Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-2006-9960

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplan los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacin de diversos reglamentos comunitarios.

TEXTO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

Exposicin de motivos
I

La accin de la Unin Europea, en el mbito de la propiedad intelectual, se ha centrado principalmente en armonizar el derecho sustantivo nacional o en crear derechos unitarios directamente aplicables en la Comunidad Europea, por considerar este mbito de intervencin prioritario para el xito del mercado interior. Para completar esta actuacin, resulta necesario avanzar en el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual que han sido armonizados o creados.

La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de proteccin elevado, equivalente y homogneo en el mercado interior. Bajo la denominacin de propiedad intelectual tambin se recogen en el derecho comunitario y, en particular, en esta directiva los derechos que en el ordenamiento jurdico espaol se agrupan bajo la denominacin de propiedad industrial. La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos derechos ha de redundar tanto en la promocin de la innovacin y la competitividad de las empresas como en el desarrollo cultural europeo. Deben tenerse en cuenta tambin sus repercusiones en mbitos tan diversos como el empleo, la estabilidad de los mercados o la proteccin de los consumidores. La directiva valora tambin aquella tutela jurisdiccional como una forma de impedir prdidas fiscales o de garantizar, en ltimo trmino, el orden pblico. Se establecen as, en la directiva, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar, frente a cualesquiera infracciones, la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, tal y como estn previstos en el derecho comunitario o en el derecho nacional del Estado miembro correspondiente.

II

En Espaa, la regulacin de las medidas, procedimientos y recursos que garantizan el respeto a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, entendida en el sentido ms amplio posible, adems de las acciones de carcter penal previstas en los artculos 270 y siguientes del Cdigo Penal que son aplicables, se contiene en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial.

Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas para completar la transposicin de aquella norma comunitaria a nuestro ordenamiento jurdico interno, de modo que se puedan ofrecer, en el mbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional.

III

Bajo la denominacin de derecho de informacin, la directiva considera necesario poder ofrecer, en el mbito del proceso civil, cauces para obtener informacin sobre el origen y las redes de distribucin de las mercancas o servicios en los que se concrete la infraccin de los derechos de propiedad intelectual o industrial. La Ley encauza la posibilidad de instar de un rgano jurisdiccional civil el requerimiento de esta informacin a travs de una nueva diligencia preliminar dentro del artculo 256 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si bien limita su posibilidad a la preparacin de un juicio por una infraccin de un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, aquellos realizados para obtener beneficios econmicos o comerciales directos o indirectos.

El acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que estn bajo el control del presunto infractor es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar, tambin en este caso en relacin con infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial cometidas mediante actos realizados con fines comerciales. El contenido de esta diligencia preliminar tambin se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtencin de pruebas en el curso de un procedimiento judicial. La regulacin de la prctica de estas nuevas diligencias est presidida por la doble cautela de garantizar la confidencialidad de la informacin requerida y de evitar que los datos obtenidos puedan utilizarse para fines distintos a la preparacin del juicio. Al mismo tiempo, se modifica la regulacin de la resolucin judicial que acuerde las medidas ante la negativa de la persona requerida a llevar a cabo las diligencias preliminares, para exigir su adopcin mediante auto motivado e introducir el requisito de proporcionalidad. La directiva ha exigido de nuestra norma procesal civil una expresa admisin de la posibilidad de acordar medidas de aseguramiento de la prueba antes de la iniciacin del proceso y sin necesidad de or previamente a quien fuera a ser demandado. A esta exigencia ha seguido la conveniencia de regular detalladamente el procedimiento para la adopcin de estas medidas. La regla general es la audiencia a quien haya de soportar la medida; la excepcin, retrasar el contraste contradictorio sobre su procedencia a un posterior incidente, que garantiza la defensa de los legtimos intereses de quien ha de soportarla. Las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativas al aseguramiento de la prueba, se amplan respecto de los casos de infraccin de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, a la enumeracin, a ttulo indicativo, de algunas de las medidas que el tribunal podr adoptar.

IV

Se ha hecho necesario tambin introducir modificaciones en las leyes especiales que regulan esta materia.

Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una infraccin del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial, la directiva configura dos mdulos de clculo de la indemnizacin por daos y perjuicios. El primero de estos mdulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias econmicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y tambin el dao moral. Alternativamente, esta indemnizacin podr consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneracin que habra percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorizacin para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestin. Adems, en la determinacin de la cuanta indemnizatoria han de considerarse los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en la investigacin para la obtencin de pruebas razonables de la comisin de la infraccin. La introduccin de estos criterios y elementos implica modificar el artculo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; el artculo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; el artculo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el artculo 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial. Otra modificacin, comn a estas leyes sectoriales, tiene por finalidad ampliar el elenco de acciones a ejercitar ante los rganos jurisdiccionales por el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial infringido para la adopcin de medidas, a expensas del infractor cuando proceda, que estn orientadas a impedir nuevas infracciones. Tambin es necesario reconocer al titular del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial infringido la posibilidad de instar acciones para la cesacin de la actividad ilcita y las medidas cautelares que procedan contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para materializar la infraccin. La plena adecuacin de estas previsiones exige modificar los artculos 138 y 139 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 63 y 135 de la Ley de Patentes, 41 de la Ley de Marcas y 53 de la Ley de proteccin jurdica del diseo industrial. La nueva redaccin del artculo 132 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, responde a la exigencia de la directiva de establecer a favor de los titulares de otros derechos de propiedad intelectual una presuncin similar a la prevista en favor de los titulares de derechos de autor en el Convenio de Berna y en el apartado 1 del artculo 6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Con la finalidad de articular nuevas medidas disuasorias respecto a la comisin de infracciones contra la propiedad intelectual, se ampla el catlogo de acciones y medidas cautelares urgentes que el demandante puede ejercitar y solicitar. Se reforma el artculo 138 para incorporar la posibilidad de instar la publicacin total o parcial de la resolucin judicial o arbitral a costa del infractor. Asimismo, para prevenir una infraccin inminente, la medida cautelar recogida en el artculo 141.2, consistente en suspender cualquier actividad que lesione un derecho de propiedad intelectual, se completa con la posibilidad de prohibir esta actividad si todava no ha sido iniciada. Se modifican determinados preceptos del ttulo XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que rigen tambin en los juicios sobre marcas y sobre diseo industrial, de conformidad con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y con la Ley 7/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial. En beneficio de una mayor claridad del rgimen aplicable, conviene precisar en el artculo 129 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que las diligencias de comprobacin de los hechos previstas en esta ley se entienden sin perjuicio de las diligencias preliminares reguladas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Adems, se ampla el catlogo de medidas cautelares contenido en el artculo 134 al incorporar la orientada a prohibir los actos que violen el derecho del peticionario, ante la inminencia de una infraccin. La modificacin del apartado 1 del artculo 139 responde a la necesidad de establecer la debida concordancia con las previsiones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, respecto a la determinacin del plazo para la presentacin de la demanda principal, cuando las medidas cautelares adoptadas se soliciten con anterioridad a la presentacin de la demanda. Al mismo propsito de adecuacin a la regulacin procesal civil tras la reforma introducida por la Ley 1/2000, de 7 de enero, y los cambios operados en el derecho de patentes desde que se promulg la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, responde la derogacin del artcu-lo 128 de esta ltima, que actualmente ha perdido su razn de ser y constituye una excepcin dentro de los principios que inspiran la actividad probatoria y el auxilio procesal del juzgador en el proceso civil. Finalmente, la modificacin del artculo 54 de la Ley 7/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial, viene determinada por la exigencia de actualizar las referencias a los artculos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

V

Mediante la disposicin final cuarta, se incorporan dos nuevas disposiciones finales a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que responden a la necesidad de establecer medidas que faciliten la aplicacin en Espaa del Reglamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un ttulo ejecutivo europeo para crditos no impugnados, y del Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000.

VI

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitucin Espaola atribuye al Estado en el artculo 149.1.6. y 9. por afectar a la legislacin procesal y a la legislacin de propiedad intelectual e industrial.

Artculo primero. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes trminos: Uno. En el apartado 1 del artculo 256, el actual nmero 7. pasa a ser el 9. y se introducen dos nuevos nmeros, el 7. y el 8., con la siguiente redaccin:

7. Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una accin por infraccin de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtencin de datos sobre el origen y redes de distribucin de las mercancas o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes: a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancas y servicios, as como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesin de las mercancas. b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancas o servicios. c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancas o servicios de que se trate y los modelos y caractersticas tcnicas de las mercancas. Las diligencias consistirn en el interrogatorio de: a) Quien el solicitante considere autor de la violacin. b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesin de mercancas que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual. c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesin de mercancas que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual. d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervencin en los procesos de produccin, fabricacin, distribucin o prestacin de aquellas mercancas y servicios. La solicitud de estas diligencias podr extenderse al requerimiento de exhibicin de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse. 8. Por peticin de quien pretenda ejercitar una accin por infraccin de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibicin de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sera demandado como responsable. La solicitud deber acompaarse de un principio de prueba de la realidad de la infraccin que podr consistir en la presentacin de una muestra de los ejemplares, mercancas o productos en los que materialice aquella infraccin. El solicitante podr pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporacin a la diligencia practicada. Igual solicitud podr formular en relacin con lo establecido en el ltimo prrafo del nmero anterior. A los efectos de los nmeros 7. y 8. de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios econmicos o comerciales directos o indirectos.

Dos. El apartado 1 del artculo 257 queda redactado del siguiente modo:

1. Ser competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes a que se refiere el artcu-lo anterior el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio. En los casos de los nmeros 6., 7., 8. y 9. del apartado 1 del artculo anterior, ser competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas diligencias, a raz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrn instarse del mismo tribunal o bien del que, a raz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultara competente para conocer de la misma pretensin o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse.

Tres. Se adicionan dos nuevos apartados, el 3 y el 4, al artculo 259, con la siguiente redaccin:

3. En el caso de las diligencias del artcu-lo 256.1.7., para garantizar la confidencialidad de la informacin requerida, el tribunal podr ordenar que la prctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Esta decisin se adoptar en la forma establecida en el artculo 138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite inters legtimo. 4. La informacin obtenida mediante las diligencias de los nmeros 7. y 8. del apartado 1 del artculo 256 se utilizar exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibicin de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podr atribuir carcter reservado a las actuaciones, para garantizar la proteccin de los datos e informacin que tuvieran carcter confidencial.

Cuatro. El artculo 261 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 261. Negativa a llevar a cabo las diligencias.

Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposicin, el tribunal acordar, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresar las razones que las exigen: 1. Si se hubiere pedido declaracin sobre hechos relativos a la capacidad, representacin o legitimacin del citado, se podrn tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerarn admitidos a efectos del juicio posterior. 2. Si se hubiese solicitado la exhibicin de ttulos y documentos y el tribunal apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenar la entrada y registro de dicho lugar, procedindose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposicin del solicitante, en la sede del tribunal. 3. Si se tratase de la exhibicin de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se proceder de modo semejante al dispuesto en el nmero anterior y se presentar la cosa al solicitante, que podr pedir el depsito o medida de garanta ms adecuada a la conservacin de aqulla. 4. Si se hubiera pedido la exhibicin de documentos contables, se podrn tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante. 5. Tratndose de las diligencias previstas en el artculo 256.1.6., ante la negativa del requerido o de cualquier otra persona que pudiera colaborar en la determinacin de los integrantes del grupo, el tribunal ordenar que se acuerden las medidas de intervencin necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. Iguales medidas ordenar el tribunal en los casos de los nmeros 5 bis, 7. y 8. del apartado 1 del artculo 256, ante la negativa del requerido a la exhibicin de documentos.

Cinco. El artculo 263 queda redactado del siguiente modo:

Artculo 263. Diligencias preliminares previstas en leyes especiales.

Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el artculo 256.1.9., los preceptos de este captulo se aplicarn en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislacin especial sobre la materia de que se trate.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artculo 297 y se aade un apartado 4 con la siguiente redaccin:

2. Las medidas consistirn en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y caractersticas. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podrn tambin dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad. En los casos de infraccin de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infraccin razonablemente disponibles, tales medidas podrn consistir en especial en la descripcin detallada, con o sin toma de muestras, o la incautacin efectiva de las mercancas y objetos litigiosos, as como de los materiales e instrumentos utilizados en la produccin o la distribucin de estas mercancas y de los documentos relacionados con ellas. 4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedarn sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de veinte das siguientes a la fecha de la efectiva adopcin de las medidas de aseguramiento acordadas. El tribunal, de oficio, acordar mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenar al solicitante en las costas y declarar que es responsable de los daos y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.

Siete. Se modifica la rbrica del artculo 298 y se aaden a este artculo los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 con la siguiente redaccin:

Artculo 298. Requisitos. Procedimiento para la adopcin de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas.

4. Las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptarn previa audiencia de la persona que haya de soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso, tambin se oir al demandado. Slo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido podr aducir, al oponerse a su adopcin, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. 5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione daos irreparables al derecho del solicitante de la medida o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibilite de otro modo su prctica si as se solicita, el tribunal podr acordar la medida sin ms trmites, mediante providencia. La providencia precisar, separadamente, los requisitos que la han exigido y las razones que han conducido a acordarla sin audiencia del demandado o de quien vaya a ser demandado. Esta providencia es irrecurrible y ser notificada a las partes y a quien hubiera de soportarla sin dilacin y, de no ser posible antes, inmediatamente despus de la ejecucin de las medidas. 6. Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado sin audiencia previa, quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido o quien hubiera de soportarla podrn formular oposicin en el plazo de veinte das, desde la notificacin de la providencia que la acord. 7. La oposicin a la medida podr fundarse en la inexistencia de riesgos de daos irreparables en el derecho para la futura prctica de la prueba, as como en la posibilidad de acordar otras medidas igualmente conducentes que resulten menos gravosas. Tambin podr sustituirse por la caucin prevista en el apartado 3. Slo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiese sido podr aducir la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba. 8. Del escrito de oposicin se dar traslado al solicitante y, en su caso, al ya demandado o a quien hubiera de soportar la medida. Todos ellos sern citados a una vista, en el plazo de cinco das, tras cuya celebracin se decidir sobre la oposicin, en el plazo de tres das, por medio de un auto que es irrecurrible.

Ocho. Se incorpora un nuevo apartado, el 3, al artcu-lo 328 con la siguiente redaccin:

3. En los procesos seguidos por infraccin de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibicin podr extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado perodo de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deber acompaarse de un principio de prueba que podr consistir en la presentacin de una muestra de los ejemplares, mercancas o productos en los que se hubiere materializado la infraccin. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podr atribuir carcter reservado a las actuaciones, para garantizar la proteccin de los datos e informacin que tuvieran carcter confidencial.

Nueve. El apartado 2 del artculo 733 queda redactado como sigue:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante as lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podr acordarla sin ms trmites mediante auto, en el plazo de cinco das, en el que razonar por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin or al demandado. Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabr recurso alguno y se estar a lo dispuesto en el captulo III de este ttulo. El auto ser notificado a las partes sin dilacin y, de no ser posible antes, inmediatamente despus de la ejecucin de las medidas.

Artculo segundo. Modificacin del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se modifica en los siguientes trminos: Uno. El artculo 132 queda redactado como sigue:

Artculo 132. Aplicacin subsidiaria de disposiciones del libro I.

Las disposiciones contenidas en el artculo 6.1, en la seccin 2. del captulo III del ttulo II y en el captulo II del ttulo III, ambos del libro I, se aplicarn, con carcter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este libro.

Dos. El artculo 138 queda redactado como sigue:

Artculo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes.

El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podr instar el cese de la actividad ilcita del infractor y exigir la indemnizacin de los daos materiales y morales causados, en los trminos previstos en los artculos 139 y 140. Tambin podr instar la publicacin o difusin, total o parcial, de la resolucin judicial o arbitral en medios de comunicacin a costa del infractor.

Asimismo, podr solicitar con carcter previo la adopcin de las medidas cautelares de proteccin urgente reguladas en el artculo 141. Tanto las medidas de cesacin especficas contempladas en el artculo 139.1.g) como las medidas cautelares previstas en el artculo 141.6 podrn tambin solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico. Dichas medidas habrn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Tres. Se modifica la redaccin de los prrafos c) y d) y se aade un nuevo prrafo g) al apartado 1 del artculo 139:

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilcitos y su destruccin, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorizacin la informacin electrnica para la gestin de derechos o cuya proteccin tecnolgica haya sido eludida. Esta medida se ejecutar a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as.

d) La retirada de los circuitos comerciales, inutilizacin, y, en caso necesario, la destruccin de los moldes, planchas, matrices, negativos y dems elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproduccin, a la creacin o fabricacin de ejemplares ilcitos. Esta medida se ejecutar a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as.

g) La suspensin de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico.

Cuatro. El artculo 140 queda redactado como sigue:

Artculo 140. Indemnizacin.

1. La indemnizacin por daos y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprender no slo el valor de la prdida que haya sufrido, sino tambin el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violacin de su derecho. La cuanta indemnizatoria podr incluir, en su caso, los gastos de investigacin en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisin de la infraccin objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnizacin por daos y perjuicios se fijar, a eleccin del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias econmicas negativas, entre ellas la prdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacin ilcita.

En el caso de dao moral proceder su indemnizacin, aun no probada la existencia de perjuicio econmico. Para su valoracin se atender a las circunstancias de la infraccin, gravedad de la lesin y grado de difusin ilcita de la obra. b) La cantidad que como remuneracin hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorizacin para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestin.

3. La accin para reclamar los daos y perjuicios a que se refiere este artculo prescribir a los cinco aos desde que el legitimado pudo ejercitarla.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artculo 141 en los siguientes trminos:

2. La suspensin de la actividad de reproduccin, distribucin y comunicacin pblica, segn proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infraccin a los efectos de esta ley, as como la prohibicin de estas actividades si todava no se han puesto en prctica.

Artculo tercero. Modificacin de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Uno. Se reforma el artculo 63 con la siguiente redaccin:

Artculo 63.

1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podr, en especial, solicitar: a) La cesacin de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos. c) El embargo de los objetos producidos o importados con violacin de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal produccin o a la realizacin del procedimiento patentado. d) La atribucin en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputar el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizacin de daos y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnizacin concedida, el titular de la patente deber compensar a la otra parte por el exceso. e) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin de la patente y, en particular, la transformacin de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destruccin cuando ello fuera indispensable para impedir la violacin de la patente. f) La publicacin de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida slo ser aplicable cuando la sentencia as lo aprecie expresamente.

2. Las medidas comprendidas en los apartados c) y e) sern ejecutadas a cargo del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as.

3. Las medidas contempladas en los prrafos a) y e) del apartado 1 de este artculo podrn tambin solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico. Dichas medidas habrn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Dos. Los apartados 1 y 2 del artculo 66 quedan redactados como sigue:

1. La indemnizacin de daos y perjuicios debida al titular de la patente comprender no slo el valor de la prdida que haya sufrido, sino tambin el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violacin de su derecho. La cuanta indemnizatoria podr incluir, en su caso, los gastos de investigacin en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisin de la infraccin objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacin por daos y perjuicios se tendrn en cuenta, a eleccin del perjudicado:

a) Las consecuencias econmicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habra obtenido previsiblemente de la explotacin de la invencin patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este ltimo haya obtenido de la explotacin del invento patentado.

En el caso de dao moral proceder su indemnizacin, aun no probada la existencia de perjuicio econmico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesin de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotacin conforme a derecho. Para su fijacin se tendr en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia econmica del invento patentado, la duracin de la patente en el momento en que comenz la violacin y el nmero y clase de licencias concedidas en ese momento.

Tres. El apartado 1 del artculo 129 queda redactado como sigue:

1. La persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente podr pedir al juez que con carcter urgente acuerde la prctica de diligencias para la comprobacin de hechos que puedan constituir violacin del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artculo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Cuatro. La primera medida cautelar del artculo 134 queda redactada como sigue:

1.) La cesacin de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibicin, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos.

Cinco. El artculo 135 se redacta en los siguientes trminos:

Artculo 135.

Las medidas cautelares a que se refiere el nmero 1 del artculo anterior podrn tambin solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico. Dichas medidas habrn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Seis. El apartado 1 del artculo 139 queda redactado como sigue:

1. En el caso de formularse la peticin de medidas cautelares antes de ejercitarse la accin principal, quedarn sin efecto en su totalidad si la demanda no se presentara en el plazo previsto en el artculo 730.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artculo cuarto. Modificacin de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se modifica en los siguientes trminos: Uno. Se modifica el apartado 1 del artculo 41 y se aade el apartado 3 con la siguiente redaccin:

Artculo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr reclamar en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho.

b) La indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos. c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin y, en particular, que se retiren del trfico econmico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violacin del derecho de marca y el embargo o la destruccin de los medios principalmente destinados a cometer la infraccin. Estas medidas se ejecutarn a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as. d) La destruccin o cesin con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccin del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilcitamente identificados con la marca que estn en posesin del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacin del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccin del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, segn las circunstancias especficas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La atribucin en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputar el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizacin de daos y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnizacin concedida, el titular del derecho de marca deber compensar a la otra parte por el exceso. f) La publicacin de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

3. Las medidas contempladas en los prrafos a) y c) del apartado 1 de este artculo podrn tambin solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico. Dichas medidas habrn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Dos. Los apartados 1 y 2 del artculo 43 quedan redactados como sigue:

1. La indemnizacin de daos y perjuicios comprender no slo las prdidas sufridas, sino tambin las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violacin de su derecho. El titular del registro de marca tambin podr exigir la indemnizacin del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realizacin defectuosa de los productos ilcitamente marcados o una presentacin inadecuada de aqulla en el mercado. Asimismo, la cuanta indemnizatoria podr incluir, en su caso, los gastos de investigacin en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisin de la infraccin objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacin por daos y perjuicios se tendr en cuenta, a eleccin del perjudicado:

a) Las consecuencias econmicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habra obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violacin y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violacin.

En el caso de dao moral proceder su indemnizacin, aun no probada la existencia de perjuicio econmico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesin de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizacin conforme a derecho.

Artculo quinto. Modificacin de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial.

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial, se modifica en los siguientes trminos: Uno. Se modifican los prrafos c) y e) del apartado 1 del artculo 53 y se aade el apartado 3 con la siguiente redaccin:

c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del trfico econmico los productos en los que se haya materializado la violacin de su derecho y el embargo o la destruccin de los medios principalmente destinados a cometer la infraccin. Estas medidas se ejecutarn a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as. e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los prrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnizacin de daos y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infraccin apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnizacin concedida, el titular del diseo deber compensar a la otra parte por el exceso. 3. Las medidas contempladas en los prrafos a) y c) del apartado 1 de este artculo podrn tambin solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico. Dichas medidas habrn de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del artculo 55 quedan redactados como sigue:

1. La indemnizacin de daos y perjuicios comprender no slo las prdidas sufridas, sino tambin las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseo a causa de la violacin de su derecho. El titular del diseo registrado tambin podr exigir la indemnizacin del perjuicio causado al prestigio del diseo por el infractor, especialmente por una realizacin defectuosa de los productos ilcitamente comercializados, la realizacin defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercializacin. Asimismo, la cuanta indemnizatoria podr incluir, en su caso, los gastos de investigacin en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisin de la infraccin objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnizacin por daos y perjuicios se tendr en cuenta, a eleccin del perjudicado:

a) Las consecuencias econmicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habra obtenido de la explotacin del diseo si no hubiera tenido lugar la violacin de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violacin del derecho del titular del diseo registrado.

En el caso de dao moral proceder su indemnizacin, aun no probada la existencia de perjuicio econmico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseo por la concesin de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotacin del diseo conforme a derecho.

4. Para fijar la cuanta de los daos y perjuicios sufridos, el titular del diseo podr exigir, de conformidad con lo previsto en el artculo 256.1.9. y en el artculo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibicin de los documentos del presunto responsable de la vulneracin del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

Disposicin transitoria nica. Procesos jurisdiccionales.

Los procesos jurisdiccionales incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitarn conforme a las normas procesales vigentes con anterioridad a ella.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Queda derogado el artculo 128 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Disposicin final primera. Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artcu-lo 149.1.6. y 9. de la Constitucin, relativos a la legislacin procesal y a la legislacin de propiedad intelectual e industrial, respectivamente.

Disposicin final segunda. Incorporacin de derecho comunitario.

Esta Ley incorpora al derecho espaol las disposiciones de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se introduce un nmero 5. bis en el artculo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redaccin:

5. bis. Por la peticin de la historia clnica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la ley.

Disposicin final cuarta. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperacin judicial civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes trminos: Uno. La actual disposicin final vigsima primera pasa a ser la vigsima tercera y se introduce una nueva disposicin final vigsima primera con la siguiente redaccin:

Disposicin final vigsima primera. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa del Reglamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un ttulo ejecutivo europeo para crditos no impugnados.

1. La certificacin judicial de un ttulo ejecutivo europeo se adoptar de forma separada y mediante providencia, en la forma prevista en el anexo I del Reglamento (CE) n. 805/2004.

La competencia para certificar un ttulo ejecutivo europeo corresponde al mismo tribunal que dict la resolucin. El procedimiento para la rectificacin de errores en un ttulo ejecutivo europeo previsto en el artcu-lo 10.1.a) del Reglamento (CE) n. 805/2004 se resolver en la forma prevista en los tres primeros apartados del artculo 267 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El procedimiento para la revocacin de la emisin de un certificado de un ttulo ejecutivo europeo a que se refiere el artculo 10.1.b) del Reglamento (CE) n. 805/2004 se tramitar y resolver de conformidad con lo previsto para el recurso de reposicin regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezca el tribunal. La denegacin de emisin de un certificado de ttulo ejecutivo europeo se adoptar de forma separada y mediante providencia, y podr impugnarse por los trmites del recurso de reposicin. 2. Para la certificacin como ttulo ejecutivo europeo de resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones se aplicar el apartado anterior, y se efectuar en la forma prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n. 805/2004. 3. Compete al notario autorizante, o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedicin del certificado previsto en el artculo 25.1 y en el anexo III del Reglamento (CE) n. 805/2004. De dicha expedicin dejar constancia mediante nota en la matriz o pliza, y archivar el original que circular mediante copia. Corresponder al notario en cuyo protocolo se encuentre el ttulo ejecutivo europeo certificado expedir el relativo a su rectificacin por error material y el de revocacin previstos en el artculo 10.1 del Reglamento (CE) n. 805/2004, as como el derivado de la falta o limitacin de ejecutividad, segn se establece en el artculo 6.2 y en el anexo IV del mismo reglamento. Se excepta la prdida de ejecutividad derivada de una resolucin judicial, para cuya certificacin se estar al apartado 1 de esta disposicin adicional. En todo caso, deber constar en la matriz o pliza la rectificacin, revocacin, falta o limitacin de ejecutividad. La negativa del notario a la expedicin de los certificados requeridos podr ser impugnada por el interesado ante la Direccin General de los Registros y del Notariado por los trmites del recurso de queja previsto en la legislacin notarial. Contra la resolucin de este rgano directivo podr interponerse recurso, en nica instancia, ante el juez de primera instancia de la capital de la provincia donde tenga su domicilio el notario, el cual se resolver por los trmites del juicio verbal. 4. La certificacin a la que se refiere el anexo V del Reglamento (CE) n. 805/2004 se expedir por el rgano administrativo o jurisdiccional que hubiera dictado la resolucin. 5. La competencia territorial para la ejecucin de resoluciones, transacciones judiciales y documentos pblicos certificados como ttulo ejecutivo europeo corresponder al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o del lugar de ejecucin. 6. El Gobierno adoptar las normas precisas para el desarrollo de esta disposicin adicional.

Dos. Se introduce una nueva disposicin final vigsima segunda con la siguiente redaccin:

Disposicin final vigsima segunda. Medidas para facilitar la aplicacin en Espaa del Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecucin de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 1347/2000.

1. La certificacin judicial relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, prevista en el artcu-lo 39 del Reglamento (CE) n. 2201/2003, se expedir de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario correspondiente que figura en los anexos I y II del reglamento citado.

2. La certificacin judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre el derecho de visita, previstas en el apartado 1 del artculo 41 del Reglamento (CE) n. 2201/2003, se expedir de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo III de dicho reglamento. 3. La certificacin judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre la restitucin del menor, previstas en el apartado 1 del artculo 42 del Reglamento (CE) n. 2201/2003, se expedir de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo IV del reglamento citado. 4. El procedimiento para la rectificacin de errores en la certificacin judicial, previsto en el artcu-lo 43.1 del Reglamento (CE) n. 2001/2003, se resolver de la forma establecida en los tres primeros apartados del artculo 267 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Igual procedimiento se observar para la rectificacin de la certificacin judicial a la que se refiere el apartado 1 de esta disposicin final. No cabr recurso alguno contra la resolucin en que se resuelva sobre la aclaracin o rectificacin de la certificacin judicial a que se refieren los tres anteriores apartados. 5. La denegacin de la expedicin de la certificacin judicial a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de esta disposicin final se adoptar de forma separada y mediante providencia, y podr impugnarse por los trmites del recurso de reposicin.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 5 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno, JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 05/06/2006
  • Fecha de publicación: 06/06/2006
  • Entrada en vigor: 7 de junio de 2006.
Referencias anteriores
  • DEROGA el art. 128 y MODIFICA los arts. 63, 66, 129, 134, 135 y 139 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1986-7900).
  • MODIFICA:
    • arts. 53 y 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2003-13615).
    • arts. 41 y 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-23093).
    • los arts. 256, 257, 259, 261, 263, 297, 298, 328, 733 y AADE las disposiciones finales 21 y 22, reenumerando la actual 21 como 23 a la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • arts. 132 y 138 a 141 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Ref. BOE-A-1996-8930).
  • TRANSPONE la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril (Ref. DOUE-L-2004-81073).
Materias
  • Cooperacin judicial internacional
  • Derechos de autor
  • Enjuiciamiento Civil
  • Marcas
  • Patentes
  • Propiedad Industrial
  • Propiedad Intelectual

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid