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El Reglamento (CE) 2371/2002, del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, señala como objetivo de ésta la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura en el contexto de un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta de manera equilibrada los aspectos medioambientales, económicos y sociales.
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, prevé que el titular del Departamento podrá adoptar medidas de regulación del esfuerzo pesquero, encontrándose entre las mismas la limitación del tiempo de la actividad pesquera.
El Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero español y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca, establece la normativa básica de ordenación aplicable al ajuste de los esfuerzos pesqueros, entre otros, los referidos a la paralización temporal de la actividad pesquera.
La Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera («BOE» de 8 de febrero).
La Comisión Europea procedió el pasado 26 de julio a rubricar un nuevo protocolo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania. El texto definitivo no asigna cuota de pesca a la flota cefalopodera, incluyendo entre las categorías de pesca autorizadas otras flotas como la flota marisquera, pero que, teniendo en cuenta las condiciones técnico-financieras firmadas a aplicar, hacen materialmente imposible su actividad.
Dada la gravedad y excepcionalidad de esta coyuntura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó la Orden AAA/2162/2012, de 9 de octubre por la se convocaban ayudas por la paralización temporal a los armadores o propietarios de los buques afectados por esta decisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.a.iii) del Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
Como quiera que el 31 de enero de 2013 ha concluido el periodo de ayudas establecido en la citada orden sin que se hayan producido cambios en la situación y condiciones, que impiden a la flota faenar en el caladero de Mauritania, se establece una nueva convocatoria con el fin de prorrogar durante seis meses más, hasta el 31 de julio de 2013, salvo que esta situación revierta, las ayudas para los propietarios o armadores de los buques pesqueros españoles de las modalidades de pesca arrastreros cefalopoderos y arrastreros marisqueros, afectados por la paralización temporal obligatoria de su actividad pesquera, cofinanciadas por el Estado y la Unión Europea, y cuya gestión se llevará a cabo por la Administración General del Estado.
El artículo 33.2 del Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, establece la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en la actualidad Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pueda adoptar un régimen de ayudas a los armadores o propietarios y pescadores afectados en caso de paralizaciones temporales que tengan lugar en el supuesto de no renovación o suspensión de un acuerdo de pesca y cuando la medida afecte a varias comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión centralizada se perfila como el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que el recurso pesquero no se encuentra compartimentado, siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas sobrepase las disponibilidades presupuestarias destinadas al sector.
Asimismo, tanto la urgencia que acompaña a la tramitación de esta orden como la participación en su financiación de fondos comunitarios, conllevan la necesidad de una determinada forma de gestión que no sobrepase los plazos preestablecidos.
La gestión de las presentes ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta el Censo y la modalidad de pesca de los barcos.
En su tramitación se ha cumplido con el trámite de consultas a las comunidades autónomas afectadas, sector afectado y agentes sociales.
En su virtud, dispongo:
La presente orden tiene por objeto convocar en régimen de concurrencia competitiva, para el año 2013, la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles de las modalidades de pesca arrastreros cefalopoderos y arrastreros marisqueros, afectados por las condiciones en las que se rubricó un nuevo protocolo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania.
Dichas ayudas se otorgarán con motivo de la paralización temporal que la flota se vea obligada a efectuar como consecuencia de la firma de este Protocolo.
La cantidad total para hacer frente a la financiación de estas ayudas es de 6.300.000,00 euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asignará esta cantidad en el año 2013, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.16.415B.774.09 de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 «Ayudas a programas operativos de la Unión Europea».
No obstante, en caso de ser necesario, y tal como se recoge en la disposición adicional única se podrá incrementar la cantidad destinada a la financiación de las ayudas para cubrir el coste total de las mismas.
La concesión de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.
La aportación comunitaria se hará con cargo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP), de conformidad con los límites establecidos en el Reglamento CE 1198/2006 del Consejo de 27 de julio, relativo al FEP.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas por paralización temporal de la actividad los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles, de las modalidades de pesca de arrastreros cefalopoderos y arrastreros marisqueros, que hubiesen faenado en el caladero mauritano en los últimos doce meses del periodo de vigencia del Acuerdo, que estén afectados por el Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania, desde el 1 de agosto de 2012, y cumplan con los requisitos establecidos en la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles por la paralización temporal de la actividad pesquera.
No obstante, quedaran eximidos de presentar el correspondiente expediente de regulación de empleo a que hace referencia el artículo 4.1.f) de la mencionada Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, aquellos armadores que justifiquen documentalmente la no existencia de trabajadores en el momento de producirse la parada que nos ocupa.
Desde el día 1 de febrero de 2013, será condición imprescindible que todos los buques permanezcan con el dispositivo VMS de localización de buques pesqueros encendido durante todo el periodo que dure la paralización temporal.
De no cumplir con lo establecido en el párrafo anterior se entenderá que el buque reinicia su actividad, por lo que dejará de ser beneficiario de estas ayudas.
Ningún buque con resolución de ayuda por paralización definitiva emitida podrá acogerse a estas ayudas.
No obstante, estas ayudas son compatibles y computables con las que se pudieran percibir en un futuro por paralización definitiva del buque como consecuencia de la aplicación de planes de ajuste de esfuerzo pesquero o de desmantelamiento.
La ayuda que corresponda por paralización definitiva se verá reducida prorrata temporis del importe recibido por paralización temporal en el año anterior a la fecha de paralización definitiva del buque.
El importe máximo por día de ayuda, así como los criterios para su determinación serán los que figuran en el anexo II de la presente convocatoria.
Las ayudas se otorgarán por un periodo máximo de seis meses de duración realizados entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2013, ambos inclusive, siempre que persista la imposibilidad de pesca en el caladero.
Cualquier buque podrá iniciar la parada temporal en cualquier momento o interrumpir la parada y reanudar su actividad durante el periodo de seis meses que va desde el 1 de febrero al 31 de julio de 2013, ambos inclusive, suspendiéndose el cobro de la ayuda durante el periodo que lleve a cabo la actividad pesquera.
Todos los periodos de parada deberán ser de al menos un mes de duración, excepto el primero y el último.
El periodo de inactividad se computará desde el día siguiente al de la llegada del buque a puerto hasta el día anterior a la salida efectiva del mismo, pudiéndose contabilizar los periodos de tránsito desde el caladero al puerto donde vayan a realizar la parada y los de retorno al caladero, que serán certificados de oficio por la Dirección General de Ordenación Pesquera, una vez comprobados los datos a través del Sistema de Localización de Pesquerías Vía Satélite Español.
1. Los armadores o propietarios de buques que se hubieran beneficiado con anterioridad de las ayudas convocadas por Orden AAA/2162/2012, de 9 de octubre, no deberán presentar nueva solicitud ni la documentación que acompaña a la misma, debiendo remitir únicamente a la Secretaría General de Pesca las declaraciones juradas contenidas en los anexos de la presente orden, junto con una declaración jurada en la que se indique que no han cambiado las condiciones ni requisitos iniciales para la concesión de la ayuda.
2. El plazo para la presentación de estas declaraciones será de 10 días hábiles a contar desde la fecha de finalización del periodo de parada realizado, y siempre posterior a la entrada en vigor de la presente convocatoria, y la no presentación de las mismas se considerará como renuncia del armador a la continuidad de percepción de las ayudas.
3. Excepcionalmente, y con base en lo establecido en el artículo 8.3 e) de la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, la justificación de los periodos de parada realizados, desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio de 2013, así como la de haber sido despachado para la pesca al menos una vez en el año anterior al 31 de julio de 2012, será certificada de oficio por la Dirección General de Ordenación Pesquera, una vez comprobados los datos a través del Sistema de Localización de Pesquerías Vía Satélite Español, al tratarse de buques que en muchos casos realizan el periodo de parada en puertos extranjeros y no arriban a puerto español durante largos periodo de tiempo.
4. Si durante cualquiera de estos periodos de parada se llevase a cabo un acuerdo que permitiese a la flota afectada volver a faenar en el caladero de Mauritania, la certificación de la parada realizada podrá llevarse a cabo por un periodo inferior al mes, tal y como se indica en el dispositivo anterior.
5. Asimismo, si se produce alguna modificación respecto al contenido de la documentación que acompañaba a las solicitudes presentadas en su momento, el beneficiario deberá obligatoriamente comunicarlo a la Secretaría General de Pesca, remitiendo, en su caso, los documentos necesarios, o autorizando a la Administración a su obtención.
1. El órgano competente para la instrucción será la Subdirección General de Política Estructural.
2. El Subdirector General de Política Estructural elevará la correspondiente propuesta de resolución por los días efectivamente inmovilizados, con el contenido que establece el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El Director General de Ordenación Pesquera, por delegación de acuerdo con la Orden AAA/838/2012, dictará y notificará la correspondiente resolución motivada en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud.
La notificación al interesado se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a través de correo certificado con acuse de recibo.
4. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado la resolución los interesados podrán entender desestimada su solicitud.
5. La resolución que recayere pone fin a la vía administrativa, pudiéndose recurrir potestativamente en reposición en virtud del artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Se faculta al Secretario General de Pesca para modificar la cuantía máxima de las ayudas previstas en esta orden en función de las disponibilidades presupuestarias, tras la tramitación del oportuno expediente de gasto y previa fiscalización del mismo, pudiendo llegar a un máximo de 6.600.000,00 €.
La cantidad adicional de 300.000,00 € que supondría este aumento se habrá de cargar al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2013, con la preceptiva fiscalización previa de dicho gasto.
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de marzo de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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