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Documento BOE-A-2013-12888

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La unidad de mercado constituye un principio econmico esencial para el funcionamiento competitivo de la economa espaola. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artculo 139 de la Constitucin que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulacin y establecimiento de las personas y la libre circulacin de bienes en todo el territorio espaol.

Con el fin de hacer efectivo el principio de unidad de mercado, en las ltimas dcadas se han llevado a cabo importantes esfuerzos. Sin embargo, y a pesar de las medidas adoptadas, la fragmentacin subsiste en el mercado espaol, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar este coste as como los obstculos y trabas derivados del crecimiento de la regulacin ha sido una de las principales demandas que los operadores econmicos han venido trasladando en los ltimos aos.

Esta fragmentacin del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economas de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversin y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento econmico y el empleo, con el importante coste econmico que supone en trminos de prosperidad, empleo y bienestar de los ciudadanos.

En el contexto actual, esta Ley busca establecer los principios y normas bsicas que, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, garanticen la unidad de mercado para crear un entorno mucho ms favorable a la competencia y a la inversin, facilitando que los agentes econmicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensin en trminos de productividad y costes, en favor de la creacin de empleo y de crecimiento, y en beneficio ltimo de los consumidores y usuarios que tendrn un mayor acceso a productos y servicios de calidad. Todas las Administraciones Pblicas observarn los principios recogidos en esta Ley, en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades econmicas, y especialmente en aquellas actividades que, bien por su carcter estratgico (telecomunicaciones, energa, transportes) bien por su potencial para la dinamizacin y el crecimiento econmico (distribucin comercial, turismo, construccin, industrias creativas y culturales, alimentacin, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de especial relevancia para la economa.

En la elaboracin de esta Ley se ha tenido en cuenta la experiencia recabada durante el proceso de transposicin de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tambin conocida como Directiva de Servicios, proceso en el que se incorporaron al ordenamiento jurdico espaol, a travs de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, una serie de principios bsicos para la libre circulacin, en especial el principio de eficacia nacional de los medios de intervencin administrativa. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sienta un precedente en materia de unidad de mercado para el sector servicios que se considera debe extenderse a todas las actividades econmicas. As, esta Ley se aplicar tambin a los sectores expresamente excluidos de la Directiva de Servicios (como por ejemplo las comunicaciones electrnicas; el transporte, las empresas de trabajo temporal, la seguridad privada, etc.) y a la circulacin de productos. Asimismo, se ha tenido en cuenta la profusa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea sobre los principios bsicos establecidos en esta Ley. En particular, en relacin con los principios de necesidad y proporcionalidad, el principio de eficacia nacional y el principio de no discriminacin.

A diferencia del proceso de construccin del Mercado Interior de la Unin Europea que se ha desarrollado a lo largo de los ltimos veinte aos, esta norma pretende garantizar la unidad del mercado nacional espaol cuya existencia es ya una premisa bsica de partida de la Constitucin Espaola, evitando o minimizando las distorsiones que puedan derivarse de nuestra organizacin administrativa territorial. Esto no puede sino afectar positivamente a la propia construccin del mercado interior a nivel europeo, dado que es indudable que un mejor funcionamiento del mercado nico espaol tendr un efecto positivo sobre el desarrollo del Mercado Interior de la Unin Europea.

En particular, las obligaciones que el Estado asume respecto a los operadores de otros Estados miembros, entre ellas las derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, quedan totalmente cubiertas por la aplicacin de la normativa especfica de transposicin de dichas directivas. No obstante, adems del cumplimiento de la normativa de la Unin Europea, los operadores de otros Estados miembros de la Unin establecidos o que deseen establecerse en Espaa podrn tambin beneficiarse de un rgimen ms favorable en otras muchas actividades econmicas ms all del mbito de la Directiva de Servicios, mientras que los operadores de otros Estados miembros que ofrezcan sus servicios en Espaa en libre prestacin, seguirn disfrutando del marco establecido por la Directiva de Servicios, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y por la normativa sectorial de la Unin en tanto que estn legalmente establecidos en otros Estados miembros.

Sin perjuicio de las competencias que en cada caso corresponden al Estado, las Comunidades Autnomas o las Entidades Locales, con esta Ley se dota de eficacia en todo el territorio nacional a las decisiones tomadas por la autoridad competente de origen, basadas en un criterio de confianza mutua, y se aplican principios comunes como el principio de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas en la libre iniciativa econmica, lo que implica el reconocimiento implcito de actuaciones de las autoridades competentes de otras Administraciones Pblicas. La Ley no tiene como finalidad uniformar los ordenamientos jurdicos puesto que, como ya ha sealado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, unidad no significa uniformidad, ya que la misma configuracin territorial del Estado espaol y la existencia de entidades con autonoma poltica, como son las Comunidades Autnomas, supone una diversidad de regmenes jurdicos.

Para alcanzar la aplicacin uniforme de los anteriores principios y el logro de los objetivos perseguidos con esta Ley, se opta por un modelo de refuerzo de la cooperacin entre el Estado, las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales. En este sentido un elemento importante de esta Ley es el aprovechamiento de las estructuras de cooperacin existentes para impulsar todo el proceso. Adems, se prev la creacin de un Consejo para la Unidad de Mercado como rgano de cooperacin administrativa para el seguimiento de la aplicacin de esta Ley.

Asimismo, con objeto de mantener los niveles de calidad de los productos y servicios, en la Ley se refuerzan los mecanismos de cooperacin y colaboracin entre las distintas autoridades competentes para la supervisin de los operadores econmicos y se establecen procedimientos de alerta en la cooperacin para el control de la provisin de bienes y servicios, para evitar perjuicios sobre la salud o seguridad de las personas o sobre el medio ambiente y facilitar la adopcin de las medidas que resulten necesarias. En esta lnea, la Ley sigue contribuyendo a mejorar los niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios por encima de las exigencias normativas mediante el impulso del uso voluntario de normas de calidad en beneficio ltimo de los consumidores y usuarios.

Por otro lado, se establecen canales de comunicacin entre la Administracin y con el sector privado para permitir a los agentes econmicos y a las empresas transmitir a las Administraciones Pblicas situaciones y obstculos concretos que fragmentan el mercado nacional con objeto de que puedan ser resueltos de forma gil.

Finalmente, esta Ley aprovecha para seguir impulsando un marco regulatorio eficiente para las actividades econmicas que simplifique la legislacin existente, elimine regulaciones innecesarias, establezca procedimientos ms giles y minimice las cargas administrativas. La mayor parte de las barreras y obstculos a la unidad de mercado se eliminan adoptando criterios de buena regulacin econmica. Es importante mantener la regulacin bajo un proceso de revisin constante basado en los principios de buena regulacin y de unidad de mercado nacional.

As pues, partiendo del artculo 38 de la Constitucin Espaola, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economa de mercado debiendo los poderes pblicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economa general, esta reforma constituye un elemento central del objetivo del establecimiento de un entorno econmico y regulatorio que favorezca el emprendimiento, la expansin empresarial, la actividad econmica y la inversin, en beneficio de los destinatarios de bienes y servicios, operadores econmicos y de los consumidores y usuarios.

El Tribunal Constitucional ha considerado en mltiples ocasiones que en Estados como el nuestro, de estructura territorial compleja, la exigencia de que los principios bsicos del orden econmico sean unos y los mismos en todo el mbito nacional es una proyeccin concreta del ms general principio de unidad. As, ha considerado el Tribunal Constitucional que el funcionamiento de la actividad econmica exige la existencia de unos principios bsicos del orden econmico que han de aplicarse con carcter unitario y general a todo el territorio nacional.

II

La Ley consta de veintiocho artculos agrupados en siete captulos, diez disposiciones adicionales, una disposicin derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo.

El Captulo I, Disposiciones generales, incluye las disposiciones que regulan el objeto y el mbito de aplicacin. En concreto, se determina un mbito de aplicacin amplio que incluye el acceso y ejercicio de actividades econmicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Pblicas que afecten al acceso y ejercicio de las mencionadas actividades econmicas.

El Captulo II, Principios de garanta de la libertad de establecimiento y la libertad de circulacin, desarrolla los principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. En concreto el principio de no discriminacin, el principio de cooperacin y confianza mutua, el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes, el principio de eficacia de las mismas en todo el territorio nacional, el principio de simplificacin de cargas, el principio de transparencia y la garanta de las libertades de los operadores econmicos en aplicacin de estos principios.

El Captulo III, Garanta de la cooperacin entre las Administraciones Pblicas, crea el Consejo para la Unidad de Mercado, asistido por una secretara de carcter tcnico, como rgano de cooperacin administrativa para el seguimiento e impulso de la aplicacin de la Ley. Asimismo, este Captulo incluye preceptos referentes a la cooperacin en el marco de las conferencias sectoriales y en la elaboracin de proyectos normativos. Por otro lado, se establece un mandato para mantener una evaluacin constante de las normas de las diferentes administraciones.

El Captulo IV, Garantas al libre establecimiento y circulacin, partiendo del principio de libre iniciativa econmica, regula la instrumentacin del principio de necesidad y proporcionalidad. Las autoridades podrn elegir entre una comunicacin, una declaracin responsable o una autorizacin, en funcin del inters general a proteger, de los requisitos que, en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho inters general y en atencin a la naturaleza de la actividad y de si el medio de intervencin se dirige a la propia actividad o a la infraestructura fsica. La autorizacin es el medio de intervencin que ms limita el acceso a una actividad econmica y su ejercicio. Por ello, desde la perspectiva de los operadores econmicos, se consideran motivos que habilitan para exigir autorizacin administrativa, la existencia de razones de seguridad pblica, salud pblica, proteccin del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad y el orden pblico, dentro del cual se incluyen, entre otras, la prudencia y la garanta de la estabilidad financieras. Pero aunque exista alguno de esos motivos, siempre deber valorarse que la exigencia de, o bien una declaracin responsable o bien una comunicacin, no sea suficiente para garantizar el objetivo perseguido, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, en aplicacin del principio de necesidad por salud pblica, es posible que deban regularse varias actividades que se ofrecen en condiciones de mercado en el marco de la planificacin sanitaria. A algunas de estas actividades se les exigir autorizacin y a otras una declaracin responsable o una comunicacin, en funcin de si es necesaria una verificacin previa de los requisitos exigidos.

Por otro lado, la autorizacin ser el instrumento adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en los casos donde existe una limitacin del nmero de operadores en el mercado por la escasez de recursos naturales, el uso del dominio pblico, las limitaciones tcnicas de esa actividad o por la prestacin de servicios pblicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos aquellos cuya prestacin necesita la utilizacin del dominio pblico o porque se trate de servicios que puedan poner en riesgo su adecuada prestacin, como sucede, por ejemplo, con el ejercicio de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehculos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia que se consideran incluidas en las previsiones del artculo 17.1 de esta Ley.

Es importante subrayar que el artculo 17 debe entenderse sin perjuicio del principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. As una vez que los operadores han obtenido una autorizacin o presentado una declaracin responsable o comunicacin para acceder a una actividad o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningn trmite previo, sta podr ser ejercida en todo el territorio nacional, sin que quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorizacin, declaracin responsable o comunicacin excepto para determinadas actuaciones para las que se limita este principio de eficacia nacional.

Igualmente se determinan las actuaciones que limitan las libertades de establecimiento y de circulacin debiendo las autoridades competentes asegurarse de que sus actuaciones no tengan como efecto la creacin de un obstculo o barrera a la unidad de mercado.

El Captulo V, Principio de eficacia en todo el territorio nacional, desarrolla las disposiciones relativas a este principio, que constituye uno de los elementos centrales de esta Ley. De acuerdo con este principio, basado en la confianza mutua, cualquier operador legalmente establecido, o cualquier bien legalmente producido y puesto en circulacin, podr ejercer la actividad econmica o circular en todo el territorio nacional sin que quepa en principio exigirles nuevas autorizaciones o trmites adicionales de otras autoridades competentes diferentes. Se regulan con detalle diferentes supuestos de acreditaciones, reconocimientos, calificaciones, certificaciones y cualificaciones y actos de habilitacin y la previsin expresa en la normativa autonmica o local de la validez del rgimen aplicable a los operadores establecidos en otros lugares del territorio. Este principio de eficacia no es, sin embargo, aplicable a determinadas actuaciones relacionadas con las instalaciones o infraestructuras fsicas, con la ocupacin del dominio pblico o con la prestacin de servicios pblicos sometidos a tarifas reguladas que, por su propia naturaleza, resultan vinculados con un mbito territorial determinado, como nuevamente sucede con las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehculos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia, que se consideran incluidas en las previsiones del segundo prrafo del artculo 20.4 de esta Ley.

El Captulo VI, Supervisin de los operadores econmicos, determina las autoridades competentes para la supervisin y control del acceso y ejercicio a la actividad econmica. La supervisin y control por parte de las autoridades designadas est respaldada por la necesaria comunicacin e intercambio de informacin entre autoridades regulada en este Captulo. Asimismo se prev la integracin de la informacin obrante en los registros sectoriales.

Por ltimo, el Captulo VII, Mecanismos de proteccin de los operadores econmicos en el mbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulacin, establece y regula los mecanismos para la defensa de los intereses de los operadores econmicos, proporcionando una solucin gil de obstculos y barreras a la unidad de mercado detectadas por los operadores econmicos.

Por ello, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y procurar la agilidad necesaria en la aplicacin de esta Ley, se han previsto los oportunos procedimientos, por los que puede optar el interesado como alternativa al tradicional sistema de recursos.

Estos procedimientos permitirn que, en aquellas situaciones en que el inters general representado por la unidad de mercado pueda verse vulnerado por la actuacin pblica, el interesado pueda utilizar, si lo tiene por conveniente, el sistema administrativo de recursos, pero pueda tambin acudir a esta nueva alternativa que se configura.

En esta va se pretende que, en el mbito de aplicacin de esta Ley, se resuelvan los conflictos con la prontitud necesaria para evitar que la proteccin efectiva de la unidad de mercado y de los derechos de los ciudadanos y las empresas pueda resultar menoscabada, permitiendo al mismo tiempo el acceso a la va judicial para todas las partes con la misma amplitud que hoy tiene.

Las disposiciones adicionales regulan una serie de aspectos complementarios necesarios para la aplicacin e impulso de lo dispuesto en esta Ley.

As, se prev que cuando, por razones de orden pblico que, de acuerdo con la interpretacin de las instituciones de la Unin Europea, incluye la lucha contra el fraude y la garanta de la estabilidad financiera, que fundamentara la necesidad de intervencin en los sectores bancario, financiero y de seguros, el medio de intervencin corresponde al Estado, la eficacia en el territorio nacional queda garantizada por la propia intervencin estatal. Asimismo, se recoge una excepcin a lo dispuesto en el artculo 19.2 para determinados productos regulados; se modifica la denominacin de la Plataforma de Contratacin del Estado que pasar a denominarse la Plataforma de Contratacin del Sector Pblico recogiendo adems la obligatoriedad de publicacin de las convocatorias de licitaciones pblicas y sus resultados; se realiza un mandato a las Administraciones Pblicas para promover el uso voluntario de normas de calidad; se prev la accin popular y el derecho de peticin; se encarga a la Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios la evaluacin peridica de la implementacin y los efectos de la Ley, se prev la presentacin a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de un Plan de trabajo y seguimiento con carcter anual, se recoge el plan de trabajo de las conferencias sectoriales y se establece el plazo mximo de remisin de la informacin para la integracin en los registros sectoriales y de la puesta en funcionamiento del sistema de intercambio electrnico de informacin.

La disposicin derogatoria y las disposiciones finales primera y segunda, efectan las derogaciones y modificaciones de las normas con rango de Ley que resultan afectadas por la entrada en vigor de esta norma. En particular se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, para regular los nuevos procedimientos para solucionar posibles vulneraciones a la unidad de mercado. Por su parte, las otras disposiciones finales incluyen una modificacin de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizacin del comercio y de determinados servicios, las previsiones relacionadas con el ttulo competencial, la adaptacin de las disposiciones con rango legal y reglamentario, la habilitacin normativa y la entrada en vigor de la Ley.

Finalmente, en el anexo se recogen determinadas definiciones a los efectos de esta Ley.

Esta Ley se dicta al amparo del artculo 149 1., 6., 13. y 18. de la Constitucin Espaola que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: regulacin de condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, as como sobre la legislacin mercantil y procesal, las bases y la coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y la legislacin bsica sobre contratos administrativos.

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

1. Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional. En particular, tiene por objeto garantizar la integridad del orden econmico y facilitar el aprovechamiento de economas de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansin de las actividades econmicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada supervisin, de conformidad con los principios contenidos en el artculo 139 de la Constitucin.

2. La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulacin y establecimiento de los operadores econmicos, en la libre circulacin de bienes y servicios por todo el territorio espaol, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, y en la igualdad de las condiciones bsicas de ejercicio de la actividad econmica.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

Esta Ley ser de aplicacin al acceso a actividades econmicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.

CAPTULO II
Principios de garanta de la libertad de establecimiento y la libertad de circulacin
Artculo 3. Principio de no discriminacin.

1. Todos los operadores econmicos tendrn los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminacin alguna por razn del lugar de residencia o establecimiento.

2. Ninguna disposicin de carcter general, actuacin administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades econmicas podr contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminacin por razn de establecimiento o residencia del operador econmico.

Artculo 4. Principio de cooperacin y confianza mutua.

Con el fin de garantizar la aplicacin uniforme de los principios recogidos en este Captulo y la supervisin adecuada de los operadores econmicos, las autoridades competentes cooperarn en el marco de los instrumentos establecidos en el Captulo III de esta Ley.

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarn de acuerdo con el principio de confianza mutua, respetando el ejercicio legtimo por otras autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses pblicos implicados y el respeto a la libre circulacin y establecimiento de los operadores econmicos y a la libre circulacin de bienes y servicios por todo el territorio nacional.

Artculo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes.

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan lmites al acceso a una actividad econmica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artculo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarn su necesidad en la salvaguarda de alguna razn imperiosa de inters general de entre las comprendidas en el artculo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

2. Cualquier lmite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deber ser proporcionado a la razn imperiosa de inters general invocada, y habr de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad econmica.

Artculo 6. Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional.

Los actos, disposiciones y medios de intervencin de las autoridades competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad econmica tendrn eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el Captulo V de esta Ley.

Artculo 7. Principio de simplificacin de cargas.

La intervencin de las distintas autoridades competentes garantizar que no genera un exceso de regulacin o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generaran con la intervencin de una nica autoridad.

Artculo 8. Principio de transparencia.

Todas las autoridades competentes actuarn con transparencia para la correcta aplicacin de esta Ley y la deteccin temprana de obstculos a la unidad de mercado. Asimismo, cada autoridad competente se asegurar de que las disposiciones y actos recogidos en el artculo 9.2 de esta Ley son fcilmente accesibles, y cumplen lo dispuesto en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno.

Artculo 9. Garanta de las libertades de los operadores econmicos.

1. Todas las autoridades competentes velarn, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervencin adoptados en su mbito de actuacin, por la observancia de los principios de no discriminacin, cooperacin y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificacin de cargas y transparencia.

2. En particular, garantizarn que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios citados en el apartado anterior:

a) Las disposiciones de carcter general que regulen una determinada actividad econmica o incidan en ella.

b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, as como los requisitos para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades econmicas, para la produccin o distribucin de bienes o para la prestacin de servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia econmica.

c) La documentacin relativa a los contratos pblicos, incluidos los pliegos y clusulas de los contratos pblicos.

d) Los actos dictados en aplicacin de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados en las letras anteriores, as como los procedimientos asociados a los mismos.

e) Los estndares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, as como los actos que acrediten el cumplimiento de estos estndares de calidad.

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los operadores econmicos.

CAPTULO III
Garanta de la cooperacin entre las Administraciones Pblicas
Artculo 10. Consejo para la Unidad de Mercado.

1. Se crea el Consejo para la Unidad de Mercado como rgano de cooperacin administrativa para el seguimiento de la aplicacin del contenido de esta Ley.

2. El Consejo para la Unidad de Mercado estar presidido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas y contar con la presencia del Secretario de Estado de Administraciones Pblicas, el Secretario de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa, el Subsecretario de Presidencia, los Consejeros de las Comunidades Autnomas competentes por razn de la materia y representantes de la Administracin local.

3. El Consejo para la Unidad de Mercado contar con una Secretara, que depender de la Secretara de Estado de Economa y Apoyo a la Empresa.

4. El Consejo para la Unidad de Mercado se reunir al menos semestralmente y tendr las siguientes funciones:

a) Seguimiento de la adaptacin de la normativa del conjunto de las autoridades competentes a los principios de esta Ley.

b) Impulso de los cambios normativos necesarios para la eliminacin de obstculos a la unidad de mercado en los marcos jurdicos correspondientes.

c) Seguimiento de los mecanismos de cooperacin establecidos en esta Ley, en particular, del sistema de intercambio de informacin y la efectiva integracin de registros sectoriales.

d) Coordinacin de la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado.

e) Seguimiento de los mecanismos de proteccin de los operadores econmicos previstos en el Captulo VII de esta Ley, as como de sus resultados.

f) Aprobacin del informe a que se refiere la letra f) del artculo 11 de esta Ley.

g) Impulso de las tareas de cooperacin en la elaboracin de proyectos normativos establecidas en el artculo 14 de esta Ley.

h) Impulso y revisin de los resultados de la evaluacin peridica de la normativa a que se refiere el artculo 15 de esta Ley.

Artculo 11. Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado.

La Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado es el rgano tcnico de coordinacin y cooperacin continua con las autoridades competentes para la aplicacin de esta Ley y tendr las siguientes funciones:

a) Supervisin contina de la aplicacin de esta Ley y de la adaptacin de la normativa del conjunto de las autoridades competentes.

b) Anlisis y evaluacin de la situacin de la unidad de mercado en el territorio nacional.

c) Elaboracin de un catlogo de buenas y malas prcticas que tienen efectos sobre la unidad de mercado, que ser aprobado por el Consejo para la Unidad de Mercado.

d) Elaboracin y difusin de indicadores de calidad normativa respecto a la unidad de mercado y su impacto econmico.

e) Gestin de los mecanismos de proteccin de los operadores econmicos en el mbito de la unidad de mercado en el marco de lo previsto en el Captulo VII de esta Ley.

f) Elaboracin de un informe de carcter semestral sobre las letras anteriores con conclusiones y, en su caso, recomendaciones para la revisin o reforma de marcos jurdicos.

g) Articulacin de acciones de cooperacin y actividades conjuntas entre autoridades competentes.

Artculo 12. Cooperacin en el marco de las conferencias sectoriales.

1. A travs de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades competentes analizarn y propondrn las modificaciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en esta Ley y establecer marcos regulatorios adaptados a sus principios y disposiciones. El trabajo de estas conferencias sectoriales podr contar con la contribucin de los operadores econmicos que, a travs de una consulta a sus entidades representativas, participarn, en su caso, en la deteccin de las distorsiones que se producen en la unidad de mercado y de los mbitos que requieren un anlisis de la normativa vigente, en lnea con lo establecido en esta Ley.

2. En particular, las conferencias sectoriales analizarn las condiciones y requisitos requeridos para el acceso y ejercicio de la actividad econmica, as como los relativos a la distribucin y comercializacin de productos, e impulsarn los cambios normativos y reformas que podrn consistir, entre otros, en:

a) Propuestas de modificacin, derogacin o refundicin de la normativa existente, con el fin de eliminar los obstculos identificados o hacer compatibles con esta Ley aquellas normas que incidan en la libertad de establecimiento y de libre circulacin de bienes y servicios.

b) Adopcin de acuerdos que establezcan estndares de regulacin sectorial, en materias que son competencia autonmica y local de acuerdo con los principios contenidos en esta Ley.

c) Adopcin de otras medidas, tales como planes de actuacin que versen sobre las materias analizadas con el fin de eliminar los obstculos identificados de acuerdo con los principios de esta Ley.

3. Sin perjuicio del resto de funciones que tiene establecidas en esta Ley, el Consejo de Unidad de Mercado, a travs de su secretara, colaborar con las secretaras de las conferencias sectoriales en aplicacin de lo establecido en este artculo.

Artculo 13. Informacin a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Pblicas y de Economa y Competitividad informarn a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos sobre el desarrollo y aplicacin de esta Ley y acerca de los trabajos realizados en el seno del Consejo para la Unidad de Mercado y de las conferencias sectoriales.

Artculo 14. Cooperacin en la elaboracin de proyectos normativos.

1. Las autoridades competentes intercambiarn informacin relativa a los proyectos normativos que puedan tener incidencia en la unidad de mercado, valorando especialmente la coherencia de dichos proyectos normativos con esta Ley.

2. En los procedimientos de elaboracin de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la autoridad competente proponente de la norma pondr a disposicin del resto de autoridades a travs del sistema de intercambio electrnico de informacin previsto en el artculo 23 de esta Ley, con la antelacin suficiente, el texto del proyecto de norma, acompaado de los informes o documentos que permitan su adecuada valoracin, incluyendo en su caso la memoria del anlisis de impacto normativo.

3. Las leyes o disposiciones de carcter general que regulen las funciones o la actuacin de varias autoridades competentes en relacin con las previsiones contenidas en esta Ley garantizarn el principio de simplificacin de cargas.

4. Si el proyecto de norma establece o modifica medios de intervencin, se analizar la existencia de otras medidas que afecten a la misma actividad ya establecidas por otras autoridades competentes. Asimismo, se asegurar que los medios de intervencin no recaen sobre los mismos aspectos en caso de concurrencia de varias administraciones y prever un sistema por el cual el procedimiento no genere costes adicionales para el operador en comparacin con la intervencin de una nica administracin.

5. Si el proyecto de norma establece o modifica requisitos de acceso o ejercicio a una actividad econmica se analizar la consistencia de stos con el resto de la normativa de las dems autoridades competentes.

6. En los procedimientos de audiencia pblica de las leyes y disposiciones normativas de carcter general, los operadores econmicos o sus asociaciones representativas podrn pronunciarse sobre el impacto de la normativa en la unidad de mercado.

Artculo 15. Evaluacin peridica de la normativa.

1. Todas las autoridades competentes evaluarn peridicamente su normativa al objeto de valorar el impacto de la misma en la unidad de mercado.

2. Sin perjuicio de la evaluacin establecida en el apartado anterior, las conferencias sectoriales impulsarn la evaluacin peridica en las materias de su competencia, as como los cambios normativos que puedan proceder, en el marco de lo establecido en el artculo 12 de esta Ley.

A tal efecto, las conferencias sectoriales concretarn, con periodicidad anual, el programa de evaluacin que se considera prioritario para el perodo.

3. Asimismo, el Consejo para la Unidad de Mercado podr impulsar la evaluacin del marco jurdico vigente en un sector econmico determinado, cuando se hayan detectado obstculos a la unidad de mercado, conforme a lo establecido en el artculo 10 de esta Ley.

CAPTULO IV
Garantas al libre establecimiento y circulacin
Artculo 16. Libre iniciativa econmica.

El acceso a las actividades econmicas y su ejercicio ser libre en todo el territorio nacional y slo podr limitarse conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la normativa de la Unin Europea o en tratados y convenios internacionales.

Artculo 17. Instrumentacin del principio de necesidad y proporcionalidad.

1. Se podr establecer la exigencia de una autorizacin siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrn de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho rgimen. Cuando el rgimen de autorizacin se exija por norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrn estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerar que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorizacin:

a) Respecto a los operadores econmicos, cuando est justificado por razones de orden pblico, seguridad pblica, salud pblica o proteccin del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentacin de una declaracin responsable o de una comunicacin.

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras fsicas necesarias para el ejercicio de actividades econmicas, cuando sean susceptibles de generar daos sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pblica y el patrimonio histrico-artstico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentacin de una declaracin responsable o de una comunicacin.

c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilizacin de dominio pblico, la existencia de inequvocos impedimentos tcnicos o en funcin de la existencia de servicios pblicos sometidos a tarifas reguladas, el nmero de operadores econmicos del mercado sea limitado.

d) Cuando as lo disponga la normativa de la Unin Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la aplicacin, en su caso, del principio de precaucin.

Las inscripciones en registros con carcter habilitante tendrn a todos los efectos el carcter de autorizacin.

2. Se considerar que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para exigir la presentacin de una declaracin responsable para el acceso a una actividad econmica o su ejercicio, o para las instalaciones o infraestructuras fsicas para el ejercicio de actividades econmicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razn imperiosa de inters general y sean proporcionados.

3. Las autoridades competentes podrn exigir la presentacin de una comunicacin cuando, por alguna razn imperiosa de inters general, tales autoridades precisen conocer el nmero de operadores econmicos, las instalaciones o las infraestructuras fsicas en el mercado.

4. Las autoridades competentes velarn por minimizar las cargas administrativas soportadas por los operadores econmicos, de manera que una vez aplicado el principio de necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirn un nico medio de intervencin, bien sea la presentacin de una comunicacin, de una declaracin responsable o la solicitud de una autorizacin.

5. Lo establecido en este artculo se entender sin perjuicio de lo previsto en el Captulo V de esta Ley.

Artculo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulacin.

1. Cada autoridad competente se asegurar de que cualquier medida, lmite o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creacin o el mantenimiento de un obstculo o barrera a la unidad de mercado.

2. Sern consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulacin por no cumplir los principios recogidos en el Captulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervencin de las autoridades competentes que contengan o apliquen:

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad econmica o su ejercicio, para la obtencin de ventajas econmicas o para la adjudicacin de contratos pblicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:

1. que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento fsico dentro de su territorio.

2. que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en dicho territorio.

3. que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio.

4. que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los rganos de administracin, control o gobierno residan en dicho territorio o renan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del territorio.

5. que el operador deba realizar un curso de formacin dentro del territorio de la autoridad competente.

b) Requisitos de obtencin de una autorizacin, homologacin, acreditacin, calificacin, certificacin, cualificacin o reconocimiento, de presentacin de una declaracin responsable o comunicacin o de inscripcin en algn registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente distinta de la autoridad de origen.

c) Requisitos de cualificacin profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el operador haya accedido a la actividad profesional o profesin, tales como:

1. necesidades de homologacin, convalidacin, acreditacin, calificacin, certificacin, cualificacin o reconocimiento de ttulos o certificados que acrediten determinadas cualificaciones profesionales emitidos por autoridades o entidades de otras Comunidades Autnomas.

2. cualquier otro requisito que obstaculice el libre ejercicio de los servicios profesionales en todo el territorio nacional.

d) Requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantas equivalentes o comparables en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en trminos de riesgo asegurado, suma asegurada o lmite de la garanta, adicionales a los establecidos en la normativa del lugar de origen, o que la obligacin de que la constitucin o el depsito de garantas financieras o la suscripcin de un seguro deban realizarse con un prestador u organismo del territorio de la autoridad competente.

e) Especificaciones tcnicas para la circulacin legal de un producto o para su utilizacin para la prestacin de un servicio distintas a las establecidas en el lugar de fabricacin.

f) Para la obtencin de ventajas econmicas, exigencia de requisitos de obtencin de una autorizacin, homologacin, acreditacin, calificacin, certificacin, cualificacin o reconocimiento, de presentacin de una declaracin responsable o comunicacin o de inscripcin en algn registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que rene el operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la concesin de dichas ventajas econmicas.

g) Requisitos de naturaleza econmica o intervencin directa o indirecta de competidores en la concesin de autorizaciones, en los trminos establecidos en las letras e) y f) del artculo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

h) Requisitos que contengan la obligacin de haber realizado inversiones en el territorio de la autoridad competente.

i) Cualquier otro requisito que no guarde relacin directa con el objeto de la actividad econmica o con su ejercicio.

CAPTULO V
Principio de eficacia en todo el territorio nacional
Artculo 19. Libre iniciativa econmica en todo el territorio nacional.

1. Desde el momento en que un operador econmico est legalmente establecido en un lugar del territorio espaol podr ejercer su actividad econmica en todo el territorio, mediante establecimiento fsico o sin l, siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, incluso cuando la actividad econmica no est sometida a requisitos en dicho lugar.

2. Cualquier producto legalmente producido al amparo de la normativa de un lugar del territorio espaol podr circular y ofertarse libremente en el resto del territorio desde el momento de su puesta en el mercado.

3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, controles previos o garantas a los operadores econmicos o a los bienes, distintos de los exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino asumir la plena validez de estos ltimos, aunque difieran en su alcance o cuanta. Asimismo, el libre ejercicio operar incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija requisito, control, cualificacin o garanta alguno.

Artculo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.

1. Tendrn plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador econmico realice ningn trmite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervencin de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad econmica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrn plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador econmico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trmites adicionales:

a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la produccin o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.

b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad econmica.

c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad econmica.

d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad econmica o ejercerla.

2. Los organismos de evaluacin, acreditacin, certificacin y otros similares legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrn plena capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional.

Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado por ella, sern plenamente vlidos a todos los efectos en todo el territorio nacional, sin que pueda exigirse la realizacin de ningn trmite adicional o el cumplimiento de nuevos requisitos.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicar, en particular, a los siguientes supuestos:

a) Certificaciones de calidad a efectos de la acreditacin del cumplimiento de las normas de garanta de calidad en los procedimientos de contratacin de las autoridades competentes, para el suministro de bienes y servicios en determinadas circunstancias o a determinados sujetos y para la obtencin de ventajas econmicas, bien sean subvenciones o beneficios fiscales.

b) Certificaciones o reconocimientos oficiales, a efectos de los derechos o ventajas econmicas que obtienen las personas fsicas o jurdicas que contratan con un operador oficialmente reconocido.

c) Certificaciones, reconocimientos y acreditaciones, a efectos de comprobar la concurrencia de un nivel determinado de calidad o de profesionalidad exigido para el acceso o ejercicio de una actividad econmica determinada.

4. El principio de eficacia en todo el territorio nacional no se aplicar en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalacin o infraestructura fsica. No obstante, cuando el operador est legalmente establecido en otro lugar del territorio, las autorizaciones o declaraciones responsables no podrn contemplar requisitos que no estn ligados especficamente a la instalacin o infraestructura.

El principio de eficacia en todo el territorio nacional tampoco se aplicar a los actos administrativos relacionados con la ocupacin de un determinado dominio pblico o cuando el nmero de operadores econmicos en un lugar del territorio sea limitado en funcin de la existencia de servicios pblicos sometidos a tarifas reguladas.

CAPTULO VI
Supervisin de los operadores econmicos
Artculo 21. Autoridad competente en la supervisin de los operadores.

1. Las autoridades competentes supervisarn el ejercicio de las actividades econmicas garantizando la libertad de establecimiento y la libre circulacin y el cumplimiento de los principios recogidos en esta Ley.

2. Cuando la competencia de supervisin y control no sea estatal:

a) Las autoridades de origen sern las competentes para la supervisin y control de los operadores respecto al cumplimiento de los requisitos de acceso a la actividad econmica.

b) Las autoridades de destino sern las competentes para la supervisin y control del ejercicio de la actividad econmica.

c) Las autoridades del lugar de fabricacin sern las competentes para el control del cumplimiento de la normativa relacionada con la produccin y los requisitos del producto para su uso y consumo.

3. En caso de que, como consecuencia del control realizado por la autoridad de destino, se detectara el incumplimiento de requisitos de acceso a la actividad de operadores o de normas de produccin o requisitos del producto, se comunicar a la autoridad de origen para que sta adopte las medidas oportunas, incluidas las sancionadoras que correspondan.

Artculo 22. Integracin de la informacin obrante en los registros sectoriales.

1. La ventanilla nica a que se refiere el artculo 18 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, integrar en una base de datos comn la informacin que obre en los distintos registros referente a los operadores econmicos, establecimientos e instalaciones, que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de supervisin y control a las autoridades competentes, en particular sobre aquellas actividades sometidas a un rgimen de autorizacin, declaracin responsable o comunicacin, todo ello sin perjuicio de lo establecido en las normas de proteccin de datos de carcter personal.

2. A los efectos del apartado anterior, los entes, entidades y organismos pblicos de la Administracin General del Estado y de la Administracin autonmica y local remitirn los datos obrantes en los mencionados registros al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, responsable de la gestin de la ventanilla nica a que se refiere el mismo apartado.

3. La remisin se realizar por medios electrnicos. Para ello, las autoridades competentes adoptarn las medidas necesarias e incorporarn en su respectivo mbito de competencia las tecnologas precisas para garantizar la interoperabilidad de los distintos sistemas, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

4. A partir del momento de la integracin de la informacin correspondiente en la ventanilla nica, las autoridades competentes, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, remitirn electrnicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas la informacin referente a las nuevas autorizaciones otorgadas o a las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas por los operadores.

5. La integracin en la base de datos de la ventanilla nica de los datos de un determinado operador, establecimiento o instalacin no constituye, en ningn caso, requisito necesario para poder iniciar o ejercer la actividad. Esta integracin de datos se efectuar de conformidad con el principio de eficiencia en la asignacin y utilizacin de los recursos pblicos establecido en el artculo 7 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con pleno respeto a las especialidades que, en materia de confidencialidad, pueda establecer la normativa sectorial, as como a la normativa sobre proteccin de datos.

6. El desarrollo y funcionamiento de la base de datos de la ventanilla nica se entender sin perjuicio de las competencias de las autoridades competentes para establecer registros de operadores, establecimientos e instalaciones en sus respectivos territorios.

Artculo 23. Sistema de intercambio electrnico de informacin.

1. Para intercambiar informacin de acuerdo con lo previsto en este Captulo, las autoridades competentes dispondrn de un sistema de intercambio electrnico de datos, incluidos los datos de carcter personal y sin perjuicio de lo establecido en las normas de proteccin de este tipo de datos.

Con este fin, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, a travs de la Secretara de Estado de Administraciones Pblicas, establecer un sistema de intercambio electrnico de datos que podrn utilizar las autoridades competentes en la materia. Dicho sistema de intercambio se canalizar a travs de plataformas de infraestructuras y servicios comunes mantenidas por la mencionada Secretara de Estado.

2. En caso de que no se acuerde un formato comn de comunicacin entre autoridades competentes, el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Pblicas lo determinar de conformidad con el principio de eficiencia en la asignacin y utilizacin de los recursos pblicos establecido en el artculo 7 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artculo 24. Intercambio de informacin en el ejercicio de funciones de supervisin.

1. La autoridad de origen, en el ejercicio de sus funciones de supervisin respecto del cumplimiento de los requisitos de acceso a la actividad econmica, podr solicitar de la autoridad de destino la realizacin de comprobaciones, inspecciones e investigaciones respecto de los operadores o bienes que se encuentren o se hayan encontrado en su territorio.

La autoridad de destino proceder a las comprobaciones, inspecciones e investigaciones que otras autoridades competentes le hayan solicitado en el plazo que las autoridades acuerden y, a falta de acuerdo expreso, en el plazo mximo de quince das, y contestar motivadamente e informar a estas autoridades sobre los resultados.

2. La autoridad de destino, en el ejercicio de sus funciones de supervisin respecto del cumplimiento de los requisitos de ejercicio de la actividad, podr:

a) Requerir a la autoridad de origen toda la informacin que sea necesaria para confirmar que el operador se encuentra legalmente establecido.

b) Solicitar a la autoridad de origen la realizacin de comprobaciones, inspecciones e investigaciones respecto de los operadores que operen o hayan operado en su territorio.

La autoridad de origen realizar todas las actuaciones necesarias en respuesta a las solicitudes de la autoridad de destino en el plazo que las autoridades acuerden y, a falta de acuerdo expreso, en el plazo mximo de quince das, contestar motivadamente e informar a estas autoridades sobre los resultados.

Artculo 25. Intercambio de informacin por razones imperiosas de inters general.

1. A efectos de evitar perjuicios graves para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente, en su territorio o en el de otras autoridades competentes, las autoridades competentes cooperarn entre s mediante el intercambio de informacin y, en su caso, solicitudes de actuacin, en los plazos ms breves posibles con objeto de adoptar las medidas que resulten necesarias.

2. Las autoridades competentes, incluyendo a los colegios profesionales, comunicarn a la autoridad competente que as lo haya solicitado motivadamente y en el marco de la legislacin vigente, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas firmes que hayan adoptado respecto a los operadores econmicos y que guarden relacin con los bienes producidos y servicios prestados o su actividad econmica. La autoridad competente comunicar al operador econmico que tal informacin ha sido suministrada a otra autoridad competente.

CAPTULO VII
Mecanismos de proteccin de los operadores econmicos en el mbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulacin
Artculo 26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores econmicos por las autoridades competentes.

1. El operador econmico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legtimos por alguna disposicin de carcter general, acto, actuacin, inactividad o va de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulacin, en los trminos previstos en esta Ley, podr dirigir su reclamacin a la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado en el plazo de un mes, a travs de la ventanilla que al efecto se establezca. En el caso de actuaciones constitutivas de va de hecho, el plazo ser de veinte das contados desde aquel en que se iniciaron.

En concreto, podr dirigirse la reclamacin regulada por este artculo frente a toda actuacin que, agotando o no la va administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario. Tambin podr dirigirse frente a las disposiciones de carcter general y dems actuaciones que, de conformidad con lo dispuesto por el Captulo I del Ttulo III de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo.

2. Las organizaciones representativas de los operadores econmicos, incluidas las Cmaras Oficiales de Comercio y las asociaciones profesionales, podrn acudir al procedimiento previsto en el apartado anterior en defensa de los intereses colectivos que representan.

3. El procedimiento previsto en este artculo tiene carcter alternativo. De no acogerse a l, el operador econmico podr interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan contra la disposicin, acto o actuacin de que se trate.

4. Para la resolucin de esta reclamacin, las autoridades competentes actuarn y cooperarn a travs de la red de puntos de contacto para la unidad de mercado y solucin de diferencias; sern puntos de contacto:

a) La Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado.

b) La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia.

c) Cada departamento ministerial.

d) La autoridad que designe cada Comunidad Autnoma o Ciudad con Estatuto de Autonoma.

5. La Secretara revisar la reclamacin para comprobar que se trata de una actuacin que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o circulacin, pudiendo inadmitirla cuando no concurriesen tales requisitos. Una vez admitida, la remitir al punto de contacto correspondiente a la autoridad competente afectada. A estos efectos se considerar autoridad competente:

a) Cuando se trate de disposiciones de carcter general y actuaciones que pongan fin a la va administrativa, la autoridad que la haya adoptado.

b) Cuando se trate de actuaciones que no pongan fin a la va administrativa, aquella que, de no aplicarse el procedimiento previsto en este artculo, hubiera conocido del recurso contra la actuacin objeto de reclamacin. En estos casos, dicha autoridad solicitar del rgano administrativo autor del acto la remisin del expediente administrativo, as como de un informe sobre la reclamacin en un plazo de cinco das.

Asimismo, la reclamacin ser distribuida entre todos los puntos de contacto, que podrn remitir a la autoridad competente afectada, informando a la Secretara del Consejo, las aportaciones que consideren oportunas en el plazo de cinco das. La Secretara deber elaborar informe de valoracin sobre la reclamacin recibida en un plazo de diez das, que deber ser tenido en cuenta por la autoridad competente a la hora de decidir. Los informes emitidos se incorporarn al expediente administrativo.

6. Transcurridos quince das desde la presentacin de la reclamacin, el punto de contacto correspondiente a la autoridad competente afectada informar de la resolucin adoptada por sta a la Secretara del Consejo y a la red de puntos de contacto, indicando las medidas que se hayan adoptado para dar solucin a la reclamacin.

De no adoptarse resolucin en el citado plazo, se entender desestimada por silencio administrativo negativo y que, por tanto, la autoridad competente mantiene su criterio respecto a la actuacin objeto de la reclamacin.

7. La Secretara del Consejo notificar al operador la resolucin adoptada, as como los dems informes emitidos, dentro del da hbil siguiente a la recepcin de la resolucin. Cuando se trate de actuaciones administrativas que no agoten la va administrativa, la resolucin de la autoridad competente debidamente notificada pondr fin a dicha va.

8. Si el operador econmico o las organizaciones representativas de los operadores econmicos, incluidas las Cmaras Oficiales de Comercio y las Asociaciones Profesionales, a la vista de la decisin de la autoridad competente, no considerasen satisfechos sus derechos o intereses legtimos, podrn dirigir su solicitud a la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a lo establecido en el artculo siguiente en un plazo de cinco das.

9. Cuando existiesen motivos de impugnacin distintos de la vulneracin de la libertad de establecimiento o de circulacin, los operadores que hayan presentado la reclamacin regulada en este artculo debern hacerlos valer, de forma separada, a travs de los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan frente a la disposicin o actuacin de que se trate. No obstante, el plazo para su interposicin se iniciar cuando se produzca la inadmisin o eventual desestimacin de la reclamacin por la autoridad competente.

Artculo 27. Legitimacin de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia est legitimada para la interposicin de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposicin de carcter general, acto, actuacin, inactividad o va de hecho que se considere contraria, en los trminos previstos en esta Ley, a la libertad de establecimiento o de circulacin procedente de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Captulo IV del Ttulo V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

2. La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia podr actuar de oficio o a peticin de los operadores econmicos, que podrn dirigirse a la misma antes de iniciar un procedimiento contencioso administrativo.

3. Presentada una peticin, la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, teniendo en cuenta el informe que en su caso haya emitido la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado sobre la reclamacin, valorar en el plazo de cinco das si procede la interposicin de recurso contencioso-administrativo, informando al operador de su decisin.

4. La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia informar al Ministerio de Economa y Competitividad y a la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado de los recursos interpuestos y de las peticiones y denuncias recibidas.

5. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo ordinario por parte de los operadores que hayan presentado su solicitud a la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia quedar suspendido hasta que sta le comunique su decisin.

6. En el caso de la accin popular y el derecho de peticin previstos en la disposicin adicional quinta de esta Ley, la legitimacin para la interposicin del recurso contencioso-administrativo corresponder en exclusiva a la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia sin perjuicio del derecho de personacin regulado en el artculo 127 ter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Artculo 28. Mecanismos adicionales de eliminacin de obstculos o barreras detectados por los operadores econmicos, los consumidores y los usuarios.

1. Fuera de los supuestos previstos por el artculo 26 de esta Ley, los operadores econmicos, los consumidores y usuarios, as como las organizaciones que los representan, podrn informar a la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado, en cualquier momento y a travs de la ventanilla a la que se refiere el citado artculo 26, sobre cualesquiera obstculos o barreras relacionadas con la aplicacin de esta Ley.

2. La Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado, proceder a recabar informes de los puntos de contacto de acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artculo 26, en los que se podrn incluir propuestas de actuacin. Asimismo, elaborar el correspondiente informe de valoracin.

3. En el plazo mximo de 15 das, la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado, informar al operador econmico, al consumidor o usuario o a la organizacin que los representan sobre la solucin alcanzada.

4. La Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado informar puntualmente a las conferencias sectoriales y al Consejo para la Unidad de Mercado sobre los obstculos y barreras detectadas por los operadores, consumidores o usuarios u organizaciones que los representan, as como sobre las soluciones alcanzadas y resultados obtenidos, a efectos de impulsar los sistemas de cooperacin previstos en los artculos 10.4 y 12.2 de esta Ley.

5. Adicionalmente, los operadores econmicos que hayan recurrido ante la jurisdiccin contencioso-administrativa sin haber hecho uso del procedimiento previsto por el artculo 26 de esta Ley podrn solicitar informe a la Secretara del Consejo para la Unidad de Mercado.

Disposicin adicional primera. Actuaciones estatales.

Cuando por razones de orden pblico, incluida la lucha contra el fraude, la contratacin pblica y la garanta de la estabilidad financiera, el medio de intervencin, incluidas la regulacin, supervisin y control, para el acceso o ejercicio de una actividad econmica, corresponda al Estado, la eficacia en el territorio nacional quedar garantizada por la intervencin estatal, de manera que las disposiciones contenidas en el Captulo V de esta Ley no afectarn a las competencias estatales establecidas en la legislacin especfica.

Disposicin adicional segunda. Productos regulados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19.2 de esta Ley, la puesta en el mercado de los productos estancos, explosivos, gasleo profesional y mercancas peligrosas deber respetar las condiciones de venta establecidas en la normativa estatal aplicable.

Disposicin adicional tercera. Plataforma de Contratacin del Sector Pblico.

La Plataforma de Contratacin del Estado regulada en el artculo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasar a denominarse Plataforma de Contratacin del Sector Pblico.

En la Plataforma se publicar, en todo caso, bien directamente por los rganos de contratacin o por interconexin con dispositivos electrnicos de agregacin de la informacin de las diferentes administraciones y entidades pblicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artculo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

Disposicin adicional cuarta. Uso voluntario de normas de calidad.

Preferentemente, y en particular cuando la razn imperiosa de inters general, de acuerdo con el apartado 11 del artculo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sea la proteccin de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, las autoridades competentes promovern el uso voluntario de normas de calidad por parte de los operadores que mejoren los niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios.

Disposicin adicional quinta. Accin popular y derecho de peticin.

Ser pblica la accin para exigir ante los rganos administrativos y, a travs de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia, ante los Tribunales el cumplimiento de lo establecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y ejecucin, para la defensa de la unidad de mercado.

En particular, se reconoce la legitimacin de las corporaciones, asociaciones y grupos de afectados para ejercer el derecho de peticin a que se refiere el artculo 27 de esta Ley y para personarse en el procedimiento para la garanta de la unidad de mercado regulado en el Captulo IV del Ttulo V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Disposicin adicional sexta. Evaluacin anual de la Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios.

La Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios elaborar una evaluacin anual sobre la implementacin y los principales efectos en mbitos de actuacin pblica concretos, de las medidas contempladas en esta Ley. Esta evaluacin se remitir a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos y a las Comisiones de Economa y Competitividad del Congreso de los Diputados y del Senado, tras lo cual se har pblica.

Disposicin adicional sptima. Plan anual de trabajo y seguimiento.

A efectos de lo previsto en el artculo 15 de esta Ley, se presentar a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos un Plan de trabajo y seguimiento, que defina con carcter anual objetivos, prioridades y plazos de ejecucin, para el continuo seguimiento y evaluacin de la normativa sobre las actividades econmicas a la luz de los principios y mecanismos establecidos en esta Ley.

Disposicin adicional octava. Plan de trabajo de las conferencias sectoriales.

Con el fin de garantizar la cooperacin en el marco de las conferencias sectoriales, stas sern convocadas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley para que analicen la normativa estatal y autonmica y, en su caso, local, reguladora de los correspondientes sectores econmicos y elaboren una propuesta de cambios normativos para cumplir con los principios recogidos en esta Ley.

Disposicin adicional novena. Plazos mximos de remisin de informacin y del sistema de intercambio de informacin.

La obligacin de remisin de los datos obrantes en los registros establecida en el artculo 22 deber realizarse en el plazo mximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

El sistema de intercambio electrnico de informacin al que hace referencia el artculo 23 de esta Ley ser puesto a disposicin de las autoridades competentes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas en el plazo mximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin adicional dcima. Determinacin de la autoridad de origen.

Cuando en aplicacin de la definicin prevista en la letra d) del anexo de esta Ley haya conflicto para determinar cul es la autoridad de origen o el operador se haya establecido en ms de un lugar, elegir como autoridad de origen la de cualquiera de los lugares en los que se haya establecido y comunicar su eleccin a las autoridades afectadas. La comunicacin producir efectos a partir de su presentacin, no afectando a los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad.

Mientras los operadores econmicos no hayan efectuado la comunicacin de su eleccin conforme a lo previsto en el primer prrafo de esta Disposicin, desde la entrada en vigor de los artculos 20 y 21.2 de esta Ley se considerar que es autoridad de origen la del lugar donde el operador econmico ejerce la direccin efectiva de su actividad econmica, centraliza la gestin administrativa y la direccin de sus negocios.

Cuando el operador econmico no hubiera accedido a esa actividad econmica en el lugar donde ejerce la direccin efectiva de su actividad econmica, centraliza la gestin administrativa y la direccin de sus negocios, se considerar que es autoridad de origen la del lugar en el que se estableci en primer lugar para llevar a cabo esa actividad econmica.

Disposicin derogatoria.

A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en ella.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. Se modifica el artculo 11.1 aadindose una letra h) con el siguiente tenor:

h. De los recursos interpuestos por la Comisin Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

Dos. El apartado 1 del artculo 110 queda redactado como sigue:

1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administracin pblica y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situacin jurdica individualizada a favor de una o varias personas podrn extenderse a otras, en ejecucin de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idntica situacin jurdica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera tambin competente, por razn del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situacin individualizada.

c) Que soliciten la extensin de los efectos de la sentencia en el plazo de un ao desde la ltima notificacin de sta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en inters de ley o de revisin, este plazo se contar desde la ltima notificacin de la resolucin que ponga fin a ste.

Tres. Se aade un nuevo Captulo IV al Ttulo V con la siguiente redaccin:

CAPTULO IV
Procedimiento para la garanta de la unidad de mercado

Artculo 127 bis.

1. Cuando la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposicin, acto, actuacin, inactividad o va de hecho procedente de cualquier Administracin pblica sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulacin en los trminos previstos en la Ley 19/2013, de Garanta de la Unidad de Mercado, podr presentar el recurso contencioso-administrativo regulado en este Captulo.

2. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo para la garanta de la unidad de mercado ser de dos meses conforme a lo previsto en los apartados 1 a 3 del artculo 46. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador econmico el plazo de dos meses se computar desde la presentacin de la solicitud ante la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia.

Artculo 127 ter.

1. En el mismo da de la interposicin del recurso por la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia en garanta de la unidad de mercado o en el siguiente, el Secretario judicial requerir con carcter urgente al rgano administrativo correspondiente, acompaando copia del escrito de interposicin, para que en el plazo mximo de cinco das a contar desde la recepcin del requerimiento remita el expediente acompaado de los informes y datos que se soliciten en el recurso, con apercibimiento de cuanto se establece en el artculo 48.

2. La falta de envo del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender el curso de los autos.

3. El Secretario judicial pondr de manifiesto al recurrente el expediente y dems actuaciones para que en el plazo improrrogable de diez das pueda formalizar la demanda y acompaar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se conceder un trmite adicional de alegaciones a las partes.

4. Formalizada la demanda, el Secretario judicial dar traslado de la misma a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten contestacin en el plazo comn e improrrogable de diez das y acompaen los documentos que estimen oportunos.

5. Evacuado el trmite de contestacin, el rgano jurisdiccional decidir en el siguiente da sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 57. El perodo de prctica de prueba no ser en ningn caso superior a veinte das.

6. Conclusas las actuaciones, el rgano jurisdiccional dictar sentencia en el plazo de cinco das. La sentencia estimar el recurso cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurrieran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulacin, incluida la desviacin de poder.

Conforme a lo dispuesto en el artculo 71, la sentencia que estime el recurso implicar la correccin de la conducta infractora, as como el resarcimiento de los daos y perjuicios, incluido el lucro cesante, que dicha conducta haya causado.

Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el rgano jurisdiccional podr convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisin, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposicin y pronunciando su fallo, de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 68 a 71.

La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedir el dictado de la sentencia de viva voz.

En cuanto se refiere a la grabacin de la comparecencia y a su documentacin, sern aplicables las disposiciones contenidas en el artculo 63.

Caso de haberse dictado la Sentencia de forma oral, el Secretario judicial expedir certificacin que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicacin de su firmeza y de la actuacin administrativa a que se refiera. Dicha certificacin ser expedida en el plazo mximo de cinco das notificndose a las partes.

La anterior certificacin se registrar e incorporar al Libro de Sentencias del rgano judicial. El soporte videogrfico de la comparecencia quedar unido al procedimiento.

7. Durante la tramitacin del procedimiento, podr solicitar su intervencin, como parte recurrente, cualquier operador econmico que tuviere inters directo en la anulacin del acto, actuacin o disposicin impugnada y no la hubiera recurrido de forma independiente.

La solicitud del operador se resolver por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo comn de cinco das.

Admitida la intervencin, no se retrotraern las actuaciones, pero el interviniente ser considerado parte en el proceso a todos los efectos y podr defender las pretensiones formuladas o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello.

El interviniente podr utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales para su inters, aunque las consienta la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia o las dems partes personadas.

8. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordar la acumulacin al promovido por la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia de todo procedimiento que, iniciado por un operador econmico ante el mismo u otro rgano jurisdiccional, se dirija frente a la misma disposicin o actuacin y se funde en la vulneracin de la libertad de establecimiento o de circulacin conforme a lo previsto en esta Ley.

9. A todos los efectos, la tramitacin de estos recursos tendr carcter preferente.

10. El procedimiento para la garanta de la unidad de mercado, en lo no dispuesto en este Captulo, se regir por las normas generales de la presente Ley.

Artculo 127 quter.

1. La Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia podr solicitar en su escrito de interposicin la suspensin de la disposicin, acto o resolucin impugnados, as como cualquier otra medida cautelar que asegure la efectividad de la sentencia.

2. Solicitada la suspensin de la disposicin, acto o resolucin impugnados, la misma se producir de forma automtica, una vez admitido el recurso y sin exigencia de afianzamiento de los posibles perjuicios de cualquiera naturaleza que pudieran derivarse. La Administracin cuya actuacin se haya recurrido podr solicitar el levantamiento de la suspensin en el plazo de tres meses desde su adopcin, siempre que acredite que de su mantenimiento pudiera seguirse una perturbacin grave de los intereses generales o de tercero que el tribunal ponderar en forma circunstanciada.

Formulada la solicitud se dar traslado de la misma a la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia para que, en el plazo de diez das, alegue lo procedente en orden al mantenimiento o el levantamiento de la suspensin en orden a los intereses en conflicto.

Evacuado el anterior trmite, el tribunal resolver lo que estime procedente mediante auto en los cinco das siguientes.

3. La solicitud de cualquier otra medida cautelar se tramitar en la forma prevista en el Captulo II del Ttulo VI.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. La letra b) del artculo 5 queda redactada en los siguientes trminos:

b) Necesidad: que el rgimen de autorizacin est justificado por razones de orden pblico, seguridad pblica, salud pblica, proteccin del medio ambiente, o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequvocos impedimentos tcnicos limiten el nmero de operadores econmicos del mercado.

Dos. El apartado 3 del artculo 7 queda redactado del siguiente modo:

3. La realizacin de una comunicacin o una declaracin responsable o el otorgamiento de una autorizacin permitir al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la totalidad del territorio espaol, incluso mediante el establecimiento de sucursales.

Los medios de intervencin que se apliquen a los establecimientos fsicos respetarn las siguientes condiciones:

a) Podr exigirse una autorizacin para cada establecimiento fsico cuando sea susceptible de generar daos sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pblica y el patrimonio histrico-artstico, evalundose este riesgo de acuerdo con las caractersticas de las instalaciones.

b) Podr exigirse una declaracin responsable para cada establecimiento fsico cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por una razn imperiosa de inters general.

c) Podr exigirse una comunicacin cuando, por razones imperiosas de inters general, stas deban mantener un control sobre el nmero o caractersticas de las instalaciones o de infraestructuras fsicas en el mercado.

El medio de intervencin deber resultar proporcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador de servicios ya est establecido en Espaa y ejerza legalmente la actividad, estas autorizaciones o declaraciones responsables no podrn contemplar requisitos que no estn ligados especficamente al establecimiento fsico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad.

Tres. El apartado 2 del artculo 11 queda redactado en los siguientes trminos:

2. No obstante, excepcionalmente se podr supeditar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando no sean discriminatorios, estn justificados por una razn imperiosa de inters general y sean proporcionados.

En todo caso, la concurrencia de estas condiciones deber ser notificada a la Comisin Europea segn lo dispuesto en la disposicin adicional cuarta y deber estar suficientemente motivada en la normativa que establezca tales requisitos.

Cuatro. La letra a) del apartado dos del artculo 25 queda redactada del siguiente modo:

a) Las profesiones reguladas, en la medida en que sea necesario para garantizar el cumplimiento de requisitos deontolgicos distintos e incompatibles debidos al carcter especfico de cada profesin, siempre que los mismos estn justificados por una razn imperiosa de inters general, sean proporcionados y no discriminatorios.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizacin del comercio y de determinados servicios.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artculo 2, que queda redactado como sigue:

Artculo 2. mbito de aplicacin.

1. Las disposiciones contenidas en el Ttulo I de esta Ley se aplicarn a las actividades comerciales minoristas y a la prestacin de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a travs de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie til de exposicin y venta al pblico no sea superior a 750 metros cuadrados.

Dos. Se modifica la Disposicin final dcima, que queda redactada del siguiente modo:

Disposicin final dcima. Ampliacin por las Comunidades Autnomas del umbral de superficie, del catlogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencias.

Las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus competencias, podrn ampliar el umbral de superficie y el catlogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el Ttulo I y en el anexo de esta Ley, as como determinar cualesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrn establecer regulaciones sobre estas mismas actividades con menor intervencin administrativa, incluyendo la declaracin de inocuidad.

Disposicin final cuarta. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado para la regulacin de la condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislacin procesal, en materia de bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, as como sobre las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y la legislacin bsica sobre contratos administrativos, recogidas respectivamente en las materias del artculo 149.1. 1., 6., 13. y 18. de la Constitucin.

Disposicin final quinta. Adaptacin de la normativa vigente.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se proceder a la adaptacin de las disposiciones vigentes con rango legal y reglamentario a lo dispuesto en la misma.

Disposicin final sexta. Desarrollo normativo.

El Gobierno podr aprobar las normas de rango reglamentario que resulten necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta Ley. Asimismo se autoriza a los Ministros de Hacienda y Administraciones Pblicas y de Economa y Competitividad en el mbito de sus respectivas competencias para dictar las disposiciones necesarias para la aplicacin y desarrollo de lo previsto en esta Ley.

Disposicin final sptima. Entrada en vigor.

1. Esta Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. No obstante, el artculo 20, los apartados 2 y 3 del artculo 21 y el artculo 26 entrarn en vigor a los tres meses de la publicacin de esta Ley excepto para aquellos servicios regulados en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Definiciones

A efectos de esta Ley, se entender por:

a) Acreditacin: declaracin por un organismo de acreditacin de que un organismo de evaluacin de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas, y cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades especficas de evaluacin de la conformidad.

b) Actividad econmica: cualquier actividad de carcter empresarial o profesional que suponga la ordenacin por cuenta propia de los medios de produccin, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la produccin o distribucin de bienes o en la prestacin de servicios.

c) Autoridad competente: cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulacin, ordenacin o control de las actividades econmicas, o cuya actuacin afecte al acceso a una actividad econmica o a su ejercicio y, en particular, las autoridades administrativas estatales, autonmicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejos generales y autonmicos de colegios profesionales.

d) Autoridad de origen: autoridad competente del lugar del territorio nacional donde el operador est establecido legalmente para llevar a cabo una determinada actividad econmica. Se entender que un operador est establecido legalmente en un territorio cuando en ese lugar se acceda a una actividad econmica y a su ejercicio.

e) Autoridad de destino: autoridad competente del lugar del territorio nacional donde un operador legalmente establecido en otro lugar del territorio nacional lleva a cabo una actividad econmica, mediante establecimiento o sin l.

f) Autorizacin, licencia o habilitacin: cualquier acto expreso o tcito de la autoridad competente que se exija a un operador econmico con carcter previo para el acceso a una actividad econmica o su ejercicio.

g) Establecimiento: el acceso a una actividad econmica no asalariada y su ejercicio, as como la constitucin y gestin de empresas y especialmente de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislacin, por una duracin indeterminada, en particular por medio de una infraestructura estable.

h) Operador econmico: cualquier persona fsica o jurdica o entidad que realice una actividad econmica en Espaa.

i) Normas de calidad: las disposiciones aprobadas por un organismo reconocido o acreditado nacional o internacionalmente, que proporcionan reglas, directrices o caractersticas dirigidas al desarrollo de las actividades econmicas o a la calidad de sus resultados.

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 09/12/2013
  • Fecha de publicación: 10/12/2013
  • Entrada en vigor:, con la salvedad indicada, el 11 de diciembre de 2013.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA:
    • en la Cuestin 6031/2016, su desestimacin, por Sentencia 121/2018, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2018-16722).
    • en el Recurso 5437/2014, la extincin por prdida de objeto en relacin a los arts. 6, 19 y 20, por Sentencia 119/2017, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-2017-13223).
    • en el Recurso 1454/2014, inconstitucional y nulo el art. 21.2.c), y la extincin, por prdida de su objeto, de la impugnacin de los restantes preceptos, por Sentencia 111/2017, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12203).
    • en el Recurso 1411/2014, la extincin, por prdida de su objeto, de la impugnacin de los arts. 18 b), c) y e), 19 y 20, disposiciones adicional 10 y lo indicado de la final 1.3; la inconstitucionalidad y nulidad del art. 6 y la constitucionalidad, interpretado segn el fj.2, del inciso indicado del art. 26.5 b), por Sentencia 110/2017, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12202).
    • en el Recurso 1397/2014, la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 18.2 b), c), e), 19, 20, disposicin adicional 10 y lo indicado de la disposicin final 1.3; y la constitucionalidad del inciso indicado del art. 26.5 b) en los trminos del fj 15, por Sentencia 79/2017, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2017-8464).
  • SE DICTA EN RELACION sobre medidas para reducir las trabas administrativas para las empresas: Ley 3/2014, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2014-10663).
  • CORRECCIN de errores, con modificacin de la disposicin final 1.3, en BOE nm. 85 de 8 de abril de 2014 (Ref. BOE-A-2014-3716).
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • Art. 2.1 y disposicin final 10 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15595).
    • Art. 334 de la Ley de Contratos del Sector Pblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17887).
    • Arts. 5.b), 7.3, 11.2 y 25.2.a) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-18731).
    • Arts.. 11.1, 110.1 y AADE el captulo IV al ttulo V de la Ley 29/1998, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1998-16718).
Materias
  • Actividades econmicas
  • Autorizaciones
  • Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia
  • Consejos consultivos
  • Jurisdiccin Contencioso-Administrativa
  • Libertad de establecimiento
  • Libre circulacin de bienes y servicios
  • Mercados
  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas
  • Organizacin de la Administracin del Estado

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