Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas del municipio, cuyo texto figura a continuación.
En consecuencia resuelvo ordenar la publicación del precitado Convenio en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 9 de septiembre de 2010.–El Secretario General de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida Ferrando.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA), LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
En Puerto de la Cruz, a 20 de julio de 2010.
REUNIDOS
El Secretario de Estado de Turismo, D. Joan Mesquida Ferrando, en nombre y representación del Instituto de Turismo de España (en adelante TURESPAÑA), en calidad de Presidente, en virtud de la competencia que le asignan el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril, que aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España, y según lo previsto en la Disposición Adicional 13ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), de conformidad con las previsiones contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (modificado por el de 3 de julio de 1998, BOE de 16 de marzo de 1990 y 16 de julio de 1998 respectivamente) y previa autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica en fecha 11 de mayo de 2010.
La Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, doña Rita María Martín Pérez, nombrada por Decreto del Presidente del Gobierno 208/2007 de 13 de julio, en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, D. Javier González Ortiz, nombrado por Decreto del Presidente del Gobierno 207/2007, de 17 de julio, en el ejercicio de las competencias atribuidas por la letra c del apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 172/2007, de 17 de julio, modificado por el Decreto 301/2007, de 31 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, previa autorización del Gobierno conferida en la sesión celebrada el 3 de junio de 2010.
El Vicepresidente Primero del Cabildo Insular de Tenerife, D. José Manuel Bermúdez Esparza, en sustitución del Presidente de dicha corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1.b. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local con relación al artículo 41.1. del mismo texto legal y el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, autorizado para la suscripción de este Convenio en la sesión del Pleno de la Corporación de fecha 30 de abril de 2010.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, D. Marcos E. Brito Gutiérrez, cargo para el que fue nombrado por Acuerdo Plenario del día 6 de octubre de 2009, actuando en nombre y representación de esa Administración, en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización otorgada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2009
EXPONEN
Primero.–Que, en el marco de lo previsto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, el «Plan de Turismo Español Horizonte 2020 - Plan del Turismo Español 2008-2012» fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo el día 7 de noviembre de 2007 y por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2007, cuyo objetivo es lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar posible. Para ello, uno de los cinco ejes de actuación que el Plan aborda es el de la sostenibilidad del modelo turístico español, a través de diversas estrategias entre las que destaca la definición de un programa de recualificación de destinos turísticos maduros. Se persigue con él impulsar la transformación de este tipo de destinos, para adaptarlos a los nuevos requerimientos de demanda y a la generación de un mayor beneficio económico, social y medioambiental.
Conforme a lo previsto en el artículo 2.1.b) del Estatuto del Instituto de Turismo de España, aprobado por Real Decreto 723/2005, de 20 de junio, en la redacción dada por la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 1182/2008, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, TURESPAÑA tiene competencia para el desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de los productos y destinos turísticos (artículo 2.1.b).
Segundo.–Que el pasado 28 de enero de 2008 fue suscrito el «Acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo en Canarias 2008-2020», por parte del Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio. El Acuerdo persigue lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para el archipiélago, especialmente respetuoso con el medio ambiente, cuidadoso de los recursos naturales, con su destacado patrimonio cultural y, al mismo tiempo, socialmente equilibrado y justo, generador de riqueza económica. Todo ello exige, indudablemente, la decidida adopción de un conjunto de actuaciones impulsadas desde las instituciones públicas y privadas que obtengan el mayor respaldo y consenso social posible.
Tercero.–Que el Puerto de la Cruz constituye un referente incuestionable dentro de la oferta turística de las Islas Canarias.
Se trata de destinos turísticos maduros que precisan un proceso de reforma y modernización que asegure su competitividad y sostenibilidad, en un entorno de creciente competencia a nivel internacional.
Cuarto.–El objeto del convenio es llevar a cabo un conjunto de actuaciones, en régimen de cooperación interadministrativa, necesarias para el desarrollo turístico de Puerto de la Cruz y la dotación de infraestructuras necesarias para ello, todo ello al amparo de lo previsto en los artículos 6 y 9 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 57 y 58 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 110 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; los artículos 37 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955; y el artículo 93 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Quinto.–La renovación y rehabilitación de infraestructuras de Puerto de la Cruz exige la adopción de medidas que afectan a la ordenación y planificación de los recursos naturales, territorial y urbanística por lo que se estima conveniente la creación de un consorcio urbanístico integrado por las Administraciones competentes en la materia reseñada, que integre las políticas turísticas y territorial-urbanística, con facultades para formular la nueva ordenación del ámbito afectado y para ejecutar o promover las actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructura y nuevos equipamientos y, en su caso, su gestión, que hayan sido o deban ser necesariamente aprobadas por parte de las Administraciones que forman parte del convenio. Esta estructura organizativa podrá, en su día, servir de base a la que puedan prever los mismos instrumentos de planificación y ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística al amparo de lo que prevé el artículo 144 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias (aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo).
A estos efectos, será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 152 y siguientes y 181 y siguientes del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
Sexto.–Los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo el referido conjunto de actuaciones e infraestructuras serán las aportaciones de las Administraciones firmantes al consorcio que se crea para su ejecución, los rendimientos de la actividad de éste, las subvenciones y ayudas, las participaciones o ingresos provenientes de convenios o conciertos con organismos, entidades o empresas públicas o privadas, y cualesquiera otras no incluidas entre las anteriores.
Que siendo jurídicamente procedente, las partes firmantes han decidido suscribir el presente Convenio, con sujeción a las cláusulas que a continuación se exponen:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.–El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre las Administraciones participantes para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz.
Segunda. Compromisos.–Las Administraciones que suscriben el presente convenio se comprometen a:
1.º La aprobación, por unanimidad, en el plazo de seis meses de un Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, que incluirá necesariamente:
a) Las actuaciones a ejecutar.
b) La planificación temporal de las actuaciones a desarrollar, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
c) La cuantificación de cada actuación con especificación de las anualidades de ejecución y de sus importes máximos.
Las aportaciones de fondos que se deriven del Plan de rehabilitación aprobado están sometidas, en su caso, a fiscalización previa por parte de los órganos de fiscalización y control de cada una de las administraciones.
2.º La constitución de un Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz que tendrá por objeto dar cumplimiento de todas aquellas decisiones de naturaleza territorial-urbanística que precise la ejecución del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, incluidas las relativas a la formulación de la nueva ordenación del ámbito afectado y la ejecución y promoción de actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructura y nuevos equipamientos y, en su caso, su gestión.
En todo caso, se contemplará la posibilidad de asumir las competencias que se deriven a la delimitación, en Puerto de la Cruz, de áreas de rehabilitación integral al amparo de lo que dispone el artículo 144 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, quedando configurado como consorcio urbanístico.
Tercera. Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas.
1. En la elaboración del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz será oído el sector privado en este municipio, representado por las asociaciones empresariales más significativas en los sectores turístico y comercial, a los efectos de acompasar la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan a la materialización de la inversión privada dirigida a la renovación de establecimientos alojativos y áreas comerciales y la implantación o renovación de oferta turística complementaria de ocio.
2. Las actuaciones que se incluyan en el Plan deberán perseguir alguno de los siguientes objetivos:
a) La mejora y renovación de los equipamientos y dotaciones que redunden en una mayor calidad del espacio turístico urbano.
b) La potenciación de los recursos turísticos, tanto naturales, culturales, comerciales e histórico-artísticos, del municipio.
c) La diversificación de la oferta alojativa y complementaria de ocio.
d) La implantación de servicios de información turística.
e) La valorización de la inversión privada en la renovación edificatoria y comercial y en la renovación o implantación de actividades complementarias.
3. Las obras y actuaciones que se incluyan en el Plan deberán localizarse en el municipio de Puerto de la Cruz.
4. Una vez aprobado por unanimidad de las partes, el Plan y el acuerdo de aprobación del mismo quedarán incorporados como anexos al presente convenio.
Cuarta. Consorcio para la rehabilitación de Puerto de la Cruz.
1. Para el cumplimiento de su objeto, al Consorcio le corresponderán todas las facultades urbanísticas de planeamiento y ejecución de las Administraciones firmantes que no tengan carácter intransferible de acuerdo con las Leyes y aquellas inherentes y necesarias para el cumplimiento del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz.
2. El Consorcio realizará la tramitación que en cada caso resulte adecuada para la contratación y ejecución de las obras y actuaciones que contemple el Plan de rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, siempre que su realización le corresponda, de forma acorde con la programación prevista en el Plan de Rehabilitación de Infraestructuras, y ajustada a sus disponibilidades presupuestarias en cada momento, a cuyo efecto deberá establecer en sus Presupuestos la distribución de anualidades que resulte más apropiada para garantizar la máxima eficacia en la gestión de sus recursos globales.
3. En general, el Consorcio estará facultado para:
a) En los casos que legalmente sea posible, redactar, tramitar y aprobar, así como modificar o revisar, los instrumentos de planeamiento y de gestión necesarios para el desarrollo y ejecución de la ordenación urbanística para el ámbito al que se circunscriben las actuaciones contempladas en el Plan.
b) Instar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y en su caso, al Cabildo Insular de Tenerife, la revisión de los correspondientes instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística si fuere necesario para el cumplimiento de los fines del Consorcio.
c) Redactar y aprobar los proyectos de obras, construcciones, instalaciones y servicios en relación con las actuaciones contenidas en el Plan.
d) Licitar y contratar las obras, servicios y suministros precisos.
e) Formular propuestas de gestión urbanística, en especial de delimitación de Unidades de Actuación en orden a la ejecución del planeamiento urbanístico e impulsar la gestión de las mismas.
f) Suscribir convenios urbanísticos de planeamiento o de gestión con propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de actuación del Consorcio y con empresas urbanizadoras que requerirán la previa aprobación del organismo municipal correspondiente.
g) Otorgar por delegación municipal licencias urbanísticas de obras y actividades en el ámbito objeto de actuación por el Consorcio.
h) Formalizar operaciones de crédito para obtener recursos económicos con los que atender el cumplimiento del objeto del Consorcio que requerirá la previa aprobación de los órganos competentes.
i) Adjudicar la titularidad de las parcelas resultantes de la actuación urbanística por medio de los instrumentos de gestión pertinentes (compensación o reparcelación), estos instrumentos de gestión contemplarán la autorización de la cesión del 10% del aprovechamiento medio a favor del Consorcio supeditándolo al cumplimiento de la finalidad para la cual hubiera sido cedido dicho aprovechamiento, así como el otorgamiento de los documentos públicos adecuados.
j) Ejercer facultades fiduciarias de disposición sobre los bienes de los miembros del Consorcio afectados a la actuación urbanística, disponiendo de las parcelas resultantes de la actuación y pudiendo enajenarlos o, en su caso, asignarlos a los miembros del Consorcio de acuerdo con su destino urbanístico y de conformidad con los acuerdos que al respecto se adopten.
k) Colaborar con miembros del Consorcio en la agilización de los trámites internos y en la adopción de decisiones por éstos.
l) Asumir la gestión de los intereses comunes de los miembros del Consorcio ante cualesquiera Autoridades y Organismos de la Administración del Estado, local y Autonómica, así como ante los Tribunales y Jueces, en todos sus grados y jurisprudencia, y frente a los particulares.
m) Crear o gestionar servicios complementarios para el adecuado cumplimiento del objeto del Consorcio.
n) Actuar por delegación de los miembros del Consorcio en aquellas materias que le sean encomendadas, dentro de la esfera de sus respectivas competencias.
o) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera otros actos de dominio o administración de los bienes constitutivos del patrimonio del Consorcio con la obligación de reinvertir dichos ingresos en la gestión urbanística y en la atención de los gastos de la entidad para el cumplimiento de su objeto sin perjuicio de lo establecido en la letra h).
p) Vigilar la conservación de las obras de infraestructura urbanística, así como de los equipamientos, dotaciones e instalaciones ejecutadas hasta su recepción por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, exigiendo de quienes estuvieren obligados a atender a tal conservación las prestaciones pertinentes.
q) Asesorar y hacer recomendaciones y sugerencias a los miembros del Consorcio.
r) Promover, en su caso, la incorporación al Consorcio de otras Administraciones y Entidades Públicas y de particulares.
s) Gestionar, directamente o mediante concesión otorgada a favor del consorcio por el ayuntamiento correspondiente, dotaciones o servicios públicos municipales previstos por el planeamiento.
t) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan según las normas legales vigentes, así como todas aquellas que no hayan sido específicamente asignadas y supongan la gestión y desarrollo de los intereses comunes para la consecución de los objetivos del presente Consorcio.
En el supuesto de que hubiera de procederse a alguna actuación expropiatoria por la ejecución del planeamiento, la gestión corresponderá al Consorcio que tendrá la naturaleza de beneficiario de la misma.
Quinta. Financiación.
1. El importe del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, así como los gastos de funcionamiento del Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, asciende a cinco millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros (5.799.999,00 €) y será financiado por las Administraciones firmantes con cargo a sus aplicaciones presupuestarias correspondientes, con los importes siguientes:
TURESPAÑA aportará hasta dos millones (2.000.000,00) de euros.
Gobierno de Canarias aportará hasta un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (1.999.999,00) euros.
Cabildo Insular de Tenerife: un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz: trescientos mil (300.000,00) euros.
Las aportaciones de las Administraciones firmantes destinadas a gastos de inversión, con los límites señalados en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo previsto en la letra a) del apartado 1 de la cláusula sexta, serán propuestas a las mismas por acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio, sobre la base de su proyecto de presupuestos para el ejercicio correspondiente.
2. La aportación de TURESPAÑA será por un importe de 2.000.000,00 de euros con destino a gastos de inversión y se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.208.432A.762 de su presupuesto de gastos para 2010.
3. La aportación correspondiente a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tiene la consideración de transferencia de capital (Capítulo VII del Presupuesto de Gastos), lo que se señala a los efectos de imputación en el estado de gastos del citado Departamento Autonómico.
Dicha aportación se contempla en el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Turismo, incluido en los Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.05.516C.7500200 PI/LA 10.70.00.62 «A Consorcio para inversiones».
4. La aportación del Cabildo Insular de Tenerife se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 10.109.432A.76709 del presupuesto de gastos de la Corporación para 2010.
Y la aportación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 600.432.767.00.00 «A Consorcio», del presupuesto de gastos de la corporación para 2010.
5. El Consorcio, como organismo de gestión urbanística recibirá las aportaciones correspondientes a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a TURESPAÑA, y al Cabildo Insular de Tenerife, que estarán destinadas íntegramente a la financiación parcial de los gastos de las inversiones que se deriven de la ejecución del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz. Las aportaciones correspondientes al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz estarán destinadas tanto a cubrir el resto de los gastos que se deriven de la ejecución del mencionado Plan, como la totalidad de los gastos de funcionamiento del Consorcio.
6. Además de lo señalado en los apartados anteriores, podrá destinarse igualmente a la financiación del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, así como a la financiación de los gastos para el funcionamiento del Consorcio, con las salvedades previstas en el apartado anterior, tanto los recursos económicos del propio Consorcio señalados en la cláusula sexta de este Convenio, previo acuerdo de su Junta Rectora, como cualquiera otra aportación, dineraria o en especie, que realice cualquiera de las Administraciones integrantes, con las salvedades citadas, tras las actuaciones administrativas que correspondan a efectos de formalizarlas en sus respectivos Presupuestos.
7. Una vez aprobado el Plan de Rehabilitación de Infraestructuras, el Consorcio estará obligado a ejecutar las actuaciones previstas en el Plan, hasta el importe total que tiene disponible por aportaciones de sus miembros que estén destinadas a la inversión, en el plazo que en el mismo Plan se determine y, en todo caso antes de 31 de diciembre de 2013, con independencia de la continuidad del Consorcio.
8. Concluida la vigencia del convenio de colaboración, y con independencia de la continuidad del Consorcio, éste rendirá cuenta a las Administraciones intervinientes sobre el cumplimiento de la obligación prevista en la cláusula anterior. El incumplimiento de dicha obligación dará derecho a las partes a exigir el reintegro total o parcial de las aportaciones, con el interés de demora correspondiente, en caso de inejecución, total o parcial, de las obras o actuaciones objeto de financiación.
Sexta. Recursos económicos del Consorcio.
1. El Consorcio dispondrá de los siguientes recursos económicos:
a) Las aportaciones de sus miembros, previas las autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, y tras la firma de nuevos convenios.
b) El rendimiento de las actividades del Consorcio incluidos los cánones percibidos por el otorgamiento de concesiones para la gestión de dotaciones y servicios públicos de acuerdo con el planeamiento.
c) Las ventas o productos obtenidos por la gestión de su patrimonio.
d) Las enajenaciones de bienes del patrimonio del Consorcio o de los bienes de sus miembros adscritos al consorcio para el cumplimiento de sus fines y sobre los que ejercerá facultades de disposición o gravamen con la obligación de reinvertir dichos ingresos en la gestión urbanística y en la atención de los gastos de la entidad para el cumplimiento de su objeto.
e) Las participaciones o los ingresos que procedan de convenios o conciertos con Administraciones, empresas y, Entidades Públicas o con particulares, propietarios de terrenos y edificaciones y empresas privadas en general.
f) Las subvenciones, ayudas o créditos que se obtengan.
g) Los provenientes de tasas e impuestos por licencias delegadas por el Ayuntamiento u otras instituciones en el área de actuación conforme a lo previsto en la legislación y los Estatutos del Consorcio.
h) Cualesquiera otros ingresos no previstos en los apartados anteriores.
2. Los terrenos de titularidad municipal existentes en el ámbito de actuación del Consorcio quedarán adscritos a éste para ser destinados a los fines previstos en el planeamiento urbanístico, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales y a lo que la ley autonómica pudiera determinar.
3. Las cesiones de terrenos, con su aprovechamiento lucrativo, que realicen los particulares en cumplimiento de sus deberes legales, o acordados por convenio, y, en su caso, los excesos de aprovechamiento, o, en su lugar su equivalencia en metálico en caso de sustitución y monetarización de aquellas cesiones, se adscriben por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz al Consorcio para el cumplimiento de sus fines.
Séptima. Vigencia del Convenio.
1. El presente Convenio estará en vigor hasta la conclusión de las actuaciones contenidas en el Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, o en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2013 con independencia de la continuidad del Consorcio, y sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan acordar las partes firmantes.
2. La participación de la Administración Turística del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias tendrá una duración, a partir de su firma, determinada por la ejecución total de las actuaciones pactadas y financiadas en los términos previstos en la cláusula quinta, con independencia de que la colaboración entre el resto de Administraciones se prolongue por tiempo superior.
Octava. Comisión de Seguimiento.
1. Para el seguimiento del presente convenio de colaboración y de la ejecución del Plan para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de Puerto de la Cruz, se crea una Comisión de Seguimiento integrada por:
El Director General de TURESPAÑA, o persona en quien delegue, en representación de la Administración General del Estado, que podrá asistir a las sesiones acompañado de personal técnico.
La Consejera de Turismo o persona en quien delegue, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que podrá asistir a las sesiones acompañado de personal técnico.
El Presidente del Cabildo o persona en quien delegue, en representación del Cabildo Insular de Tenerife, que podrá asistir a las sesiones acompañado de personal técnico.
El Alcalde o persona en quien delegue, en representación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que podrá asistir a las sesiones acompañado de personal técnico.
El/la Gerente del Consorcio actuará, con voz pero sin voto, como secretario.
2. La Comisión de Seguimiento designará a su presidente entre sus miembros.
3. Asimismo, celebrará reuniones ordinarias, con una periodicidad trimestral, y extraordinarias cuando la importancia del asunto lo requiera y muestren su conformidad al menos dos de sus miembros.
4. La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas las entidades que la integran.
5. Los acuerdos serán adoptados por unanimidad.
6. Corresponde a la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar el seguimiento de la ejecución del convenio y de las actuaciones contenidas en el Plan para la rehabilitación de Puerto de la Cruz. En particular le corresponde:
a.1 Evaluar el grado de cumplimiento del Plan, estudiar y acordar medidas correctoras.
a.2 Conocer el estado financiero de las actuaciones.
b) Estudiar y proponer a la Junta Rectora la sustitución de las actuaciones inicialmente previstas en el Plan, así como la incorporación de otras con cargo a los importes resultantes de las bajas producidas en las licitaciones.
c) Garantizar el intercambio de información entre las partes.
d) Elaborar anualmente un informe sobre la ejecución del Plan.
e) Resolver las cuestiones que susciten la interpretación y ejecución del Convenio y del Plan.
f) Estudiar y ejecutar cualquier clase de medida que, por decisión de la Junta Rectora, redunde en beneficio del convenio y del Plan.
Novena. Naturaleza del convenio y jurisdicción.–El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe al amparo de los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para conocer de las discrepancias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del convenio siempre que tales discrepancias no pudieran resolverse por mutuo acuerdo de las partes.
Décima. Régimen presupuestario, financiero, contable, de control y de contratación.–El régimen presupuestario, financiero, contable y de control que regirá la actividad del Consorcio será el regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normas de aplicación.
El régimen de contratación será el establecido, para entes del sector público, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Undécima. Modificación del Convenio.–El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo expreso y escrito de las partes firmantes y de acuerdo con los trámites que exija la normativa vigente.
Duodécima. Extinción del Convenio.
1. Son causas de resolución del convenio el mutuo acuerdo y el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos, previa denuncia del incumplimiento con una antelación de tres meses.
2. En caso de resolución del Convenio por mutuo acuerdo, se entenderán subsistentes los compromisos adquiridos con terceros con anterioridad, hasta tanto se concluyan las actuaciones cuya ejecución se encontrara en curso.
Si la resolución fuera por incumplimiento de alguna de las partes, la parte incumplidora será responsable frente a las demás de los daños y perjuicios que por efecto de dicho incumplimiento les hubiera podido causar.
Decimotercera. Publicidad del Convenio.–El presente Convenio será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial de Canarias» y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife».
Y, en prueba de conformidad las partes suscriben, por sextuplicado ejemplar, el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados.
Estatutos del consorcio urbanístico para la rehabilitación de puerto de la cruz
Con la denominación Consorcio urbanístico para la rehabilitación de Puerto de la Cruz se creó éste en virtud del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
La sede o domicilio social del citado Consorcio estará ubicado en la Plaza de Europa, s/n, sita en el municipio de Puerto de la Cruz.
El Consorcio desarrollará su actividad en el municipio de Puerto de la Cruz.
1. El Consorcio tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y por tanto plena capacidad jurídica propia e independiente para adquirir, poseer, gravar y vender bienes de todo tipo, para contraer obligaciones, contratar toda clase de obras, servicios y suministros, otorgar concesiones, contratar personal, adquirir derechos, y ejecutar cualquier tipo de acciones civiles, administrativas y penales.
2. El objeto del Consorcio es llevar a cabo el conjunto de actuaciones con incidencia territorial-urbanística incluidas en el Plan para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, con el objeto de llevar a cabo la modernización y renovación turística de este municipio y, en particular, de sus dotaciones e infraestructuras, mediante los instrumentos de ordenación, desarrollo y ejecución previstos por las Leyes. Todo ello, además, de acuerdo con las actuaciones previstas en el convenio de colaboración establecido para este fin.
3. El Consorcio realizará sus actividades en nombre propio, y para el establecimiento, conservación, prestación y desarrollo de sus fines, el Consorcio tendrá plena competencia, y los acuerdos o resoluciones que adopten sus órganos de gobierno obligarán a las entidades consorciadas.
4. Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio urbanístico ejercerá las funciones que se establecen en la cláusula cuarta del Convenio de colaboración de fecha 20 de julio de 2010.
1. El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en los mismos, se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás legislación complementaria y de desarrollo aplicables.
2. En relación con el funcionamiento, constitución y convocatoria de los órganos de gobierno y el procedimiento para la adopción de sus acuerdos, en lo no previsto en los presentes Estatutos, se aplicará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su defecto, por la legislación de Régimen Local y, en especial, las disposiciones contenidas en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, sobre Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
1. Son miembros fundadores del Consorcio urbanístico el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
2. Asimismo, son miembros de derecho fundadores del Consorcio la Administración General del Estado, a través del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, en virtud de las competencias reconocidas, respectivamente, en los artículos 149.1.13.ª y 148.1.3 y 18 de la Constitución.
3. La Junta Rectora del Consorcio podrá acordar por mayoría la incorporación de otros miembros que participarán en sus órganos de gobierno, con voz pero sin voto, siempre que se traten de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que guarden relación con el turismo y que adopten legalmente el acuerdo de participar en los fines del Consorcio.
4. Cualquier Administración o entidad integrante del Consorcio puede separarse siempre que lo haga mediante un preaviso dirigido a la Junta Rectora con una antelación mínima de tres meses.
En caso de separación de algún miembro, el miembro separado tiene que responder de los compromisos adquiridos hasta el definitivo cumplimiento de los mismos.
5. Los miembros de derecho a que hace referencia el apartado 2 de este artículo deberán separarse del Consorcio una vez concluya la vigencia del Convenio del que los presentes Estatutos son Anexo, en los términos de su cláusula quinta, apartado ocho.
El Consorcio está integrado por los siguientes órganos:
La Junta Rectora.
La Presidencia de la Junta Rectora.
La Gerencia.
1. La Junta Rectora está compuesta por:
El presidente.
El vicepresidente.
Los vocales:
Dos vocales en representación del Cabildo de Tenerife.
Dos vocales en representación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Dos vocales en representación de la Administración General del Estado.
Dos vocales en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El secretario. Actuará como tal el/la gerente del Consorcio, con voz pero sin voto.
2. En cualquier caso, a cada Administración representada le corresponderán los siguientes votos:
Dos votos por el Cabildo de Tenerife.
Un voto por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Tres votos por la Administración General del Estado.
Dos votos por la Comunidad Autónoma de Canarias.
En caso de empate, éste será dirimido por el voto del presidente, sin perjuicio de la Administración o entidad que represente.
3. Los cargos de presidente y vicepresidente de la Junta Rectora serán ocupados por un plazo máximo de un año, estableciéndose turnos rotatorios de forma que todas las Administraciones consorciadas puedan acceder a estos cargos a través del vocal que designen a estos efectos. En cualquier caso:
El vicepresidente accederá a la presidencia en cada cambio de turno.
La presidencia y vicepresidencia deberán estar ocupadas por vocales representantes de distintas Administraciones consorciadas.
1. La Junta Rectora es el órgano soberano del Consorcio y tiene las funciones siguientes:
a) Ejercer las potestades públicas que legalmente le corresponden atribuidas por delegación competencial de las diferentes Administraciones que conforman este Consorcio.
b) Aprobar las normas de administración y dirección del Consorcio.
c) Aprobar la incorporación de los miembros adheridos y entidades colaboradoras.
d) Modificar la sede y el domicilio del Consorcio.
e) Aprobar anualmente la memoria de actividades, los presupuestos y la cuenta general del Consorcio.
f) Representar al Consorcio ante cualquier institución pública o privada, interponer reclamaciones administrativas, civiles o penales o de cualquier tipo, y en general, ejercitar todas las acciones oportunas en defensa de sus derechos.
g) Aprobar las plantillas de personal, fijar retribuciones y, en general, todas las resoluciones en materia de personal.
h) Censurar cuentas.
i) Acordar la modificación de estos Estatutos y la transformación del Consorcio en otra entidad.
j) Acordar la formalización de operaciones de crédito y de endeudamiento.
k) Acordar la formalización de convenios, acuerdos o de contratos o la participación del Consorcio en negocios, en sociedades, en entidades o en empresas públicas o privadas.
l) Adquirir toda clase de bienes, sea por donación, herencia, legado, subvenciones, compra, permuta o cualquier otro título legítimo, así como vender, gravar, hipotecar o constituir otras cargas sobre sus bienes.
m) Aceptar las adscripciones de bienes que puedan efectuarle las Administraciones partícipes.
n) Establecer la fórmula de gerencia del Consorcio y nombrar al Gerente.
ñ) Acordar la disolución y la liquidación del Consorcio.
2. La Junta podrá apoderar a su Presidente de forma expresa, como representante legal del Consorcio, cuando lo estime oportuno para la ejecución de acuerdos adoptados por la misma en cumplimiento de las competencias enumeradas en este artículo.
1. El presidente de la Junta Rectora tiene las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación del Consorcio.
b) Disponer la convocatoria de las sesiones de la Junta Rectora y fijar el orden del día.
c) Presidir las sesiones de la Junta Rectora.
d) Asegurar que se cumplen las Leyes.
e) Visar las actas de reunión y los certificados de los acuerdos de la Junta Rectora.
f) Autorizar al gerente para la interposición de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia y dar cuenta en la primera reunión de la Junta Rectora siguiente.
2. El Vicepresidente de la junta rectora sustituye al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad o cualquier causa legal.
La forma de ejercicio de la Gerencia será la que determine la Junta Rectora; en cualquier caso, le corresponderán las funciones siguientes:
a) Gestionar de manera directa las actividades del Consorcio y administrar los recursos según los acuerdos de la Junta Rectora.
b) Redactar el anteproyecto de presupuestos y las memorias anuales de actividades.
c) Realizar y gestionar el inventario de bienes.
d) Hacer las funciones de Jefe de Personal.
e) Suscribir las nóminas y ordenar los gastos, con la limitación que determine la Junta Rectora.
f) Organizar los servicios propios del Consorcio.
g) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas que sean necesarias para la defensa de los intereses del Consorcio, con la autorización previa de la Junta Rectora o, en caso de urgencia, del Presidente.
h) Actuar como Secretario de las reuniones de la Junta Rectora y de las Comisiones que se pudieran constituir puntualmente.
i) Expedir los certificados de los acuerdos de la Junta Rectora y llevar el libro de actas.
j) En general, llevar a cabo todas las funciones que le deleguen la Junta Rectora y el Presidente.
1. La Junta Rectora se reunirá como mínimo cuatro veces al año. También se reunirá siempre que la convoque el presidente, por iniciativa propia o cuando lo solicite la mitad de los miembros con derecho a voto. En todo caso, se reunirá en sesión ordinaria cuatro veces al año, entre otros fines para aprobar sus cuentas, la memoria anual de actividades, el plan de actuación anual y el presupuesto del año siguiente.
2. De cada sesión se extenderá el acta correspondiente, que firmará el secretario o la secretaria del órgano y llevará el visto bueno del presidente o la presidenta.
3. El presidente o la persona en la que delegue realizarán las convocatorias por escrito, con el orden del día correspondiente y con una antelación mínima de siete días antes de la fecha de la sesión, tanto si son ordinarias como extraordinarias.
4. Las sesiones se consideran válidamente constituidas cuando se encuentren presentes al menos un representante de cada una de las Administraciones partícipes, así como el Presidente y el Secretario de la Junta.
1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los representantes de las partes con voto en el seno de la Junta.
2. Es necesaria la unanimidad para poder adoptar válidamente los acuerdos en las materias siguientes:
Modificación de los Estatutos.
Admisión de nuevos miembros.
Aprobar las normas de administración y dirección del Consorcio.
Aprobación del presupuesto.
Operaciones de endeudamiento.
Tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
Tramitar proyectos de infraestructuras.
Aprobación de cuentas anuales.
Transformación del Consorcio en otra entidad.
Disolución y liquidación del Consorcio.
3. Para modificar los estatutos y para tomar acuerdos relativos a la disolución y liquidación del Consorcio es necesaria la ratificación de las Administraciones públicas consorciadas, a través de sus respectivos órganos de gobierno. Asimismo, los acuerdos que impliquen aportaciones o responsabilidades económicas no previstas en el presupuesto anual deberán ser adoptados por acuerdo unánime de los miembros de la Junta Rectora y requerirán para su eficacia de la obtención de las autorizaciones previas que sean exigibles de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y de la firma de nuevos convenios.
La Junta Rectora podrá acordar la creación de comisiones técnicas, cuya composición y funciones se determinarán en el acuerdo de creación, y que, básicamente, realizarán informes y trabajos de carácter técnico, previos a la toma de acuerdos de aquélla.
En relación a los recursos económicos y las aportaciones financieras se estará a lo dispuesto en las cláusulas quinta y sexta del convenio de colaboración.
1. El/la Gerente del Consorcio presentará la contabilidad y las cuentas de presupuestos y la administración del patrimonio a la Junta Rectora para que ésta las apruebe.
2. Dentro del primer trimestre de cada año, el Presidente someterá a estudio y aprobación de la Junta Rectora la memoria de gestión y el inventario-balance del ejercicio precedente.
3. La contabilidad y el régimen de cuentas se adaptará a lo que dispone la normativa vigente que regule la contabilidad y rendición de cuentas de las entidades públicas.
4. El Consorcio queda sometido a la fiscalización externa de su gestión económica, financiera y contable de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución, y sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del Estado o de las restantes Administraciones consorciadas.
El patrimonio del Consorcio está integrado por los bienes y derechos de cualquier clase que adquiera en el curso de su gestión, de forma onerosa o gratuita, o que le adscriban sus miembros.
Las Administraciones partícipes podrán adscribir bienes al Consorcio, de acuerdo con la normativa reguladora del patrimonio de cada una de ellas. En cuanto a los bienes adscritos, el Consorcio no adquirirá la propiedad de los mismos y habrá de utilizarlos exclusivamente para el cumplimiento de los fines para los que hubieran sido adscritos, ya de forma directa, ya mediante la percepción de rentas o frutos que dichos bienes devengaren.
El Consorcio formará y mantendrá actualizado un inventario de bienes y derechos tanto propios como adscritos, con excepción de los de carácter fungible.
Aquel miembro que se separe será reintegrado mediante desascripción con los bienes y con los derechos adscritos al patrimonio del Consorcio o por él utilizados, y que hubieran sido en su momento objeto de cesión o aportación por dicho miembro. El Consorcio podrá hacer efectiva esta devolución de modo sustitutivo en metálico, cuando su devolución hubiera podido llegar a resultar imposible, a precios de mercado en el momento de la devolución, previa tasación al efecto. En caso de discordancia con dicha tasación se solicitará una tasación independiente.
El régimen presupuestario, financiero, contable y de control que regirá la actividad del Consorcio será el regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normas de aplicación.
El régimen de contratación será el establecido, para entes del sector público, en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Las partes consorciadas facilitarán al Consorcio el personal necesario para la realización de las tareas y funciones precisas en orden a una adecuada y eficaz prestación de los servicios de su competencia.
El personal funcionario o laboral que pase a prestar servicios en el Consorcio procedente de las Administraciones que lo configuran quedará en la situación administrativa que corresponda a su situación específica.
El Consorcio estará vigente mientras las partes consorciadas llevan a cabo los objetivos para los que se ha constituido, a pesar de que se pueda disolver anticipadamente por alguna de las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la finalidad del Consorcio.
b) Acuerdo de las partes consorciadas.
c) Imposibilidad legal o material de continuar en funcionamiento.
d) Separación de alguna de las partes consorciadas, si con ello el Consorcio deviene inoperante.
e) Incumplimiento de su objeto.
f) Transformación del Consorcio en otro ente.
El acuerdo de disolución deberá determinar la forma en que se habrá de proceder a la liquidación de los bienes, derechos y las obligaciones del Consorcio, y cómo debe hacerse la reversión de las obras e instalaciones existentes a favor de las partes consorciadas, de acuerdo con la normativa especifica en cada caso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
