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Convocado por Orden APU/2297/2003, de 31 de julio, del
Ministerio de Administraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado
de 12 de agosto), concurso de méritos para la adscripción de
una plaza de funcionario del grupo C, de las Administraciones
Públicas, al servicio del Tribunal Constitucional,
Este Ministerio, de acuerdo con lo indicado en la base cuarta
de la mencionada convocatoria y a propuesta del excelentísimo
señor Presidente de dicho Tribunal, resuelve:
Primero.-Adscribir al servicio del Tribunal Constitucional en
la plaza vacante de Analista, grupo C, de las Administraciones
Públicas, al funcionario del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Informática de la Administración del Estado D. José M.a Gascón Cortijo,
N.R.P. 51632224.02 A1188.
Segundo.-El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un
mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio
activo. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado.
Tercero.-El citado funcionario queda adscrito al Tribunal
Constitucional por un período de dos años, en las condiciones previstas
en el Reglamento de Organización y Personal del mismo y en
la base sexta de la Orden de convocatoria del concurso de méritos,
pasando a la situación administrativa de servicios especiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2.e) de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, no pudiendo participar
en ningún concurso que se convoque dentro de los dos años
siguientes a su toma de posesión.
Cuarto.-Contra esta Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
este Ministerio en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses desde tal publicación, ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 13 de abril de 2004.
GARCÍA-VALDECASAS SALGADO
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