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Finalizado el plazo de presentación de instancias, tenidos en cuenta los preceptos reglamentarios (título III, capítulo II, artículos 39 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado), lo dispuesto en las bases de la convocatoria y valorados los méritos alegados por los concursantes, así como la propuesta formulada por la Comisión de Valoración a que hace referencia la base séptima de la citada Orden, Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y vistos los Reales Decretos 562/2004, de 19 de abril (BOE del 20), y 1475/2004, de 18 de junio (BOE del 19), por los que se aprueba y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, respectivamente, ha resuelto:

Primero.-Adjudicar, con carácter definitivo, los destinos que se relacionan en los anexos a los funcionarios que se mencionan en el mismo.

Segundo.-Declarar desiertos los puestos que se especifican en los citados anexos. Tercero.-La toma de posesión de los destinos adjudicados se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Cuarto.-Contra la presente Orden y los actos derivados de la misma, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano que dictó la Orden, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 29 de noviembre de 2005.-El Ministro, P.D. (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Subsecretaría, Ana María de Miguel Langa.

Sra. Subsecretaria del Ministerio de Justicia.

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