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Por Sentencia número 51/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carlet (Valencia) de fecha 29 de octubre de 2012, ya firme, dictada en el Procedimiento: Diligencias Urgentes Juicio Rápido número 81/2012, Ejecutoria 1920/2012 del Juzgado de lo Penal número 16 de Valencia, se condena a doña Inmaculada Fort Fayos, funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet, como autora de un delito continuado de falsedad documental, a la pena, entre otras, de inhabilitación especial para ejercer el empleo público de funcionario de cualquier categoría de la Administración de Justicia durante el tiempo de la condena (doce meses).

Considerando que en el artículo 443.2.d), en relación con el artículo 491.2, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se establece que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme».

Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la pérdida de la condición de funcionaria de carrera de doña Inmaculada Fort Fayos, con documento nacional de identidad número 52743039-Z, con efectos del día de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta orden cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de febrero de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.