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Hallándose vacante el puesto de trabajo de Director del Instituto de Medicina Legal de Asturias, y al objeto de su provisión, en virtud de lo dispuesto en la Orden JUS/2948/2002, de 31 de octubre, por la que se dispone la creación del Instituto de Medicina Legal de Asturias, Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone su entrada en funcionamiento y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, en su virtud, resuelvo:

Primero.

Convocar para su provisión, por el sistema de libre designación, un puesto de trabajo de Director del Instituto de Medicina Legal de Asturias configurado en los siguientes términos:

Denominación: Director.

Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Naturaleza: Funcionarial.

Sector: Administración de Justicia.

Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Médicos Forenses con cinco años de ejercicio profesional como médico forense.

Segundo.

Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de Médicos Forenses y que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

Tercero.

Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de Hacienda y Sector Público y se presentarán en el Registro General del Principado de Asturias (C/ Coronel Aranda 2, Planta Plaza, 33005-Oviedo) o en cualquiera de los demás registros y oficinas señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Con la solicitud se adjuntará relación de los méritos que se aleguen para solicitar el puesto de trabajo, acompañando la documentación acreditativa de los mismos. Si la documentación ya constare en su expediente personal, sólo será necesario citarlo con la solicitud.

Igualmente se presentará con la instancia una memoria firmada en la que, en una extensión no superior a cinco folios, el candidato realizará un análisis de las tareas del puesto solicitado, condiciones y medios necesarios para su desempeño, propuesta de mejora en el desarrollo de las funciones y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante considere de interés o importancia con base en la descripción de las funciones del puesto.

Cuarto.

La Resolución por la que se realice el nombramiento deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo de presentación de instancias. El plazo para efectuar el nombramiento podrá prorrogarse hasta un mes más.

A efectos plazos de toma de posesión y cese se estará a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal al Servicio de la Administración de Justicia.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente correspondiendo a su domicilio habitual o donde tenga su sede el órgano administrativo autor del acto originario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.a) en relación con el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición potestativa del recurso de reposición ante el Viceconsejero de Hacienda y Sector Público, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Oviedo, 7 de febrero de 2012.–El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.