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Visto el expediente incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias, a instancia de «Red Eléctrica de España, S.A.» (REE), con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes, n.º 177, solicitando, el 22 de diciembre de 2008, el reconocimiento de utilidad pública de la subestación a 400 kV denominada «Salas», en el término municipal de Salas (Asturias).

Vista la Resolución de esta Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 12 de septiembre de 2006 por la se autorizó y declaró, en concreto, la utilidad pública de la subestación a 400 kV denominada «Salas», en el término municipal de Salas (Asturias) y la Resolución de esta misma Dirección General de fecha 12 de septiembre de 2006 por la que se aprobó a Red Eléctrica de España el proyecto de ejecución de la mencionada subestación.

Resultando que no procede una nueva declaración, en concreto, de utilidad pública, ya que ésta ya se obtuvo mediante la Resolución señalada en el párrafo anterior.

Considerando que durante la tramitación de la declaración, en concreto, de utilidad pública de la subestación de Salas no se realizó la publicación de una relación de bienes y derechos afectados por la instalación de referencia por haberse obtenido mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salas concesión para la ocupación del dominio público en una zona de terreno de 51.000 m² (aproximadamente) por un período de 50 años para la construcción de la subestación.

Considerando que estas nuevas afecciones no suponen modificación alguna del proyecto de ejecución de la subestación respecto al expediente tramitado con anterioridad y que obtuvo autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública mediante los actos señalados.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, S.A.» (REE), ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, insertándose publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias», y en el diario «La Nueva España».

Resultando que el anuncio de información pública fue expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Salas, durante el plazo reglamentario.

Resultando que el Ayuntamiento de Salas, la Asociación de Vecinos de Buspol y don Antonio González Fernández presentaron alegaciones ya que todos ellos manifiestan ser propietarios de las fincas sobre las que se asientan la subestación, y que estas alegaciones fueron contestadas por Red Eléctrica de España, SAU con razones que se estiman correctas.

Visto el informe favorable emitido por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Considerando que la finalidad de la instalación es la mejora de la red de transporte del noroeste peninsular estableciendo un eje de gran capacidad «Pesoz-El Palo-Salas- Oviedo» de 400 kV, uniéndose posteriormente la subestación con Galicia por Boimente a 400 kV.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Capítulo II del Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Reconocer a «Red Eléctrica de España, S. A.» (REE), las afecciones a efectos de expropiación forzosa descritas en la «Solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto de la nueva subestación de Salas (Principado de Asturias)», cuyas características principales están descritas en las Resoluciones de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución de 12 de septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido el al Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 24 de junio de 2011.–El Director General de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García.