedida previo informe del rgano ambiental de la Comunidad Autnoma en la que radique la ocupacin. El informe determinar los efectos que la ocupacin tiene para el medio ambiente e incluir, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesin para garantizar una adecuada proteccin del medio ambiente. Este informe tendr carcter determinante. Si la Administracin General del Estado se aparta de su contenido deber motivar las razones de inters general por las que lo hace, en la resolucin por la que se acuerde cada uno de los periodos que integra la prrroga, o en la resolucin por la que se deniegue la misma.

Si el informe del rgano ambiental autonmico no fuera emitido en el plazo de tres meses se proceder de acuerdo con lo previsto en el artculo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y Procedimiento Administrativo Comn.

5. Las concesiones as prorrogadas se regirn en todo lo dems, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Disposicin adicional primera. Publicacin de la lnea de deslinde.

Las lneas de deslinde se publicarn en la sede electrnica del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente.

Disposicin adicional segunda. Revisin de los deslindes.

La Administracin General del Estado deber proceder a iniciar la revisin de los deslindes ya ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la aprobacin de la presente Ley.

Disposicin adicional tercera. Deslinde en determinados paseos martimos.

La lnea exterior de los paseos martimos construidos por la Administracin General del Estado o por otras administraciones pblicas con la autorizacin de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente Ley, se entender a todos los efectos como lnea interior de la ribera del mar. La Administracin General del Estado podr desafectar los terrenos situados al interior de los paseos martimos, de conformidad con lo previsto en el artculo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

A efectos de esta disposicin no se considerarn paseos martimos aquellas instalaciones que no hayan supuesto una alteracin del terreno que les sirve de soporte, tales como las pasarelas o los caminos de madera apoyados sobre el terreno o sobre pilotes.

Disposicin adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera.

1. Con carcter excepcional y debido a la especial configuracin geomorfolgica de la isla de Formentera, respecto de ella se entender que queda incluido en el dominio pblico martimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baa el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco aos inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde.

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las ras formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetacin nula o escasa y caracterstica.

2. En el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de la Ley, la Administracin General del Estado practicar el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de trnsito o proteccin les ser de aplicacin lo dispuesto en la disposicin transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La servidumbre de proteccin tendr una extensin de cien metros medida tierra adentro desde el lmite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo establecido en la disposicin transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

4. Aquellas personas que son propietarias, con ttulo inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposicin dejen de formar parte del dominio pblico sern reintegrados en el dominio de aquellos bienes.

Disposicin adicional quinta. Reintegro del dominio de los terrenos que dejan de formar parte del dominio pblico martimo-terrestre.

Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, eran propietarias, con ttulo inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a formar parte del dominio pblico martimo-terrestre por aplicacin de aquella, o sus causahabientes, sern reintegrados en el dominio de los bienes que por aplicacin de la presente Ley dejen de formar parte del dominio pblico martimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la disposicin adicional segunda.

Disposicin adicional sexta. Reintegro del dominio de los terrenos de las urbanizaciones martimo-terrestres que dejen de formar parte del dominio pblico martimo-terrestre.

Las personas que, a la entrada en vigor de esta Ley, sean titulares de terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad, situados en urbanizaciones martimo-terrestres, que dejen de formar parte del dominio pblico martimo-terrestre por aplicacin de la misma, sern reintegrados en el dominio de dichos bienes, una vez sean revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la disposicin adicional segunda.

Disposicin adicional sptima. Exclusin de determinados ncleos de poblacin del dominio pblico martimo-terrestre.

1. Se excluyen del dominio pblico martimo-terrestre los terrenos correspondientes a los ncleos de poblacin que se enumeran en el anexo de esta Ley, en la extensin que se fija en la planimetra incorporada al propio anexo.

2. Los terrenos excluidos podrn ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas y del Ministro de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente se determinar el procedimiento de identificacin de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisin y el negocio jurdico a travs del cual deba efectuarse dicha transmisin, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

3. La escritura pblica de transmisin ser ttulo suficiente para rectificar las situaciones contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

4. La efectividad de la exclusin declarada en el apartado 1 de este artculo estar condicionada a la formalizacin de los correspondientes negocios de transmisin.

Disposicin adicional octava. Informe sobre las posibles incidencias del cambio climtico en el dominio pblico martimo-terrestre.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente proceder, en el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptacin de la costa a los efectos del cambio climtico, que se someter a Evaluacin Ambiental Estratgica, en la que se indicarn los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrn medidas para hacer frente a sus posibles efectos.

2. Igualmente las Comunidades Autnomas a las que se hayan adscrito terrenos de dominio pblico martimo-terrestre, de acuerdo con el artculo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, presentarn en el mismo plazo sealado en el apartado anterior, al Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente, para su aprobacin, un Plan de adaptacin de dichos terrenos y de las estructuras construidas sobre ellos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climtico.

Disposicin adicional novena. Garanta del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuracin.

1. En atencin a las actuales y extraordinarias circunstancias econmicas que fuerzan la restriccin del gasto pblico y las inversiones, las instalaciones de depuracin de aguas residuales de inters general, construidas en dominio pblico martimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la presente Ley, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolucin judicial, continuarn temporalmente su actividad, en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y explotacin que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.

2. Una vez que las circunstancias econmicas lo permitan debern iniciarse las actuaciones tendentes a la adecuada sustitucin de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inversiones, de modo que queden garantizadas aquellas otras inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depuracin de inters general.

3. La presente disposicin no se aplicar en ningn caso, a aquellas instalaciones de depuracin de aguas residuales que se encuentren construidas en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000.

Disposicin transitoria primera. Aplicacin de la disposicin transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

1. En el plazo de dos aos desde la entrada en vigor de la presente Ley, se podr instar que el rgimen previsto en la disposicin transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los ncleos o reas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:

a) En municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuacin de aguas residuales y suministro de energa elctrica y estuvieran consolidados por la edificacin en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en reas consolidadas por la edificacin como mnimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenacin de aplicacin.

b) En municipios sin planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuacin de aguas residuales y suministro de energa elctrica y estuvieran consolidados por la edificacin en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los requisitos citados, estuvieran comprendidos en reas consolidadas por la edificacin como mnimo en la mitad de su superficie.

2. Esta disposicin se aplicar a los ncleos o reas delimitados por el planeamiento, y en defecto de este, sern delimitados por la Administracin urbanstica competente; en ambos casos, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente que deber pronunciarse sobre la delimitacin y compatibilidad de tales ncleos o reas con la integridad y defensa del dominio pblico martimo-terrestre. Este informe deber emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado por la Administracin urbanstica. En caso de que no se emitiera en este plazo se entender que es favorable.

3. Las Administraciones urbansticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los ncleos o reas a los que se refiere el apartado primero de esta disposicin debern solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposicin en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. El informe deber emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en ese plazo se entender que es favorable.

4. No obstante, en los ncleos y reas a los que se refiere la presente disposicin, no se podrn autorizar nuevas construcciones de las prohibidas en el artculo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Disposicin transitoria segunda. Plazo para solicitar la concesin de ocupacin de bienes declarados de inters cultural.

La concesin prevista en la disposicin adicional undcima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de los bienes cuya declaracin de inters cultural sea anterior a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, se otorgar por la Administracin en el plazo de un ao a contar desde esta fecha.

Disposicin transitoria tercera. Aplicacin de la reforma a los procedimientos administrativos pendientes.

Los procedimientos administrativos en trmite que se encuentren pendientes de resolucin a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, debern ser resueltos conforme a la nueva normativa. Los actos de trmite dictados al amparo de la legislacin anterior y bajo su vigencia conservarn su validez, siempre que su mantenimiento no produzca un efecto contrario a esta Ley.

Disposicin transitoria cuarta. Inscripcin de los bienes de dominio pblico.

Para el cumplimiento de la obligacin de inscribir los bienes de dominio pblico, la Administracin General del Estado tendr un plazo de dos aos contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria quinta. Prrroga de las concesiones para puertos que no sean de inters general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artculo 2 de esta Ley, las concesiones que amparan ocupaciones en puertos que no son de inters general, o habilitan directamente la ocupacin del dominio pblico martimo-terrestre en el que se construye la obra portuaria, como consecuencia de un contrato de concesin de obra pblica, podrn prorrogarse en los mismos trminos y condiciones que los previstos en la legislacin estatal de puertos de inters general. En estos casos, la duracin de la prrroga no podr ser superior a la mitad del plazo mximo de vigencia establecido en la legislacin estatal para las concesiones sobre dominio pblico portuario en los puertos de inters general.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposicin final primera. Modificacin del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Uno. Se modifica el artculo 181, letra e), que queda redactado en los siguientes trminos:

e) Cuando el titular de la concesin o autorizacin sea un club nutico u otro deportivo sin fines lucrativos: 30 por ciento de la cuota correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, los de agua y a las obras e instalaciones, destinados exclusivamente a la realizacin de actividades nuticas, a cuyo efecto deber incluirse en el ttulo de otorgamiento un plano en el que se determine la superficie, obras e instalaciones dedicadas a dicha finalidad. En el caso de que disponga de atraques otorgados en concesin o autorizacin, al menos un 80 por ciento de los mismos debern estar destinados a embarcaciones con eslora inferior a doce metros para poder aplicarse esta bonificacin.

Dos. Se modifica el artculo 212.2 que queda redactado como sigue:

2. Los sustitutos designados en este precepto estn solidariamente obligados al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales derivadas de la obligacin tributaria, pudiendo la Autoridad Portuaria dirigirse indistintamente a cualquiera de ellos.

Disposicin final segunda. Ttulos competenciales.

Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artculo 149.1.1. y en el artculo 149.1.23. de la Constitucin que atribuyen al Estado competencias en la regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente.

Los apartados seis y siete del artculo primero y la disposicin adicional quinta se dictan al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislacin civil por la clusula 8. del artculo 149.1 de la Constitucin.

Los apartados cinco, diecisis, en relacin a la determinacin del plazo concesional, y en cuanto incorpora un nuevo apartado cuatro sobre usos permitidos en la zona de servicio portuario de los bienes de dominio pblico martimo-terrestre adscritos, veinte, veintiuno, veintids, veintitrs, veinticuatro, veinticinco, veintisiete, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y dos del artculo primero; el artculo segundo y la disposicin transitoria cuarta constituyen legislacin bsica sobre contratos y concesiones administrativas dictada al amparo de la clusula 18. del artculo 149.1 de la Constitucin.

El apartado diecisis del artculo primero, en cuanto incorpora un segundo prrafo, relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al apartado 1 del artculo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el apartado veintiocho, en cuanto aade un nuevo Captulo II relativo a contribuciones especiales, as como el apartado cuarenta y tres del artculo primero, se dictan al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de hacienda general por el artculo 149.1.14. de la Constitucin.

La disposicin final primera se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en materia de puertos de inters general y de hacienda general, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 149.1, clusulas 20. y 14. de la Constitucin.

Disposicin final tercera. Revisin del Reglamento de Costas y facultades de desarrollo.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno aprobar la revisin del Reglamento General para desarrollo y ejecucin de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecucin de esta Ley.

Disposicin final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de mayo de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Relacin de ncleos que se excluyen del dominio pblico martimo-terrestre en virtud de la disposicin adicional sptima, en la extensin que se fija en la planimetra

• Serra Grossa, trmino municipal de Alicante, provincia de Alicante.

• Puerto de Santa Pola, trmino municipal de Santa Pola, provincia de Alicante.

• Poblado Martimo de Xilxes (Castelln), trmino municipal de Xilxes, provincia de Castelln.

• Empuriabrava, trmino municipal de Castell d’Empuries, provincia de Girona.

• Platja d’Aro, trmino municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.

• Ra Punta Umbra, trmino municipal de Punta Umbra, provincia de Huelva.

• Cao del Cepo, trmino municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.

• Casco urbano, trmino municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.

• Pedregalejo, trmino municipal de Mlaga, provincia de Mlaga.

• El Palo, trmino municipal de Mlaga, provincia de Mlaga.

• Moaa, trmino municipal de Moaa, provincia de Pontevedra.

• Oliva, trmino municipal de Oliva, provincia de Valencia.

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Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 29/05/2013
  • Fecha de publicación: 30/05/2013
  • Entrada en vigor: 31 de mayo de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 5020/2013, extinguida por perdida sobrevenida del objeto en relacin con el art.1.39 y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 100/2016, de 25 de mayo (Ref. BOE-A-2016-6431).
    • en el Recurso 5009/2013, la prdida de su objeto respecto a las disposiciones adicionales 4 y 9; la constitucionalidad, en los trminos de los fj9 y 10, de las disposiciones adicionales 7, 8.2 y el anexo; y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 57/2016, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2016-3910).
    • en el Recurso 4912/2013 la constitucionalidad del apartado 2 de la disposicin adicional 8 interpretado en los trminos del fj7, y la desestimacin en todo lo dems, por Sentencia 28/2016, de 18 de febrero (Ref. BOE-A-2016-2909).
    • en el Recurso 4906/2013, su desestimacin, por Sentencia 6/2016, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2016-1832).
    • en el Recurso 5012/2013, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado del art. 1.39 y de las disposiciones adicionales 4.1, .2 y .4, y 9; la constitucionalidad, en los trminos sealados en el fj14, de la disposicin adicional 7 y del anexo, y la desestimacin de todo lo dems, por Sentencia 233/2015, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-13480).
  • Recurso 4912/2013 promovido contra los arts. 12, 16, 38 y 41 y la disposicin adicional 8.2 (Ref. BOE-A-2013-11443).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • los arts. 181.e) y 212.2 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2011-16467).
    • determinados preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1988-18762).
Materias
  • Concesiones administrativas
  • Costas martimas
  • Deslinde y amojonamiento
  • Mar
  • Obras
  • Patrimonio de las Administraciones Pblicas
  • Playas
  • Procedimiento sancionador
  • Publicidad
  • Puertos
  • Suelo
  • Urbanismo
  • Zona Martimo Terrestre

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