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Por sentencia firme número 3/06 de fecha 30 de mayo de 2006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, recaída en el procedimiento Tribunal del Jurado 2/2006, procedimiento de origen Tribunal del Jurado 1/2006, Ejecutoria número 23/06, declarada firme por Auto de fecha 25 de julio de 2006, se condena a don Francisco Luis Díaz Moreno, funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Córdoba, como autor criminalmente responsable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes analógicas de confesión de los hechos y trastorno psíquico, a las penas de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; multa de tres meses y quince días con cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dieciocho meses. Por Auto de dicho Tribunal de fecha 17 de abril de 2007 se concreta, en el fundamento jurídico segundo del mismo, que la inhabilitación especial para empleo o cargo público impuesta recaerá sobre el empleo del penado como funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Considerando que los artículos 491.2 y 443.2.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establecen que la condición de funcionario se pierde «por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme». Este Ministerio acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de don Francisco Luis Díaz Moreno.

Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente al de su notificación (artículos 116 y 117 Ley 30/1992 y artículos 11 y 46 Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 27 de julio de 2007.-El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.